Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 26 de Febrero de 2001, C. 748. XXXIV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 748. XXXIV.

    RECURSO DE HECHO

    C.C., M. delP. c/ Mar Azul Sociedad Anónima.

    Procuración General de la Nación Suprema Corte:

    -I-

    La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, al confirmar la sentencia del juez de grado, rechazó la demanda que por sí y en nombre y representación de sus hijos menores de edad había planteado la actora, persiguiendo la indemnización de los daños y perjuicios que les habría causado el fallecimiento del esposo de la accionante y padre de los menores, ocurrido a bordo de un buque pesquero de propiedad de la demandada, en el que se desempeñaba como conductor maquinista.

    Para así decidir, el a quo consideró que, habiendo optado por demandar la reparación de un accidente de trabajo por vía del derecho civil, la reclamante debía probar la relación de causalidad entre dicho accidente y el trabajo, y que, además, se debía demostrar la culpa del empleador si se le imputaba responsabilidad subjetiva, o que el hecho se enmarcaba en algunos de los supuestos previstos en la segunda parte del art. 1113 del Código Civil si se planteaba responsabilidad objetiva.

    Sostuvo que ninguno de estos extremos fueron satisfechos por los demandantes, y que la doctrina jurisprudencial sobre la materia, concuerda en que, en caso de serle negado el accidente, el accidentado -o sus derechohabientes- debe probar los hechos en que funda su reclamo, y su relación causal con el trabajo (v. fs. 317/319).

    -II-

    Contra este pronunciamiento, la parte actora dedujo el recurso extraordinario de fs. 323/332, cuya denegatoria de fs. 345/346, motiva la presente queja.

    Alega que la sentencia es arbitraria por cuanto dice-, omitió la apreciación de diversas pruebas cuyo examen pudo ser importante para la solución de la causa, circunstancia ésta que resulta fundamental para hacer funcionar el régimen que se desprende del art. 1113 del Código Civil. Expresan que para la operatividad de la norma citada, basta con que el afectado demuestre el daño causado y el contacto con la cosa, frente a la presunción de que el daño fue producido por el riesgo creado. Añaden que, en el caso de autos, no cabe duda que un barco en alta mar, en plena tarea de pesca, constituye una cosa riesgosa, así como lo es la actividad de maquinista naval desplegada por el fallecido.

    Con cita de jurisprudencia de V.E., afirma que el fallo ha invertido el curso del razonamiento que impone la aplicación del art. 1113, y señala que en autos, no se ha demostrado por parte de la demandada ninguna de las circunstancias eximentes que contempla dicho artículo.

    Todo ello -dicen además- agravado por la omisión de ponderar la confesión ficta que resulta de la prueba confesional, señalando que no se ha procedido a la apertura del pliego de posiciones obrante a fs. 204 (v. última foja, 1° cuerpo).

    -III-

    Si bien los agravios precedentemente reseñados remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho co-

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    C.C., M. delP. c/ Mar Azul Sociedad Anónima.

    Procuración General de la Nación mún, materia ajena -como regla y por su naturaleza- a la instancia del art. 14 de la ley 48, V.E. tiene dicho que ello no resulta óbice para abrir el recurso cuando se ha omitido dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo a los términos en que fue planteada, el derecho aplicable, y la prueba rendida, habiendo establecido, además, que, si los argumentos expuestos por la cámara han franqueado el límite de razonabilidad al que está subordinada la valoración de la prueba, el pronunciamiento no constituye un acto judicial válido (doctrina de Fallos: 311:1656, 2547; 317:768, entre otros), situación que, en mi parecer, se configura en el sub lite.

    En efecto, un buque pesquero en alta mar, en plena tarea de pesca, constituye una cosa riesgosa, máxime si se tiene en cuenta el ámbito en el que desarrollaba sus tareas la persona fallecida a bordo, esto es, la sala de máquinas, lugar donde fue encontrado sin vida.

    Se advierte, asimismo, que los informes médicos agregados en autos (fs. 14/16 y 170/173) y la testimonial de fs. 192, no descartan que el traumatismo lumbar que presentaba el occiso, pueda haber sido el causante de su muerte, hipótesis que solamente podía corroborarse a partir de un examen histopatológico.

    Dicho examen fue ordenado por el juez de primera instancia, pero dado el estado de descomposición del cadáver, resultó de difícil o imposible interpretación diagnóstica (v. fs. 261). El juez de grado desechó entonces aquella posibilidad, sobre la base de otorgarle fuerza probatoria al acta labrada a bordo y el certificado de defunción. Agregó que ante la disyuntiva de dos opciones de causa de muerte, una que involucraría la responsabilidad del empleador y otra que lo exculparía, optaba por la segunda con fundamento en que no

    habría constancias que ligaran la muerte a un hecho que nadie presenció, cargando sobre el accionante la prueba de objetivar el riesgo o vicio de la cosa (v. fs. 295/298). Este criterio fue confirmado por la alzada, concluyendo que el suceso motivo de autos, obedeció a un padecimiento calificable como enfermedad-accidente inculpable, y, por lo tanto, no indemnizable (v. fs. 317/319).

    En tales condiciones, debo decir que, si bien no escapa a mi criterio que no es potestad de V.E. terciar como un juzgador de una tercera instancia en la valoración de las cuestiones de hecho y prueba que rodean al sub lite, no es menos cierto que la inclinación a favor de la hipótesis exculpatoria del empleador, sustentada en el acta labrada a bordo y en el certificado de defunción, sin el paralelo y proporcionado estudio de algunos otros antecedentes obrantes en las constancias del sub examine, como las declaraciones testimoniales, así como la atribución de escaso valor probatorio a la confesión ficta, sin, al menos, abrir el pliego de posiciones, importa, de por sí, una ligera actividad analítica que dista de constituir la que, por el contrario, exige el deber jurisdiccional para convalidar un decisorio. Porque no obstante que los magistrados no están obligados a analizar todos y cada uno de los elementos que se arriban al pleito, ello es así cuando la elocuencia de los estudiados torna inoficioso profundizar sobre los restantes, pero en cambio no es un principio válido en el extremo en que el o los elegidos están distantes de convencer sobre la racionalidad de la valoración efectuada.

    A partir de este -a mi ver- insuficiente examen, la cámara entendió que no se encontraba probado el accidente y su relación de causalidad con el trabajo, y que, además, se debía demostrar que el hecho se enmarcaba en algunos de los

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    Procuración General de la Nación supuestos previstos en la segunda parte del art. 1113 del Código Civil. Al decidir de este modo, puso a cargo de la actora una exigencia que equivale a invertir el curso de razonamiento que impone la aplicación del artículo citado, desvirtuándolo hasta tornarlo inoperante, toda vez que en materia de daños causados por el riesgo de las cosas, se presume la culpa del empleador, quien para eximirse de responsabilidad, debe demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (v. doctrina de Fallos:

    318:953; 319:1108, entre otros).

    Ello resulta especialmente exigible en el sub lite, en atención a que la responsabilidad objetiva fue invocada por la actora desde la presentación de la demanda (v. fs.

    79 vta./80), a la que acompañó fotocopias del informe médico del doctor J.R.T., en cuyas conclusiones expresó que A...el cadáver presenta traumatismo lumbar con infiltrado hemorrágico interno probablemente de causa accidental, y que de no mediar circunstancias de patología mayor, es por sí sola capaz de provocar el deceso...@ (v. fs. 15 vta.). La sentencia omitió ponderar que la demandada, en conocimiento de los antecedentes precitados, debió esforzarse para demostrar que, en el caso, concurrían alguno de los supuestos de exención de responsabilidad contemplados en el segundo párrafo del art.

    1113 del Código Civil. En cambio, el pronunciamiento de la cámara restringe dogmáticamente el alcance de una disposición cuyo fin específico es posibilitar la indemnización del daño causado por el riesgo de la cosa, en las situaciones en que éste se produce, con independencia de toda idea de culpa del sujeto (conf. doctrina de Fallos: 308:975; 312:145; 318:953, entre otros).

    Por todo lo expresado, opino que debe hacerse lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario,

    dejar sin efecto la sentencia apelada, y disponer vuelvan los actuados al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.

    Buenos Aires, 26 de febrero de 2001.

    F.D.O.