Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 27 de Junio de 2002, T. 333. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

T. 333. XXXVII.

ORIGINARIO

T., S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

A fs. 12/23 vta., T.S.A. -en su condición de adjudicataria para la prestación de un servicio integral de detección, control, procesamiento, diligenciamiento e intimación extrajudicial respecto de infracciones al Código de Tránsito otorgado por la Municipalidad de Brandsen, Provincia de Buenos Aires-, quien denuncia domicilio en la Capital Federal, deduce la presente demanda, con fundamento en los arts.

901 a 905, 1078, 1109, 1112 y concs. del Código Civil, contra la Provincia de Buenos Aires y contra la Municipalidad de Brandsen, a fin de obtener el pago de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la aplicación, a su respecto, de las leyes provinciales 12.087 y 12.242.

Manifiesta que el contrato fue ejecutado normalmente desde su firma, el 3 de febrero de 1997, hasta el 5 de mayo de 1998, fecha en que la Provincia de Buenos Aires sancionó la ley 12.087, que suspendió por 180 días la aplicación de todos los sistemas de comprobación de velocidad vehicular por medio de radares fotográficos, plazo que fue prorrogado en dos oportunidades mediante las leyes 12.177 y 12.316. Asimismo y por la ley 12.242, sancionada el 3 de diciembre de 1998, se suspendió toda acción judicial o extrajudicial y todo acto administrativo tendiente al cobro de multas o imposición de sanciones que sean consecuencia de la utilización de dichos radares, con relación a hechos ocurridos con anterioridad a la ley 12.087.

Añade que, como consecuencia de tal legislación, el municipio dejó de cumplir sus obligaciones con la actora, debido a lo cual ha decidido entablar esta demanda.

Afirma que dirige su pretensión contra la Provincia de Buenos Aires, por el cumplimiento irregular de sus obliga-

ciones, al pretender -según dice- sujetar a sus normas el accionar de los municipios en una materia de exclusiva competencia de éstos recortando así sus atribuciones. Agrega que, en caso de entenderse que tales medidas se fundan en razones de oportunidad o conveniencia, su responsabilidad surgiría por su obrar lícito.

Señala que demanda a la Municipalidad de Brandsen por el incumplimiento del contrato celebrado entre las partes y por someterse a las disposiciones provinciales; es decir establecidas por una autoridad extraña al municipio y en desmedro de legítimas facultades que le son propias.

En ese contexto, V.E. corre vista a este Ministerio Público, por la competencia a fs. 24.

-II-

Cabe recordar ante todo que, a efectos de que una provincia pueda ser tenida como parte y proceda, en consecuencia, la competencia originaria prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, es necesario que ella participe nominalmente en el pleito -ya sea como actora, demandada o tercero- y sustancialmente, o sea, que tenga en el litigio un interés directo de tal manera que la sentencia que se dicte le resulte obligatoria (Fallos: 311:879 y 1822; 312:1227 y 1457; 313:144; 314:508; 322:1511 y 2105, entre muchos otros).

Asimismo, ha dicho que esa calidad de parte debe surgir, en forma manifiesta, de la realidad jurídica, más allá de la voluntad de los litigantes en sus expresiones formales (Fallos: 307:2249; 314:405, entre otros).

En su mérito, entiendo que ese requisito no se encuentra cumplido en autos, toda vez que la Provincia de Buenos Aires ha sido demandada por el sólo hecho de ser el órgano emisor de las normas aplicadas por el municipio, puesto que no se le atribuye otro acto u omisión que afecte su res-

T. 333. XXXVII.

ORIGINARIO

T., S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.

Procuración General de la Nación ponsabilidad y, al respecto, tiene dicho V.E. que la actividad legislativa no la transforma en parte sustancial de un proceso, ya que ésta determina únicamente el marco legal aplicable (confr. Fallos: 321:551 y 3434).

En merito a lo expuesto, al quedar excluida la provincia demandada de la presente controversia, resulta que la pretensión de la actora se dirige contra una municipalidad, a cuyo respecto tiene dicho V.E. que las comunas con asiento en las provincias, ya sea que se las considere como entes autárquicos -como fue sostenido a partir de Fallos: 114:282-, o autónomos -según la reformulación de la doctrina del Tribunal a partir de Fallos: 312:326- no resultan identificables con el Estado provincial (confr. Fallos: 312:1457; 314:405 y 319:

1407, entre otros).

En tales condiciones, opino que esta demanda resulta ajena al conocimiento del Tribunal.

Buenos Aires, 27 de junio de 2002.

N.E.B.