Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 30 de Noviembre de 2000, F. 415. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

F. 415. XXXVI.

Fisco Nacional - Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Compañía de Transporte El Colorado S.A.C. s/ ejecución fiscal.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

I A fs. 3, la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante AFIP), inició ejecución fiscal contra Compañía de Transporte El Colorado S.A.C., por deuda correspondiente a una multa aplicada en el sumario DJGM n° 701/97 (Impuesto a las Ganancias DD.JJ. 1990 y 1991 -ver boleta de deuda de fs. 1-), con más sus intereses y las costas.

II A fs. 12/13 vta., la ejecutada opuso la excepción de inhabilidad de título. Dijo que la multa cuya ejecución se trata fue oportunamente apelada en los términos del art. 82 inc. a, de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), y que dicha causa -caratulada ACompañía de Transportes El Colorado S.A. c/ AFIP-DGI s/ resol. 9/6/99", expediente n° 26.503 del registro de la Mesa de Entradas del Fuero- se encontraba radicada, al momento de iniciarse la ejecución, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, ofreciendo la prueba oportuna para la demostración de su aserto.

Adujo que, a su entender, tal circunstancia acarreaba la inexigibilidad actual de la deuda, pues ésta no se encuentra firme ni ejecutoriada. Sin perjuicio de ello, expresó que, en realidad, en el caso se trata de un supuesto de litispendencia, pero como esta defensa no se halla prevista entre las expresamente contempladas en el art. 92 de la ley de rito tributaria, entiende que el supuesto debe desarrollarse

dentro de la excepción que opuso.

III A fs. 32/33, la jueza de primera instancia rechazó la excepción de inhabilidad de título y, asimismo, la litispendencia aducida, mandando llevar adelante la ejecución.

Para así decidir, consideró -en cuanto a la primera defensa- que procede sólo ante vicios extrínsecos del certificado de deuda, el cual, en el caso sub examine, cumple con todos los requisitos exigibles. Por lo demás, la excepción es admisible, a su entender, sólo si se niega la deuda, extremo que la demandada omitió.

En cuanto al supuesto de litispendencia -al que consideró como una verdadera excepción-, sostuvo que si bien no está prevista en forma expresa en la Ley de Procedimientos Tributarios, ello no impide su articulación, toda vez que constituye una defensa exclusivamente procesal que tiene por finalidad evitar pronunciamientos contradictorios. Sin embargo y, sin proveer la prueba ofrecida por la ejecutada, afirmó que no se encuentra configurada en autos, puesto que no se está frente a otro juicio ejecutivo con identidad de partes y en razón del mismo título y, además, no hay coincidencia en la posición jurídico-procesal de las partes en ambos procesos.

IV Disconforme, la ejecutada interpuso el remedio federal que luce a fs. 36/39 vta., cuya concesión por el a quo trae el asunto a conocimiento del Tribunal. Sostiene que el fallo es arbitrario y violatorio de los arts. 16, 17, 18, 19 y 28 y concordantes de la Constitución Nacional, en tanto

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Fisco Nacional - Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Compañía de Transporte El Colorado S.A.C. s/ ejecución fiscal.

Procuración General de la Nación afectan su derecho de propiedad y de defensa en juicio.

Plantea que el decisorio apelado omitió considerar lo prescripto en el art. 51 de la ley 11.683, en cuanto dispone la suspensión del pago de las multas aplicadas por la administración -tras la necesaria realización del sumario previo, conforme los arts. 70, 71 y cc. de la citada leycuando las mismas hayan sido objeto de las acciones o de los recursos previstos en los arts. 76, 82 y 86.

Sostiene que, en consecuencia, la ejecución intentada por el Fisco es improcedente, puesto que la sanción fue oportunamente impugnada a través de la demanda contenciosa, cuya existencia fue alegada y ofrecida la pertinente prueba.

Aduce que la magistrada yerra al rechazar la configuración de un supuesto de litispendencia, dado que -de acuerdo a los términos del escrito obrante a fs. 12/13 vta.-, su parte nunca interpuso tal defensa sino que, en realidad, ante la ausencia de aquélla dentro de la enumeración taxativa del art. 92 de la ley 11.683, consideró adecuado encuadrar dicho supuesto en la excepción de inhabilidad de título, ya que igualmente existía manifiesta inexigibilidad de deuda.

Por otra parte, adujo que la sanción que se ejecuta se halla condonada por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 93/00, razón por la cual la deuda perseguida por la AFIP es asimismo inexigible.

V Es doctrina reconocida del Alto Tribunal que ALas decisiones recaídas en los juicios ejecutivos y de apremio no son, como principio, susceptibles de recurso extraordinario,

pues no revisten el carácter de sentencias definitivas en los términos del art. 14 de la ley 48" (Fallos: 311:1724). Empero, V.E. ha señalado que ATratándose de juicios de apremio, la vía extraordinaria procede, en forma excepcional, cuando resulta manifiesta la inexistencia de deuda exigible, pues lo contrario importa privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales@ (Fallos:

312:178; 318:1153, entre otros).

Por otra parte, entiendo que los agravios del recurrente suscitan cuestión federal bastante para su examen por la vía elegida, no obstante que las cuestiones debatidas sean de hecho y prueba, toda vez que lo resuelto admite revisión en supuestos excepcionales cuando se omite ponderar argumentos conducentes para la correcta solución del pleito e importa la aplicación mecánica de una norma legal (conf.

Fallos:

318:1153).

En efecto, en el caso sub examine, resulta que desde su primera presentación en juicio (ver fs. 12/13), la ejecutada articuló su defensa basada en la inexigibilidad de la deuda reclamada, al sostener que, en forma tempestiva, interpuso una demanda contenciosa contra la resolución administrativa que confirmó, oportunamente, la aplicación de la multa impuesta por el organismo fiscal, conforme a lo establecido en el art.

82, inc. a de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). En forma concomitante, denunció dichos autos y ofreció la prueba informativa pertinente.

Tengo para mi que, de ello, se desprende que, ante la defensa opuesta por la ejecutada y para la correcta dilucidación del entuerto, el a quo omitió considerar adecuadamente dicho extremo, el cual, en caso de resultar comprobado,

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Procuración General de la Nación determinaría la inexigibilidad de la deuda reclamada, atento los términos del art. 51 de la ley 11.683, en tanto establece que ALas multas aplicadas deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los 15 (quince) días de notificadas, salvo que se hubiera optado por interponer contra las mismas las acciones o recursos que autorizan los artículos 76, 82 y 86" (énfasis agregado).

En estas condiciones, considero que, al omitir el a quo la producción de las medidas conducentes a la constatación de los extremos indicados -v.gr. omitir el libramiento del oficio solicitado a fs.

13-, la sentencia recurrida no satisface sino en forma aparente la necesidad de ser derivación del derecho vigente con adecuada referencia a los hechos de la causa, y por lo tanto, los agravios dirigidos a cuestionar su validez jurisdiccional, deben ser acogidos.

En consonancia con lo hasta aquí expuesto, cabe recordar, como la Corte lo ha sostenido en forma reiterada, que A. descalificables, en los términos de la doctrina de la arbitrariedad, las sentencias que, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y de propiedad (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional) omiten tratar cuestiones oportunamente planteadas por las partes y conducentes para la correcta decisión de la causa (Fallos: 322:569, considerando 3° y sus citas; Fallos: 318:634, entre otros).

VI Por lo expuesto, opino que cabe declarar formalmente admisible el recurso extraordinario de fs. 36/39 vta., revocar la sentencia apelada y devolverla al tribunal de ori-

gen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento, conforme a derecho.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2000.

N.E.B.