Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 19 de Abril de 2001, C. 74. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 74. XXXVI.

    RECURSO DE HECHO

    C., M.A. c/R., L.E..

    Procuración General de la Nación Suprema Corte:

    I La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba hizo lugar a los recursos de casación deducidos por los letrados del querellado -L.E.R.- y del tercero civilmente demandado -"La Voz del Interior S.A."- y resolvió absolver al primero del delito de injurias equívocas por el que fue oportunamente condenado en primera instancia, así como también rechazó la acción civil resarcitoria entablada contra ambos por el querellante M.A.C..

    Para arribar a ese temperamento sostuvo, ante todo, que hallándose en juego dos derechos fundamentales amparados por la Constitución Nacional y por tratados internacionales que adquirieron ese rango luego de la reforma de 1994 -el de informar y el honor- había que evaluar si esos derechos -que no son ilimitados- fueron ejercidos dentro del ámbito de restricciones establecidas en el ordenamiento jurídico (art. 34, inc. 4°, del Código Penal).

    Siguiendo con ese método interpretativo y luego de señalar, de acuerdo con distintos precedentes de V.E. que cita a tal efecto, la mayor entidad que posee la libertad de prensa respecto de otras libertades, el a quo aludió a distintas pautas -vinculadas con la forma y fuente de la noticia, con la calidad de los sujetos pasivos de la información injuriosa y el interés público del tema de referencia- cuyo cumplimiento cabía verificar en el presente caso para considerar que la información de contenido ofensivo podía mantenerse dentro del ejercicio regular de la libertad de expresión.

    En esa inteligencia, concluyó que correspondía des-

    calificar el pronunciamiento condenatorio de primera instancia, toda vez que sólo se limitó a adecuar objetiva y subjetivamente la noticia a la figura incriminada para responsabilizar penal y civilmente al informador, sin considerar la concurrencia de aquellas pautas derivadas de estándares constitucionalmente admisibles que autorizaban la aplicación de la eximente prevista en los arts. 34, inc. 4°, del Código Penal y 1071 del Código Civil.

    En este sentido, afirmó que el juez correccional se apartó de la doctrina sentada por V.E. en Fallos: 308:789, al insistir que en la medida que los términos reputados injuriosos no surgían del informe televisivo mencionado en la nota, estos fueron agregados por el diario. De esa forma, añadió el a quo, se circunscribió erróneamente a otra fuente periodística el origen de la noticia, sin tener en cuenta que al final del artículo cuestionado se invocaron los testimonios vertidos en la causa penal donde se investiga la muerte del senador R.M., que daban cuenta de la vinculación de este episodio con la "mafia cordobesa de los videopoker", sobre lo que informa la nota.

    Si bien considero innecesario el análisis acerca de la aplicación al caso de la doctrina de la "real malicia", el Superior Tribunal local igualmente sostuvo que concurrían los requisitos exigidos por ella ante el interés público y la relevancia institucional suscitada por el hecho objeto de la publicación. Por lo tanto, al no haber demostrado el querellante los aspectos subjetivos que acarrea la aplicación de ese parámetro, concluyó que tanto la actuación del encausado como del diario se había llevado a cabo, en el caso, dentro del ámbito del legítimo ejercicio del derecho de informar que la Constitución Nacional ampara.

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    Procuración General de la Nación II Contra esa decisión la querella interpuso recurso extraordinario, cuya denegatoria a fs. 96/103, dio lugar a la articulación de esta queja.

    En su presentación de fs.

    85/95, el recurrente atribuye arbitrariedad al fallo, pues considera que el a quo incurrió en un exceso de jurisdicción al alterar los hechos que se tuvieron por acreditados en el juicio y de esa forma, poder aplicar al caso y evaluar la teoría de la "real malicia", todo ello, en perjuicio de su honor, resguardado por los tratados internacionales con jerarquía constitucional que cita, así como también en detrimento de los derechos de defensa en juicio, debido proceso y propiedad (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional).

    Ello acontece, a su entender, cuando se afirma en el pronunciamiento que los términos ofensivos no fueron creados por el autor de la nota sino que se originaron a partir de ciertos testimonios vertidos en la causa judicial en la que se investiga la muerte del senador R.M., lo que importó no sólo modificar las circunstancias fácticas establecidas por el juez correccional, sino también reexaminar los elementos probatorios incorporados al proceso, aspectos cuya revisión no autorizaba el recurso de casación oportunamente deducido por la defensa.

    Sostiene que tampoco se respetó el deber de veracidad exigido por las pautas establecidas por V.E. en el precedente publicado en Fallos: 308:789, toda vez que se desvirtuó en su perjuicio el alcance de las pruebas invocadas en la sentencia impugnada, en la medida que ni O.A.A. ni F.R. reconocieron haber utilizado el término "mafia" o "mafioso" para referirse al querellante, así como tampoco se desprende una supuesta vinculación de este último y el

    homicidio de R.M..

    III En forma reiterada la Corte ha sostenido que lo relativo a la determinación de los límites de la competencia de los tribunales cuando conocen por vía de los recursos concedidos ante ellos, dado el carácter fáctico y procesal de la cuestión, constituye una facultad propia de los jueces de la causa ajena, por regla, a la instancia extraordinaria, incluso en el supuesto de tratarse de leyes locales, en virtud del respeto debido a las atribuciones que tienen las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (Fallos:

    290:235; 302:654, 1039, 1430; 305:515; 306:194; 307:

    474; 311:926; 312:1141; 314:312, entre muchos otros).

    Sin embargo, también reconoció V.E. que cabía hacer excepción a ese principio con base en la doctrina de la arbitrariedad, cuando los tribunales exceden la jurisdicción que les acuerdan dichos recursos, pues al prescindir de esa limitación y resolver cuestiones ajenas a las pretendidas por las partes, quedan afectadas las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso consagradas en el art.

    18 de la Constitución Nacional (conf. Fallos: 314:1323; 315:1159; 317:

    1538 y 2729.

    Según el recurrente, el a quo ha incurrido en ese defecto pues, a su criterio, se habría apartado de las constancias del proceso tergiversando los hechos acreditados en la causa.

    Por el contrario, no advierto que esa situación se presente en el sub judice. En este sentido debo señalar, en primer término, que la jurisdicción del Alto Tribunal provincial para revisar lo resuelto en la instancia anterior derivaba del recurso de casación oportunamente articulado por la

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    Procuración General de la Nación defensa, sustentado en la errónea aplicación de las normas del código de fondo por el que se condenó al imputado y al diario "La Voz del Interior".

    De esa forma en el fallo, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, se valoró jurídicamente los mismos hechos motivo de la querella para concluir, sobre la base de las pruebas acumuladas en el expediente, que los términos reputados injuriosos no eran una creación del diario sino que derivaban de las fuentes -testimonios de Aiza y R.- citadas en el mismo artículo periodístico. Adviértase que lejos de importar una variación del sustento fáctico, tal proceder no difiere con lo afirmado en el remedio federal por el propio recurrente, al reconocer, acerca del objeto de su querella, que durante el proceso "...no se cuestionó el contenido de una noticia fiel a sus fuentes, sino el agregado insertado por el propio diario a dicha noticia..." (fs. 87 vta. in fine).

    En cuanto a la alegada imposibilidad del a quo de analizar nuevamente la prueba acumulada en autos por la que también se agravia el recurrente, más allá de la naturaleza procesal de la cuestión, entiendo que los límites que surgen de las normas que regulan esa vía recursiva no le impiden examinar, dentro de ese marco, si el análisis de esos elementos ha sido efectuado a partir de argumentos carentes de razonabilidad a la luz de la sana crítica racional y de la consideración de las constancias que, integradas al proceso y evaluadas en conjunto con el resto de los elementos de convicción, conducirían a otra solución lógica.

    Precisamente esto es lo que, a mi modo de ver, emana del fallo apelado pues, si bien se reconoció que los términos reputados injuriosos no surgían del programa de televisión aludido en la nota publicada, se consideró que esa cir-

    cunstancia, por sí sola, no permitía atribuir al diario y al editor su creación e inserción en aquélla, y menos aun a responsabilizarlos penal y civilmente, desde que esas expresiones guardaban relación con otras fuentes de información citadas en la misma nota. A partir de esta última situación juzgó el a quo que se encontraba suficientemente acreditado en autos el cumplimiento de aquellas pautas establecidas por V.E.

    -la identificación de la fuente y la reproducción sustancialmente fiel y sincera de su contenido- aspecto que autorizaban a concluir que el proceder del imputado y del diario en el caso se había llevado a cabo dentro del ámbito en el que la Constitución Nacional ampara el ejercicio de la libertad de prensa.

    Se desprende de todo lo expuesto, que la discusión que el recurrente pretende someter a conocimiento de la Corte queda reducida a determinar si cabe atribuir a los testimonios citados en la nota los términos ofensivos que motivaron la formación de estas actuaciones, o bien, por el contrario, si éstos han sido creados por el querellado.

    Sin pasar por alto lo sostenido reiteradamente por V.E. en el sentido que la arbitrariedad resultó particularmente restringida cuando se trata de pronunciamientos de superiores tribunales de provincia que deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos:

    302:418; 305:515; 306:477; 307:1100), no aprecio que el fallo presente en esta cuestión que, atento su naturaleza, es propia de los jueces de la causa, una decisiva y manifiesta carencia de fundamentación que permita impugnarlo con base en la alegada tacha.

    En efecto, el recurrente centró su crítica sosteniendo que no se había cumplido con el deber de veracidad exigido por las pautas establecidas a partir del caso "C." (Fallos:

    308:789), pues consideró que los términos

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    Procuración General de la Nación ofensivos no constituían una fiel reproducción de los testimonios mencionados, sino que, por el contrario, cabía atribuirle su invención e inserción en la cuestionada nota al diario y a su editor.

    Sin embargo, no reparó el quejoso que el razonamiento elaborado por el a quo para sustentar su juicio acerca de lo publicado con base en las declaraciones brindadas por Aiza y R., no se apoyó en la exigencia de una reproducción exacta o textual de sus dichos. Por el contrario, se adecuó esa información a los datos de la realidad a partir de una transcripción a su criterio sustancialmente fiel de esos testimonios invocados como fuente de la noticia, de acuerdo con las pautas establecidas en los diversos precedentes que, detallada y minuciosamente, se citan en el ap. III, punto 2a del pronunciamiento impugnado (v. fs. 64 vta./66). La crítica del apelante se vincula así al criterio con que el tribunal de la causa ponderó la adecuación de los hechos a normas de derecho común, como son las establecidas por los arts. 34, inc. 4°, 110 y 112 del Código Penal cuya inteligencia es ajena a la jurisdicción de V.E. cuando conoce por la vía extraordinaria.

    Por otra parte también advierto que la sentencia del a quo reconoce otros fundamentos que no han sido refutados en el recurso. En este sentido igualmente cabe destacar que lo dispuesto por el propio magistrado correccional para que se investigue la supuesta comisión del delito de violación de secretos respecto de quien haya brindado información a la prensa sobre constancias del sumario instruido con motivo de la muerte de R.M., le permitió corroborar que la parte de la nota cuestionada no fue creación del diario y su editor, al mismo tiempo que una vez establecidos los requisitos exigidos por la doctrina de la "real malicia", con-

    cluyó que tampoco el querellante había demostrado que lo informado fue publicado con conocimiento de que era falso, o con imprudente y notoria despreocupación sobre su veracidad.

    Frente a tales condiciones, considero que el recurso extraordinario adolece, en este aspecto, de la debida fundamentación que requiere el art.

    15 de la ley 48 (Fallos:303:620; 305:171; 306:1401; 307:1752 y 311:1695), en tanto no expresa más que una discrepancia sobre la forma en que fue apreciada la prueba acerca de la comisión de un presunto delito previsto por la ley común, aspectos ajenos a la apelación federal y que han sido también resueltos con suficientes fundamentos que, más allá de su acierto o error, impiden descalificar el pronunciamiento con base en la alegada arbitrariedad.

    IV En consecuencia, opino que corresponde desestimar la presente queja.

    Buenos Aires. 19 de abril de 2001.

    N.E.B.