Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Noviembre de 2001, M. 141. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

M. 141. XXXVII.

RECURSO DE HECHO

M., D.M. y otros c/ herederos de M., A. y otros.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

Contra la sentencia de la Sala AE@, de la Cámara Nacional de Apelaciones, que confirmó en lo principal la sentencia apelada, pero modificó el monto de la condena, la parte actora interpuso el recurso extraordinario de fs.

850/858, cuya denegatoria de fs.

897, motiva la presente queja.

Al exponer los antecedentes de la causa, refieren que la señora D.M.M., y el señor J.B., vinculados por una unión de hecho, iniciaron demanda por distintos rubros indemnizables, a raíz de los daños y perjuicios que habrían sufrido como consecuencia del fallecimiento del joven D.A.S., hijo de la primera, en un accidente de tránsito ocurrido el día 14 de septiembre de 1993. Manifiestan que el padre del joven fallecido, perdió la vida cuando éste contaba con 10 años de edad, y que su padrastro, el señor B., le confirió el pleno y absoluto tratamiento de hijo, colaborando entre todos con los gastos y la economía del hogar que conjuntamente constituían.

Continúan relatando que, la sentencia de Primera Instancia hizo lugar a la demanda, concediendo, entre los rubros reclamados, la suma de $ 60.000 a cada uno, en concepto de valor vida.

Se agravian de que el decisorio recurrido, no solamente redujo todos los montos indemnizatorios a la pareja B.B.M., sino que eliminó el rubro valor vida / pérdida de chance, correspondiente al señor B., sin que ninguna de las partes apelantes lo requiriera. Ello en tanto dicen -, los apelantes sólo habían solicitado la reducción del monto de condena otorgado por el juez de grado.

Por consiguiente, alegan que se ha violado el artículo 277 del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y, con ello, las garantías del debido proceso y la legítima defensa de su parte.

También se quejan de que la sentencia haya manifestado que, tratándose de un damnificado indirecto debía A... acreditar la existencia de perjuicios derivados de su muerte, lo que en el caso no sucedió, sin que pueda inferirse que existan por el solo hecho de vivir bajo el mismo techo, máxime cuando no existe prueba dirigida a establecer que S. ayudaba económicamente al compañero de su madre.@(v. fs. 825).

Reprochan que estas expresiones son contradictorias con las vertidas por la misma Cámara a fs. 823, donde reconoce que el joven fallecido trabajaba en un taller mecánico, que en sus ratos libres ayudaba al compañero de su madre en tareas de plomería, y que toda la familia laboraba aportando a la causa común. Añaden que se ha omitido, asimismo, el plexo probatorio indubitable, del que surge que los testigos dijeron que el joven fallecido ayudaba directamente a B. y al grupo familiar conformado por todos. Alegan que el artículo 1079 del Código Civil, establece el principio general rector por el cual corresponde la reparación del perjuicio sufrido por el damnificado directo, como así también por los indirectamente perjudicados.

-II-

Atento a la reseña que antecede, corresponde recordar que V.E. tiene reiteradamente dicho que, no obstante que los agravios de los apelantes remitan al examen de materias de índole procesal, ajenas, como regla y por su naturaleza, a la instancia del artículo 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para invalidar lo resuelto cuando los tribunales de la causa han excedido el límite de su competencia apelada, con menoscabo de garantías constitucionales (v.

M. 141. XXXVII.

RECURSO DE HECHO

M., D.M. y otros c/ herederos de M., A. y otros.

Procuración General de la Nación doctrina de Fallos:311:2687; 313:528; 320:2189, entre otros); y ha establecido, asimismo, que, si frente a los términos del fallo de la instancia anterior y a los agravios expresados en la apelación, el a quo carecía de facultades para expedirse sobre una cuestión que no le fue propuesta en forma expresa ni implícita (art. 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), corresponde la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido (v. doctrina de Fallos:

320:1708), situación que, a mi modo de ver, se configura en el sub lite.

En efecto, el Juez de Primera Instancia, al examinar la procedencia y extensión de cada uno de los rubros a indemnizar a la señora D.M.M., se refirió al valor de la vida humana expresando que, al no tener por sí un valor económico, debía repararse esa frustración, conforme a las condiciones de la víctima, su capacidad productiva, su posición social, entre otras pautas, y estimó prudente fijar en concepto de indemnización la suma de pesos 120.000 que comprendía la petición del actor J.B. (v. fs. 581 vta.. El subrayado me pertenece).

Ahora bien, los agravios oportunamente vertidos en los recursos de apelación interpuestos por los demandados, en el aspecto que interesa a los fines de la presente queja, expresan: unos, que el monto total del daño conjuntamente con el del valor vida, son evidentemente elevados ( v. fs. 660 vta.); y otros, califican de excesiva la cuantificación de dicho valor, manifestando que A...deberá ser reducido considerablemente a una suma razonable y ajustada las probanzas de autos...@,@...que el valor vida es uno solo y que su cuantificación depende estrictamente de la pérdida de beneficios que el fallecido otorgaba a los reclamantes.@( el subrayado me pertenece; v. fs. 676/677). Como puede observarse, no existió petición alguna a fin de que la Alzada desestimara o eliminara

la indemnización del valor vida otorgada por la sentencia del inferior al actor J.B., sino que solamente se pidió su reducción, por lo que resulta aplicable al caso la doctrina del Tribunal antes referida.

A los efectos de respaldar esta solución, estimo oportuno recordar, además, que V.E. ha determinado que procede el recurso extraordinario cuando la sentencia impugnada traduce un exceso en el límite de la potestad jurisdiccional del a-quo, al resolver acerca de capítulos no propuestos en el correspondiente memorial de agravios (v. doctrina de Fallos:319:305), y ha desestimado por arbitraria a la sentencia que dejó sin efecto la indemnización por daño moral derivado de la falta de reconocimiento paterno, si la actora sólo había deducido recurso de apelación con el objeto de que se elevara el monto del resarcimiento (v. doctrina de Fallos:319:2933).

En este marco, y aunque parezca reiterativo, no está demás señalar, a modo de conclusión, que el régimen de los artículos 271 Ain fine@, y 277, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sólo atribuye al tribunal de segunda instancia, la jurisdicción que resulta de los recursos deducidos ante ella, limitación que tiene jerarquía constitucional (v. doctrina de Fallos: 313:528, 983; 319:2933 y sus citas, entre otros).

En atención a lo expresado, resulta innecesario el tratamiento de los demás agravios.

Por todo ello, opino que debe hacerse lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, y disponer vuelvan los actuados al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2001.

NICOLAS EDUARDO BECERRA

M. 141. XXXVII.

RECURSO DE HECHO

M., D.M. y otros c/ herederos de M., A. y otros.

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