Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 24 de Abril de 2001, V. 30. XXXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

V. 30. XXXV.

R.O.

Villareal, Clara Baudilia c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 24 de abril de 2001.

Vistos los autos: "Villareal, Clara Baudilia c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad".

Considerando:

  1. ) Que contra el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que confirmó el de primera instancia que había declarado de oficio no habilitada la instancia judicial por silencio de la administración, la actora dedujo recurso ordinario de apelación que, concedido a fs. 48, fue fundado y resulta procedente de acuerdo con lo dispuesto por el art. 19 de la ley 24.463.

  2. ) Que atento a la índole de la materia en debate y a los perjuicios que podría acarrear para la recurrente la demora sine die de la demandada en decidir las cuestiones planteadas, cabe asignar a la resolución del tribunal el alcance de sentencia definitiva a los fines de la procedencia a la vía intentada, máxime cuando la eventual aplicación del art. 10 de la ley 19.549 en temas que hacen a la previsión y seguridad social, no podría discutirse eficazmente con posterioridad y su falta de tratamiento privará al interesado de un medio legal idóneo para la tutela oportuna de su derecho (Fallos: 206:401 y sus citas), criterio del Tribunal que rectifica el aceptado en otras sentencias sobre el tema (causas V.101.XXXIV "Vinciguerra, N.E. c/ ANSeS" y T.85.XXXIV "T., A.M. c/ ANSeS s/ reajuste por movilidad", falladas el 9 de marzo y 31 de agosto de 1999, respectivamente).

  3. ) Que la cuestión planteada hace necesario señalar que las leyes 24.463 y 24.655, que sustituyeron los regímenes legales anteriores, introdujeron importantes reformas al procedimiento judicial de la seguridad social, tales como la

    federalización del fuero y la creación de la primera instancia. Se estableció que las resoluciones de la ANSeS debían impugnarse ante los juzgados de la Capital Federal que se creaban y ante los federales con asiento en las provincias, dentro del plazo de caducidad previsto por el art. 25, inc. a, de la ley 19.549, mediante demanda de conocimiento pleno a tramitar por las reglas del proceso sumario del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aparte de lo cual se dispuso que la ANSeS actuaría como parte demandada y que para la habilitación de la instancia no sería necesaria la interposición de recurso alguno en sede administrativa (art. 15 de la citada ley 24.463).

  4. ) Que al fijar la competencia de los juzgados de primera instancia la ley 24.655 incluyó, además de las causas enunciadas en el citado art. 15 de la ley 24.463, a "las demandas que versen sobre la aplicación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones establecido por la ley 24.241 y sus modificatorias", no efectuando referencia alguna a la necesidad de la existencia de un acto administrativo expreso para iniciar la pretensión judicial (art. 2, incs. a y b).

  5. ) Que, sin perjuicio de ello, a fin de encauzar la progresiva adaptación de las vías reglamentarias subsistentes a las normas de la ley 19.549, el decreto 722/96 derogó el 9101/72 y toda otra norma que rigiera procedimientos administrativos ajenos a aquella ley (art. 4°). Sin embargo, aunque reconoció la conveniencia de mantener regulaciones específicas, en el art. 2° no incluyó a la materia de previsión y seguridad social, sin que se haya dispuesto por vía legislativa ni reglamentaria excepción alguna que restrinja o limite su invocación en los reclamos de los jubilados y pensionados.

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    Villareal, Clara Baudilia c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación 7°) Que tal conclusión hace actualmente aplicable a las cuestiones en examen la solución general adoptada por la ley (art. 10, ley 19.549), ya que si para acceder a la vía jurisdiccional se requiriera un acto expreso, la autoridad administrativa podría impedir las demandas judiciales con sólo no resolver las peticiones que se le plantearan. El instituto del silencio nació para evitar excesos en tal sentido, de modo que frente a la inactividad, el interesado cuenta con la facultad de recorrer la vía judicial como si hubiese una resolución expresa, aunque no exista.

  6. ) Que es sabido que la administración no sólo tiene que decidir las cuestiones que se le plantean (arts. 1° inc. f, ap. 3, 3° y 7°, inc. c, de la ley 19.549), sino que también debe hacerlo en término (art. 1°, inc. e, ap. 1, del mismo cuerpo legal).

    Esta obligación legal no es ajena a los organismos previsionales, por lo que frente al silencio el particular tiene la opción de esperar el dictado de la resolución o bien acudir a la instancia administrativa o judicial que corresponda (arts. 10 y 28 de la ley de procedimiento aludida), pues cuenta con un medio idóneo para la protección de sus derechos frente a una actitud pasiva que lo perjudica (arts. 23 y 26 de la Ley de Procedimientos Administrativos).

  7. ) Que, en el caso, el actor cumplió con las prescripciones legales pues solicitó el reajuste de su haber jubilatorio a la Administración Nacional de la Seguridad Social en el año 1993. Vencido el plazo de sesenta días sin que se emitiera el pronunciamiento expreso, requirió pronto despacho.

    Al no obtener la resolución solicitada, después de transcurridos otros treinta días inició la demanda ante el fuero de la seguridad social, invocando la denegatoria ficta de su petición por silencio del órgano previsional (art. 10 de

    la ley 19.549 y Fallos: 312:2152; 314:217; 316:1025).

    10) Que, en consecuencia, la ANSeS no cumplió con la carga legal que la obligaba a pronunciarse en tanto que la conducta desarrollada por el recurrente se ajustó a las prescripciones que le imponía la ley formal aplicable, circunstancia por la cual la sentencia de la cámara que, después de revisar los requisitos de admisibilidad, declaró in limine litis no habilitada la instancia judicial por ausencia de resolución expresa de la ANSeS, violó derechos que cuentan con la protección constitucional.

    11) Que ello es así pues no se ajusta a la actuación cautelosa que debe caracterizar la dilucidación de temas vinculados con prestaciones de naturaleza alimentaria, aquella que dilata en forma ilegítima la decisión del litigio y niega a los agentes en pasividad una acción reconocida al resto de los administrados. Además, la sentencia se aparta de lo que disponen las normas vigentes y los jueces no han expresado fundamentos serios como sustento de la postura adoptada. En suma, se privó al actor del ejercicio de una acción establecida por el orden jurídico a su favor, como medio técnico para la eficaz protección de sus derechos, sobre la base de una doctrina judicial que carece de sustento a la luz de las disposiciones legales vigentes.

    En consecuencia, el fallo impugnado no sólo desconoce los efectos de la conducta jurídicamente relevante de la actora, sino que -además- premia la actitud negligente de la administración, haciendo jugar en contra del particular la figura del silencio administrativo, instituida claramente en su favor (doctrina de Fallos: 316:2477).

    Por ello, se declara admisible el recurso ordinario, se revoca la sentencia apelada y se tiene por habilitada la instancia judicial. N. y remítase a sus efectos. JULIO

    V. 30. XXXV.

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    Villareal, Clara Baudilia c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O=CONNOR (según su voto) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (según su voto) - A.B. -G.A.F.L. (según su voto) - G.A.B. -A.R.V..

    VO

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    Villareal, Clara Baudilia c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O=CONNOR Y DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Y DON GUILLERMO A. F. LOPEZ Considerando:

    Que la cuestión debatida en el sub examine encuentra, en principio, adecuada respuesta en lo resuelto en Fallos:

    313:228, 315:2217 y disidencia de Fallos:

    322:73, a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razones de brevedad.

    Que, sin perjuicio de este argumento liminar, lo resuelto por el a quo, en cuanto consideró que no se encontraba habilitada la instancia judicial por ausencia de resolución expresa de la ANSeS, resulta descalificable a la luz de los fundamentos vertidos en el voto que antecede (considerandos 2° a 9°), que se tienen por reproducidos en el presente por razón de brevedad.

    Por ello, se declara admisible el recurso ordinario, se revoca la sentencia apelada y se tiene por habilitada la instancia judicial. N. y remítase a sus efectos. EDUARDO MOLINE O=CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - GUILLERMO A. F.

    LOPEZ.