Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 18 de Octubre de 2001, T. 266. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S.C. T.266.XXXV.

S u p r e m a C o r t e :

-I-

El Tribunal Arbitral de Obras Públicas de la Nación hizo lugar al recurso directo interpuesto por la firma Techint Compañía Técnica Internacional S.A.C. e I. contra la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S.A. (ENACE) y Nucleoeléctrica Argentina S.A.

(NASA), con el fin de que se le abonen los mayores costos que debió afrontar a causa de los desvíos e incumplimientos de las prestaciones a cargo de la citada en primer término en virtud del contrato N1 921, celebrado con el objeto de efectuar el montaje de cañerías nucleares y convencionales en Atucha II (Expte. N1 2338/95 TAOP).

Contra esta decisión, la sociedad anónima estatal NASA interpuso recurso extraordinario, el que fue denegado y dio origen a la presente queja.

Se funda, sustancialmente, en que la resolución del Tribunal Arbitral es violatoria del derecho de defensa en juicio y de la propiedad del Estado, puesto que, al haber otorgado a la contratista una indemnización por daños y perjuicios, se apartó de su competencia -la cual estaría limitada al reconocimiento de mayores costos por la depreciación de la moneda- e infringió las Leyes de Convertibilidad N1 23.928 y de Consolidación de Deudas del Estado N1 23.982.

-II-

A mi modo de ver, la presente causa es sustancialmente análoga a la resuelta por V.E. en el precedente publicado en Fallos: 322:298, en el cual se reiteró que no cabe recurso judicial alguno respecto de las decisiones del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, de acuerdo a lo prescripto en el art. 71 de la Ley 12.910, en los arts. 6, 7 y 8 del Decreto 11.511/47, en su aclaratorio N1 4517/66 y en el Decreto N1 1098/56 (v. asimismo Fallos: 261:27 y 308:116).

En dicha oportunidad, el Alto Tribunal también sostuvo que la pretensión de la demandada, de acceder a la instancia extraordinaria a pesar de lo dispuesto en las normas citadas, en tanto supone un planteo de inconstitucionalidad de aquéllas, resulta inadmisible, puesto que el Estado Nacional no está legitimado para plantear la invalidez constitucional de las normas que él mismo dicta.

A mi modo de ver, tal doctrina es de entera aplicación al sub lite, toda vez que la recurrente es una sociedad anónima estatal constituida por el Decreto N1 1540/94.

-III-

Por lo expuesto, estimo que corresponde declarar la inadmisibilidad formal de la presente queja.

Buenos Aires, 18 de octubre de 2001.- N.E.B.