Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 11 de Diciembre de 2001, T. 175. XXXIV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

T. 175. XXXIV.

T., J.S. y otros c/ Universidad de Buenos Aires (UBA) resols. 3397/3398/95, 2662/95.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

A fs. 1/17, los actores interpusieron recurso de apelación, en los términos del art. 32 de la ley 24.521, a fin de obtener que se declare la nulidad de las resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA, en adelante) 3397/96 y 3398/96, así como de la 2662/95, en la que aquéllas se fundan, por tratarse -a su juiciode actos administrativos afectados de nulidad absoluta e insanable, en los términos de los arts. y 14, inc. b de la ley 19.549.

Relataron que, en julio de 1989, se presentaron al concurso convocado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, para cubrir, entre otros, el cargo de profesor titular con dedicación exclusiva del Area de Enzimología en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la citada casa de altos estudios. Durante su sustanciación y, ante la impugnación del dictamen del jurado formulada por algunos concursantes, el Consejo Directivo de la facultad solicitó un dictamen ampliatorio, el que se emitió en diciembre de 1991, en el sentido de confirmar -en la propuesta de designación- a la doctora M.M.F..

Este dictamen también fue impugnado y, dada la gravedad de la situación, el Consejo Directivo, mediante resolución 1176/92, decidió no aprobar el dictamen original ni su ampliación y solicitar, al Consejo Superior de la UBA, que dejara sin efecto el concurso.

Este acto -continuaron- fue impugnado, a su vez, por la doctora Flawiá, en los términos del art. 36 in fine del Reglamento para la Provisión de Cátedras (resolución -CSP- 161/84 y modificatorias), lo que motivó la elevación de

las actuaciones al Consejo Superior de la UBA, que dictó la resolución 3397/96, que hizo lugar al recurso jerárquico interpuesto por aquélla (v. fs. 23/30). Pero además el Consejo Superior dictó la resolución 3398/96, que designó en el cargo concursado a la doctora F..

Sostuvieron los actores que, para decidir de este modo, el Consejo Superior invocó la facultad de modificar la propuesta del Consejo Directivo que le otorga el art. 39 del Reglamento de Concursos (resolución -CSP- 161/84, modificada por la resolución -CS- 2662/95). Con respecto a esta última, manifestaron que, por resolución 889/96, el Consejo Directivo de la Facultad solicitó que fuera reconsiderada -al entender que el Consejo Superior resulta incompetente para modificar el Estatuto Universitario, cuando esa prerrogativa le corresponde a la Asamblea- y que se suspendan los efectos de la 3398/96, en tanto configura el primer caso en el cual se aplica lo dispuesto por la resolución (CS) 2662/95.

Pusieron de resalto que, con la interposición del recurso, perseguían la declaración de nulidad de tales actos por hallarse viciados elementos esenciales, tales como la competencia, el procesamiento, la causa, la motivación y el objeto.

Posteriormente -fs. 96/102- ampliaron fundamentos, al tomar conocimiento de la resolución 5510/97, por la cual el Consejo Superior rechazó la solicitud de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Medicina, en punto a la derogación de la resolución (CS) 2662/95, modificatoria del Reglamento de Concursos de Profesores Regulares.

Reiteraron sus argumentos en punto a la ilegitimidad de la reforma introducida por la resolución (CS) 2662/95, por ser contraria al inc. 1 del art. 98 del Estatuto Universitario aprobado por ley 23.068, en cuanto dispone que el Consejo

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Procuración General de la Nación Superior designa a los docentes a propuesta del Consejo Directivo de la Facultad en cuyo ámbito se hubiera llevado a cabo el concurso, circunstancia que impediría la avocación del órgano superior, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 2 del decreto 1759/72 (t.o. 1991).

-II-

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala V- desestimó el recurso a fs.

235/243.

Para así decidir, señaló, en primer término, que las cuestiones relativas a la designación y separación de profesores universitarios, así como los procedimientos arbitrados para su selección, no admiten, en principio, revisión judicial, la cual puede ejercerse sólo para controlar la legalidad de los actos administrativos dictados en el curso de los referidos procedimientos.

En cuanto a la competencia del Consejo Superior de la Universidad para dictar la resolución (CS) 2662/95 que modifica el Reglamento para la Provisión de Cátedras aprobado por la resolución (CSP) 161/84, surge del art. 97 del Estatuto Universitario, que establece que "los profesores regulares son designados por concurso de conformidad con la reglamentación que dicta" el Consejo Superior citado.

Y si bien la modificación del estatuto es de competencia exclusiva de la Asamblea Universitaria (art. 89), corresponde al Consejo Superior "ejercer la jurisdicción superior universitaria" (art 98, inc. a), así como también todo lo que explícitamente no esté reservado a la asamblea, al rector o a las facultades (inc. "y" del mismo artículo).

En tales términos, considero que la reforma aprobada

por el Consejo Superior no puede entenderse como modificatoria del Estatuto Universitario, puesto que la atribución de "designar, a propuesta de las facultades, los profesores de las distintas categorías" (art. 98, inc. l) aparece razonablemente reglamentada en la resolución (CS) 2662/95, toda vez que la propuesta de la facultad no puede obligar (como pretendería la posición de la actora) al Consejo Superior.

El planteo de nulidad de las resoluciones 3397/96 y 3398/96 llevó al tribunal al tratamiento de los alcances de la revisibilidad judicial de los denominados actos discrecionales de la administración, que procede cuando media arbitrariedad.

Por un lado, en cuanto al supuesto vicio de procedimiento, por no haberse dado el debido traslado al resto de los concursantes, en oportunidad de tramitar la impugnación de la doctora Flawiá, expresó que no se restringió el derecho de defensa en juicio, pues nada obsta a que la parte afectada alegue y pruebe lo pertinente en la instancia judicial. Por otro lado, al referirse al agravio de los actores de que uno de los miembros del jurado no tuvo a la vista los antecedentes de los concursantes al tiempo de emitir el primer dictamen, puso de relieve que tal omisión no lo invalida, puesto que fue compensada con la intervención de los otros dos miembros y con la emisión de un dictamen ampliatorio solicitado por las autoridades de la facultad, oportunidad en que tales antecedentes obraban en poder de los tres miembros del jurado; argumento con el cual también desestimó el agravio relativo a la supuesta autocontradicción del jurado al manifestar la imposibilidad de establecer un orden de méritos en la primera oportunidad y haberlo fijado ante el nuevo requerimiento.

-III-

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Procuración General de la Nación Disconformes, los actores interpusieron el recurso extraordinario de fs. 248/266, que fue concedido en cuanto a la interpretación de normas federales y denegado respecto de la arbitrariedad alegada (fs. 290), causal que dio origen a la queja que tramita como expte. T.171.XXXIV.

Se fundan, en lo sustancial, en que el a quo realizó una exégesis totalmente desacertada de las normas del Estatuto Universitario aprobado por la ley 23.068 puesto que, para justificar la legitimidad de la resolución (CS) 2662/95, otorgó al ejercicio de la jurisdicción superior universitaria por parte del Consejo Superior un alcance ilimitado, reñido con las facultades atribuidas a otros órganos del gobierno universitario. Esta norma -continúan- introdujo una serie de modificaciones al Reglamento para la Provisión de Cátedras aprobado por resolución (CSP) 161/84, entre ellas su art. 39, referido a la facultad de modificar la propuesta del Consejo Directivo. Esto, a su vez, traduce una modificación del art.

98, inc. l del Estatuto Universitario, que establece la atribución del Consejo Superior de designar a los profesores a propuesta de las facultades. Agregan que el tribunal no tuvo en cuenta que era menester realizar una interpretación armónica de las disposiciones del citado estatuto, al quitarle sentido a sus arts. 89, inc. e -norma que reserva a la Asamblea Universitaria la facultad de modificarlo- y 98, inc. y que faculta al Consejo Superior a entender en todos los asuntos que explícitamente no estén reservados a la asamblea, al rector o a las facultades-. Como consecuencia de ello, tanto la resolución (CS) 2662/95, como la 3398/96 estarían viciadas de nulidad absoluta e insanable.

Asimismo, sostienen que no es posible que, con fundamento en el art. 3° de la ley 19.549, el Consejo Superior de

la UBA pueda avocarse a la competencia que les corresponde a los Consejos Directivos de las Facultades -tal como lo decide la resolución 5510/97- toda vez que el Estatuto Universitario otorgó competencia exclusiva al inferior para formular las propuestas de nombramientos, por lo que resulta de aplicación el art.

  1. del Reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos aprobado por decreto 1759/72 (t.o. 1991).

Fundan la arbitrariedad de la sentencia recurrida en que la cámara, al ponderar los antecedentes del concurso y los agravios de los recurrentes, rechazó los cuestionamientos planteados sobre la base de afirmaciones meramente dogmáticas o insuficientes, soslayando con extrema ligereza la gravedad de los vicios alegados, con la sola invocación de la autonomía universitaria y del carácter discrecional de los actos atacados.

En este sentido, destacan que los trámites previstos para la realización del concurso adolecieron de una serie de defectos, cuya gravedad determina la nulidad del procedimiento, tales como la falta de parámetros de evaluación que el jurado tendría en cuenta al seleccionar a uno de los concursantes; que no se dejó constancia de los resultados de la prueba de oposición a la que se sometieron los aspirantes; que el jurado no fundó su opinión con apoyo en el detalle y la valoración de todos los elementos de juicio con que contaba, ni estableció un orden de mérito entre los participantes, de acuerdo a lo previsto por el art. 33 de la resolución (CSP) 161/84; que no se corrió traslado del recurso interpuesto por la doctora Flawiá contra la resolución 1176/92; que el dictamen del jurado fue emitido sin tener conocimiento de los antecedentes de los concursantes, vicio que no puede ser subsanado con la emisión de otro dictamen, puesto que fue la simple ampliación del primero.

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Procuración General de la Nación -IV-

Cabe señalar que el recurso es formalmente admisible por cuanto se ha puesto en tela de juicio la inteligencia de normas de naturaleza federal -Estatuto Universitario y Reglamento para la Provisión de Cátedras- y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido contraria a las pretensiones que los recurrentes fundan en ellas (v.

Fallos:

323:620). En cambio, lo relativo a la alegada arbitrariedad de la decisión recurrida, será objeto de tratamiento en autos T.171.XXXIV, A., J.S. y otros c/ Universidad de Buenos Aires@, en los cuales -como se indicó ut supra- se tramita la queja interpuesta a raíz de que el a quo desestimó expresamente el remedio federal en relación a ese aspecto.

-V-

En cuanto al fondo del asunto, estimo pertinente advertir que en autos se discuten dos cuestiones que, aun cuando se encuentren estrechamente vinculadas, deben examinarse en forma separada: por un lado, la legitimidad de la resolución 2662/95 del Consejo Superior de la UBA, en tanto introduciría indebidamente modificaciones al Estatuto Universitario y al Reglamento para la Provisión de Cátedras y, por otro, la legitimidad de las resoluciones 3397/96 y 3398/96; en virtud de las cuales se hace aplicación de aquella norma y están referidas al concurso sustanciado para cubrir el cargo objeto de la disputa. Ante todo, debe examinarse la primera de las cuestiones mencionadas pues el resultado a que se arribe en su examen, incidirá en forma directa en la legitimidad de los restantes actos administrativos impugnados.

Cabe recordar, al respecto, que V.E. tiene reitera-

damente dicho que la designación de profesores universitarios, así como los procedimientos arbitrados para la selección del cuerpo docente no admiten, en principio, revisión judicial por tratarse de cuestiones propias de las autoridades que tienen a su cargo el gobierno de la universidad, sin embargo ello no es obstáculo para que se ejerza judicialmente el control de legalidad de los actos administrativos dictados en el curso de los procedimientos de selección de los docentes universitarios (Fallos: 314:1234; 316:1723; 317:40; 320:2298).

Sentado ello, corresponde examinar el alcance de las facultades asignadas por las normas pertinentes al Consejo Superior de la UBA, para así determinar la legitimidad de las resoluciones impugnadas.

El art. 98 del Estatuto de la UBA enuncia las facultades que le corresponden al Consejo Superior y, entre ellas, menciona la de ejercer la jurisdicción superior universitaria (inc. a) y la de designar, a propuesta de las facultades, los profesores de las distintas categorías (inc. l).

Asimismo, los concursos para la designación de profesores regulares en el ámbito de la citada Universidad se rigen por el Reglamento para la Provisión de Cátedras -resolución 161/84- que fue dictada por el Consejo Superior Provisorio en virtud de lo dispuesto por el art. 37 del Estatuto Universitario que dice: ALos profesores regulares son designados por concursos de conformidad con la reglamentación que dicta el Consejo Superior de la Universidad...@. A su vez, el art. 39 de dicho reglamento -modificado, precisamente, por la resolución (CS) 2662/95 que cuestionan los apelantes- dispone, en lo que aquí interesa, que el Consejo Superior, al recibir una propuesta de designación del decano de una facultad, tiene las siguientes alternativas:

puede aceptarla, devolverla, rechazarla o modificarla y, en cado caso, se indica

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Procuración General de la Nación expresamente el procedimiento a seguir. Si resuelve modificar la propuesta del Consejo Directivo, tomando el dictamen del jurado si éste fuere unánime o uno de los dos dictámenes si los hubiere por mayoría o minoría, el Consejo Superior debe hacerlo por el voto de los dos tercios de los presentes y de manera fundada. Si no tomara el o los dictámenes del jurado, debe hacerlo con el debido fundamento, en sesión especial convocada al efecto y por el voto de los dos tercios del total de sus miembros.

En mi opinión, de las normas mencionadas precedentemente surge, de modo indudable, que el Consejo Superior cuenta con facultades para reglamentar el procedimiento para la designación de profesores regulares, competencia que incluye la posibilidad de introducir las modificaciones que estime pertinentes, por el principio del paralelismo de las competencias, sin alterar, desde luego, el Estatuto Universitario, cuya aprobación es una facultad exclusiva de la Asamblea Universitaria (art. 89, inc. e del citado estatuto) por tratarse de una norma que establece los lineamientos generales básicos destinados a regir la vida universitaria.

A mi modo de ver, las modificaciones introducidas, al art. 39 del Reglamento para la Provisión de Cátedras, por la resolución (CS) 2662/95 no parecen ser irrazonables, ni contrarias a la norma que dispone que el Consejo Superior está facultado a designar -a propuesta de las Facultadeslos profesores de las distintas categorías (v. art. 98, inc. l del estatuto). Ello es así pues, de otorgarse a aquella norma el alcance que pretenden los apelantes, además de implicar el vaciamiento de las atribuciones propias de ese órgano superior universitario, quitaría contenido jurídico a la función que se le ha encomendado, cuya relevancia impide que pueda ser considerada como una simple actuación mecánica de conva-

lidación de la propuesta efectuada por el Consejo Directivo.

Esta circunstancia es la que determina que el Consejo Superior esté habilitado a examinarla y rectificarla -de estimarlo pertinente- designando en el cargo a otro docente, siempre que se haya sustanciado con anterioridad el respectivo concurso y que se verifiquen los recaudos que prevé el citado art. 39, los cuales, por cierto, son mayores que los contemplados para otras hipótesis en la medida que exige un procedimiento y mayorías especiales.

Habida cuenta de ello, quedan aún por examinar los agravios de los apelantes referidos a la ilegitimidad de las resoluciones 3397/96 y 3398/96. La primera de ellas, encuentra fundamento jurídico en la potestad administrativa del órgano superior de vigilar y controlar la actividad de los órganos inferiores, efecto propio de toda relación jerárquica que, en la especie, se plasma en la norma que confiere al Consejo Superior el ejercicio de la jurisdicción superior universitaria (v. art. 98, inc. a del estatuto). En efecto, el recurso interpuesto por la doctora Flawiá contra la resolución del Consejo Directivo 1176/92 habilitó al Consejo Superior, en virtud de tal competencia, a revisar lo actuado en el ámbito de la facultad en relación al concurso y a resolver las cuestiones planteadas en cuanto al dictado del acto que decidió no aprobar el dictamen ni su ampliación y que propuso que se lo dejara sin efecto. De modo tal que el órgano superior no se avocó a la competencia del inferior -como erróneamente sostienen los apelantes-, sino que ejerció su competencia propia de revocación por razones de ilegitimidad del acto recurrido. En ejercicio de su jurisdicción superior universitaria, hizo lugar al recurso, al considerar que A. existieron vicios de forma y/o procedimiento que invaliden el trámite, sino una diferente apreciación de cuestiones estrictamente

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Procuración General de la Nación académicas entre los miembros del jurado y los del Consejo Directivo@ y que la actuación del jurado -que concluyó por dos veces en forma unánime en la propuesta de la doctora Flawiáse llevó a cabo A. autoridad, transparencia e imparcialidad indiscutibles@.

En tales condiciones, la decisión del Consejo Superior de revocar la resolución 1176/92, implicó la aprobación del dictamen unánime del jurado, acto que permitió -junto al cumplimiento de los restantes requisitos que exige el art. 39 del Reglamento para la Provisión de Cátedras- la designación de la doctora F. en el cargo concursado de profesora regular titular, con dedicación exclusiva, mediante la resolución 3398/96, la que se dictó, por lo demás, en ejercicio de atribuciones válidamente conferidas, tal como quedó expuesto supra.

-VI-

Por todo lo expuesto, opino que corresponde confirmar la sentencia de fs. 235/243 en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2001.

M.G.R.