Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 12 de Febrero de 2002, D. 451. XXXIII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

D. 451. XXXIII.

ORIGINARIO

Droguería Aries S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 12 de febrero de 2002.

Vistos los autos: ADroguería Aries S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa@, de los que Resulta:

I) A fs. 105/115 se presenta Droguería Aries S.A. e inicia demanda contra la Provincia de Mendoza a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 44 del decreto provincial 3857/69 (reglamentario de la ley nacional 17.565) y 85 de la ley local 5908 y, en ese modo, se reconozca su derecho a comercializar libremente en el territorio de la demandada productos medicinales de venta libre, registrados y habilitados por el Ministerio de Salud Pública de la Nación.

Dice que está instalada en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, dedicada a la venta y comercialización de productos medicinales por medio de farmacias y otras bocas de expendio tales como supermercados e hipermercados de acuerdo a lo previsto por el art. 14 del decreto nacional 2284/91 que, ratificado por la ley 24.307, permite ventas en lugares que no sean farmacias. Menciona Aa título ilustrativo@ y sin que ello constituya Afundamento o sustento de reclamo jurisdiccional en la presente causa@ (ver fs.

107, último párrafo) que la demandada suscribió el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, y sostiene que la conducta de la provincia al imponer que la venta se realice en farmacias restringe el derecho a la venta libre, vulnera leyes nacionales y afecta el comercio interprovincial.

II) A fs. 203/214 contesta la Provincia de Mendoza.

Sostiene, en primer lugar, que no se encuentran reunidos los requisitos para que proceda la acción porque la actora carece de interés jurídico para demandar.

En cuanto a la cuestión de fondo -después de relatar el proceso de desregulación de las actividades económicas

seguido en distintas provincias- afirma, en esencia, que ni el decreto 2284/91 ni la ley 24.307 rigen en la Provincia de Mendoza, porque la legislatura provincial no los ratificó y, si bien la ley local 5908 se adhirió genéricamente al mencionado decreto Aen todo lo que resulte de aplicación en el ámbito provincial@ y desreguló materias y actividades específicas, excluyó expresamente a las referentes a la protección de la salud y del ambiente humano (conf. arts. 1° y 2°).

Agrega que con relación a las farmacias y venta de productos farmacéuticos la ley 5908 contempla diversas desregulaciones pero mantiene la exigencia de comerciar aquellos productos por medio de establecimientos farmacéuticos, aunque faculta al Poder Ejecutivo a establecer excepciones al principio mediante un ejercicio razonable del poder de policía en materia de salubridad.

Negó que las disposiciones legales impugnadas afecten el derecho de propiedad de la actora, porque ésta carece de interés jurídico, así como que atenten contra la Constitución Nacional, con sustento en la interpretación que efectuó de la decisión de esta Corte en la causa ACadopi@ (Fallos:

320:89), en virtud de la cual -dijo- se reafirman las competencias provinciales en cuestiones de seguridad y salubridad públicas, en forma concurrente con el Estado Nacional, sin que, en el caso, las normas locales produzcan una interferencia efectiva con las nacionales.

Considerando:

Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte suprema (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

Que, como lo afirma el dictamen de la señora Procuradora Fiscal de fs. 467/468, no se dan en el caso las condiciones que habilitan la acción declarativa de certeza.

En

D. 451. XXXIII.

ORIGINARIO

Droguería Aries S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa.

Corte Suprema de Justicia de la Nación efecto, de la prueba producida por la propia actora surge que carece de la autorización exigida para comercializar tales productos ya que fue dada de baja del registro que lleva el Departamento de Inspección de Farmacia de la 2a. Circunscripción, dependiente de la Dirección General de Bioquímica y Farmacia de la Provincia de Santa Fe, mediante resolución 28/99 del 9 de abril de 1999 (ver fs. 292) con los efectos que a tal situación se le atribuyeron en el caso de Fallos:

323:3553, en el cual la actora planteaba cuestión semejante frente a la Provincia de Buenos Aires.

Por otro lado no modifica la adopción de tal criterio lo alegado por la actora en torno a la habilitación comercial que surgiría del informe de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de fs. 367/369 y 404, tal como lo destaca el mencionado dictamen de la Procuradora Fiscal, a cuya opinión sobre el particular resulta apropiado remitir en razón de brevedad.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Rechazar la demanda. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En su mérito, corresponde levantar la medida cautelar decretada a fs. 133/134.

Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal y de acuerdo con lo establecido por los arts. 6°, incs. b, c y d; 9°, 37 y 38 de la ley 21.839, se regulan los honorarios del doctor M.A.M. en la suma de cuatro mil doscientos pesos ($ 4200); los del doctor J.M.B. en la de setecientos pesos ($ 700); los del doctor C.A.M.G. en la de dos mil novecientos pesos($ 2900); los de la doctora M.L.F. en la de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2400) y los del doctor P.J.I.S. en la de mil doscientos pesos ($ 1200).

Asimismo, por la tarea cumplida en el incidente resuelto a fs. 246, se fija la retribución del doctor M.A.M. en la suma de quinientos pesos ($ 500) (arts. 33, 39 y concs. de la ley citada). N. y, oportunamente, archívese. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.F.L. -G.A.B. -A.R.V..