Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 14 de Diciembre de 2000, P. 402. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

P. 402. XXXV.

RECURSO DE HECHO

P. de Bonafini, H.M. s/ incidente de excepción de previo y especial pronunciamiento de falta de jurisdicción Ccausa N° 29.497C.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal declaró extinguida, por prescripción, la acción penal iniciada por el delito de injurias contra H.M.P. de Bonafini, sobreseyéndola, consecuentemente, en orden a ese delito.

Contra dicho pronunciamiento, la querella interpuso recurso extraordinario federal, cuyo rechazo dio origen a la presentación directa de fs. 13.

-I-

Las actuaciones se iniciaron por denuncia ante la cámara aludida a raíz de una publicación de la revista "Gente", en la que la señora H. de Bonafini, en oportunidad de mantener una entrevista periodística transmitida por "Telemadrid" el 21 de enero de 1991, habría vertido conceptos, en principio, lesivos para la dignidad y decoro del entonces presidente de la República, doctor C.S.M., y el ejercicio legítimo de sus funciones. Oportunamente, tal hecho fue calificado como desacato (art. 244 del C.P.).

Luego de que el querellante formulara acusación por el delito de desacato el 31 de marzo de 1992, aquél fue derogado por el art. 2 de la ley 24.187 (B.O. del 3 de junio de 1993), por lo que la querella solicitó ante la alzada se convierta la acusación en una querella por injurias y se convoque a la audiencia de conciliación prevista por el art. 591 del C.P.M.P.

El 18 de abril de 1994, tras resolverse otras incidencias, el a quo ordenó al juez de primera instancia la prosecución de la causa de acuerdo con el trámite del art. 591 del C.P.M.P., revistiendo plena eficacia la acusación del 31 de marzo de 1992, debiendo citarse a la audiencia de conciliación requerida por la querella.

El 15 de abril de 1999, luego de múltiples planteos de la defensa C. sin haber contestado el traslado de la acusaciónC, el a quo declaró extinguida por prescripción la acción penal por el delito de injurias.

Para ello, tuvo como fundamento de su decisión que "entre la acusación formulada por la querella a fs. 72, que data del 31 de marzo de 1992, y la decisión...del 18 de mayo de 1994, que ordenara la prosecución de la causa de acuerdo al trámite previsto en el art. 591 y siguientes del Código de Procedimientos en materia penal, transcurrió el máximo de lapso de prescripción previsto por el art. 62, inc. 2, del Código Penal, sin que mediara la comisión de otros delitos ni otros actos interruptivos..." (confr. fs. 34).

II El apelante consideró arbitraria aquella resolución, en tanto, a su juicio, adolece de una fundamentación aparente al hacer lugar genéricamente al planteo de la defensa omitiendo dar razones de tal decisión.

Agregó que el a quo aplicó erróneamente el concepto legal de secuela de juicio, constituyendo un supuesto de arbitrariedad normativa que vulneró las garantías de defensa en juicio y debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional).

Señaló que nada se dijo en la sentencia respecto de una serie de actos procesales que, a su criterio, habrían interrumpido el cómputo de la prescripción. En tal sentido, indicó que los términos de la decisión no se corresponden con la inequívoca voluntad persecutoria desplegada por esa parte a lo largo del proceso procurando hacer avanzar la causa hacia su destino natural, superando las distintas alternativas dilatorias por las que atravesó.

Por otra parte, refirió que la denegación del recurso extraordinario es arbitrario, pues fue rechazado con

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RECURSO DE HECHO

P. de Bonafini, H.M. s/ incidente de excepción de previo y especial pronunciamiento de falta de jurisdicción Ccausa N° 29.497C.

Procuración General de la Nación base en un fundamento genérico y aparente, omitiéndose tratar cada uno de los agravios aducidos.

Cabe anticipar, que tanto el recurso extraordinario federal como el recurso de hecho interpuesto, resultaría formalmente procedentes en tanto se dirigen contra decisiones definitivas emanadas del superior tribunal de la causa, que han resultado contrarias a la pretensión del recurrente, y éste las impugna con base en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias.

III No paso por alto que los agravios del recurrente, fundados en la doctrina de la arbitrariedad por violación de la garantía de la defensa en juicio, remiten al examen de temas fácticos y de derecho común, pues se refieren a la determinación de los actos que constituyen secuela de juicio, ajenos por principio, a la vía del recurso extraordinario.

Sin embargo, ello no es óbice para que la Corte pueda conocer en los casos cuyas particularidades hacen excepción al principio con base en la mencionada doctrina, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 314:312, entre muchos otros).

A mi entender, el sub examine es uno de esos casos, pues el a quo, al decidir, omitió que mediaron C. el lapso en que consideró que había transcurrido el máximo del plazo determinado en el art. 62, inc. 2 del Código PenalC, actos interruptivos de la prescripción, tales como las presentaciones del acusador privado de fs.

233, 245/246 y

/280.

En efecto, las piezas aludidas muestran, sin más, la voluntad de querellante en ejercer su pretensión punitiva a los fines de conseguir la realización del derecho sustantivo, configurando ello un avance cualitativo en el conocimiento de los hechos, habida cuenta que mediante aquéllas se instó expresamente la acción penal al solicitarse la continuación de las actuaciones bajo el trámite especial previsto para el cuño de las injurias.

Al respecto, es doctrina del Tribunal que constituyen "secuelas de juicio", interruptivas de la prescripción de la acción penal, las diversas presentaciones del acusador privado Cen un delito de acción privadaC, reveladoras de su sostenida voluntad persecutoria, procurando hacer avanzar la causa hacia su destino natural que es la sentencia, superando las distintas alternativas por las que debió atravesar (declaraciones de nulidad, derogación del delito de desacato, etc.), pero manifestando de manera indeclinable, en todas las instancias, su pretensión punitiva (Fallos: 321:2377, considerando 5°).

A mi juicio, aquellas peticiones C. datan del 2 de junio, 30 de septiembre y 17 de noviembre de 1993C, constituyen C. lo expresado ut supraC secuelas de juicio que interrumpieron la prescripción de la acción, en los términos del cuarto párrafo del art. 67 del Código Penal.

Precisado ello, es ilógico sostener en el sub lite C. lo hizo el a quoC que desde el 31 de marzo de 1992 hasta el 18 de mayo de 1994, transcurrió el máximo del lapso de que se trata sin que mediaran actos interruptivos.

Así las cosas, entiendo que la decisión es descalificable como acto jurisdiccional válido, en tanto prescindió de elementos comprobados en la causa que resultaban conducen-

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Procuración General de la Nación tes para la correcta solución del litigio.

Por lo expuesto, opino, corresponde hacer lugar a la queja interpuesta, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada, para que se dicte una nueva conforme a derecho.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2000LUIS S.G.W.