Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 27 de Diciembre de 2001, R. 360. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

R. 360. XXXV.

RECURSO DE HECHO

R., P.J. c/ Provincia del Chaco.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

A fs. 34/42 de los autos principales (a los que corresponderán las citas siguientes), P.J.R. demandó a la Provincia del Chaco a fin de obtener el pago de las vacaciones no gozadas correspondientes a 1992, 1993, 1994 y 1995.

Relató que, por decreto 44 del 12 de diciembre de 1991, cuando era comisario general en actividad de la Policía de la Provincia del Chaco, fue designado para ocupar la jefatura de dicha institución y que, a partir de 1992, debido a la extensión y complejidad de la función asignada, le fueron sistemáticamente negadas, por razones de servicio, las licencias que le correspondían en virtud de los arts. 103 de la ley 1134 (Ley del Personal Policial de la Provincial del Chaco) y 23 del Reglamento del Régimen de Licencias Policiales.

El 10 de julio de 1995 reiteró, caso por caso, la solicitud para gozarlas, a raíz de lo cual, el 4 de diciembre de ese año, se emitieron las resoluciones ministeriales 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628 y 629 Ccuyos términos resultan similaresC que ratificaron la imposibilidad de su goce y dispusieron en su art. 2° hacer efectivo el pago compensatorio, supeditado al dictamen específico de la Dirección de Asesoría Letrada de la Policía de la Provincia del Chaco.

Expuso que dicha asesoría letrada se expidió afirmando su incompetencia para intervenir en la emisión de un acto de autoridad jerárquicamente superior y la inhabilidad de su dictamen para integrar un acto administrativo.

Expresó que, por su parte la Asesoría General de

Gobierno dictaminó que resultaba aplicable el decreto 72/88 C. el cual se había restablecido la vigencia del decreto 494/79C en cuanto prevé que, finalizado el ejercicio de funciones superiores, se consideran usufructuadas las licencias correspondientes al período desempeñado, sin que sean compensables en dinero aquéllas no gozadas, las que se tienen por perdidas para el interesado, a la vez que consideró que las resoluciones ministeriales 622/95 a 629/95 evidenciaban irregularidades por resultar violatorias de la legislación vigente.

Planteó la inconstitucionalidad del citado decreto 494/79, por exceder las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo provincial (art. 137, inc. 3° de la Constitución provincial entonces vigente) y que, por lo demás, dicho decreto, al reglamentar la ley 2130, carecía de vigencia ante su derogación por la ley 3521.

-II-

A fs. 136/149, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Chaco Cpor mayoríaC rechazó la demanda, con costas.

Consideró que resultan aplicables la ley 1134 y el reglamento del Régimen de Licencias Policiales, y que el actor no había usufructuado las licencias anuales ordinarias ni de invierno correspondientes al período comprendido entre 1992 a 1995, aunque estuvieron a su disposición.

Sostuvo que, en virtud del art. 23 y sgtes. del reglamento citado, no pueden acumularse las licencias a voluntad del interesado y menos aún pretenderse su compensación en dinero. Sin embargo, en razón de la especial naturaleza de la licencia anual ordinaria Ccomo derecho protegido constitucionalmenteC al producirse la extinción de la relación de

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Procuración General de la Nación empleo, el trabajador tiene derecho a solicitar indemnización por tal concepto y CagregóC que dicho principio, incluso, había sido consagrado en la ley 2130 del Régimen de Licencias de la Administración Pública provincial y reconocido por la jurisprudencia local.

Sin embargo, estimó que el actor no había cumplido con los recaudos legales exigidos para percibir la indemnización equivalente a las vacaciones no gozadas, toda vez que había formulado los reclamos por tal concepto el 10 de julio de 1995, con posterioridad al cese de funciones por el retiro obligatorio dispuesto el 1° de enero de 1994.

Tomó en cuenta, también, que todas las certificaciones de servicios acompañadas con sus pedidos se encontraban suscriptas por el comisario F.B., quien no revistaba como jefe de personal en las fechas en que fueron extendidas y que, muchas de ellas, fueron emitidas en días feriados.

Advirtió que los actos denegatorios de las licencias Catribuidos a diversos ministros de gobiernoC y que dieron origen a las resoluciones 622/95 a 629/95 inclusive, no reunían las formalidades usuales de tales instrumentos (carencia del número correspondiente, haber sido confeccionadas por igual máquina, idéntico texto C. igual errorC y sello fechador, denotar también idénticas imperfecciones en el sello redondo impuesto al pie, etc.), razón por la cual las ponía bajo sospecha de ilegitimidad.

A mayor abundamiento, consideró que el actor resultaba alcanzado, en su calidad de jefe de policía, por el decreto 72/88 que había dejado sin efecto los decretos 1883/85 y 1495/85 y restablecido la vigencia del decreto 494/79.

Finalmente, ordenó remitir las actuaciones al agente

fiscal en turno, a fin de que investigara sobre la posible comisión de delitos de acción pública.

-III-

Disconforme el accionante, interpuso el recurso extraordinario de fs. 154/165, cuya denegatoria por el a quo a fs. 179/181 da origen a la presente queja.

Sostiene que el pronunciamiento es arbitrario, pues omitió tener en cuenta los hechos alegados en la demanda, como por ejemplo que, al ser designado jefe de policía, provenía de la carrera policial y no del área política.

Afirma que incurre en contradicción, toda vez que, si bien reconoció que la licencia anual ordinaria es un derecho constitucionalmente protegido y que, al extinguirse la relación laboral, el trabajador tiene derecho a percibir la indemnización por tal concepto, finalmente rechazó la demanda con apoyo en el decreto 494/79.

Expone que la contradicción se advierte C. mayor gravedadC en la omisión de tratar la licencia correspondiente a 1995, ya que ésta fue solicitada y denegada dentro del tiempo de actividad, cuya falta de inicio no le puede ser imputable por tratarse de un derecho que requería, para su ejercicio, la previa conformidad del superior inmediato y que no pudo usufructuar al sobrevenir su baja.

Alega apartamiento de la normativa aplicable, al haberse omitido considerar la procedencia del pago de las vacaciones no gozadas, en función de lo previsto en el art.

103 de la ley 1134 y el planteo de inconstitucionalidad del decreto 494/79, formulados en la demanda.

En tal sentido, expresa que, por el principio de jerarquía normativa, dicha ley debía primar sobre el decreto

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Procuración General de la Nación impugnado y que además la ley 2130 utilizada para dejar de lado las consideraciones atinentes a las licencias de invierno resulta inexplicable en tanto existe un régimen específico para la policía, cual es la ley 1134. Argumenta, a la vez, que mayor es el vicio si se advierte que aquella norma C. 2130C no regía al momento del dictado del fallo ni en ninguno de los períodos de licencias reclamados.

Afirma que la cuestión referida a las certificaciones correspondientes a días feriados, al no haber sido planteadas en la contestación de la demanda e introducidas de oficio por los sentenciantes, vulnera su derecho de defensa, pues de esa manera, se le impidió alegar y probar sobre tal extremo.

Agrega que no se tomaron en cuenta los planteos atinentes a que la aducida invalidez de aquellas certificaciones ningún efecto tenían en la causa, pues las resoluciones 622/95 a 629/95 C. no fueron atacadas por la demandadaC se sustentaban en las denegatorias de los ministros de turno y no en dichos certificados.

-IV-

Ante todo, es preciso examinar la procedencia formal del recurso interpuesto. A tal fin cabe recordar que, "los agravios que se vinculan con las facultades de los tribunales provinciales, el alcance de su jurisdicción y la forma en que ejercen su ministerio, materia que se encuentra reglada por la Constitución y leyes locales, escapan a la instancia del recurso extraordinario del artículo 14 de la Ley 48, en virtud del respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas" (Fallos:

:112; 306:617 y 1111; 311:100 y 1855, entre otros), principio que cede cuando la decisión adolece de arbitrariedad (conf. doctrina de Fallos: 311:1435; 312: 1722; 316:2477 y 3231).

Es por ese mismo respeto, que la Corte tampoco podría transformarse en el intérprete final de las decisiones que adoptan los tribunales provinciales dentro de sus atribuciones, por aplicación de las normas que integran sus ordenamientos jurídicos, ni en un órgano de unificación de la jurisprudencia provincial, sin perjuicio de señalar que el Tribunal puede llegar a cumplir tales funciones cuando, excepcionalmente, le toque intervenir en causas que presenten cuestiones federales. Por ello, V.E. ha entendido que no es revisable, en principio, por vía del recurso extraordinario, la interpretación que efectúan los tribunales de provincia de las disposiciones de carácter local que constituyen el derecho administrativo aplicable a las relaciones entre los empleados públicos provinciales y el gobierno del que dependen (Fallos:

300:1039 y sus citas).

Sobre la base de tales principios, los agravios dirigidos a cuestionar la sentencia por haberse apartado de la ley 1134 y del Régimen de Licencias del Personal Policial, al igual que los atinentes a la falta de vigencia de la ley 2130 al tiempo de emitirse el fallo, no resultan aptos para suscitar la apertura de la instancia del art. 14 de la ley 48.

Así lo pienso, toda vez que, sin perjuicio de señalar que el análisis de tales planteos remite a cuestiones de derecho público local, materia propia de los jueces de la causa y ajena, por su naturaleza, a esta instancia (confr. doctrina de Fallos: 303:862), en mi concepto el superior tribunal local interpretó y aplicó los aludidos regímenes pues, para desestimar la acción, con apoyo en los antecedentes del

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Procuración General de la Nación caso, entendió que el actor no había cumplido con los recaudos exigidos por la ley 1134 y el Reglamento del Régimen de Licencias Policiales.

Al así decidir, el juzgador expresó suficientes razones de hecho y de derecho que, más allá de su acierto o error o lo opinable de lo resuelto, excluyen la tacha de arbitrariedad invocada, sin que las divergencias del apelante tengan entidad para demostrar lesión alguna de carácter constitucional (v. doctrina de Fallos: 323:629).

Respecto de los agravios dirigidos a cuestionar la aplicación de la ley 2130, cabe recordar que, en la doctrina de V.E., la determinación del alcance con que se aplican las leyes no federales resulta ajena a la instancia extraordinaria, pues, como principio, es facultad privativa de los magistrados de la causa establecer las normas que deben regir el pleito y su vigencia en el tiempo (conf. Fallos: 300:252).

En mi opinión, tampoco habilitan esta instancia extraordinaria los cuestionamientos que formula sobre la valoración efectuada por el a quo de las constancias documentales obrantes en el expediente, tales como la carrera policial, los certificados de licencias (en relación a los cuales el actor pudo expedirse, confr. fs. 81 y sgtes.), al igual que los atinentes a la oportunidad en que fue solicitada y denegada la licencia correspondiente a 1995, toda vez que remiten a cuestiones de hecho y prueba extrañas al remedio federal que se intenta (Fallos: 318:73) y revelan, en mi concepto, una apreciación diferente sobre el criterio de selección y apreciación de los extremos aportados a la causa, sin demostrar apartamiento de las reglas aplicables, la falta de fundamentación de los hechos conducentes del sub lite, o la irrazonabilidad de las conclusiones (v. doctrina de Fallos:

303:509).

V.E. ha dicho, en jurisprudencia aplicable al sub judice, que la doctrina de la arbitrariedad tiene un carácter estrictamente excepcional, y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran defectos graves de fundamentación. Tal tacha indica una grosera omisión que, en definitiva, produce un pronunciamiento cuyo sustento es la sola voluntad del juez.

El error en la interpretación de normas o en la estimación de pruebas no es suficiente para descalificar el fallo (Fallos:

303:386).

En esa inteligencia, a mi modo de ver, tampoco habilitan la apertura de la instancia extraordinaria, la aplicación al sub lite del decreto 494/79 y la supuesta omisión de tratar el planteo de su inconstitucionalidad, formulado en la demanda.

En efecto, sin perjuicio de recordar que la aplicación del aludido decreto se efectuó a mayor abundamiento C. como lo expuso el a quo a fs. 143 vta.C, estimo que, contrariamente a lo sostenido por el apelante, el voto del doctor E.O.M.C., juntamente con el preopinante formaron la mayoríaC rechazó expresamente la tacha de inconstitucionalidad de tal decreto sobre la base de tener en cuenta que no era reglamentario de régimen alguno de licencias, sino que, ante el vacío legal, estableció un sistema propio para las autoridades superiores, compatible con las exigencias del servicio específico.

Así pues, los agravios del apelante sólo traducen su desacuerdo con el criterio interpretativo adoptado con respecto a normas de derecho público local, aspectos que, como se dijo, resultan extraños al recurso extraordinario (Fallos:

323:643).

En este sentido, no es ocioso recordar que ha

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Procuración General de la Nación declarado V.E. que dicho remedio no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que le son privativas, ni corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales (Fallos: 302:836 y 1030; 312:1859 y 313:473).

-V-

Por ello, opino que, corresponde desestimar la presente queja y declarar formalmente inadmisible el recurso extraordinario deducido por el actor.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2001.

N.E.B.