Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 5 de Diciembre de 2000, M. 1203. XXXI

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

M. 1203. XXXI.

ORIGINARIO

M., L. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 5 de diciembre de 2000.

Vistos los autos: "Minond, L. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", de los que Resulta:

I) A fs. 1/11 se presentan el contador Rodolfo F.

Castilla -en su carácter de síndico en los autos "Prodar S.A. s/ quiebra"- y el señor L.M. e inician demanda contra la Provincia de Buenos Aires y el doctor S.A.C.G..

Dicen que M. fue presidente de la sociedad referida, que alquilaba un inmueble destinado a depósito de mercaderías en la calle Florida 546 de la localidad de V.A., en aquella provincia.

Sostienen que el 17 de junio de 1989 el señor J.R.S. denunció ante el Juzgado en lo Correccional n° 2 de M. -a cargo del doctor G.- un hurto de mercadería en perjuicio de la cooperativa Supercoop, supuestamente cometido por personal de vigilancia de esta empresa. El hecho descripto nunca llegó a acreditarse y el 7 de julio de 1989 se elevó la causa en consulta al juez, sin que se registrara actividad procesal hasta el 5 de junio de 1991. En esta última fecha, el oficial A.C. declaró ante el jefe de la Brigada de Investigaciones de V.L. que a partir de "tareas de inteligencia e informaciones recabadas" pudo determinar que en el depósito antes mencionado existirían mercaderías de procedencia ilícita, entre ellas las hurtadas a Supercoop. Con estos insuficientes y sospechosos elementos probatorios y en violación a las normas de la Constitución provincial, el juez G. -a pedido del jefe de la Unidad Regional- ordenó el allanamiento del galpón y el secuestro de las mercaderías que se vincularan con la denuncia de S..

La autoridad policial secuestró la totalidad de la mercadería

y sólo labró un inventario varios días después. El magistrado -presente en el acto- ordenó el traslado de los bienes secuestrados, una parte de los cuales fue enviada a un galpón de un amigo del oficial Cortiñas. En realidad -concluyen- las autoridades policiales, con la anuencia del magistrado, se estaban apropiando de los bienes de Prodar S.A. Añaden que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de M. consideró que los bienes habían sido ilegalmente secuestrados, declaró la nulidad de la orden de allanamiento y de la incautación, ordenó la inmediata devolución de la mercadería y la remisión de copias a la Suprema Corte provincial, a fin de investigar la conducta del juez G..

Aducen que entre el momento del despojo y el de la devolución de la mercadería -que finalizó el 10 de septiembre de 1990-, ésta se redujo sustancialmente, lo que produjo a la sociedad un daño emergente de -al menos- $ 131.570. Además, P.S.A. se vio impedida durante ese lapso de continuar con su giro comercial y sufrió la pérdida del crédito, situación que culminó con su quiebra; ello le ocasionó un lucro cesante que estima en un mínimo de $ 235.032.

Señalan que M., por su parte, se vio privado durante más un mes de la posibilidad de ejercer su actividad comercial, sufrió un descrédito público y debió esperar oculto fuera de su domicilio hasta el 11 de julio de 1991, fecha en la que la cámara de apelaciones lo eximió de prisión. Esto le ocasionó un daño moral cuya reparación no podrá ser inferior al 60% del daño sufrido por la sociedad que preside. Asimismo, M. dice haber sufrido un daño material "a futuro" que estima en el equivalente a cinco años de remuneración de un gerente general de una empresa mediana, o sea $ 162.500.

Atribuyen todos estos perjuicios al procedimiento ilegal de las autoridades policiales y judiciales, lo que

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Corte Suprema de Justicia de la Nación traería aparejada la responsabilidad solidaria de la Provincia de Buenos Aires y del juez G..

II) A fs. 20/26 vta. se presenta el doctor S.A.C.G. y opone con carácter previo la excepción de prescripción. En subsidio, plantea las defensas de falta de legitimación pasiva -sobre la base de la inmunidad de proceso que pretende tener-, incompetencia y defecto legal.

También en forma subsidiaria contesta la demanda y pide su rechazo (fs. 28/33). Niega los hechos expuestos por los actores y desconoce la autenticidad de la documentación acompañada por aquéllos. Reconoce ser el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Correccional n° 2 de M. y dice estar suspendido en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento. Sin perjuicio de remitirse a la defensa presentada ante dicho tribunal, sostiene que la orden de allanamiento librada es formalmente inobjetable y se ajusta a las prescripciones de la Constitución de la Provincia (art. 14) y del código de forma (art. 191), según los cuales la medida resulta procedente cuando al menos una persona afirma bajo juramento que en determinado lugar hay cosas útiles para la comprobación de la verdad. En el caso, los recaudos impuestos por aquellas normas quedaron satisfechos con las declaraciones de los policías C. y M., quienes declararon bajo juramento que en el lugar allanado habría mercadería sustraída a Supercoop, con fundamento en operaciones de inteligencia.

Puntualiza que la decisión de trasladar las mercaderías secuestradas se basó en las previsiones de los arts. 101 y 105 del código citado y en las circunstancias del caso que refiere. Señala que los abogados del actor nunca acompañaron la prueba instrumental que acreditaría el dominio sobre la mercadería y que las órdenes de allanamiento, secuestro y traslado fueron ratificadas por la juez que lo reemplazó en la

tramitación del expediente. Dice que si realmente se produjo una desaparición de mercaderías, ello habría ocurrido después de su intervención y que no puede imputarse al magistrado la actuación de los funcionarios policiales, ya que la responsabilidad sobre la conducta de éstos recae sobre sus jefes. Alega que al librar las órdenes cuestionadas obró con prudencia y motivó razonadamente cada una de ellas de acuerdo a la normativa aplicable.

III) La Provincia de Buenos Aires comparece a fs.

52/64 y opone igualmente la prescripción como defensa previa.

Asimismo contesta la demanda subsidiariamente y solicita su rechazo. Niega los hechos allí invocados y la autenticidad de la documentación ofrecida.

Enumera una serie de circunstancias que considera sugestivas y que a su juicio demostrarían la inexistencia de relación causal entre el secuestro y devolución de las mercaderías y el posterior estado económico de la sociedad. Agrega que la mera existencia de un proceso no es susceptible de producir los perjuicios (imposibilidad de proseguir con el giro comercial y daño moral) invocados. Señala asimismo que la mercadería secuestrada fue devuelta en su totalidad, que no hubo demora en la restitución y que, en caso de haber existido, ésta tampoco podría haber sido la causa de los daños alegados. Añade que el secuestro de la mercadería no justificaba el ocultamiento de la supuesta víctima ni le impedía la defensa de sus derechos. Atribuye culpa a los demandantes, de manera que el daño que alegan sólo a ellos sería imputable.

Por otra parte, niega el valor atribuido a los bienes secuestrados y la legitimidad de su tenencia por parte de los actores.

Aduce que los perjuicios alegados no pueden atribuirse al servicio policial, pues los funcionarios que ins-

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Corte Suprema de Justicia de la Nación truyeron el sumario actuaron en carácter de auxiliares y delegados del juez interviniente.

Agrega que tampoco existe responsabilidad estatal por actos jurisdiccionales, dado que no se verifica la comisión de un error manifiesto que configure una falta de servicio de la función judicial. Puntualiza que la sentencia definitiva de la cámara ordenó la inmediata devolución de la mercadería y ésta le fue restituida al actor, a quien se le otorgó la exención de prisión, de manera que no puede hablarse de error judicial que lo perjudique.

F. diversas consideraciones en torno a la inexistencia de los perjuicios invocados y a la falta de nexo causal con la conducta que se atribuye a la provincia e impugna los rubros y sumas reclamados. Asimismo insiste en que -a todo evento- debe valorarse la negligencia de los actores, quienes no concurrieron al depósito al realizarse el secuestro ni acreditaron la propiedad de la mercadería.

IV) El codemandante M. contesta las excepciones previas y solicita su rechazo por las razones que expone a fs.

65/68.

P.S.A. se adhiere a los términos de esa presentación (fs. 69).

V) A fs. 79/80 el tribunal difiere el tratamiento de las excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción para el momento de dictar sentencia y rechaza las de incompetencia y defecto legal.

Considerando:

  1. ) Que por su índole y efectos propios, corresponde examinar en primer término la excepción de prescripción opuesta con sustento en el art. 4037 del Código Civil.

    A criterio de los actores el plazo bienal previsto en la norma citada se encontraría suspendido, tanto por el enjuiciamiento del juez G. como por la causa penal 45.044 que tramita por ante el Juzgado en lo Criminal y Co-

    rreccional n° 9 de San Isidro, procesos en los que su parte habría actuado como acusadora (art. 3982 bis del código citado). Asimismo, destacan que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ordenó instruir un proceso penal contra el doctor G..

  2. ) Que el 13 de noviembre de 1992 los actores promovieron una demanda similar a la presente que dio origen a la causa P.388.XXIV "P.S.A. y otro c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", en la que se declaró la caducidad de la instancia. Si bien dicho acto procesal no ha producido efecto interruptivo sobre la prescripción (art.

    3987 del Código Civil), resulta útil para delimitar su punto de partida, pues revela que al menos en aquella fecha el daño invocado ya sería -a criterio de los reclamantes- cierto y susceptible de apreciación.

  3. ) Que la prescripción liberatoria no puede separarse de la causa de la obligación jurídicamente demandable (Fallos: 321:2310 y su cita). En el caso, la responsabilidad que se atribuye a la Provincia de Buenos Aires por la presunta actuación irregular de su policía y de su Poder Judicial encuentra su fundamento jurídico en el art. 1112 del Código Civil (Fallos: 307:821 y 315:1902, entre otros). Se trata, entonces, de una eventual responsabilidad directa, no refleja, lo que torna inaplicable el art. 3982 bis respecto del Estado provincial, que por no ser una persona física no puede ser querellada criminalmente (Fallos: 321:2310).

  4. ) Que asimismo conviene recordar que según establece el art. 3981 del Código Civil, "el beneficio de la suspensión de la prescripción no puede ser invocado sino por las personas, o contra las personas, en perjuicio o a beneficio de las cuales ella está establecida, y no por sus cointeresados o

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación contra sus cointeresados". Por ende, la suspensión es relativa y sólo perjudica a la persona contra quien se ha dirigido la querella, sin propagarse de uno a otro deudor (confr.

    L., J.J., "Tratado de derecho civil -Obligaciones", t. IV-B, págs. 36 y 37; S., A.E., "La querella como causa de suspensión de la prescripción de la acción civil", JA 1973-575").

    En consecuencia, sin entrar a considerar si las presentaciones de L.M. y de Prodar S.A. como "particulares damnificados" en el proceso penal seguido contra los policías C. y M. (confr. fs. 22/23, 25, 235 y 268 de la causa 45.044, cuya copia está reservada en secretaría) podían o no asimilarse a la "querella criminal" a que alude el art. 3982 bis del código citado, lo cierto es que ellas de ningún modo podrían suspender la prescripción respecto del Estado provincial.

  5. ) Que como consecuencia de lo hasta aquí expuesto cabe concluir en que a la fecha de promoción de la presente demanda (9 de octubre de 1995) la acción contra la Provincia de Buenos Aires se encontraba prescripta. Por ende, corresponde hacer lugar a la excepción opuesta por dicha codemandada y rechazar la demanda a su respecto.

  6. ) Que en relación con el codemandado G., la causa no se encuentra aún en condiciones de emitir el pronunciamiento definitivo, pues según surge de las constancias del expediente 34.188 -cuya copia certificada también se encuentra reservada en secretaría- se encuentra en trámite ante el Juzgado en lo Criminal N° 4 de M. un proceso penal contra el ex magistrado, en el que se investigan los mismos hechos que dieron lugar a la presente acción civil (art. 1101 del Código Civil).

    °) Que sin perjuicio de lo expuesto en el considerando anterior, el rechazo de la demanda contra la Provincia de Buenos Aires hace desaparecer la razón que imponía la radicación de esta causa en sede originaria, dado que el codemandado G. no reviste el carácter de aforado (ver fundamentos del dictamen del Procurador General de la Nación de fs. 76/78, a los que oportunamente se remitió este Tribunal para desestimar la excepción de incompetencia, fs. 79/80). Por lo demás, el tratamiento de la defensa de prescripción opuesta por dicho codemandado obligaría al Tribunal a ingresar en el estudio de cuestiones ajenas a su competencia originaria, como las que se vinculan con el régimen de enjuiciamiento de los magistrados en el ámbito provincial.

    A lo expuesto cabe agregar que la naturaleza excepcional de la competencia originaria de la Corte, derivada del art. 117 de la Constitución Nacional, autoriza la declaración de incompetencia de oficio y en cualquier estado del proceso (Fallos: 318:183, sus citas y otros).

    Por ello, se decide: I) Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la Provincia de Buenos Aires y, consecuentemente, rechazar la demanda a su respecto, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    II) Declarar la incompetencia de esta Corte para entender en instancia originaria respecto de la acción ejercida contra el codemandado S.A.C.G.. N.. JULIO S. NAZARENO - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - EN- R.S.P. -G.A.F.L. -A.R.V. (según su voto).

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación VO

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    Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON A.R.V. Considerando:

  7. ) Que por su índole y efectos propios, corresponde examinar en primer término la excepción de prescripción opuesta con sustento en el art. 4037 del Código Civil.

    A criterio del coactor Minond (fs. 65/65 vta.), con la adhesión en este aspecto del síndico concursal de Prodar S.A. (fs. 69), el plazo bienal previsto en la norma citada se encontraría suspendido, tanto por el enjuiciamiento del juez G., como por la causa penal 45.044 que tramita por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 9 de San Isidro, procesos en los que su parte habría actuado como "acusadora" (sic), siendo de aplicación, entonces, lo previsto por el art.

    3982 bis del citado código. Asimismo, destacan que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ordenó instruir un proceso penal contra el doctor G..

  8. ) Que, de acuerdo al art. 3982 bis del Código Civil, la querella promovida contra el autor del delito tiene efecto suspensivo de la prescripción.

    Que la referencia hecha en ese precepto a la "querella" alude a una actitud cierta del damnificado que, superando la mera denuncia del delito, pretende participar en el trámite judicial y defender activamente sus derechos con el máximo de facultades admitido por el ordenamiento local. De ahí que, corresponda asimilar, en cuanto a los efectos sobre el curso de la prescripción, la presentación de la parte actora en la causa criminal -seguida contra los policías C.- ñas y M.- como "particular damnificado" (fs. 22/23, 25, 235 y 268 de la causa 45.044, cuya copia está reservada en secretaría), actividad procesal que, en la Provincia de Buenos Aires, se asemeja a la figura contemplada en la ley de fondo,

    permitiéndose así la aplicación de la referida causal de suspensión en el ámbito de ese Estado provincial (causa R.

    100.XXXII. "Ramos, H. y otra c/ Teve, V.I. y otros", sentencia del 5 de noviembre de 1996, voto de los jueces M.O.'Connor, L. y V..

  9. ) Que, empero, la suspensión antes indicada es relativa y sólo perjudica a las personas afectadas por la causa penal en la cual la parte actora se constituyó como "particular damnificada", pues tal como lo señala el art. 3981 del Código Civil "el beneficio de la suspensión de la prescripción no puede ser invocado sino por las personas, o contra las personas, en perjuicio o a beneficio de las cuales ellas está establecida, y no por sus cointeresados o contra sus cointeresados". Es decir, el efecto suspensivo antes aludido no se propaga en sus consecuencias jurídicas de uno a otro deudor, aun cuando se estuviera frente a obligados en forma solidaria (confr. L., J.J. "Tratado de derecho civil - Obligaciones", t. II-A, n° 1243, punto c, pág. 519, y t. IV-B, n° 2735, pág. 36; S., A.E. "La querella como causa de suspensión de la prescripción de la acción civil", JA 1973-doct., págs. 573/576, espec. punto 7 y autores citados en nota n° 17), situación esta última -la de la existencia de deudores solidarios- que es, precisamente, la que se establece en el caso de la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios en el campo aquiliano, teniendo la primera carácter indirecto en función de lo previsto por los arts. 43 y 1113 del Código Civil, y la segunda carácter directo a tenor de lo prescripto por el art. 1112 (Fallos: 320:568, voto del juez V., considerando 11 y siguientes).

    Por lo demás, el art. 3982 bis resulta inaplicable respecto del Estado provincial demandado por no ser una per-

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación sona física susceptible de ser perseguida criminalmente. A lo que no es inapropiado añadir, que la parte actora no se vio en lo absoluto en imposibilidad de ocurrir a la justicia para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual de la Provincia de Buenos Aires.

  10. ) Que, sentado lo anterior, cabe observar que el 13 de noviembre de 1992 los actores promovieron una demanda similar a la presente que dio origen a la causa P.388.XXIV.

    "P.S.A. y otro c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", en la que se declaró la caducidad de la instancia. Si bien dicho acto procesal no ha producido efecto interruptivo sobre la prescripción (art. 3987 del Código Civil), resulta útil para determinar un punto de partida, pues revela que al menos en aquella fecha el daño invocado ya era -a criterio de los reclamantes- cierto y susceptible de apreciación.

    Teniendo ello en cuenta; como asimismo lo señalado en el considerando anterior, debe ser concluido que a la fecha de la promoción de la presente demanda (9 de octubre de 1995), la acción contra la Provincia de Buenos Aires se encontraba prescripta, por lo que corresponde hacer lugar a la excepción opuesta por dicha parte y rechazar la demanda a su respecto.

  11. ) Que en relación con el codemandado G., la causa no se encuentra aún en condiciones de emitir el pronunciamiento definitivo, pues según surge de las constancias del expediente 34.188 -cuya copia certificada también se encuentra reservada en secretaría- se encuentra en trámite ante el Juzgado en lo Criminal N° 4 de M. un proceso penal contra el ex magistrado, en el que se investigan los mismos hechos que dieron lugar a la presente acción civil (art. 1101 del

    Código Civil).

  12. ) Que sin perjuicio de lo expuesto en el considerando anterior, el rechazo de la demanda contra la Provincia de Buenos Aires hace desaparecer la razón que imponía la radicación de esta causa en sede originaria, dado que el codemandado G. no reviste el carácter de aforado (ver fundamentos del dictamen del Procurador General de la Nación de fs. 76/78, a los que oportunamente se remitió este Tribunal para desestimar la excepción de incompetencia, fs. 79/80). Por lo demás, el tratamiento de la defensa de prescripción opuesta por dicho codemandado obligaría al Tribunal a ingresar en el estudio de cuestiones ajenas a su competencia originaria, como las que se vinculan con el régimen de enjuiciamiento de los magistrados en el ámbito provincial.

    A lo expuesto cabe agregar que la naturaleza excepcional de la competencia originaria de la Corte, derivada del art. 117 de la Constitución Nacional, autoriza la declaración de incompetencia de oficio y en cualquier estado del proceso (Fallos: 318:183, sus citas y otros).

    Por ello, se decide: I) Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la Provincia de Buenos Aires y, consecuentemente, rechazar la demanda a su respecto, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    II) Declarar la incompetencia de esta Corte para entender en

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    M., L. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación instancia originaria respecto de la acción ejercida contra el codemandado S.A.C.G.. N.. A.R.V..