Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 25 de Junio de 2001, C. 1643. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

Competencia N° 1643. XXXVI.

R., J.L. c/B., M.A. y otros s/ medidas cautelares.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

El titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 5, de Capital Federal, se declaró incompetente para conocer en estos autos, sobre la base de que, en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Viedma (Provincia de Río Negro), se homologaron los convenios presentados en los autos ARachid, J.L. s/ presentación solicitud de homologación de convenios@. Al entender que las pretensiones del accionante, encuentran sustento en tales acuerdos homologados, sostuvo que correspondía a la jueza que intervino en aquel proceso, entender en las peticiones derivadas de la ejecución de los mismos. Agregó que ello es así, en cuanto la situación resulta asimilable al principio de que el juez que pronunció la sentencia, es el competente para entender en su ejecución, conforme a los arts. 6°, inc. 1°; 166, inc. 7° y 500, inc. 1°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y a la regla perpetuatio jurisdictionis (v. fs. 395/397). Apelada por el actor, esta decisión fue confirmada por la Sala III, de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta Capital (v. fs. 584/585).

A su turno, la jueza a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Viedma, también se declaró incompetente para entender en la presente causa. Señaló que el reclamo de autos, obedece al incumplimiento de pautas acordadas en convenios de pago que se formalizaron entre el actor y distintos litisconsortes que obtuvieron sentencia favorable en juicios laborales tramitados oportunamente por ante esa sede, y en las que resultase condenada una sociedad

del Estado -HIPASAM- situación que, en los hechos, motivó que, para que aquéllos pudiesen cobrar sus acreencias, debieran practicarse gestiones por ante diversas áreas del Ministerio de Economía de la Nación, culminando el trámite ante la Caja de Valores.

Esta tarea le fue encomendada al letrado hoy actor, y el pago de sus gastos y honorarios, dio origen a convenios de cesión de derechos, consistentes en porcentajes pactados sobre los montos reconocidos a los mandantes en cada caso, por las respectivas sentencias. Prosiguió exponiendo la jueza federal de Viedma, que la homologación de dichos convenios por ella dispuesta, tuvo por objeto preservar aquellas garantías de que gozan los trabajadores en juicio, intangibilidad e integridad de los derechos y créditos laborales, en principio insusceptibles de ser objeto de cesión; es decir que, asumió aquel control, no respecto de lo pactado en si mismo, sino como medio de evaluar si la transferencia de derechos contenida en los mentados convenios, respondía a una causa que lo justificase en los términos de los arts. 15 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Advirtió, a continuación, que en el sub lite no se trata solamente de una demanda dirigida a obtener medidas previas aseguradoras de un derecho, para luego intentar el cobro de los honorarios convenidos en un pacto homologado (situación que impondría el mantenimiento del órgano que previno o decidió la homologación del convenio), sino de una medida cautelar anticipada a un juicio por daños y perjuicios dirigida contra los mandantes de aquella gestión plasmada en los distintos poderes en los que ceden derechos, y contra los órganos estaduales intervinientes en la liberación de las acreencias cuya tramitación se encomendase al presentante, lo que descarta que, en el caso, exista la conexidad que tornaría obligada la intervención del juez en lo principal.

Competencia N° 1643. XXXVI.

R., J.L. c/B., M.A. y otros s/ medidas cautelares.

Procuración General de la Nación Sostuvo, en consecuencia, que son otras las pautas que deben guiar la definición de la competencia, a la par que observó, al respecto, que no sólo se persigue la obtención de los montos porcentuales pactados, sino el reintegro de todos los gastos y costos generados a raíz de la gestión frustrada por revocación intempestiva del mandato de los que resultasen parte en el convenio de honorarios, o por su desconocimiento por terceros intervinientes en el trámite en el cual debía hacerse valer esa gestión administrativa. Concluyó entonces que, en el caso, la competencia debe guiarse por los preceptos que rigen las relaciones contractuales -en este supuesto entre el profesional y sus clientes y/o terceros involucra-dos-, o por los que se vinculan a su responsabilidad civil, o a la de esos terceros comprometidos, conforme al art. 5, inc. 3°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en consonancia con el inc. 4° del art. 6 del mismo ordenamiento legal, en cuanto ordena que en las medidas preliminares, debe intervenir el juez que ha de conocer en el proceso principal (v. fs.

616/618 vta.).

En tales condiciones, quedó planteado un conflicto que corresponde dirimir a V.E., en los términos del art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58.

-II-

Del examen de los términos de la demanda, a cuya exposición de los hechos cabe atender de modo principal para determinar la competencia (Fallos: 306:1056; 308:229, entre otros), surge que el actor solicitó medidas precautorias, no para ejecutar los convenios homologados, sino a los efectos de iniciar un juicio autónomo.

En efecto, como puede leerse a fs. 2 vta., el accionante expresó que interponía la demanda -reservándose el derecho de ampliar sus términos-, por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, contra las personas que allí indicó -sus mandantes-, contra el Ministerio de Economía, y contra la Caja de Valores S.A., imputándole a los primeros la inobservancia del contrato, y reprochando su desconocimiento por parte de los organismos referidos, que, vale decirlo, no tuvieron participación en los mentados convenios.

Reclama, asimismo, el pago de los gastos originados como consecuencia de gestiones judiciales y extrajudiciales que no tienen relación con el mandato conferido (v. fs. 2 vta./3).

Atento a lo expuesto, se advierte, además, que no existe conexidad entre la presente causa y el juicio de homologación, desde que no concurren identidad de partes, ni de objeto.

Sobre el particular, merece destacarse que la jueza que dispuso la homologación, al dictar sentencia, se ocupó de aclarar que no correspondía subsumir el caso en la preceptiva del inc. 1°, del art. 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, puesto que se planteaba una cesión de derechos entre particulares titulares de acreencias contra el Estado Nacional, y el doctor R. como profesional, ajeno a la causa judicial que declarase el derecho a aquéllas, en cabeza de los ex operarios de HIPASAM. En este orden, expresó que hubiera correspondido declarar su incompetencia para entender en la homologación. No obstante -prosiguió-, al analizar el caso en función del carácter laboral de los créditos que ostentaban los actores, cuyo cobro en sede administrativa encomendasen al profesional peticionante a cambio de la cesión de un porcentaje de sus derechos, aparecía dentro del ámbito propio del juez del trabajo dar certeza y completitividad a

Competencia N° 1643. XXXVI.

R., J.L. c/B., M.A. y otros s/ medidas cautelares.

Procuración General de la Nación esa transferencia, en cuanto importaba el detrimento de una porción de la acreencia a los efectos, precisamente, de cobrar la misma. Juzgó, más adelante, que habría de hacerse lugar a lo peticionado, en un todo de acuerdo con el espíritu protectorio que anida en la norma del art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, en concordancia con el art. 15 del mismo texto legal (v. fs. 98/99 del expediente de homologación).

Estas consideraciones, armonizan con las que vertió esta magistrada al declararse incompetente, en orden a que la homologación por ella dispuesta, no tuvo por objeto ejercer el control respecto de lo pactado en sí mismo, sino preservar las garantías de intangibilidad e integridad de los créditos laborales.

Resultan asimismo acertadas -a mi ver-, sus reflexiones acerca de que, tampoco se advierten, a más de las inexistentes razones de conexidad otras que en aras de una supuesta economía procesal, aconsejen prescindir de rigorismos formales para radicar en esa sede el juicio que interpondrá el profesional accionante, toda vez que la gestión que se dice menoscabada y susceptible de reparación, se ejerce en Capital Federal, lugar en el que, además, tienen su domicilio los entes que se anuncian como codemandados, y cuando los domicilios de los trabajadores firmantes del acuerdo, de momento no resultan denunciados (seguramente, conjetura la jueza, debido al éxodo de habitantes acontecido en Sierra Grande luego del cierre de la empresa HIPASAM).

En atención a lo expresado, estimo que la competencia debe determinarse conforme a lo dispuesto por el art. 5, inc. 3°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, correspondiendo, en principio, al juez del lugar de cumplimiento del mandato establecido entender en este juicio.

Por todo lo expuesto, opino que corresponde al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 5, de Capital Federal, ante el cual se interpuso el reclamo, continuar conociendo en la presente causa.

Buenos Aires, 25 de junio de 2001.

N.E.B.