Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 18 de Octubre de 2001, J. 103. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

J. 103. XXXVI.

RECURSO DE HECHO

J. de Villanueva, B.I. y otro c/ Consorcio de Propietarios de Avenida Santa Fe 2729.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

La Sala AG@, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, revocó la resolución del inferior que declaró que la obligación de hacer nacida en la sentencia de fs. 458/468 del juicio principal sobre daños y perjuicios (expte. N° 068188/90) no se encontraba cumplida, habida cuenta que la viga de hormigón construida por sobre la pared aún no se había removido, ni las partes en las que se removiera material se habían terminado conforme a las reglas del arte de la construcción (v. fs. 834/835vta., y 884/887vta. del expediente de Ejecución de Sentencia B Incidente B N° 114.777/95, foliatura a citar en adelante, salvo indicación expresa).

Contra dicha revocatoria, el coactor H.D., interpuso el recurso extraordinario de fs.

908/915, cuya denegación, de fs. 1153, motiva la presente queja.

-II-

Al relatar los antecedentes del caso, el recurrente expresa que el 24 de mayo de 1994, se dictó sentencia en el juicio principal, la que pasó en autoridad de cosa juzgada, y en la cual se condenó al consorcio demandado a A...demoler el emparrillado de hormigón armado construido sobre la medianera y a remover los vidrios que cierran ese emparrillado volviendo el muro a su altura reglamentaria de seis metros con cincuenta centímetros y a retirar la estructura etérea de caños de acero y nudos abulonados y los vidrios sostenidos por esa estructura, fijándose para la realización de esas obras el plazo de veinte días...( fs. 467vta./8 del principal)...@ Narra, luego, la serie de incidencias y trámites que se produjeron en el juicio, entre ellas la fijación y ejecución

de astreintes, hasta que se denunció el cumplimiento de la obra como efectuado el día 28 de mayo de 1996, declaración a la que se opuso el actor, pues - sostuvo -, según surgía de la documentación que acompañó en esa oportunidad, había quedado parte sin demoler, y los restos que se mantenían, presentaban un aspecto sucio, dejado, y que no respondían a las mínimas exigencias de la estética. Así trabado el incidente - prosigue refiriendo -, se ordenaron dos pruebas sustanciales - además de los elementos traídos al proceso por cada una de las partes -, a saber:

la prueba de perito complementada con la actuación del consultor técnico -, y la inspección ocular. Con estos elementos, el juez de grado consideró que faltaba terminar la demolición.

La Alzada, en cambio, la dio por concluida, decisión que critica el recurrente, pues - alega -, con una simplificación que denota desconocer la causa y sus constancias, se limitó a reproducir en forma repetitiva y sin valoración, la opinión del experto, sin atender ni mencionar las diversas fotografías respaldadas por actas notariales unas, y explicadas por el consultor técnico otras (v. fs.

206/212vta.; 1121/1127; 655/660vta.; y 876/881). Omitió, además - prosigue -, referirse al problema de la estética expresamente planteado en la demanda y recogido en la sentencia de condena, y negó, por otra parte, la necesidad de una inspección ocular pedida por el actor.

Reprocha, asimismo, que no se haya tratado la interpretación de la sentencia de condena, a pesar de que fue un cuestión controvertida con el perito al impugnar sus conclusiones, y que también fue omitido el tema de la personería de los apelantes, en cuyos defectos hizo especial hincapié el actor para sostener que los recursos no podían progresar y estaban desiertos.

A continuación, se explaya sobre cada una de los cuestio-

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RECURSO DE HECHO

J. de Villanueva, B.I. y otro c/ Consorcio de Propietarios de Avenida Santa Fe 2729.

Procuración General de la Nación nes precedentemente señaladas, a cuyo desarrollo me remito por razones de brevedad.

Con arreglo a lo expuesto, aduce arbitrariedad de la sentencia, y, citando Fallos de V.E., afirma que lo resuelto satisface sólo de manera aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la causa.

-III-

No obstante que los agravios precedentemente reseñados, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba, y derecho común, materia ajena - como regla y por su naturaleza B a la instancia del artículo 14 de la ley 48, V.E. tiene dicho que ello no resulta óbice para abrir el recurso, cuando se ha omitido dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a los términos en que fue planteada, el derecho aplicable, y la prueba rendida, habiendo establecido, además, que, si los argumentos expuestos por la Cámara han franqueado el límite de razonabilidad al que está subordinada la valoración de la prueba, el pronunciamiento no constituye un acto judicial válido (doctrina de Fallos 311: 1656, 2547; 317:768, entre otros), situación que, a mi modo de ver, se configura en el sub lite.

En efecto, la conclusión del juzgador acerca de que se dio cumplimiento a lo que se ordenó en la sentencia del principal, carece, de manera para mí evidente, del debido rigor de fundamentación. Cabe observar, en tal sentido, que, contrariamente a lo apreciado por el Juez de Primera Instancia, que se ocupó del informe del perito ingeniero pero lo valoró en conjunto con las impugnaciones basadas en la opinión del consultor técnico; que, además, estudió los términos de la demanda; que realizó una interpretación integradora de la sentencia de condena atendiendo también a sus considerandos y

no sólo a su parte dispositiva; que practicó la inspección ocular y estudió las fotografías, para juzgar, finalmente, que la obligación de hacer nacida de aquella sentencia no se encontraba cumplida (v. fs.834/835vta.), el a quo se limitó en cambio, a adherir, como único argumento, a las conclusiones del perito ingeniero, sin, al menos, ocuparse razonada y fundadamente, de acuerdo con los antecedentes del caso, de las impugnaciones a las mismas.

Sobre el particular no resultan suficientes, en mi opinión, las expresiones del juzgador que, invocando su propia jurisprudencia, afirmó que A...aún cuando el dictamen pericial se encontrase impugnado, la fuerza probatoria del mismo debe ser ponderada en concordancia con las reglas de la sana crítica y los restantes antecedentes de autos, la que aconseja, como principio, su aprobación en tanto tales cuestionamientos no aparezcan suficientemente fundados y no se hayan aportado elementos de juicio que se opongan de manera evidente a dichas conclusiones@ (v. fs. 884 vta.). Como puede observarse, estas aseveraciones se presentan expuestas de modo genérico y dogmático, constituyendo una fundamentación solo aparente, toda vez que el sentenciador omite referirlas a las circunstancias concretas de la causa.

No se nos escapa, por cierto, que no es potestad de V.E. terciar como un juzgador de una tercera instancia en la valoración de las cuestiones de hecho y prueba que rodean al sub lite, mas no es ello lo que en verdad propicio, sino tan sólo advertir que la inclinación a favor del informe pericial como único elemento de ponderación de la cuestión fáctica sustancial de la causa, sin el paralelo y proporcionado estudio de algunos otros antecedentes obrantes en las constancias de autos, en particular, de las impugnaciones a dicho informe, y de la inspección ocular realizada por el juez de

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J. de Villanueva, B.I. y otro c/ Consorcio de Propietarios de Avenida Santa Fe 2729.

Procuración General de la Nación grado a fs. 654, y mencionada en su sentencia a fs. 835 vta., que condujeron a este magistrado a una solución diametralmente opuesta cuyas conclusiones, vale destacarlo, el a quo tampoco se ocupó de desmerecer -, importa, de por sí, una ligera actividad analítica que dista de constituir la que, por el contrario, exige el deber jurisdiccional para convalidar un decisorio. Porque si bien es cierto que los magistrados no están obligados a analizar todos y cada uno de los elementos que se arriban al pleito, ello es así cuando la elocuencia de los estudiados torna inoficioso profundizar sobre los restantes, pero en cambio no es un principio válido en el extremo en que el o los elegidos están distantes de convencer sobre la racionalidad de la valoración efectuada.

Tal es, a mi criterio, lo que acontece en estos autos, donde la persuasión sobre la irrefutabilidad del informe pericial, sin la debida confrontación con los demás antecedentes allegados al proceso, no configura el cumplimiento de la debida fundamentación que debe contener un pronunciamiento judicial, y obligaba, por tanto, a los jueces de la causa a buscar en los demás elementos probatorios un mayor grado de certeza sobre el cumplimiento de la sentencia de condena , máxime cuando muchos de éstos sirvieron al juez de grado para arribar a conclusiones opuestas.

Atento a ello, estimo que la Cámara ha prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia, efectuando un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en las actuaciones, sin integrarlos ni armonizarlos debidamente en su conjunto, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios; y se ha apoyado, además, en afirmaciones dogmáticas que le dan al fallo un fundamento sólo aparente que no encuentra sustento en constancias comprobadas

de la causa (v. doctrina de Fallos:

312:683; 317:640; 318:2299, entre otros).

Es con arreglo a estas razones que considero que el fallo en recurso debe ser dejado sin efecto, a fin de que otros jueces se dediquen a analizar en plenitud las circunstancias de hecho y prueba de este proceso para que puedan ofrecer el debido basamento sobre lo que en definitiva estimen a este respecto, sin que, obviamente, el señalamiento de dichos defectos de fundamentación importe abrir juicio alguno sobre cómo deberá dirimirse el conflicto en su aspecto sustancial, desde que ello implicaría inmiscuirme en una potestad exclusiva de las instancias competentes en tales materias, ajenas a la jurisdicción federal del art. 14 de la ley 48.

Por todo lo expuesto, opino que debe hacerse lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, y disponer vuelvan los actuados al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado.

Buenos Aires, 18 de octubre de 2001.

N.E.B.