Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 23 de Mayo de 2001, S. 645. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S. 645. XXXV.

RECURSO DE HECHO

S.M. del Sol S.A. c/ B., O..

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, rechazó el recurso de queja interpuesto por la parte actora, mediante el cual pretendió lograr la apertura del recurso de casación denegado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la 2da. Circunscripción Judicial de esa Provincia.

Para así decidir, señaló la ineficacia de los argumentos desarrollados en el recurso para rebatir la denegatoria de la Cámara. Sostuvo que la quejosa no hizo más que reiterar las razones dadas en la casación deducida, al insistir en que había existido violación y errónea aplicación de los artículos 6, 7, y 19 de la Ley de Aranceles N° 2212, violación y errónea aplicación de la doctrina legal, y arbitrariedad manifiesta en la regulación de los honorarios, como causas de la revisión intentada.

Dijo que los fundamentos desestimatorios expuestos por la Cámara, no trasuntaban error que autorizara el reproche que se le efectuaba, toda vez que la quejosa construyó los fundamentos de su recurso, a partir de un supuesto hecho distinto al establecido por el juzgador en su sentencia. En efecto - prosiguió -, el tribunal de mérito consideró como monto del proceso a fin de la regulación de honorarios, la sumatoria de las tres demandas promovidas, en razón de entender que la transacción sobre la que se pretendía la regulación de honorarios, encerraba, en realidad, un desistimiento de las acciones y derechos iniciadas y/o cualquiera otra derivada del contrato de transferencia de acciones.

En consecuencia, el Superior Tribunal consideró que, a través de la calificación de un negocio jurídico como

transacción, realizada por el recurrente, se pretendía llevar a consideración de ese Cuerpo, cuestiones de hecho y prueba como lo era la interpretación de la voluntad de las partes, cuya apreciación y ponderación se encontraban reservadas a las instancias de grado, y no al tribunal de casación (v. fs.

60/62 del cuaderno de la queja local, foliatura a citar en adelante, salvo indicación expresa).

-II-

Contra este pronunciamiento, la parte actora dedujo el recurso extraordinario de fs. 64/71, cuya denegatoria de fs. 82/84, motiva la presente queja.

Alega arbitrariedad manifiesta, rigorismo formal y violación del derecho de defensa. Afirma que, en el caso de autos, el agravio se evidencia por el hecho de haberse denegado un recurso de casación interpuesto respecto de la sentencia de Cámara, cuando la misma se aparta y viola expresamente las pautas previstas por el artículo 19 de la Ley Provincial 2.212 de Aranceles.

Relata los antecedentes de la causa, manifestando que existían en trámite por ante el mismo Juzgado y Secretaría, un total de tres expedientes ventilados entre las mismas partes. Expone que, encontrándose tales juicios en diferentes etapas procesales, las partes celebraron un acuerdo transaccional poniendo fin a las controversias existentes, en el cual se pactó que las costas serían soportadas por la actora (v. copia fs.

2).

Al solicitar la regulación de las mismas B. -, el Juzgado de Primera Instancia, reguló los honorarios tomando como base la suma de $ 229.949,86 monto que, según el juzgador, surgía de reunir los importes depositados, sumas percibidas y saldo pactado a pagar en el convenio.

Apelada esta decisión por ambas partes, la Alzada

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Procuración General de la Nación hizo lugar al recurso de la demandada, tomando como base regulatoria, la suma de los importes reclamados en los tres procesos ($606.000), por entender que la transacción encerraba un desistimiento de la acción y del derecho, y que, por ello, no debía atenderse al monto transado, sino al reclamado en las tres pretensiones.

Continúa su relato con la reseña del recurso de casación que interpuso y de las etapas posteriores, reproduciendo los argumentos vertidos en ellas, ya referidos en el primer ítem del presente dictamen.

Al fundamentar, finalmente, el recurso extraordinario federal, sostiene que la infracción de las normas jurídicas, se erigen en un típico error de derecho que se opera cuando se arriba a una defectuosa calificación de los hechos a los que se aplica una disposición jurídica que no se identifica con la verdadera esencia de éstos. Cita jurisprudencia de V.E., que expresa que corresponde casar la sentencia que contiene una desinterpretación de lo pactado entre las partes.

Afirma que, el hecho de que las transacciones implican desistimientos recíprocos, constituye un dato jurídico básico, pues se trata de un negocio jurídico necesariamente integrado por dos renuncias de derechos, no habiendo lugar para interpretaciones. Añade que los efectos normales de los contratos y de los actos jurídicos bilaterales, no pueden ser soslayados por un tribunal, sin afectar la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Se pregunta por qué razón siempre se interpreta que el monto de la transacción constituye la base numérica para la regulación de honorarios, y en este caso se sostuvo algo diferente.

Alega que el argumento de que la interpretación de la voluntad las partes que prestaron su consentimiento para la transacción, constituya una cuestión de hecho ajena al recurso

extraordinario federal, es sólo producto de la creación jurisprudencial, que en la provincia de Río Negro no ha sido receptada legislativamente.

En definitiva expresa como agravio, el desbaratamiento de derechos y obligaciones contractuales.

También reprocha que se lesionó su derecho de propiedad adquirido, pues B asevera B si la transacción fue homologada por el Juez interviniente y no fue objeto de impugnación, los derechos que derivan para cada parte se adquirieron definitivamente, y uno de esos efectos era que, para la regulación de honorarios, se tomaría como base el monto de la transacción.

-III-

Examinados los términos de la sentencia, y los agravios que, a título de arbitrariedad, se invocan en el escrito de impugnación, me anticipo a opinar que las conclusiones del a-quo, no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia una decisiva falta de fundamentación en el decisorio. En este orden, se advierte que las críticas al pronunciamiento del Superior Tribunal Provincial, expuestas en su generalidad de manera dogmática - y que son, en realidad, una síntesis de las vertidas en instancias anteriores -, sólo traducen diferencias de criterio con el juzgador, y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones en que se apoya el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta (v. doctrina de Fallos: 313:473 y sus citas, entre otros).

En efecto, el entendimiento de la Cámara, acerca de que la transacción sobre la que se pretendía la regulación de honorarios, encerraba, en realidad, un desistimiento de las acciones y derechos, y la consideración de la sumatoria de las tres demandas promovidas a los efectos de determinar el monto

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Procuración General de la Nación del proceso para la regulación, constituye B a mi ver B una interpretación posible del artículo 19 de la ley de aranceles local, que se adecua a las particularidades del caso. Los agravios de la recurrente solo traducen, reitero, su desacuerdo con las razones expuestas por el a-quo en apoyo de sus conclusiones, en particular, con el alcance asignado a los términos del precepto mencionado, lo cual no basta para demostrar la arbitrariedad que se alega (conf. doctrina de Fallos: 307:1803).

A mayor abundamiento, corresponde recordar, por su similitud con el sub lite, la doctrina establecida por el Tribunal en Fallos 300:208, en el que sostuvo que la determinación de las bases computables para la regulación de los honorarios profesionales constituye materia ajena a la instancia del art. 14 de la ley 48, criterio del que V.E. consideró que no cabía apartarse, no obstante encontrase en tela de juicio si se tomaba como base para la regulación el monto defendido por el letrado en la transacción, o el interés que determinó al vencido a plantear el incidente de nulidad.

Ello es así B prosiguió la Corte B, pues la sentencia expone al respecto - como en el presente caso - argumentos suficientes de hecho y derecho común y procesal, que bastan para sustentarla e impiden su descalificación como acto judicial.

Atento a lo expresado, resulta plenamente aplicable, además, la doctrina de Fallos:312:1859, en la V.E. dejó establecido que es improcedente el recurso extraordinario fundado en agravios que reiteran asertos ya vertidos al cuestionar la sentencia del juez de grado, desechados sobre la base de fundamentos que no compete a la Corte revisar, ya que se encuentran vinculados a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, suficientes, al margen de su acierto o error,

para descartar la arbitrariedad invocada.

Por todo lo expuesto, estimo que debe rechazarse la presente queja.

Buenos Aires, 23 de mayo de 2001.

F.D.O.