Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Marzo de 2001, T. 316. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

T. 316. XXXVI.

RECURSO DE HECHO

Teruel, S. y otros c/ Dalvian S.A.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

I Vienen estos autos en virtud de la denegación del recurso federal interpuesto contra el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que rechazó el recurso extraordinario de inconstitucionalidad y casación deducido por la demandada Dalvian S.A.

En la presente causa por cobro de honorarios juzgó el superior tribunal que el Aconvenio de construcción y sistemas de financiamiento de vivienda para asociados adherentes a A.M.S.A.@ celebrado el 16 de octubre de 1992, estaba vinculado y era complementario del acuerdo denominado A. pago y terminación de juicio@, en el cual se fijaron los emolumentos cuyo cobro se persigue en autos. Sobre dicha base, tuvo en cuenta que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, fue cumplida la ratificación por la junta ejecutiva de A.M.S.A. para el pago de los honorarios profesionales, según lo convenido. Asimismo, destacó que era innecesaria la ratificación del convenio de honorarios por la asamblea de A.M.S.A. ya que la obligada al pago era la empresa Dalvian S.A.

Consideró que era ajeno a los profesionales reclamantes la situación ocurrida a raíz de que A.M.S.A. modificó unilateralmente una cláusula en oportunidad de ratificar el convenio de construcción, y que luego celebrara otro rectificatorio, porque ello sólo podía tener efectos entre las empresas y no respecto de los abogados. Concluyó que los agravios del apelante importaban una mera discrepancia con la interpretación del tribunal que no otorgaba sustento a los recursos deducidos.

Luego, desestimó el recurso federal interpuesto porque concernía a la aplicación e interpretación de normas de

derecho común, ajenas al ámbito del art. 14 de la ley 48.

II Sostiene la recurrente que los letrados accionantes representaron y patrocinaron a A.M.S.A. en un juicio contra D.S.A. en el cual ésta obtuvo sentencia favorable, cuya ejecución se negoció a través de los contratos llamados Aconvenio de construcción y sistema de financiamiento de viviendas@ y Aconvenio de pago y terminación de juicios@. Dice que ante la invocada falta de pago de los honorarios los profesionales iniciaron esta demanda, alegando que su cumplimiento parcial demostraba que la aprobación asamblearia de los convenios carecía de incidencia respecto al pago de los emolumentos.

Señaló que el superior tribunal no tuvo en cuenta que la ratificación de la junta ejecutiva de A.M.S.A. no fue tal, porque el convenio originario establecía que la adhesión al sistema era obligatorio para los afiliados de A.M.S.A., en tanto que la junta modificó ese aspecto y sólo aprobó una adhesión voluntaria por parte de los afiliados. Destaca que ésta no es una cuestión meramente formal, sino que importó modificar un aspecto esencial de la ecuación tenida en cuenta para el desarrollo económico del proyecto contenido en el convenio original, ya que la ratificación de la junta ejecutiva no contempló la incorporación obligatoria, sino voluntaria de los afiliados.

Sobre dicha base, sostiene que la sentencia es arbitraria porque se limitó a enfocar la cuestión desde un punto de vista hipotético, que no se corresponde con las conductas que las partes trasuntaron en los instrumentos concertados, lo que viciaría la solución del fallo.

III A mi modo de ver, si bien resulta ajeno a la instancia del art. 14 de la ley 48 lo atinente a cuestiones de

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Procuración General de la Nación hecho y prueba y a la inteligencia asignada por el a quo a las disposiciones de derecho común que rigen la pretensión de cobro articulada en la demanda, entiendo que cabe hacer lugar a los agravios del recurrente vinculados a que la sentencia ha omitido el tratamiento de argumentos conducentes para la adecuada solución de la causa (B.213.XXV. autos ABehrensen G.F. c/ Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios@ del 30-11- 93; S.418.XXI, autos A., S.P. y Tiburci c/ Gobierno Nacional@ del 8-9-87).

En efecto, considero que es descalificable el pronunciamiento que ha omitido expedirse sobre un planteo oportunamente introducido y conducente para la correcta decisión del caso (Fallos: 301:1928), como es el referido a que la modificación de los términos originarios del contrato implicó quebrar la ecuación económica sobre cuya base se fijaron los honorarios pactados.

La corte local tuvo en cuenta que era irrelevante la ausencia de ratificación de la asamblea de A.M.S.A. e incluso la Aratificación rectificatoria@ (permítaseme la expresión) de la junta ejecutiva, con relación a la obligación asumida por Dalvian S.A. ante los letrados intervinientes de abonar sus honorarios emergentes del juicio y la negociación de los convenios. Pero ese razonamiento -que desde un punto de vista lógico pareciera correcto- desatiende el examen de la cuestión planteada por la quejosa que discurre por otros carriles: la modificación del negocio inicial que se tuvo en vista al fijar los honorarios, y que habría sido dispuesta -según se dice- de manera unilateral por una de las partes, afectó la causa del acuerdo de honorarios, obstando -como se alega- a su exigibilidad. Porque su cuantía fue determinada de acuerdo a la envergadura de la operación celebrada el 16 de octubre de 1992, que, finalmente, no se materializó.

Concluyo, desde esa perspectiva, que la sentencia no dio respuesta coherente a esos concretos agravios de la apelante, que exigen, para la validez del acto, su efectiva ponderación tanto para su hipotética aceptación como para su rechazo, particularidad que impone su descalificación como acto jurisdiccional (Fallos: 301:472; 307:228, entre otros), y motiva la necesidad de que se dicte uno nuevo que, tras analizar aquellos agravios, los valore en definitiva sin descuidar el grado de incidencia de la aludida rectificación, así como la eventual firmeza del porcentaje de los honorarios convenidos que se vinculan al negocio primigenio, el cual aparece como independiente del que no se habría a la postre ratificado.

Por los fundamentos expuestos, opino que V.E. debe dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido y remitir los autos al tribunal de origen, para que se dicte uno nuevo con arreglo a derecho.

Sin perjuicio de ello, en vista a los motivos de urgencia señalados en la presentación de fs. 871/877 de estos autos y considerando que, por las razones antes desarrolladas, las cuestiones traídas a recurso pueden, prima facie, involucrar la violación del art. 18 de la Constitución Nacional, soy de opinión que, como estamos en el ámbito de la arbitrariedad, donde sólo se puede hacer lugar a la queja cuando se concluye que esa tacha se ha configurado -al contrario de lo que ocurre en las cuestiones federales propias, en las cuales puede decidirse con rapidez si el recurso ha sido mal denegado y luego entrar al análisis del asunto confirmando o revocando la sentencia- estimo que, al sostener mi dictamen que ha mediado la invalidez del acto, con carácter previo, V.E. puede, si lo admitiere, declarar procedente la queja y eventualmente decretar la suspensión de las medidas precauto-

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Procuración General de la Nación rias que en el marco de sus potestades jurisdiccionales estimare excesivas y gratuitamente lesivas para el normal funcionamiento empresarial de la recurrente, sin que esto implique pronunciamiento sobre el fondo del recurso, tal como lo sostuvo el Tribunal el 24 de abril de 2000, en autos A.M. y otra c/ P., N.P. y otro@ A.660.XXXV.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.

F.D.O.