Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 19 de Marzo de 2002, C. 2125. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

Competencia N° 2125. XXXVII.

M., S.D. y otros s/ estafa.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

La presente contienda negativa de competencia finalmente trabada entre los titulares del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, y del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, se refiere a la causa donde se investiga la denuncia formulada por M.F. y P. De Reatti, en representación de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Dielmar Ltda.

En ella refieren que la entidad que representan otorga créditos a cambio de valores de terceros como garantía y que, a mediados de septiembre de 1997, se asoció a la firma Guener S.A., representada por S.M., amigo personal del presidente de la cooperativa, la cual solicitó diversos adelantos dinerarios entregando a cambio cheques de terceros, algunos de los cuales fueron rechazados por las causales de Aorden de no pagar, denuncia policial@ y A. fondos@.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 25, que previno, se inhibió para entender en la causa por cuanto estimó que la conducta denunciada encuadraría en las previsiones del art. 302 del Código Penal. Valoró, en este sentido, que no se habría comprobado en los hechos denunciados algún despliegue ardidoso que indujera a error a los prestamistas y que, por el contrario, los valores entregados eran de pago diferido, circunstancia que determina la existencia de crédito en favor de quien los canjea por dinero en efectivo, y finalmente, remitió las actuaciones a conocimiento de la justicia en lo penal económico.

Esta última, por su parte, basándose en la jurisprudencia de los fallos AOrtega, S.N.@ y "Q. de Maiolo@, se declaró parcialmente incompetente para conocer en

el libramiento de los cheques con domicilio de pago en el ámbito provincial.

El magistrado local, a su turno, no aceptó el planteo por prematuro. Sostuvo, de conformidad con lo dictaminado por el fiscal, que no se habría descartado en autos la existencia de una eventual estafa, ello en atención a que los valores fueron rechazados por denuncia policial de extravío, cuestión sobre la cual el preventor no efectuó diligencia alguna.

Con la insistencia del juzgado nacional penal económico y la elevación del incidente a la Corte, quedó trabada la contienda.

V.E. tiene establecido que es presupuesto necesario para una concreta contienda negativa de competencia que los jueces entre quienes se suscita se la atribuyan recíprocamente (Fallos: 304:342 y 1572; 305:2204; 306:591; 307:2139; 311:

1965 y 314:239, entre otros), lo que no sucede en el sub lite, dado que el juez provincial no atribuyó competencia a la justicia en lo penal económico para conocer en el hecho objeto de este proceso.

Para el supuesto de que el Tribunal, por razones de economía procesal y atendiendo a la necesidad de dar pronto fin a la cuestión, decidiera dejar de lado este reparo formal, me pronunciaré sobre el fondo de la misma.

Habida cuenta que de los dichos de los querellantes -no controvertidos por otros elementos de la causa (Fallos:

306:1387; 307:1143; 308:213 y 1786; 317:223)- se desprende que la totalidad de los valores por los que se trabara el conflicto habrían sido rechazados por el motivo Aorden de no pagar denuncia policial@, conforme se desprende de las copias de algunos de los valores anexadas al legajo, estimo que no puede descartarse, en el caso, la existencia de una posible

Competencia N° 2125. XXXVII.

M., S.D. y otros s/ estafa.

Procuración General de la Nación conducta defraudatoria (Competencia N° 1762.XXXVII, in re APanagopulo, N. s/ infr. art. 302 del C.P.@, resuelta el 20 de noviembre del año pasado).

Por ello, en mi opinión, resulta aplicable al presente la doctrina de V.E. conforme la cual en el delito de estafa, o su tentativa, perpetrado mediante el uso de cheques extraviados o sustraídos cabe atenerse, a fin de determinar la jurisdicción competente, al lugar donde los títulos fueron entregados (Fallos: 313:823 y Competencia N° 775.XXXII, in re ACánovas, C.E. s/ denuncia tentativa de estafa@ resuelta el 10 de diciembre de 1996).

Sentado ello y toda vez que los escasos elementos probatorios agregados al incidente no alcanzan para acreditar esa circunstancia, estimo que corresponde al juzgado nacional que previno profundizar la investigación en este sentido (Competencia N° 96.XXXIII in re A.G. de Szewczuk, M. s/ tentativa de estafa@, resuelta el 13 de mayo de 1997), sin perjuicio de lo que resulte una vez determinadas la causa y el lugar de la entrega originaria, anteriores a la presentación al cobro del valor y que aparecen como posibles de acreditar sobre la base, precisamente, de los endosos de los depositantes individualizados en el anverso de los documentos (Fallos: 323:59).

En mérito a lo expuesto, opino que corresponde al

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 25 seguir entendiendo en la causa, sin perjuicio de un posterior pronunciamiento fundado en los resultados obtenidos.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2002.

L.S.G.W.