Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 31 de Mayo de 2001, L. 137. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

L. 137. XXXV.

Luna, E.J. c/ El Libertador S.A. y otros s/ sumario.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

I Vienen estos autos en virtud del recurso extraordinario interpuesto por la demandada, contra la resolución dictada el 2 de noviembre de 1998 por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ( 370/6).

El tribunal de Alzada no hizo lugar a la apelación incoada por el accionante, confirmando la sentencia del juez de grado en cuanto no admitió la aplicación de la ley 24.283, relativa a la desindexación de obligaciones pendientes, respecto a la condena dictada en autos. Además, decretó la inconstitucionalidad del Decreto P.E.N. n1 269/97. Dijo la Sala, por un lado, que si bien el recurrente no rebatió de modo eficaz los fundamentos empleados por el a quo para desestimar en el caso su pretensión, por el otro, señaló que, sin perjuicio de que la peticionante no proporcionó cálculo alguno a los efectos de acreditar cual sería el monto de lo que realmente debiera integrar en la causa, resulta imposible aplicar a la indemnización derivada del accidente de tránsito ocurrido la hipótesis prevista por la norma invocada, es decir, a cosas, bienes o prestaciones, ello en virtud de ser dificultoso efectuar un seguimiento de la evolución temporal del precio en razón del origen que tiene.

Concluyó, finalmente, que el Decreto P.E.N. n1 260/97 resulta contrario a la Carta Magna en la medida que su aplicación vulnera el derecho de propiedad, como así también, extralimita el marco reglamentario consagrado en el artículo 28 de la Ley Suprema.

La recurrente sostiene que dicha sentencia es arbitraria porque el tribunal de Alzada omitió pronunciarse acerca de la aplicación de la ley 24.283, aunque ese argumento

fue introducido oportunamente en la expresión de agravios contra la sentencia de primera instancia. Sostiene que las prestaciones dinerarias a las que está obligada a realizar están comprendidas en el ámbito de aplicación del aludido texto legal.

Cita jurisprudencia del Superior Tribunal al respecto. Destaca, asimismo, que basta con la mera observación de la resolución recaída en autos para acreditar que el mecanismo de actualización monetaria fijado por el sentenciador destinado a la intangibilidad del crédito de la actora resulta totalmente desproporcionado con relación al valor actual de la prestación debida, circunstancia ésta, que, entiende, atenta contra su derecho de propiedad.

Por último, y en relación la norma reglamentaria del P.E.N. precitada, entiende B en lo que aquí interesa - que no se ve vulnerado el derecho de propiedad o el de cosa juzgada, toda vez que la misma no impide al actor cobrar su crédito reconocido en la sentencia sino que simplemente establece una diferente modalidad en la forma de hacerlo efectivo.- II Pienso que la presentación en análisis resulta improcedente, porque lo relativo al método elegido por el juez al fallar la causa, en tanto no prescinde de los hechos ni se aparta de las normas positivas que rigen el caso a través de una razonable interpretación, es ajeno al recurso extraordinario ( Fallos: 300:1023, entre otros ).

Cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad no autoriza al tribunal a substituir el criterio de las magistrados de las instancias ordinarias por el suyo propio en la decisión de cuestiones no federales.

Posee un carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie una

L. 137. XXXV.

Luna, E.J. c/ El Libertador S.A. y otros s/ sumario.

Procuración General de la Nación absoluta carencia de fundamentación o que se incurra en la omisión del tratamiento de cuestiones oportunamente planteadas por el recurrente que fueren conducentes para la solución final del litigio ( Ver doctrina de Fallos: 243:307; 255:132, 142; 305:343, 1088; 307:724 ), lo que no ocurre en la causa sub exámine.

En efecto, si bien es cierto que la Corte ha dicho que la ley 24.283 no formula distingo alguno respecto del tipo de obligaciones a las que se refiere y que la voluntad ha sido comprender las prestaciones dinerarias ( Fallos:

318:1610; 320:600), lo que se contrapone con la afirmación del tribunal de Alzada en sentido contrario,- por lo que corresponde aquí señalar que dicho órgano ha ponderado el agravio traído por el recurrente, sin perjuicio de que fue resuelto en forma adversa, siendo entonces tal acto jurisdiccional válido, desde este punto de vista, por no evidenciar omisión alguna.

Además, observo que la sentencia exhibe otro fundamento, que no fue debidamente controvertido por el apelante, el cual es suficiente para descartar la predicada arbitrariedad del fallo.

Me refiero a la carencia de cálculo económico por parte del recurrente para probar el invocado perjuicio a su patrimonio que le causarían los mecanismos de actualización impuestos por el sentenciandpr, en la medida que éstos prescindan de la realidad económica imperante y se traduzcan -reitero- en un evidente menoscabo al derecho de propiedad del demandado.

En tal orden de ideas, el Tribunal Superior ha sostenido que corresponde rechazar el recurso extraordinario si el apelante no demostró que el sistema de actualización y la tasa de interés establecidas por el Tribunal a quo impliquen una condena de mayor cuantía con respecto a la que

hubiera resultado de admitirse su planteo ( Ver Fallos:

315:2874; 322:701, 1083 ).

Concluyo pués, desde tal perspectiva, que el argumento sostenido por el tribunal de Alzada relativo a la necesidad de determinar el quantum en que debe corregirse los valores como consecuencia de la depreciación monetaria con la finalidad de preservar la integridad patrimonial del deudor, además de no haber sido adecuadamente controvertido por el quejoso conforme a los precedentes señalados supra, acuerda suficiente sustento a la resolución atacada, que no resulta así descalificable en los términos de la excepcional doctrina de la arbitrariedad sustentada por la Corte.

En cuanto a los agravios impetrados por el recurrente respecto a la declaración de inconstitucionallidad del Decreto P.E.N. n1 260/97, los mismos guardan sustancial analogía con los examinados por el Tribunal en su sentencia del 2 de agosto de 2000 en los autos AR. 94, L. XXXVI, Risolía de O., M. c/ Rojas Julio César s/ Ejecución de sentencia A, a cuyos fundamentos y consideraciones cabe remitir, en lo pertinente, para evitar reiteraciones innecesarias.

Por lo expuesto, considero que sólo corresponde admitir el recurso extraordinario interpuesto conforme lo previsto en el artículo 14 inciso 11 de la ley 48 y confirmar la sentencia en cuanto fue objeto de apelación, con el alcance indicado en el citado precedente.

Buenos Aires, 31 de mayo de 2001.- F.D.O.