Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 18 de Octubre de 2001, N. 13. XXXVII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

N. 13. XXXVII.

RECURSO DE HECHO

N., A.R. y otro c/ Centurión, S.D. y otros.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

La Sala AL@, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, modificó la sentencia del Juez de grado, reduciendo la condena por daño emergente, y confirmándola en todo lo demás que fue materia de agravios (v. fs. 249/250).

Para así decidir, sostuvo que el inferior se pronunció sobre la procedencia del daño moral, que no fue reclamado oportunamente, y que ni siquiera se podía inferir que el daño emergente pretendido, contuviera tangencialmente la petición del referido rubro.

Luego de efectuar consideraciones acerca de la pérdida de la vida humana, y de las circunstancias que deben valorarse para fijar la indemnización por este concepto, juzgó que, en la especie, la queja de la citada en garantía sería receptada, toda vez que la anterior decisión se apartó de lo normado por los arts. 34 y 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuanto la condena por el daño emergente, llamado valor vida, lo fue por daño moral que no había sido objeto de reclamo en autos.

En orden a las razones expuestas y a las particularidades del caso, concedió a los actores a título de daño emergente la suma de $ 50.000, y juzgó que, en virtud del principio de congruencia, y del modo en que se formuló el reclamo, no eran objeto de debate, ni la procedencia, ni el monto del daño moral que habrían padecido los demandantes.

-II-

Contra este pronunciamiento, la parte actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 253/259 cuya denegatoria de fs.

267/268 motiva la presente queja.

Tacha de arbitraria a la sentencia, por apartamiento de las constancias de la causa y por contener afirmaciones

dogmáticas.

Afirma que omitió considerar que la normativa citada en sustento del reclamo, cubría con amplitud el concepto de daño moral. Añade que en el caso medió la muerte de un menor de 19 años, y que el juez de primera instancia actuó con lógica y justicia al considerarlo un reclamo de daño moral porque, más allá de la denominación que se le quisiera dar, del planteo del caso surgía sin dudas que tenía tal carácter. Manifiesta, asimismo, que no había prueba tendiente a acreditar el daño emergente, y, citando doctrina sobre el daño extraeconómico, moral, afirma que debió ser indemnizado.

Denuncia exceso de rigor formal, citando doctrina de V.E. en orden a que la interpretación de las normas procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva, así como que la función judicial no se agota en la letra de la ley, con olvido de la efectiva realización del derecho.

Refiere diversos precedentes del Tribunal, y la opinión de autores nacionales sobre el tema.

Alega autocontradicción en el pronunciamiento, pues dice - si no hubo reclamo por daño moral, no podía indemnizarse el daño emergente que requiere su prueba, más allá de que la Cámara lo admitió en forma genérica y sin dar mayores pautas.

Reprocha, finalmente, apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, aduciendo que se hizo jugar erróneamente los artículos 34 y 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues de las constancias reseñadas no surge B según la recurrente B un supuesto de violación al principio de congruencia.

-III-

Examinados los agravios contenidos en el escrito de impugnación, se advierte que reiteran asertos vertidos en instancias anteriores, desechados sobre la base de fundamentos

N. 13. XXXVII.

RECURSO DE HECHO

N., A.R. y otro c/ Centurión, S.D. y otros.

Procuración General de la Nación que no compete a la Corte revisar, ya que se encuentran vinculados a cuestiones de hecho, prueba y derecho común y procesal (v. doctrina de Fallos:312:1859; 313:

473 y sus citas, entre otros), a la par que las conclusiones del a-quo, no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia una decisiva falta de fundamentación en el decisorio.

En efecto, las críticas de la recurrente, expuestas de manera dogmática, no alcanzan para descalificar el fundamento sustancial del pronunciamiento en orden a que, de acuerdo al principio de congruencia incorporado por los artículos 34, inciso 4°, y 163, inciso 6°, del ordenamiento procesal, la sentencia debe dictarse conforme a las pretensiones deducidas en el juicio. En el caso, dijo el a-quo, el escrito de la demanda no contiene referencia alguna, ni siquiera tangencial, al daño moral, de modo que, en atención a ello, no podía ser objeto de consideración en esa instancia. La simple lectura del escrito referido otorga razón al sentenciador, especialmente si se repara que en el capítulo IV, que los accionantes denominaron ARubros@, para nada mencionaron el Adaño moral@.

Tampoco surge, a lo largo de toda la presentación, pasaje alguno que pueda conducir a interpretar que existió un reclamo implícito por ese concepto (v. fs. 10/12).

La solución que prescribe el pronunciamiento impugnado, encuentra sustento en la jurisprudencia de V.E., en cuanto tiene establecido que debe descalificarse la sentencia que ha incurrido en un exceso de su jurisdicción, la que se encuentra limitada por las pretensiones de las partes (v. doctrina de Fallos: 307:510; 311:696; 316:1901, entre otros), y, más afín con el caso de autos, también ha dicho que es descalificable el pronunciamiento que otorgó una indemnización en concepto de

daño moral, fallando más allá de lo solicitado por la actora en su demanda, que no incluye reclamo alguno por ese rubro (v. doctrina de Fallos: 317:177).

Por todo lo expuesto, estimo que debe rechazarse la presente queja.

Buenos Aires, 18 de octubre de 2001.

N.E.B.