Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 30 de Noviembre de 2001, S. 593. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S. 593. XXXV.

RECURSO DE HECHO

S., E.A. y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

E.A.S. y otros funcionarios de la ex Justicia Municipal de Faltas, promovieron demanda contra la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a fin de obtener el cobro de las diferencias salariales que aquélla generó al incumplir con las disposiciones de la acordada 126/92 de su Cámara de Apelaciones (fs. 78/82 de los autos principales, a los que corresponderán las siguientes citas).

Relataron que revistaban en la categoría de secretario de juzgado y que la mencionada acordada dispuso incrementar, a partir del 1° de abril de 1992, el suplemento mensual no remunerativo ni bonificable instituido por la acordada 7039/91.

Pese a que fue comunicada a la Dirección de Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la comuna demandada, ésta nunca hizo efectivo su pago ni dio explicaciones para justificar su proceder, no obstante los reiterados reclamos efectuados para lograr su cumplimiento, inclusive los realizados por la propia ex cámara de apelaciones mediante acordada 193/92.

Recién el 15 de diciembre de 1995 aquella dependencia liquidó las sumas correspondientes a la acordada 126/92 pero sólo lo hizo respecto del director general administrativo de la Justicia Municipal de Faltas y no con referencia a los demás funcionarios, lo que estimaron contradictorio y violatorio del principio de igualdad. Máxime -dijeron-, si a aquél le liquidaron el suplemento desde la fecha dispuesta en la acordada cuando revistaban en una categoría inferior a director general. Esa contradicción también se manifiesta sostuvieron- por la actitud del departamento ejecutivo, que cumplió durante años con las disposiciones que adoptó la cámara de apelaciones respecto de su personal, para luego des-

conocerle legitimidad en tales materias y, finalmente, volver a aceptarlas, tal como sucedió con la acordada 645/93, mediante la cual aquella cámara fijó retribuciones, las que fueron abonadas.

-II-

A fs. 263/265, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Sala K) confirmó la sentencia de primera instancia que había admitido la demanda.

Para así decidir, desestimó los agravios del municipio, relativos a que el magistrado de la anterior instancia no había considerado sus argumentos defensivos, toda vez que entendió que aquél interpretó que la conducta de la demandada atentó contra el principio de buena fe procesal y la doctrina de los actos propios -situación que aquélla admitió- y aun cuando sólo se aplicare el último instituto para juzgar su conducta -y, en consecuencia, se considerara no involucrado el principio de buena fe-, igualmente sería improcedente su pretensión de eximirse de cumplir con aquello que hasta ese momento venía haciendo.

-III-

Disconforme, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dedujo el recurso extraordinario de fs. 269/290, cuya denegación por el a quo a fs. 299, dio origen a esta presentación directa, que trae el asunto a conocimiento del Tribunal.

Sostiene que existe cuestión federal, porque el pronunciamiento recurrido niega competencia al ex intendente municipal para determinar las remuneraciones de los agentes municipales y se la atribuye a otra repartición administrativa. De ello deduce que el a quo cuestionó la validez de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, debido a que, a la época de los hechos, aquel funcionario era designado por el

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S., E.A. y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Procuración General de la Nación presidente de la Nación en su carácter de jefe inmediato y local de la Capital Federal. También descalifica la sentencia, por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, elaborada por el Tribunal. Sus agravios pueden resumirse del siguiente modo. a) El fallo tiene un fundamento aparente, insuficiente para sustentarlo y otorgarle validez como acto judicial, porque el a quo sólo expuso formulaciones doctrinarias y genéricas, sin explicar qué relación guardan con los hechos de la causa. En particular, se limitó a aplicar la teoría de los actos propios, con una sola comprobación fáctica: que la administración municipal pagó a los agentes un suplemento adoptado por acordada de la Cámara de Apelaciones de Faltas, pero sin efectuar un análisis global del tema discutido. Así, en lugar de buscar una solución, se limitó a formular interrogantes, sin dar respuesta a los argumentos defensivos que expuso. Aun cuando se entienda que los consideró, los vacía de contenido y tergiversa su sentido, incluso en el alcance gramatical de sus expresiones. En efecto, su posición de no dar cumplimiento a la acordada 126/92 no tuvo por objeto convalidar su error, sino evitar su reiteración. En tal sentido, califica de absurdas las consecuencias del fallo porque, llevándolo al extremo, significaría que quien a errado debería seguir haciéndolo y, desde esta perspectiva, serían inútiles todas las disposiciones del Código Civil que regulan el pago sin causa, o el pago que no se debe e, incluso, niega la posibilidad a los tribunales de modificar sus criterios ante nuevos análisis. b) El a quo no consideró sus argumentos referidos a la forma en que debe aplicarse la teoría de los actos propios a la conducta de la administración. En especial, omitió examinar que, en el sub lite, no se da el supuesto de unidad de

situación jurídica, porque no es lo mismo implementar un rubro salarial que incrementarlo. Tampoco merituó que su conducta se ajustó a la distribución de competencias entre órganos administrativos que surge de las normas vigentes (en el caso, la ley 19.987 y el decreto 3544/91).

Además de lo anterior, la sentencia también es incongruente, porque no se expide sobre otras cuestiones planteadas oportunamente y que se relacionan directamente con la resolución del conflicto. Entre estas señala: i) que el decreto recientemente mencionado aprobó un nuevo régimen escalafonario y salarial para los agentes municipales, denominado Sistema Municipal de la Profesión Administrativa (SIMUPA), que incluye al personal de la Justicia Municipal de Faltas (art. 2°), con la única exclusión de los funcionarios indicados en el art. 56 de la ley 19.987 y le otorgó, al intendente municipal, la competencia para determinar y fijar las remuneraciones del personal municipal hasta la entrada en vigencia del nuevo régimen (art. 14); ii) que el pago de los importes de la acordada 7039/91 se debió a un error inicial, dado que la Cámara de Apelaciones de Faltas carecía de competencia para ordenar dicho incremento salarial, error que se enmendó con la decisión de no abonar las sumas adicionales dispuestas por la acordada 126/92; iii) que el objeto de la litis era, entonces, analizar la legitimidad de su conducta respecto de la última acordada, es decir, si estaba obligada a cumplir con una decisión adoptada por un órgano manifiestamente incompetente; iv) que ni siquiera menciona a la ley 19.987 (Orgánica de la Municipalidad de Buenos Aires) y que sólo en esa omisión puede entenderse que la cámara haya considerado que descalificó al Tribunal de Faltas como órgano de gobierno, cuando ello surge del propio texto legal.

-IV-

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Procuración General de la Nación Ante todo, cabe señalar que lo atinente a la relación de empleo público de los agentes de la Justicia Municipal de Faltas, así como la aplicación e interpretación de la ley 19.987 y del decreto 3544/91 -que instituyó un nuevo régimen escalafonario y salarial para el personal de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Airesconstituyen cuestiones de Derecho Público local, en principio insusceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario. Sin embargo, es posible apartarse de esa regla ante la necesidad de asegurar que la función jurisdiccional se ejerza de conformidad con el derecho vigente (conf. dictamen de esta Procuración General del 9 de abril de 1999, in re D.143.XXXIV. A. la Cárcova, T. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires@, a cuyos fundamentos y conclusiones se remitió V.E. en su sentencia del 14 de octubre de aquel año [Fallos:

322:2415]).

-V-

Sobre tales bases, entiendo que asiste razón al apelante cuando sostiene que el fallo recurrido es pasible de ser descalificado por aplicación de la doctrina de arbitrariedad de sentencias, en la medida que el a quo se limitó a resolver el conflicto mediante la teoría de los actos propios, con fundamento en que la ex municipalidad reconoció su error al abonar a los actores los importes de la acordada 7039/91.

A mi modo de ver, la decisión no satisface la exigencia de presentarse como una derivación razonada del derecho vigente con particular aplicación a las circunstancias de la causa, porque la correcta dilucidación de la controversia suscitada entre las partes requería, de modo ineludible, en mi concepto, el examen de las cuestiones propuestas por la demandada. En efecto, aquélla sustentó sus defensas en que la teoría de los actos propios no puede ser aplicada de la misma

forma para resolver conflictos entre particulares y entre éstos y la administración, porque son otros los principios y las normas que regulan su conducta. También expuso al tribunal que, de acuerdo al régimen vigente en materia de retribuciones para el personal municipal, el órgano competente para fijarlas era el intendente municipal y no la Cámara de Apelaciones de Faltas, así como que la equiparación salarial que disponía el art.

56 de la ley 19.987 no puede ser extendida a otros funcionarios y, la omisión de su tratamiento, por parte del a quo, priva de fundamentos a su decisión y la descalifica como acto jurisdiccional válido (conf. doctrina de Fallos:

322:2914).

Al respecto, no parece ocioso recordar que V.E. ha señalado, desde antiguo, que la doctrina de la arbitrariedad tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, y exige que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 316:2464 y 2718; 322:2755, entre muchos otros).

En tales condiciones, considero que existe relación directa e inmediata con las garantías constitucionales de defensa en juicio y propiedad, invocadas por el apelante (art.

15 de la ley 48) y que debe revocarse la sentencia recurrida).

-VI-

En virtud de los fundamentos expuestos, opino que corresponde hacer lugar a la presente queja, declarar admisible el recurso extraordinario deducido por la demandada, revocar la sentencia recurrida en cuanto fue materia de dicho remedio y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, por quien corresponda, dicte una nueva ajustada a derecho.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2001

S. 593. XXXV.

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S., E.A. y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Procuración General de la NaciónNICOLAS EDUARDO BECERRA