Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 26 de Febrero de 2002, S. 169. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S. 169. XXXVII.

S., L.C.; S., D.A. y C., D.J. s/ contrabando.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

El titular del Juzgado Federal de la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, resolvió regular en la suma de mil quinientos pesos los honorarios profesionales del doctor N.M.L., por su actuación como defensor particular de D.J.C., L.C. y D.A.S., que puso a cargo del Tesoro Nacional con base en lo dispuesto por el art. 4° de la ley 935 (fs.

399).

Contra esa decisión el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de apelación, que fue concedido libremente a fs. 402.

Radicadas las actuaciones ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, su presidente resolvió que, de conformidad con los arts.

501 y 504 del Código de Procedimientos en Materia Penal, correspondía establecer que el recurso procedía sólo en relación y llamó a autos al acuerdo (fs. 410).

Finalmente, a fs. 411 ese tribunal resolvió confirmar el pronunciamiento impugnado.

Contra esa decisión, el fiscal de cámara interpuso este recurso extraordinario (fs. 414/417) que fue concedido a fs. 421/422.

-II-

En su presentación de fs. 414/417, el recurrente tacha de arbitraria la sentencia en tanto sostiene que no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente ya que, a partir de un inusual rigorismo formal, se apartó de la

legislación que correspondía aplicar en el caso.

En este sentido afirma que, de ningún modo, los honorarios por la actuación de un letrado particular pueden ser solventados por el Tesoro Nacional en virtud de la ley 935, por cuanto ésta rige únicamente aquellos emolumentos que le correspondan a las personas que se hayan desempeñado como jueces o fiscales federales ad hoc, por algún impedimento que hubieran sufrido sus titulares.

Agrega que, de esa forma, se produce una violación del derecho de propiedad del Estado (art. 17 de la C.N.).

Asimismo, expresa que la solución adecuada a la cuestión hubiera sido la aplicación de la ley de aranceles profesionales (ley 24.432, modificatoria de la ley 21.839).

-III-

Si bien no desconozco que, conforme ha resuelto V.E. en reiteradas oportunidades, la imposición de las costas es un problema de carácter accesorio y procesal que no da lugar al recurso extraordinario (Fallos: 298:538; 300:295; 301:404 y 302:646) y que la rigidez de la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad es particularmente más intensa en supuestos de esta índole (Fallos: 311:1950), no lo es menos que también ha señalado que por vía de aquélla se tiende a resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa (Fallos: 311:621; 321:1075; 319:103; 320:2319 y 322:702, entre muchos otros).

Tan es así, que el Tribunal ha resuelto que procede el remedio federal respecto de la imposición de las costas, cuando las resoluciones no satisfagan esas exigencias (Fallos:

300:927; 311:2745 y 321:2745).

S. 169. XXXVII.

S., L.C.; S., D.A. y C., D.J. s/ contrabando.

Procuración General de la Nación A mi modo de ver, el pronunciamiento del a quo -que confirmó el del juez de instancia- adolece de tales requisitos por lo que corresponde descalificarlo con base en aquella doctrina (Fallos: 311:1516; 312:1311 y sus citas) en tanto se apartó injustificadamente de las disposiciones legales aplicables al caso al someter a un régimen jurídico específico, como lo es la ley 935 -sólo referida a la suplencia de jueces federales y de fiscales ad hoc, de conformidad con sus arts. 1° y 3°- a un letrado particular, cuya única función había sido ejercer la defensa de quienes estuvieron sometidos a proceso.

Semejante situación provoca, a mi entender, en grave desmedro de los intereses patrimoniales del Estado y de los objetivos perseguidos por el legislador al regular, en nuestro ordenamiento jurídico, tanto el régimen de subrogancias, como el de honorarios profesionales en juicio (conf. doctrina de Fallos: 320:2379, especialmente considerando 15).

Por otro lado, si bien es cierto que, como pretende aclarar tardíamente el a quo en el auto de concesión de este recurso (fs. 421/422), no se expresaron agravios respecto al sujeto obligado al pago, no lo es menos, que fue ese tribunal el que, con su proceder, le impidió a este Ministerio Público concretar los fundamentos de su apelación, en tanto omitió realizar las notificaciones a que se refiere el art. 538 del Código de Procedimientos en Materia Penal (vid. fs. 410).

Asimismo, cabe poner de resalto, que la cámara en su resolución de fs.

411, presumió incluso -como sus propios integrantes afirman- que uno de los agravios del fiscal podría consistir en su discrepancia respecto de la obligación del Tesoro Nacional de abonar los honorarios profesionales del defensor particular.

Pero, no obstante ello, se limitó a considerar úni-

camente la estimación del monto regulado, sin siquiera realizar el adecuado control de legalidad propio de su función y, de ese modo, acordó -contrariamente a la doctrina establecida por el Tribunal en numerosos precedentes- preferencia a las formas, en lugar de sopesarlas en relación con el fin último que persiguen los procesos y que consiste en la más efectiva realización del derecho (Fallos: 238:550; 304:1265; 305:944; 311:103 y 312:623, entre otros).

En definitiva, creo necesario resaltar que, en el caso, la confirmación del decisorio de la anterior instancia, conduciría a obligar al Estado Nacional, con sustento en una ley cuya errónea aplicación se impidió arbitrariamente discutir, con menoscabo de su derecho de propiedad, al obligarlo a soportar el pago de los honorarios de un profesional, cuya intervención, además, fue resultado de la decisión exclusiva de los entonces imputados quienes, no obstante conocer el derecho de ser asistidos por un defensor oficial (vid. fs.

14/18), optaron por la elección de un abogado de la matrícula.

Este extremo, sumado a lo expuesto precedentemente, impide admitir que pueda ser el Tesoro Nacional el que deba cumplir con la obligación que nació de aquella voluntad.

S. 169. XXXVII.

S., L.C.; S., D.A. y C., D.J. s/ contrabando.

Procuración General de la Nación -IV-

En esta inteligencia, opino que V.E. debe revocar el pronunciamiento de fs. 411 para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte uno nuevo conforme a derecho.

Buenos Aires, 26 de febrero de 2002.

N.E.B.