Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 21 de Diciembre de 2000, S. 621. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S. 621. XXXV.

RECURSO DE HECHO

S., J.O. y otro c/ La Página S.A. y otro.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

- I - La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirmó el decisorio de primera instancia que había declarado la caducidad de instancia en las presentes actuaciones (ver fs.45/46 y fs.106/108).

El tribunal a-quo consideró que la cuestión se centraba en determinar a partir de cuándo se computa el plazo de caducidad previsto en el artículo 310 inciso 21 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y cual es el término de vencimiento.

A continuación interpretó las disposiciones del Código Civil, que regulan el modo de contar los intérvalos del derecho, y concluyó, conforme a lo dispuesto por los artículos 24, 25 y 27 de ese ordenamiento, que el plazo de caducidad en meses, se computa desde la medianoche del día de la última actuación y vence en la medianoche del mismo día del tercer mes de inactividad, atento al carácter de completos que deben tener los referidos plazos. El acuse de la perención, entonces, concluyó, fue hecho con posterioridad a dicho término por lo que confirmó la decisión de primera instancia ajustada a dicha forma de computar los plazos habrá de confirmarse.

Por otro lado, sostuvo que no era óbice para tal conclusión, la circunstancia de que el accionado hubiera presentado en el tribunal cedulas de notificación del traslado de la demanda en la misma fecha del acuse, en tanto no se hallaba acreditado que ello haya sucedido en el tiempo de gracia de las dos horas del día siguiente al vencimiento del plazo.

- II - Contra dicha decisión la actora interpuso recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia a fs.109/113, el que desestimado a fs.156, dio lugar a esta presentación directa.

El quejoso destaca que el recurso es

procedente, por constituir la decisión apelada sentencia definitiva, ya que pone fin al proceso y a la posibilidad de volver a accionar, atento que de admitirse, se produciría la prescripción de la acción y la consecuente pérdida del derecho.

Asimismo señala que el fallo deviene arbitrario y por ende admisible el remedio excepcional, más allá de que se hallen en juego el análisis de los hechos de la causa y de normas comunes y procésales. El tribunal aplica los preceptos mencionados de un modo que lesiona el principio de justicia, eligiendo en su interpretación aquella que menos se corresponde con el derecho de acceso a la jurisdicción, el respeto al debido proceso y el mantenimiento vivo de la instancia.

Pone de relieve que la interpretación que hace el tribunal apelado de las normas que regulan el plazo de caducidad llevan a la conclusión, de que el plazo no es de tres meses completos, ya que el cómputo inicial incluye el último día de actividad como primer día de inactividad, lo que es contradictorio, no ajustado al espíritu de la legislación, ni a su letra, ignorando el principio de aplicación restrictiva del instituto; incurre también en un exceso ritual manifiesto al elegir una interpretación que aniquila el derecho y no aquella que lo sostiene.

Por último afirma, que la decisión atacada es dogmática, cuando sostiene que, por una parte las cedulas que corrían el traslado de demanda debieron acompañarse con un escrito, para dejar constancia que la presentación había sido hecha dentro de la dos horas de gracia y otorgarle así carácter impulsorio al acto, cuando ello no es el procedimiento judicial habitual; y por otra, pues presume ante la duda, la presentación posterior del escrito de acuse de caducidad.

- III - Corresponde destacar, en primer lugar, que no obstante que V.E. tiene dicho que las cuestiones referidas

S. 621. XXXV.

RECURSO DE HECHO

S., J.O. y otro c/ La Página S.A. y otro.

Procuración General de la Nación al análisis de los hechos y la aplicación e interpretación de normas de derecho común y procesal son, por principio, ajenas al recurso extraordinario, concurren en el caso supuesto suficientes que habilitan su concesión, al no ajustarse el decisorio apelado a las circunstancias comprobadas de la causa y a una interpretación lógica y razonada de las normas aplicables al caso, con la consecuente afectación del derecho de defensa y el debido proceso legal de expreso reconocimiento constitucional.

Seguidamente estimo que el requisito de sentencia definitiva de la decisión y el de la introducción oportuna del caso federal, están cumplidos en el caso y habilitan por ende, el recurso, en tanto la decisión recurrida pone fin al pleito ya que el recurrente alegó, al tiempo de fundar la apelación de la sentencia del tribunal de primera instancia, la consecuencia necesaria de la admisión de la caducidad que producía la operatividad del plazo de prescripción, que impedía la promoción de una nueva acción y la consecuente pérdida definitiva a reclamar el derecho.(conf.

Fallos:307:1693, 319:2822).

En cuanto a la cuestión en sí, advierto que la alzada, remitiéndose a precedentes del tribunal sobre el modo de computar el plazo de caducidad, interpretó la norma y la doctrina que emana del fallo, de un modo que no se concilia con la inteligencia con que corresponde aplicar el aludido instituto de ante la situación de duda (conf. Fallos:

311:665, 312:1702, 1903), ni con la télesis de la norma que no puede prever que la fecha de inicio de la inactividad sea la misma que se tiene de modo indubitable y sin discusión como de impulso (cual es la fecha en que el tribunal proveyó al traslado de demanda).

Consecuentemente, la expresión Ala medianoche@ desde la cual se debe computar el plazo, a la que se refiere el artículo 24 del Código Civil y la expresión A. la medianoche@ utilizado en el citado fallo AMandinga@ del 25 de septiembre de 1990, se están claramente refiriendo al momento siguiente a la culminación del día del acto impulsivo, es decir el día nuevo que comienza luego de esa

medianoche del anterior (Conf. Fallos:313:936).

Una interpretación distinta no encontraría lógica suficiente desde que pretendería proponer que en el mismo día se activara el proceso y a su vez se lo tuviera como primer momento de inactividad. Ello además, está en colisión con otras disposiciones legales, e ignora las técnicas de interpretación orgánica o sistemática que deben utilizar los jueces al aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico, tales como las consagradas en los artículos 27 del Código Civil y en la segunda parte del artículo 156 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establecen el carácter continuo y completo de los plazos y a partir de cuando se computan.

No resulta ocioso, tampoco, poner de relieve, que no es admisible que el acto que se podría considerar impulsivo del proceso, según admite el a-quo (presentación de las cédulas en el tribunal), y cuya constancia de recepción obra inmediatamente antes de otras actuaciones cumplidas previo al vencimiento del plazo y de la presentación del escrito de acuse de la perención (ver fs.33, 34 y 36), se presuma que es posterior al vencimiento del plazo de gracia de dos horas, porque no se acreditó la hora de su presentación, no obstante que dicha constancia fue asentada en folio anterior al pedido de perención que se efectúa apenas ocho minutos después de las dos horas indicadas. Cabe recordar que las previsiones legales y la práctica judicial, no exigen resguardo alguno para la presentación de cédulas, por lo que la conclusión del tribunal en tal sentido deviene meramente dogmática y sin sustento legal alguno y se expresa como un rigorismo impropio en la salvaguarda de la garantía de la defensa en juicio.

Por todo lo expuesto, opino que V.E. debe hacer lugar al recurso extraordinario, dejar sin efecto la decisión apelada y mandar se dicte una nueva ajustada a derecho.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2000.-.

S. 621. XXXV.

RECURSO DE HECHO

S., J.O. y otro c/ La Página S.A. y otro.

Procuración General de la Nación FELIPE DANIEL OBARRIO