Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 6 de Marzo de 2001, R. 412. XXXV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

R. 412. XXXV.

R.O.

Romero S.A. s/ quiebra s/ inc. de revisión por el Fisco Nacional - D.G.I.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 6 de marzo de 2001.

Vistos los autos: "R.S.A. s/ quiebra s/ inc. de revisión por el Fisco Nacional - D.G.I.".

Considerando:

  1. ) Que contra la sentencia de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que elevó -en medida inferior a la solicitadalos honorarios de los doctores C.R.S.F. y C. de la Barra, éstos dedujeron recurso ordinario que fue concedido a fs. 894.

  2. ) Que, según surge de autos, la Dirección General Impositiva solicitó en la quiebra de R. S.A. la verificación de un crédito a su favor por la suma de $ 2.709.096.987,95. Esa insinuación fue cuestionada por determinados acreedores laborales que, como se desprende del relato de las partes, canalizaron el planteo por una doble vía: por un lado, impugnaron el dictamen de la sindicatura parcialmente favorable a la admisión de la acreencia y, por el otro, intervinieron en el incidente que dedujo la acreedora contra ese mismo dictamen a fin de cuestionarlo en la medida en que les había sido desfavorable.

  3. ) Que al dictar la sentencia respectiva, el juez declaró admisible la acreencia por la suma de $ 537.571.885,74 con privilegio general, y por la de $ 564.148,95 con carácter quirografario, lo que dio lugar a la formación de dos incidentes de revisión: uno, deducido por la D.G.I. en el que insistió en la verificación de su crédito por la suma inicialmente insinuada y que, en lo que aquí interesa, fue resistido por los trabajadores (expte. n° 557); y otro, interpuesto por estos últimos a fin de objetar la admisión del crédito por aquel monto, cuya procedencia fue, en cambio, contradicha por el fisco, que se mantuvo en su posición

    inicial.

  4. ) Que, con posterioridad, la D.G.I. se presentó en el expte. 557 invocando haber cometido un "error material" al indicar el monto de su crédito, el que en realidad ascendía a la suma de $ 22.968.403,78. Producida la prueba ofrecida, la acreencia fue finalmente admitida por $ 4.703.552,71 con privilegio general y por $ 6.125.136,78 como quirografaria, oportunidad en la que el juez de primera instancia reguló en las sumas de $ 8.200 y $ 20.500 los honorarios de los doctores C.S.F. y C. de la Barra, respectivamente.

    Ello, a fin de remunerar al primero su actuación como letrado apoderado de los trabajadores presentados en autos, y al segundo, su desempeño en calidad de patrocinante de aquél.

  5. ) Que, apelados por bajos, en lo que aquí interesa la cámara elevó los honorarios del doctor S.F. a la suma de $ 100.000, y al importe de $ 250.000 los del doctor de la Barra, fundando su decisión en la circunstancia de que estimaba prudente apartarse de la escala arancelaria para atenerse a las demás pautas contenidas en la ley.

  6. ) Que el recurso ordinario deducido por los letrados contra el aludido pronunciamiento resulta formalmente procedente toda vez que se trata de una sentencia definitiva dictada en una causa en que la Nación es parte y el valor cuestionado supera el mínimo previsto por el art. 24, inc. 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley 21.708 y actualizado conforme a la resolución de esta Corte 1360/91.

  7. ) Que los apelantes se agravian pues en el fallo recurrido se omitió resolver el planteo efectuado en el expediente n° 550 -acumulado al n° 557-, lo cual condujo a relevar al Estado Nacional de cargar con las costas en él devengadas.

    Asimismo, se quejan de que las generadas en segunda instancia

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación hayan sido distribuidas por su orden en el expte. n° 557 -cuando debieron ser impuestas total o parcialmente a cargo de este último-, y del monto de los honorarios regulados, que estiman inferior al que hubiera correspondido en atención a las pautas que señalan.

  8. ) Que la omisión de resolver el planteo efectuado en el expte. n° 550, como así también la de imponer las costas al Estado Nacional en ese incidente y la manera de distribuirlas en el expte. n° 557, son cuestiones no susceptibles de causar agravio a los apelantes, toda vez que el recurso ordinario de fs. 821 fue deducido por ellos a título personal y no en representación de sus mandantes, lo que lleva a desestimarlo en estos aspectos.

  9. ) Que, en cambio, el agravio planteado en torno al monto de los honorarios regulados debe prosperar, toda vez que en la especie concurren circunstancias similares a las ponderadas por esta Corte en Fallos: 322:723.

    10) Que ello es así pues, deducida -como fue en autos- una pretensión por más de 2.709 millones de pesos, la suma -350 mil pesos en total- estimada para remunerar la tarea de los letrados que se opusieron con éxito a la admisión de tal crédito, carece de toda relación con la entidad de los intereses por ellos defendidos, sin que tal solución pueda entenderse justificada por la mera invocación del tribunal de su facultad -prevista en el art.

    13 de la ley 24.432de apartarse de los mínimos del arancel.

    11) Que el art. 13 de la ley 24.432, al facultar a los jueces a regular honorarios sin atenderse a montos o porcentajes mínimos, exige que la resolución que así lo disponga exprese, bajo sanción de nulidad, el fundamento circunstanciado de las razones que la justifican.

    ) Que esa exigencia no ha sido adecuadamente cumplida en la especie, pues el ejercicio de esa facultad llevó al tribunal a ignorar por completo la cuantía económica del pleito -que las partes admitieron como criterio para fijar la base regulatoria en aspecto que ha quedado firme-, sin analizar la eventual posibilidad de que ese temperamento no fuera compatible con los fines de la norma que, así interpretada, puede conducir a estipendios que carezcan de toda relación con el asunto debatido y, en consecuencia, habiliten resultados tan desproporcionados como el que mediante esa disposición el legislador quiso evitar.

    13) Que, asimismo, al interpretar que la facultad de apartarse de los mínimos legales le autorizaba sin más a prescindir de la entidad económica del juicio, el tribunal arribó a una conclusión no habilitada por la extensión de las premisas de las que partió, defecto que lo condujo a omitir la ponderación de una pauta que, incluso en esos supuestos, puede ser relevante para fijar una retribución justa, conclusión que no se desvirtúa por la posibilidad judicial de no computar al efecto los porcentajes que -como principiola ley manda computar.

    14) Que los términos empleados por el legislador en la concepción de la norma aplicada, de los que resulta la exigencia de prudencia al juez en la determinación del honorario en las circunstancias reseñadas, obstan a interpretar que haya sido intención de aquél dejar librado al mero arbitrio de éste, la posibilidad de fijar un estipendio desvinculado de las constancias de la causa.

    Por ello, se declara formalmente procedente el recurso ordinario y se deja sin efecto la sentencia recurrida en la medida que surge de los considerandos precedentes, confirmándosela en lo demás que decide. Costas por su orden en atención

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación al modo en que prosperan las respectivas pretensiones (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí resuelto. N. y remítase. JULIO S. NAZARENO (en disidencia) - EDUARDO MOLINE O=CONNOR - CARLOS S. FAYT (en disidencia) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia) - A.B. -G.A.F.L. -G.A.B. (en disidencia) - A.R.V..

    DISI

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    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S. NAZARENO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT Considerando:

  10. ) Que contra la sentencia de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal que -al modificar parcialmente la de primera instancia- elevó los honorarios regulados a los doctores C.R.S.F. y C.L. de la Barra -letrado apoderado de los acreedores laborales de Sideral S.A. y su patrocinante, respectivamente- éstos interpusieron recurso ordinario de apelación, el cual fue concedido a fs. 894.

  11. ) Que en la presente causa -con motivo de la sentencia que declaró admisible la verificación de un crédito a favor de la Dirección General Impositiva por la suma de $ 537.571.885,74 con privilegio general, y por la de $ 564.148,95 con carácter quirografariofueron formados dos incidentes de revisión: el primero, n° 557, a instancias del Fisco Nacional (fs. 3/7 vta.), en el cual éste insistió en la verificación del crédito que había reclamado originalmente por la suma de $ 2.709.096.987,95; el otro, n° 550, promovido por los acreedores laborales, quienes objetaron la procedencia del monto admitido en la sentencia.

    Posteriormente, el Fisco Nacional (confr. fs. 362/367 vta.) denunció errores de cálculo en su petición originaria y la redujo a $ 22.968.403,78. Como consecuencia de ello, los acreedores laborales solicitaron que se considerara que el fisco había incurrido en plus petición inexcusable y que tal manifestación se interpretara como desistimiento (fs. 370/373).

  12. ) Que finalmente la acreencia fue admitida por el juez de primera instancia en la suma de $ 4.703.552,71 con privilegio general y $ 6.125.136,78 correspondientes a inte-

    reses, con carácter quirografario. Asimismo, se regularon los honorarios del doctor S.F. en $ 8.200 y del doctor de la Barra en $ 20.500, montos que fueron elevados por la cámara a las sumas de $ 100.000 y $ 250.000, respectivamente.

  13. ) Que los letrados apelantes cuestionan el fallo recurrido en base a los siguientes agravios: a) el a quo omitió resolver expresamente el expte. n° 550, por lo cual las costas de dicho incidente no fueron impuestas al Estado Nacional; b) en el expte. n° 557 las costas de la segunda instancia fueron impuestas en el orden causado, cuando debieron haberlo sido total o parcialmente al Estado Nacional; y c) por último, apelan por bajos los honorarios regulados por el a quo, pues -según sostienen- debió haberse tomado como base regulatoria la diferencia entre el monto pretendido originariamente por el Estado Nacional y el monto en definitiva verificado.

  14. ) Que respecto de las cuestiones reseñadas en los puntos a) y b) los apelantes carecen de legitimación para cuestionar por derecho propio la sentencia, toda vez que la condena en costas tiene por finalidad exclusiva preservar la integridad del crédito o derecho de la parte vencedora y no de sus letrados.

  15. ) Que, en cambio, el recurso ordinario -respecto de los honorarios por las actuaciones en primera instancia- es formalmente procedente, toda vez que se trata de sentencia definitiva, dictada en causa en que la Nación es parte y el valor disputado en último término o monto del agravio excede el mínimo legal a la fecha de su interposición, según lo previsto por el art. 24, inc. 6°, del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley 21.708 y actualizado por resolución de la Corte 1360/91.

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación 7°) Que no obstante, no asiste razón a los recurrentes, pues la norma aplicable por imperio del art. 287 de la ley de concursos y quiebras -que remite al arancel localdisipa cualquier duda a la que la redacción de la primera pudiera conducir, toda vez que contempla como monto del proceso el del crédito verificado (art.

    31 inc. c de la ley 21.839). Esta interpretación, por lo demás, permite guardar armonía con la solución aplicable a los procesos ordinarios y sumarios (Fallos: 315:2126 y 317:1378, entre otros), sin que se advierta razón alguna para apartarse de ese temperamento.

  16. ) Que tomando en cuenta esa base y lo establecido en los arts. 31, 33 y concordantes de la ley 21.839, los honorarios regulados a los apelantes a fs. 808 superan el máximo establecido en la escala del art. 7° del arancel, que, sin embargo no pueden reducirse por no mediar recurso del fisco obligado al pago.

    Por ello, se declara parcialmente procedente el recurso ordinario y se confirma la sentencia apelada.

    Con costas.

    N. y oportunamente devuélvase. JULIO S. NAZARENO - CARLOS S. FAYT.

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    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DON GUSTAVO A. BOSSERT Considerando:

  17. ) Que contra el fallo de fecha 26 de marzo de 1999 (fs.

    807/808) de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que reformó parcialmente la sentencia de primera instancia y elevó los honorarios regulados, los doctores C.R.S.F. y C. de la Barra, dedujeron el recurso ordinario, que fue concedido a fs. 894.

  18. ) Que el recurso es formalmente procedente, toda vez que se trata de una sentencia definitiva dictada en una causa en que la Nación es parte y el valor cuestionado, actualizado a la fecha de interposición del recurso, supera el mínimo previsto por el art. 24, inc. 6, ap. a, del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley 21.708 y con la actualización prevista por la resolución de esta Corte 1360/91.

  19. ) Que los apelantes se agraviaron del fallo recurrido pues en él se omitió dar resolución expresa al expte. n° 550, lo cual condujo a que no se impusieran las costas al Estado Nacional en ese incidente, como según ellos correspondía; a que las costas de segunda instancia se distribuyeran por su orden en el expte. n° 557, cuando debieron ser impuestas total o parcialmente a cargo del Estado Nacional y, por último, a que el monto de los honorarios regulados por la cámara fuera bajo, agravios que contestó el síndico a fs.

    926/928 y el Fisco Nacional (AFIP - DGI) a fs. 934/938.

  20. ) Que la omisión de resolver los fundamentos del recurso de apelación del expte. n° 550, la no imposición al Estado Nacional de las costas en ese incidente y la manera de distribuirlas en el expte. n° 557, no causa agravio a los apelantes, toda vez que el recurso ordinario de fs. 821 fue

    deducido por ellos a título personal y no en representación de sus mandantes.

  21. ) Que no puede prosperar el agravio relativo a que los honorarios regulados a fs.

    808 a los doctores S.F. y de la Barra son bajos porque, según los apelantes, debió tomarse como base la diferencia de lo pretendido por el Estado Nacional en su solicitud de verificación original y lo finalmente verificado, con más el máximo de la escala del arancel.

    En efecto, de la interpretación armónica del art.

    287 de la ley 24.522 y el art. 31, inc. c, de la ley 21.839, con las reformas de la ley 24.432, surge que el monto a tomar en cuenta para la regulación de los honorarios es el correspondiente al de la verificación en el respectivo incidente que, en este caso, está dado por la sentencia de fecha 26 de marzo de 1999 (fs. 807/808) que se encuentra firme.

    Al respecto, el art. 287 de la ley de Concursos y Quiebras dice que "en los procesos de revisión de verificaciones de créditos...se regularán honorarios de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales, tomándose como monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y verificado". Por su parte, el art. 31 de la ley de arancel -específico para los concursos y quiebrasestablece en lo pertinente que "el honorario del abogado patrocinante de cada acreedor se fijará aplicando las pautas del art.

    7, primera parte, sobre:...c) El monto del crédito verificado en el respectivo incidente".

    En consecuencia, la conjunción copulativa "y", que figura en la parte final del mencionado art. 287, debe interpretarse en el sentido de que el monto insinuado deberá tomarse como base de la regulación cuando fuere verificado, pues de lo contrario -es decir, de no existir esa coinciden-

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación cia- deberá utilizarse solamente la cantidad verificada, como lo establece el inc. c del art. 7° de la ley de arancel.

  22. ) Que tomando en cuenta esa base, y lo establecido en el art. 33 de la ley 21.839, los honorarios regulados a los apelantes a fs. 808 superan el máximo establecido en la escala del art. 7°, de acuerdo a las pautas de esta Corte de Fallos:

    317:1378, considerando 6°, y considerando 12 de la disidencia parcial de los jueces B. y P. y pronunciamientos allí citados, honorarios que no se reducen por haber sido consentidos.

    Por ello, se rechaza el recurso ordinario deducido y se confirma la sentencia apelada. Las costas en esta instancia se imponen a los apelantes (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    N. y oportunamente devuélvase. E.S.P. -G.A.B..