Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 18 de Septiembre de 2001, C. 578. XXXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

C. 578. XXXV.

C., E.R. c/M., J.J. y otros s/ sumario.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 18 de septiembre de 2001.

Vistos los autos: A., E.R. c/M., J.J. y otros s/ sumario@.

Considerando:

  1. ) Que la resolución de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial -al intervenir con motivo de la ejecución de la sentencia- dispuso que los intereses correspondientes a determinados rubros que componen la indemnización establecida deben calcularse a partir del fallo anterior de la sala, del 31 de octubre de 1994, en tanto que los atinentes a otros ítems deben estimarse desde la fecha del accidente. En otro aspecto de la cuestión, decidió que, no obstante que la sentencia de primera instancia había calificado como solidaria la responsabilidad de los condenados con fundamento en el art. 1109 del Código Civil, dicho precepto no es aplicable al sub lite, en que se trata de la responsabilidad por el incumplimiento de un contrato de transporte. Contra el pronunciamiento, la actora interpuso el recurso extraordinario federal que fue concedido a fs. 1521/ 1522.

  2. ) Que los agravios del apelante resultan aptos para habilitar la vía intentada, pues cabe hacer excepción al principio según el cual lo atinente a la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución de sentencia constituye una cuestión procesal, ajena a la instancia extraordinaria, cuando lo resuelto conduce, sin fundamentación suficiente, a la frustración de una vía apta para el reconocimiento de los derechos, lo que se traduce en una violación de la garantía del debido proceso consagrada en el art.

    18 de la Constitución Nacional.

    °) Que la afirmación de la sala a quo acerca de que la "cuestión de la solidaridad" no había sido examinada en el curso del proceso, no guarda correlación con lo decidido en la causa ya que en el fallo de la primera instancia se señaló que ambos conductores habían sido igualmente culpables y que debían compartir la responsabilidad del evento dañoso, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 1109 y concordantes del Código Civil. El examen de la cuestión fue confirmado por el fallo de la Sala D, que desestimó las apelaciones de la demandada sin hacer mención alguna a la ahora invocada relación entre la víctima -como transportada- y la firma Manuel Tienda León S.A. como transportista.

  3. ) Que el restante agravio, relativo al cómputo de los intereses, tiene sustento en los elementos del proceso, toda vez que la decisión apelada pasa por alto que la controversia giró sobre dos aspectos netamente distintos cuales son, por un lado, el capital correspondiente a la indemnización y, por otra parte, la procedencia del curso de los intereses por la demora en el pago del principal, a los que tiene derecho la actora en el marco de un supuesto de responsabilidad extracontractual.

  4. ) Que, en tal sentido, surge de las constancias de la causa que la demandante obtuvo un pronunciamiento en primera instancia que estableció el punto de partida de los intereses desde la fecha del siniestro; que la demandada consintió esa solución; y que las salas D y E que intervinieron, oportunamente, no modificaron ese aspecto de la condena original. Asimismo, ninguna razón hay para extraer de la afirmación de la alzada de que determinados rubros han sido cuantificados en forma definitiva al momento de la sentencia de fs.

    C. 578. XXXV.

    C., E.R. c/M., J.J. y otros s/ sumario.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación 838/862 (ver fs. 1451), la conclusión de que en esa cuantificación se encuentran incluidos los intereses correspondientes al tiempo transcurrido desde el accidente hasta el dictado de ese fallo, pues en tal hipótesis la sala habría impedido al damnificado conocer, siquiera aproximadamente, qué corresponde a capital y qué a interés, y -por otro lado- habría operado una capitalización de intereses vedada por el art. 623 del Código Civil (Fallos: 318:1959).

  5. ) Que, en tales condiciones, la garantía constitucional que se invoca como vulnerada guarda relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15, ley 48), por lo que corresponde descalificar el fallo como acto jurisdiccional.

    Por ello, y oído el señor P.F., se declara procedente el remedio federal, y se deja sin efecto la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios.

    Con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Practíquese la comunicación a la Procuración del Tesoro a los fines del art. 6° de la ley 25.344.

    N. y remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT (según su voto)- AUGUSTO CESAR BE- LLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - GUILLERMO A.F.L. -G.A.B. (según su voto)- A.R.V. (según su voto).

    VO

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    Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON GUSTAVO A.

    BOSSERT Y DON ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ Considerando:

  6. ) Que Emilio R.

    Conforti promovió demanda por indemnización de daños y perjuicios contra la firma Manuel Tienda León S.A., los conductores J.J.M. y M.D., y Gendarmería Nacional (Estado Nacional) por el menoscabo sufrido a raíz de un accidente de tránsito ocurrido el 15 de julio de 1986 en el aeropuerto de Ezeiza.

  7. ) Que el juez de primera instancia consideró responsables a todos los demandados en virtud de lo dispuesto por el art.

    1109 del Código Civil, limitó el monto de la indemnización sólo a los daños psicológico y moral y estableció un interés del 6% anual sobre el capital de condena desde la fecha del accidente hasta el 31 de marzo de 1991 y desde entonces a la tasa pasiva anual que publica el Banco Central de la República Argentina.

  8. ) Que, apelada la decisión por ambas partes, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la sentencia respecto a la responsabilidad de los demandados, mantuvo la cifra admitida en la decisión de primera instancia para el daño psicológico, elevó la correspondiente al daño moral y fijó -a la fecha de esa sentencia- los montos indemnizatorios correspondientes a gastos médicos, transporte, incapacidad sobreviniente, pérdida de chance y lucro cesante, vestimenta y daño estético.

  9. ) Que el actor dedujo recurso extraordinario contra el fallo de alzada que fue admitido por esta Corte al decidir a fs. 1225/1227 que las sumas establecidas por incapacidad sobreviniente y pérdida de chance no traducían los parámetros

    que habían conducido al resultado obtenido y que la cámara no fundamentó las razones por las que unificó ambos rubros discriminados formalmente en la demanda. Además, el Tribunal estableció que la suma calculada para reparar el daño moral no cubría mínimamente los requerimientos en la determinación del perjuicio causado de acuerdo con lo dispuesto por el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

  10. ) Que, devueltos los autos, la Sala E fijó a fs.

    1244/1251 la suma que correspondía abonar por incapacidad sobreviniente al 31 de marzo de 1991, desestimó el reclamo por pérdida de chance y elevó el resarcimiento por daño moral.

    Ante la liquidación practicada por el actor, el juez de grado resolvió que los intereses correspondientes a la indemnización por gastos médicos, de transporte, de farmacia y de vestimenta debían ser calculados desde la fecha del pronunciamiento de la Sala D y que los vinculados al resarcimiento por daño estético, incapacidad sobreviniente y daño moral debían ser estimados desde la fecha del accidente dado que la sentencia de condena original no había sido modificada por la alzada en ese sentido.

  11. ) Que ante las apelaciones deducidas por el actor y por M.T.L.S.A., la Sala D modificó a fs.

    1449/1458 esa decisión en el sentido de que correspondía calcular los intereses por daño estético, incapacidad sobreviniente y daño moral de acuerdo con la tasa pasiva mensual que publica el Banco Central de la República Argentina desde la fecha del pronunciamiento de la Sala E del 31 de octubre de 1994. Además, juzgó que la utilización del art. 1109 del Código Civil para calificar como solidaria a la responsabilidad de los demandados no era aplicable al caso ya que la firma

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación Manuel Tienda León S.A. se hallaba excluida de la responsabilidad aquiliana y sólo había incumplido su contrato de transporte con el demandante.

  12. ) Que el actor dedujo recurso extraordinario y tachó de arbitrario al pronunciamiento de alzada porque había reducido la indemnización establecida por la Sala E en su erróneo tratamiento del tema de los intereses moratorios y por la indebida introducción de una disquisición sobre la naturaleza contractual de su obligación cuando resulta aplicable "la solidaridad establecida por el artículo 1109 del Código Civil" según había sido entendido en las sentencias dictadas en la causa.

  13. ) Que los agravios de la recurrente suscitan cuestión federal para la consideración en la vía intentada, pues aunque remiten al examen de temas fácticos y de derecho común y procesal, tal circunstancia no resulta óbice decisivo para abrir el recurso cuando la sentencia apelada aparece sustentada en argumentos que trasuntan una mecánica aplicación de normas generales y desatiende la específica relación debatida en la causa y la adecuada ponderación de aspectos relevantes del expediente, de modo que otorga al pronunciamiento una fundamentación aparente que redunda en menoscabo del art.

    18 de la Constitución Nacional (Fallos:

    310:302; 320:2446).

  14. ) Que, en primer lugar, el a quo afirmó que la "cuestión de la solidaridad" de la indemnización no había sido examinada en el curso del proceso, que el art. 1109 del Código Civil no era aplicable a esta controversia que se encontraba regida por el art. 1107 de ese ordenamiento, que en la especie no existió delito criminal y que la firma Manuel Tienda León

    S.A. no había cometido cuasidelito alguno ya que había incumplido un contrato de transporte con relación a la víctima. A raíz de todo ello, concluyó que cabía resolver -de acuerdo con un precedente de ese tribunal agregado en fotocopias a fs. 1404/1440- que la condena original no revestía el carácter de solidaria en el caso.

    10) Que, sin embargo, estas afirmaciones no guardan correlación con lo decidido en la causa ya que el juez de primera instancia señaló que ambos conductores habían sido igualmente culpables y debían compartir la responsabilidad del evento dañoso de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 512, 902, 1067 y 1109 del Código Civil, por lo que cabía concluir en la presencia de responsabilidad de los demandados en el accidente y en consecuencia en el derecho que le asistía al actor a ser resarcido por los daños y perjuicios producidos (ver sentencia de primera instancia de fs. 743). El examen de los hechos de la litis efectuado por dicho magistrado fue confirmado por el fallo de la Sala D de la cámara que desestimó las apelaciones de la demandada sin hacer mención alguna a la ahora invocada relación entre la víctima -como transportada- y la firma Manuel Tienda León S.A. como transportista (ver fs. 850/852).

    11) Que, por otra parte, la decisión de fs.

    1449/1458 del a quo se sustenta en un precedente de esa Sala D que confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho concreta referencia a los reclamos de un pasajero en relación a la sociedad de transporte donde resultaba "de aplicación lo normado por el Cód. de Comercio en su art. 184, del que emana la responsabilidad del transportista" (ver fs. 1405), mientras que en el presente caso la lectura de las contestaciones de

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación demanda y citaciones en garantía de fs.

    130/135, 156/161, 170/174, 181/184 y 189/194 y de las expresiones de agravios de fs.

    777/779 y 786/793 evidencia que los demandados jamás aludieron a la sumisión del caso al supuesto de la responsabilidad del trasportador ya que las defensas fueron respondidas en el marco del planteo efectuado por el actor en base al supuesto de la presencia de responsabilidad extracontractual respecto de todos los involucrados en la producción del accidente.

    12) Que por consiguiente, el fundamento dado en el considerando 4.A, del fallo de fs. 1449/1458 no guarda relación con el modo en que ha sido controvertida y decidida la litis, por lo que no pudo dejar sin efecto lo decidido respecto a la aplicación al caso de lo dispuesto por el art. 1109 del Código Civil, más aún si se tiene en cuenta que se ha utilizado para descartar tal norma la justificación utilizada en otro proceso en el que se había debatido concretamente los alcances de la responsabilidad de las partes en los términos del art. 184 del Código de Comercio.

    13) Que, asimismo, el restante agravio de la actora relativo al cómputo de los intereses tiene sustento en los elementos del proceso, toda vez que la decisión de la cámara pasa por alto que la controversia giró sobre dos aspectos netamente distintos como son, por un lado, el capital correspondiente a la indemnización y, por otra parte, la procedencia del curso de los intereses por la demora en el pago del capital a que tiene derecho la actora en el marco de un supuesto de responsabilidad extracontractual.

    14) Que, en tal sentido, surge de las constancias de

    autos que la demandante había obtenido un pronunciamiento en primera instancia que establecía el pago de los intereses desde la fecha del accidente, que la demandada consintió ese aspecto de la condena y que las salas D y E de la cámara intervinientes en los fallos de fs. 838/862 y 1244/1251 respectivamente no modificaron ese aspecto del fallo de condena original.

    15) Que, asimismo, ninguna razón hay para extraer de la premisa de que los daños por incapacidad sobreviniente y moral hayan sido cuantificados temporalmente al momento de la sentencia de fs. 838/862 (ver fs. 1451) la conclusión de que no correspondía el cálculo de los intereses con anterioridad al 31 de octubre de 1994, puesto que estos últimos sólo persiguen el obvio fin de resarcir el retardo en abonar la indemnización originada en el daño producido.

    16) Que, en tal sentido, la afirmación del a quo respecto a que se habían acogido los rubros mencionados al tiempo de la sentencia de la Sala D de fs. 838/862 no podía implicar que en esa cuantificación se encontraran ya incluidos los intereses correspondientes al tiempo transcurrido desde el accidente hasta ese fallo, porque en esta hipótesis la cámara habría impedido al damnificado conocer, siquiera aproximadamente, qué corresponde a capital y qué a interés, y, por otro lado, habría operado una capitalización de intereses vedada por el art. 623 del Código Civil (Fallos: 318:1959).

    17) Que, en tales condiciones, en la medida señalada, la garantía constitucional que se invoca como vulnerada guarda relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15, ley 48), por lo que corresponde descalificar la sentencia como acto jurisdiccional.

    C. 578. XXXV.

    C., E.R. c/M., J.J. y otros s/ sumario.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Por ello y oído el señor P.F., se declara procedente el remedio federal y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Practíquese la comunicación a la Procuración del Tesoro a los fines del art.

  15. de la ley 25.344. N. y remítase. G.A.B. -A.R.V..

    VO

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    C., E.R. c/M., J.J. y otros s/ sumario.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando:

  16. ) Que contra la sentencia de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal que al modificar la de primera instancia admitió impugnaciones a la liquidación de la indemnización fijada por sentencia firme, la parte actora interpuso recurso extraordinario, que fue concedido a fs. 1521/1522.

  17. ) Que el recurso extraordinario resulta procedente, toda vez que la decisión recurrida -dictada durante la etapa de ejecución de sentenciaimporta el desconocimiento de derechos reconocidos al demandante mediante sentencia firme, lo que se traduce en una lesión constitucional con entidad suficiente pues vulnera el principio de cosa juzgada y afecta de este modo su derecho de propiedad (conf. doctrina de Fallos: 311:651; 312:376; 314:1353).

  18. ) Que, en efecto, el a quo sostuvo que la cuestión de la solidaridad entre los codeudores condenados al pago de la indemnización no había sido examinada en el proceso. Mas esta afirmación importa desconocer que la decisión de primera instancia que había admitido la demanda y que fue confirmada por la cámara sin que mediara agravio alguno en orden al tipo de responsabilidad B. o extracontractual- atribuida a los codeudores, se fundó expresamente en las normas de los arts. 1067 y 1109 del Código Civil, normas cuya aplicación no permiten interpretar que exista margen para modificar la calificación de la responsabilidad -inequívocamente extracontractual- de todos los obligados por sentencia firme.

  19. ) Que la decisión recurrida, de igual modo, al fijar una fecha distinta respecto del curso inicial de los

    intereses de los distintos rubros indemnizatorios, importa desconocer que la cuestión fue expresamente resuelta por la sentencia de primera instancia, y quedó firme al no haber sido modificada por las decisiones posteriores de la cámara. La conclusión se corrobora si se tiene en cuenta que el fundamento por el que el a quo desdobló el curso de los intereses atendiendo a que los valores de los distintos rubros de la indemnización se habrían fijado a fechas distintas B. allá de que sea o no adecuado para remediar la situación que se pretende y sin perjuicio de la violación de la cosa juzgada que importa- estaba presente en el caso desde el dictado de la sentencia de primera instancia, que fijó los dos rubros indemnizatorios a fechas distintas B. de 1991 y febrero de 1993-, sin perjuicio de lo cual estableció una única fecha como cómputo inicial de los accesorios en cuestión.

  20. ) Que, en tales condiciones, la garantía constitucional que se invoca como vulnerada guarda relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15, ley 48), por lo que corresponde descalificar el fallo como acto jurisdiccional.

    Por ello, y oído el señor P.F., se declara procedente el remedio federal, y se deja sin efecto la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios.

    Con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Practíquese la comunicación a la Procuración del Tesoro a los fines del art. 6° de la ley 25.344.

    N., y remítase. C.S.F..