Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 27 de Abril de 2001, B. 1165. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 1165. XXXVI.

    RECURSO DE HECHO

    Banco Bansud S.A. c/ Montuca S.A. y otros s/ ejecución hipotecaria.

    Procuración General de la Nación Suprema Corte:

    -I-

    Contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, S.G., en cuanto confirmó la regulación de honorarios de los letrados de la parte demandada, en una ejecución hipotecaria en la que fue rechazada la pretensión, la actora -vencida en costas- interpuso el recurso extraordinario que, al ser denegado, motiva la presente queja.

    Banco Bansud S.A. inició ejecución hipotecaria contra los demandados (fs.

    51/54) por la suma de U$S 911.392,36.

    Desestimadas por el juez de primera instancia las excepciones de inhabilidad de título opuestas por los accionados (fs.

    264/265), fueron acogidas en la alzada, rechazándose la ejecución, con imposición de costas de ambas instancias al ejecutante vencido (fs. 312/313).

    El juez de grado reguló los honorarios de los letrados de la parte demandada en $ 76.550 para cada uno, con fundamento en los arts. 1, 6, 7, 8, 11, 37, 40, y concordantes de la ley 21.839, y 1 y 12 de la ley 24.432 (fs.

    321, 323 y 325), resoluciones que fueron apeladas.

    A fs. 364 la Cámara Civil confirmó la regulaciones, expresando que el monto del proceso es el que surge de la suma reclamada en el escrito de promoción de la ejecución, conforme doctrina del fallo plenario de esa alzada en autos "M.S.A. c/Consorcio", y que en atención a la calidad, extensión, mérito, etapa cumplida y resultado obtenido, y de acuerdo a lo normado por la ley 21.839 (arts. 6, 7, 9, 11, 40 y conc.) y 24.432, los honorarios fijados deben considerarse ajustados a derecho.

    También determinó la retribución de los letrados de los demandados por su labor en la alzada en $ 19.000 para cada

    uno.

    En su recurso extraordinario (fs.

    380/398), el Banco actor aduce la violación de las garantías de la defensa en juicio, de igualdad ante la ley, del derecho a la propiedad, al principio de la legalidad y califica a la sentencia de la Cámara como absurda y arbitraria.

    Sostiene que el Tribunal en su pronunciamiento prescinde de las normas aplicables al caso (leyes 21.839, 24.432 y Código Civil), y que al darse en el sub lite el supuesto de una demanda de ejecución hipotecaria rechazada totalmente no existe monto del proceso en los términos del art. 19 de la ley de aranceles.

    Expresa que el resolutivo recurrido aplica equivocadamente el art. 40 de la ley de honorarios profesionales, tomando como base regulatoria todo el juicio y no la primera etapa, y por consiguiente -sostiene- ha incurrido en un exceso inexcusable, desnaturalizando la norma, trastocando sus fundamentos y la intención del legislador.

    Invoca el art. 505 del Código Civil y demanda su aplicación al caso de autos, en tanto determina un tope del 25% del monto de la sentencia para el pago de costas y honorarios.

    -II-

    Los agravios de la recurrente se desarrollan en torno a tres argumentos centrales, que iré examinando por separado.

    En primer lugar sostiene: "No existe monto del proceso en los términos del art. 19 de la ley de aranceles, por lo que deben ser tenidas en cuenta las restantes pautas regulatorias contempladas en el art. 61 de ese cuerpo legal".

    Este agravio no puede prosperar desde que -tal como ha sostenido V.E.- producido el rechazo de la demanda debe computarse como monto del proceso, a los fines regulatorios, el valor íntegro de aquella dado que le son aplicables analógi-

  2. 1165. XXXVI.

    RECURSO DE HECHO

    Banco Bansud S.A. c/ Montuca S.A. y otros s/ ejecución hipotecaria.

    Procuración General de la Nación camente las reglas que rigen el supuesto de demanda totalmente admitida (Fallos 312:682). En consecuencia, en el sub examine debe considerarse como monto a los fines de la regulación de honorarios profesionales la suma por la que se inició la ejecución hipotecaria, es decir U$S 911.392,36.

    En segundo lugar argumenta que: "La Cámara al resolver toma el art. 40 de la ley de aranceles y lo aplica equivocadamente ... pues ... ha tomado como base regulatoria todo el juicio y no la primera etapa y por consiguiente ha incurrido en un exceso inexcusable al haberle acordado a los letrados de las accionadas un monto de honorarios equivalente a todo el juicio incluido la ejecución de sentencia, cuando aún no han cumplido esa etapa procesal, ni han realizado trabajo alguno correspondiente a ella".

    Ahora bien, para la dilucidación del caso traído a dictamen cabe remitirse a las disposiciones de los arts. 1, 6, 7, 8, 11, 14, 40 y concordantes de la ley 21.839 y 1 y 12 de la ley 24.432, normas de eminente naturaleza común y procesal.

    En ese marco, advierto, sin embargo, que las regulaciones de los letrados de las accionadas en primera instancia debían partir del monto de la demanda totalmente rechazada (U$S 911.392) y establecerse entre el 11% y el 20% de dicha suma (art. 7°, ley de aranceles), con una reducción del 10% en virtud de tratarse de un juicio ejecutivo (Art.

    40, ley 21.839). Es decir, entre un mínimo de $ 90.227,84 y un máximo de $ 164.050,62 para cada uno, Ahora bien, al haberse cumplido sólo la primera etapa de las contempladas en el art.

    40 mencionado, esos guarismos deben reducirse a la mitad, por lo que la regulación que permite el ordenamiento arancelario oscila entre los $ 45.113,9 y los $ 82.025,31 para la primera instancia ( el juez de grado la había fijado en $ 76.550).

    Esta cifra de $ 76.550 por tres (el número de letrados de los demandados a los que les fueron regulados honorarios) no excede el tope que fija la última parte del art. 11 de la ley de aranceles para los casos de litis consorcio pasivo.

    Lo propio ocurre con las regulaciones de segunda instancia que observan las disposiciones del art. 14 de la ley de aranceles.

    En relación a lo expresado por la Cámara en cuanto a las dos etapas del art. 40 de la ley 21.839, observo que su opinión encuadra en la doctrina que la Corte tiene establecida para casos análogos al presente ( Fallos 319:993; 312:249) Finalmente se agravia pues "la regulación de los honorarios de los letrados de la demandada ha omitido la aplicación del art. 505 del Código Civil".

    El párrafo agregado por la ley 24.432 a la citada disposición del Código Civil expresa: "Si el incumplimiento de la obligación ... derivase en litigio judicial ... la responsabilidad por el pago de costas, incluidos los honorarios profesionales ... no excederá del 25% del monto de la sentencia..." En autos, en el marco de la interpretación que V.E. tiene hecha de la restricción incorporada por la ley 24.432 al art.

    505 del Código Civil en la sentencia dictada en Autos "Talleres Metalúrgicos Barari S.A. c/ Agua y Energía Sociedad del Estado (Córdoba) s/ cobro de pesos", del 7 de julio de 1998, no se da el supuesto que contempla la norma, pues a tenor de la resolución de la cámara de fs. 312/313 -que ha quedado firme- "se admiten las defensas opuestas y se rechaza la ejecución", no existiendo por lo tanto incumplimiento de la obligación por parte de los accionados.

    -III-

  3. 1165. XXXVI.

    RECURSO DE HECHO

    Banco Bansud S.A. c/ Montuca S.A. y otros s/ ejecución hipotecaria.

    Procuración General de la Nación Ahora bien, cabe recordar que tiene dicho esa Corte que las cuestiones que se suscitan en materia de regulación de honorarios en las instancias ordinarias son ajenas, como principio, a la vía que prevee el art. 14 de la ley 48, así como particularmente restringida la doctrina de la arbitrariedad sobre el punto; máxime, si no se advierten circunstancias relevantes que autoricen un apartamiento de tales principios, toda vez que la sentencia aparece suficientemente fundada en los antecedentes de la causa y las consideraciones de orden procesal en las normas arancelarias que cita.

    También, que es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la resolución que decide cuestiones de hecho y procesales, como son las atinentes a los honorarios regulados en las instancias ordinarias, habiéndose declarado que la determinación del monto del litigio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la interpretación y aplicación de las normas arancelarias son insuceptibles de tratamiento por la vía extraordinaria, más aún cuando -como en el caso de autos-, y como surge de las consideraciones que efectúo en el punto II, la discrecionalidad judicial se ha ejercido teniendo en cuenta las normas que rigen las regulaciones y se ha hecho una razonable ejercicio de aquélla (Fallos 305:691; 304:839,948; 303:509,656,1104; etc.) Por lo expresado, en opinión del suscripto debe desestimarse la queja.

    Buenos Aires, 27 de abril de 2001.

    N.E.B.