Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 10 de Septiembre de 2001, M. 1116. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

M. 1116. XXXVI.

RECURSO DE HECHO

M., A. y otros s/ abuso deshonesto -causa N° 42.394/96-.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

En el marco de la causa en la cual se investiga la posible comisión del delito de abuso deshonesto del que habría sido víctima S.T., y autores su padre y otros, la juez de instrucción resolvió citar al niño para recibirle una nueva declaración testimonial y someterlo a un examen psicológico con el fin de establecer la verosimilitud de su relato (fs.

788).

Contra esta decisión la madre, en su carácter de querellante, interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio tras aducir el grave daño psicológico que ese tipo de medidas ocasionarían a su hijo, así como la innecesariedad de llevarlas a cabo en atención a la prueba existente en la causa (fs. 806/808).

En lo atinente al primer aspecto, mencionó las diez ocasiones en que su hijo había debido someterse a revisaciones y declaraciones testimoniales (fs. 6, 20, 28, 29, 58, 132/138, 140/141, 454/455 y 720/721), la última hacía apenas dos meses atrás, y destacó las consecuencias que para la salud mental del niño podría acarrear la reiteración de pericias y declaraciones, al obligarlo a rememorar una y otra vez la situación traumática vivida, con el consiguiente efecto postraumático y el estado de estrés, que esas intervenciones conllevan a una edad tan temprana. Todo ello con base en la opinión de los médicos, en especial, del terapeuta del niño, doctor R. (fs. 200).

En cuanto al segundo, expresó que un estudio similar había sido realizado por disposición de la juez nacional de menores, por entonces a cargo de la causa (fs. 103), con la intervención de la psicóloga forense, licenciada Norma G.

Miotto, en su aspecto psicológico (fs. 132/138), y el doctor L.G.S., médico del Cuerpo Médico Forense, en su aspecto psiquiátrico (fs. 140/141). Agregó que además del estudio mencionado se contaba con la opinión de otros profesionales médicos (fs. 154/156, 169/170, 656/657, 712/714 y 735/736). Por último, señaló que la supuesta contradicción entre las dos últimas declaraciones de su hijo -fundamento invocado por la juez para volver a convocarlo- no sería tal.

De lo antes expuesto, resulta entonces que para la querellante la convocatoria efectuada por la magistrada significa revictimizar a un niño que a la época de los hechos tenía 4 años, y al momento del cuestionado acto procesal 8 años, en abierta contradicción con el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada con rango constitucional a nuestro ordenamiento jurídico (art. 75, inc. 22, de la Ley Fundamental).

Por su parte, el fiscal, al contestar la vista que le fuera concedida, consideró razonables los argumentos expuestos por la querellante y solicitó que se hiciera lugar al recurso. Expresó que el niño había declarado en anteriores oportunidades y había sido sometido a diversos estudios psicológicos y médicos. Asimismo, sostuvo que tanto las características del delito cuanto la edad del niño imponían que se evitara en lo posible su sometimiento a actos procesales que pudieran afectar aun más su desarrollo psíquico. Por último, opinó que las presuntas contradicciones invocadas por la magistrada para ordenar las nuevas medidas podrían ser explicadas sin necesidad de una nueva declaración ni un nuevo estudio (fs. 813).

La juez, sin embargo, resolvió no hacer lugar a la reposición y tampoco al recurso de apelación deducido en subsidio (fs. 822/823 del principal). Luego de efectuar un re-

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Procuración General de la Nación conto de las diversas alternativas por las que había discurrido la causa y expresar las razones por las que entendía necesario ordenar las medidas impugnadas (art. 199 del Código Procesal Penal), sostuvo que ellas en modo alguno significaban victimizar al niño, en contra de lo establecido por la Convención, pues se habían tomado todas las precauciones para evitarlo.

La Sala IV concedió el recurso de queja deducido por la querellante (fs. 63 del legajo) y confirmó parcialmente el auto de fs. 788, en cuanto dispuso la convocatoria del niño a fin de ampliar su declaración testimonial (fs. 68 del legajo).

Posteriormente, denegó el recurso de casación deducido por la querellante contra lo resuelto (fs. 75/76 del legajo), con fundamento en que el escrito lucía inmotivado y la resolución atacada no encuadraba en los supuestos previstos en los arts. 456 y 457 de la ley de forma (fs. 77 del legajo).

Ello motivó la presentación de un recurso de queja ante el tribunal ad quem (fs. 79/81 del legajo).

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal declaró inadmisible la queja por considerar que la decisión impugnada no era una de aquellas que ocasionan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior y, en consecuencia, no encuadraba en ninguno de los supuestos taxativamente previstos en el art. 457 del Código Procesal Penal. Asimismo, invocando el precedente "R." de la Corte (Fallos:

320:2118), agregó que la resolución era insusceptible de ser revisada por otro órgano dentro del ordenamiento procesal vigente, desde que había sido dictada por la Cámara de Apelaciones en su carácter del tribunal de alzada de los jueces nacionales de primera instancia (fs. 82 del legajo).

Contra dicho pronunciamiento, la querellante interpuso recurso extraordinario, cuya denegatoria dio lugar a la

presente queja.

-II-

Con fundamento en los informes elaborados por el terapeuta del niño, doctor R. (fs. 200, 832 y 1065), la querellante reiteró su posición en el sentido de que su hijo ya había declarado en repetidas ocasiones y no era aconsejable someterlo a nuevos interrogatorios. Asimismo, insistió en que someterlo en tales condiciones a un nuevo interrogatorio importaba una violación a los términos de la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto esta norma establece la obligación de los estados parte de proteger y amparar a los niños víctimas de abuso sexual (arts. 19, 34 y 39). Refirió también que la decisión de llevar a cabo la medida era equiparable a sentencia definitiva, pues el daño que produciría en la psiquis del niño no sería susceptible de reparación ulterior alguna.

En cuanto a la resolución del a quo, la tachó de arbitraria al considerar que los magistrados omitieron pronunciarse sobre las cuestiones planteadas invocando dogmáticamente razones de índole formal, razón por la cual requirió que V.E. la dejara sin efecto y resolviera el fondo de la cuestión (art. 16 de la ley 48).

-III-

No obstante que el recurso resulta, en principio, de dudosa fundamentación, considero que esa circunstancia no puede en este caso ser entendida como un defecto formal que constituya obstáculo para la procedencia de la apelación federal, toda vez que el escrito plantea de modo suficiente el problema y el agravio constitucional que la decisión le causa (Fallos: 300:214; 307:440 y 311:2790).

Aclarado este aspecto, si bien no paso por alto que

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Procuración General de la Nación la revisión de pronunciamientos que resuelven la procedencia del recurso de casación resulta, por regla, ajena a esta instancia extraordinaria, opino que en el sub judice puede hacerse excepción a dicho principio en tanto el a quo ha denegado el recurso ante ella interpuesto sobre la base de fórmulas dogmáticas y genéricas, lo que importa una violación a las reglas del debido proceso (Fallos: 321:1385, 3695 y 322:1526).

En efecto, esto es lo que acontece, a mi juicio, en autos, desde que en la sentencia por la que se denegó el recurso de casación los magistrados afirmaron dogmáticamente que el auto impugnado no era uno de los previstos taxativamente en el art. 457 del Código Procesal Penal, omitiendo considerar una cuestión esencial planteada por la querellante, cual es que la decisión impugnada, por su naturaleza y consecuencias, pone fin a la cuestión federal articulada sobre el punto y causa un gravamen de insusceptible reparación posterior, por lo que reviste entidad suficiente para ser equiparada a definitiva.

Tal omisión, de conformidad con la doctrina de la arbitrariedad desarrollada por el Tribunal, priva al pronunciamiento de fundamentos suficientes que lo sustenten y basta para descalificarlo como acto jurisdiccional válido (Fallos:

313:1095; 321:2243, entre otros).

Por lo demás, en cuanto a la relevancia de la argumentación que el a quo omitió considerar, creo preciso destacar que el Tribunal ha establecido -si bien en casos donde se discutía la admisibilidad de una extracción compulsiva de sangre a un menor de edad- que las resoluciones que disponen la producción de una prueba revisten entidad suficiente para ser equiparadas a sentencia definitiva, a los fines del art.

14 de la ley 48, cuando por su naturaleza y características

ponen fin a la cuestión federal articulada sobre el punto y causan un gravamen de insusceptible reparación ulterior (Fallos: 318:2481, entre otros).

Pienso, entonces, que a la luz de esa doctrina también debía ser considerada equiparable a definitiva la decisión que el a quo se negó a revisar, pues igualmente irreparable resulta, a mi entender, el daño psicológico que podría sufrir el niño como consecuencia de las reiteradas convocatorias a testimoniar, y la consiguiente lesión de los derechos que le asisten en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por último, resulta oportuno señalar que el agravio relativo a la afectación de la citada Convención (arts. 3, 19, 34 y 39) suscita una cuestión federal suficiente (Fallos:

323:91), pues se ha cuestionado la inteligencia de normas contenidas en un tratado internacional, que además posee jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Carta Fundamental), y la decisión jurisdiccional ha sido contraria al derecho fundado en ellas.

Sobre esa base adquiere plena vigencia la doctrina del Tribunal por la cual se estableció que en el ordenamiento procesal actual la Cámara Nacional de Casación Penal constituye un órgano intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, máxime si los agravios invocados, como en el presente caso, involucran una cuestión federal (Fallos:

318:514 y 319:585).

-IV-

Por todo ello, opino que V.E. debe hacer lugar a la presente queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar el fallo apelado, a fin de que se dicte una senten-

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M., A. y otros s/ abuso deshonesto -causa N° 42.394/96-.

Procuración General de la Nación cia con arreglo a derecho.

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2001 Es Copia N.E.B.