Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 25 de Septiembre de 2001, E. 114. XXXI

Actor:Estado Nacional (estado Mayor del Ejercito)
Demandado:Tucuman, Provincia De y Otr
Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

E. 114. XXXI.

ORIGINARIO

Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejercito) c/ Tucumán, Provincia de y otro s/ desalojo.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 25 de septiembre de 2001.

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que en la sentencia definitiva de fs. 228/234 este Tribunal admitió la demanda deducida por el Estado Nacional contra la Provincia de Tucumán, ordenando el desalojo del inmueble individualizado a fs. 23, que debía llevarse a cabo dentro de los tres meses de la notificación de la sentencia.

2°) Que dicho pronunciamiento fue notificado a la demandada el 7 de junio de 1999 (conf. cédula de fs. 236), de manera que el plazo concedido expiró el 7 de setiembre del mismo año, sin que aquélla diera cumplimiento a lo resuelto ni intentara justificar su proceder.

Por tal razón la actora solicitó que se librara la orden de lanzamiento.

3°) Que pese a que estaban reunidos los extremos necesarios para hacer lugar a dicha solicitud el Tribunal decidió, en atención a la calidad de las partes intervinientes, convocarlas a una audiencia que se llevó a cabo el 28 de octubre de 1999. A ese acto compareció un apoderado de la demandada, quien se limitó a acompañar "documentación que fundamenta la ocupación transitoria dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial del inmueble en cuestión y la circunstancia de que dicho acto administrativo provincial se encuentra firme" (sic; fs. 295).

4°) Que a fs. 303/305 el Tribunal desestimó ese planteo señalando -entre otras consideraciones- que la provincia de ningún modo estaba habilitada para desconocer la autoridad institucional de la sentencia definitiva mediante un acto administrativo carente de apoyo en la propia legislación en la que pretendía sustentarse. Asimismo recordó que según una conocida jurisprudencia, sus pronunciamientos deben ser

lealmente acatados, principio que se basa en la estabilidad propia de toda resolución firme de los tribunales de justicia y en la supremacía que ha sido reconocida a la Corte Suprema (Fallos:

205:614; 255:119; 264:443; 293:531; 307:

1779; 312:2187; 316:2525; 317:95; 318:1808). En consecuencia, ordenó al señor gobernador de la Provincia de Tucumán que diera "inmediato cumplimiento a la sentencia de fs. 228/234, por hallarse cumplido en demasía el plazo otorgado oportunamente".

5°) Que la resolución referida en el considerando anterior fue notificada al apoderado de la demandada el 28 de abril de 2000 y comunicada al señor gobernador mediante oficio diligenciado el 7 de julio del mismo año (confr. cédula de fs.

307/307 vta.). No obstante, la provincia hizo caso omiso de la orden del Tribunal.

Esta actitud reticente dio lugar a la resolución del 7 de setiembre de 2000, mediante la cual se dispuso librar una nueva comunicación a dicho magistrado a fin de reiterarle que esta Corte había exigido el "inmediato cumplimiento" de la sentencia de desalojo.

Dicha comunicación fue recibida en la sede de la gobernación el 18 de octubre de 2000 (confr. fs. 330/330 vta.) y hasta la fecha la demandada no ha acatado la orden del Tribunal ni formulado explicaciones sobre su proceder.

6°) Que de lo hasta aquí expuesto se desprende que la provincia ha desoído reiteradamente lo ordenado por el Tribunal mediante resoluciones firmes, lo que autoriza a establecer astreintes por cada día de demora hasta que se haga efectivo el desalojo del inmueble en cuestión (arts. 666 bis del Código Civil y 37 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), las que deben graduarse con la intensidad necesaria para doblegar la porfía demostrada hasta el momento por la obligada.

E. 114. XXXI.

ORIGINARIO

Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejercito) c/ Tucumán, Provincia de y otro s/ desalojo.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Por ello y lo solicitado por la actora en la presentación que antecede a fs. 333/334, se resuelve: Imponer astreintes a la demandada a razón de $ 10.000 por cada día de demora en el cumplimiento de la sentencia de desalojo, las que comenzarán a correr a partir de la comunicación de la presente, que se realizará mediante oficio dirigido al señor gobernador de la Provincia de Tucumán. Notifíquese y ofíciese. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S.

FAYT (en disidencia)- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A.

F.

LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (en disidencia).

DISI

E. 114. XXXI.

ORIGINARIO

Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejercito) c/ Tucumán, Provincia de y otro s/ desalojo.

Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S.

FAYT Y DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

Considerando:

Que los infrascriptos coinciden con los considerandos 1° al 4° del voto de la mayoría.

5°) Que la resolución referida en el considerando anterior fue notificada al apoderado de la demandada el 28 de abril de 2000 y comunicada al señor gobernador mediante oficio diligenciado el 7 de julio del mismo año (confr. cédula de fs.

307/307 vta.). No obstante, la provincia hizo caso omiso de la orden del Tribunal.

6°) Que paralelamente, en la causa E.229 seguida entre las mismas partes, el Estado Nacional reclamó el resarcimiento derivado de la ocupación del mismo predio, pretensión resistida por la Provincia de Tucumán quien a su vez reconvino por revocación de la donación que de ese inmueble había efectuado en el año 1907 en favor de la Nación, con sustento en que la afectación a la que condicionó aquella liberalidad sólo se mantuvo hasta el año 1993. El pleito -en trámite ante la competencia originaria de esta Corteaún no ha sido resuelto.

7°) Que la naturaleza de las cuestiones planteadas y aún pendientes en ambas causas respecto de la propiedad y ocupación del predio que alberga a la policía de la provincia demandada, impide o al menos desaconseja la aplicación de sanciones conminatorias como medio para hacer cumplir la decisión del Tribunal.

En efecto, es sabido que las autoridades de una provincia no pueden trabar o turbar en forma alguna la acción del Poder Judicial de la Nación, y el deber de acatamiento que sobre ellas pesa adquiere mayor significación cuando se trata

de pronunciamientos de la Corte, que es suprema en el ejercicio de su competencia y cuyas decisiones son de cumplimiento inexcusable, sin que a ninguna autoridad provincial le esté permitido desconocerlas (causa D.207.XXIII."Dimensión Integral de Radiodifusión S.R.L. c/ San Luis, Provincia de s/ daños y perjuicios", pronunciamiento de la fecha y su cita).

La cabal comprensión de estos principios por parte de las máximas autoridades provinciales debiera constituir entonces un elemento suficiente para lograr el cumplimiento de la decisión firme de este Tribunal, con un poder de convicción ciertamente mayor que la fijación de condenaciones de carácter pecuniario previstas por el art. 666 bis del Código Civil -que tendrían además como "beneficiario" al Estado Nacional-.

8°) Que en esas condiciones, parece oportuno que esta Corte convoque a las partes a una nueva audiencia a fin de acordar las modalidades de la ejecución de la sentencia de autos, evitando por otra parte tener que recurrir al auxilio de la fuerza pública como lo solicita el Estado Nacional, toda vez que se trata de desalojar a la policía local. Corresponde que esta vez se invite a concurrir a ese acto sólo al gobernador y al fiscal de Estado por un lado, y al ministro de Defensa por el otro, a quienes se les notificará por oficio que será diligenciado en forma personal por los funcionarios que a ese fin el Tribunal comisione.

Por ello, se resuelve: Convocar a las partes a una au-

E. 114. XXXI.

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Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejercito) c/ Tucumán, Provincia de y otro s/ desalojo.

Corte Suprema de Justicia de la Nación diencia en los términos establecidos en el considerando octavo de la presente, la que se fijará por secretaría. Notifíquese.

CARLOS S. FAYT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.