Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 18 de Diciembre de 2001, F. 105. XXXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

F. 105. XXXV.

RECURSO DE HECHO

F., Emilia Amalia c/ ANSeS.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 18 de diciembre de 2001.

Vistos los autos: A. de hecho deducido por la actora en la causa F., E.A. c/ ANSeS@, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

  1. ) Que contra el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social que revocó la sentencia de la instancia anterior que había reconocido el derecho de la actora a la jubilación ordinaria de la ley 18.037, la interesada dedujo el recurso extraordinario que, desestimado, motivó la presente queja.

  2. ) Que la recurrente se agravia de que la alzada haya aplicado el decreto 2016/91 sin ponderar que a la fecha de presentación de la solicitud de jubilación ordinaria reunía la totalidad de los requisitos exigidos por la ley vigente a ese momento, en particular los 15 años de servicios con aportes. También afirma que debió aplicarse el art. 2 del decreto citado, en virtud del cual la elevación del requisito de años con aportes se aplicaría a los afiliados que cesaran en la actividad o solicitaran la jubilación, según fuera el caso, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la referida norma.

  3. ) Que aun cuando los agravios de la recurrente remiten al examen de cuestiones de hecho y derecho común, temas ajenos B. regla y por su naturaleza- al recurso del art. 14 de la ley 48, ello no es óbice a la procedencia de la vía intentada cuando la decisión del a quo conduce a la pérdida de derechos que cuentan con amparo constitucional (art.

    14 bis de la Constitución Nacional).

  4. ) Que en efecto, el 4 de octubre de 1990, fecha en que la actora solicitó la prestación, reunía la totalidad de los requisitos exigidos por la ley de fondo para acceder a la jubilación ordinaria, sin perjuicio de continuar en actividad

    hasta tanto se declarara su derecho (art.

    70 de la ley 18.037).

    El 13 de septiembre de 1991 la demandada reconoció el derecho a la jubilación ordinaria; la actora acreditó el cese definitivo de servicios con fecha 30 de noviembre de 1991 y el 31 de agosto de 1992 la ANSeS revocó su primer resolución administrativa en virtud de que el cese de servicios definitivo era posterior al dictado del decreto 2016/91, vigente desde el 1° de octubre de 1991 (fs. 1/2, 17/18 y 21 del expediente administrativo 997-5183491-4-01).

  5. ) Que si bien es cierto que el art. 27 de la ley 18.037 establece, como principio, que la fecha de cese de actividades fija la ley aplicable a la prestación y que el art. 70 condiciona la resolución administrativa al cese definitivo en la actividad dependiente y a la ley vigente en ese momento, no lo es menos que tales principios han sido establecidos por el legislador en beneficio de los peticionarios y su aplicación debe efectuarse con particular cautela cuando, como en el sub examine, media un cambio de legislación que puede redundar en perjuicio de los beneficiarios.

  6. ) Que no puede dejar de ponderarse que la interesada reunía los requisitos legales al momento de formular su solicitud jubilatoria, que no podía prever una futura modificación en la exigencia de años de servicios con aportes, y que continuó en actividad hasta tanto se declarara su derecho en virtud de una disposición de la ley 18.037, circunstancias que debieron ser examinadas al momento de dictar el fallo apelado, máxime si se tiene en cuenta el dilatado lapso que insumió el trámite administrativo.

  7. ) Que esta Corte ha decidido en reiteradas oportunidades que en materia de previsión o seguridad social es

    F. 105. XXXV.

    RECURSO DE HECHO

    F., Emilia Amalia c/ ANSeS.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación esencial cubrir riesgos de subsistencia y ancianidad, por lo que no debe llegarse al desconocimiento de derechos sino con suma cautela (Fallos: 303:857; 306:1312 y 311:1937), pues "la seguridad social tiene como cometido propio la cobertura integral de las consecuencias negativas producidas por las contingencias sociales, el apego excesivo al texto de las normas sin apreciar las circunstancias particulares de cada caso, no se aviene con la cautela con que los jueces deben juzgar las peticiones vinculadas con la materia previsional" (Fallos: 313:247).

    Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor P.F., se admite la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Costas por su orden.

    Agréguese la queja al principal. Practíquese la comunicación a la Procuración del Tesoro a los fines del art. 6° de la ley 25.344. N. y remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O=CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.

    F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.