Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 12 de Marzo de 2001, V. 275. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

V. 275. XXXV.

RECURSO DE HECHO

V., F. c/ Quinteros, A.D..

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

La Sala D, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirmó la resolución de la jueza de grado de fs.

502, que rechazó el planteo desindexatorio introducido por la demandada.

En sus fundamentos expuso que, en la sentencia definitiva confirmada por ese tribunal a fs. 479/482, no se estableció una condena en función del capital de una sociedad comercial, sino en base al honorario regulado al síndico por su actuación profesional en el concurso preventivo de la empresa "Cuareta Volcán S.A.".

Agregó que, al imponer dicha condena el cumplimiento de una obligación dineraria insusceptible de confrontación con otro valor, y cumpliendo la sentencia con el postulado del art. 4° del decreto 794/94, en cuanto impone su actualización hasta el 1° de abril de 1991, correspondía, sin más, el rechazo del planteo de desindexación (v. fs. 526).

-II-

Contra este pronunciamiento, el demandado dedujo el recurso extraordinario de fs. 528/533, cuya denegatoria de fs.

549, motiva la presente queja.

Al narrar los antecedentes de la causa, el recurrente expone que la actora reclamó en el presente juicio el cumplimiento de un contrato de locación de servicios, y la cesión del cincuenta por ciento (50%) de los honorarios profesionales que corresponden al demandado por su trabajo como síndico concursal en el proceso referido en el ítem que precede. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda, fallo que fue confirmado por la alzada. Una vez practicada la liquidación, es impugnada por el condenado que, por un lado, reclamó la aplicación de la ley 24.283, y por otro,

cuestionó como incorrecto el cálculo de los intereses.

El juzgado rechazó la primera impugnación, y admitió la incorrección de los intereses, pronunciamiento que fue apelado en cuanto a la exclusión de la ley desindexatoria, y convalidado por la sentencia de cámara que da origen al presente recurso.

El apelante tacha al decisorio de arbitrario, en cuanto, al confirmar el fundamento del juez de primera instancia, estableció la inaplicabilidad de la ley 24.283, basándose -alega- en el dogmático argumento de que se trata de Auna obligación dineraria insusceptible de confrontación con otro valor", convalidando así el fallo del inferior que distinguió entre Adeudas de dinero@ y Adeudas de valor@ y sostuvo que la norma citada no es aplicable a las primeras.

Sostiene que el legislador no ha efectuado diferencia alguna entre los distintos tipos de obligaciones a las que es aplicable la ley en cuestión, y que la inequidad del pronunciamiento es tanto más notoria cuando los guarismos son fácilmente comparables con los distintos valores que muestran la distorsión denunciada, ya que la obligación emerge de honorarios judiciales establecidos con referencia al valor de determinados bienes, por expresa imposición de la ley de concursos y quiebras.

-III-

En primer término, cabe recordar que el Tribunal tiene dicho que corresponde su intervención con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, si el fallo impugnado propone una exégesis irrazonable de la norma aplicada que la desvirtúa y torna inoperante (v. doctrina de Fallos:

310:799; 312:1036, entre otros).

Tal es lo que, a mi ver, ocurre en el sub lite, toda vez que la interpretación que realiza el juzgador, se aparta dogmáticamente de la que V.E. tiene establecida al respecto,

V. 275. XXXV.

RECURSO DE HECHO

V., F. c/ Quinteros, A.D..

Procuración General de la Nación en orden a que el pago de los honorarios profesionales se halla, en principio, incluido en el ámbito de aplicación de la ley 24.283 por cuanto ésta abarca la actualización de valor de Acualquier otra prestación@ y, por lo tanto, debe inferirse que la voluntad legislativa ha sido comprender las prestaciones dinerarias (v. doctrina de Fallos:

318:1610; 321:641; 322:1083, entre otros).

En los antecedentes precitados, el Tribunal dijo además que, a los efectos de la aplicación de la ley 24.283, tratándose de honorarios, su valor actual y real depende de su relación con los valores económicos en juego, esto es, con la base regulatoria y, en lo que a ella concierne, debe existir la posibilidad de tomar como referencia un patrón de medida, o dicho en otros términos, un bien de comparación.

En conexión con lo expuesto en este último párrafo, debo señalar que el apelante adujo que, tratándose en la especie de honorarios del síndico, los mismos fueron fijados -de conformidad con la ley concursal vigente- sobre la base del Aactivo prudencialmente estimado@ (patrón de medida), que en aquella ocasión fue de quince millones de australes, los que actualizados por el índice indicado en el fallo, al 31 de marzo de 1991, y convertidos, arrojan la suma de nueve millones setecientos veintiocho mil trescientos treinta pesos ($ 9.728.330). En tanto -prosiguió- la valuación del activo concursal en esta última fecha es de cinco millones seiscientos mil pesos ($ 5.600.000), como resulta -según el recurrente- de la prueba que allí indica, glosada a estos autos. Y agregó que si el honorario concursal se hubiere fijado el 31 de marzo de 1991, dicha regulación se habría efectuado sobre esta última base y no sobre la del monto al que se llega aplicando indiscriminadamente los índices establecidos en la sentencia (v. fs. 517).

Sin abrir juicio sobre la corrección de estos argumentos, lo cierto es que no fueron tratados por el juzgador, así como tampoco se ocupó de analizar la réplica del actor, en orden a que el demandado habría percibido el monto que hoy debe restituir, y que el auto regulatorio que condenó a satisfacer el honorario concursal, nada tiene que ver con el auto regulatorio de los autos de la quiebra, monto que -según el accionantetambién deberá restituir el demandado por cuanto fue materia del convenio que vinculaba a las partes (v. fs. 520 vta.). En atención a lo expuesto, considero que la sentencia también debe descalificarse por haber omitido el examen de cuestiones oportunamente propuestas, y que, eventualmente, podrían resultar conducentes para la resolución de la causa (v. doctrina de Fallos:

312:1150; 313:323, entre otros).

Por todo lo expresado, opino que debe hacerse lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada, y disponer vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.

Buenos Aires, 12 de marzo de 2001.

F.D.O.