Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 30 de Noviembre de 2000, C. 1222. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

Competencia N° 1222. XXXVI.

Gallego, O. s/ infracción art. 292 del Código Penal.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

Entre los titulares del Juzgado Federal N1 1 de M. y del Juzgado de Garantías N1 1 del departamento judicial de La Matanza, ambos de la provincia de Buenos Aires, se suscitó la presente contienda negativa de competencia, con motivo de la denuncia formulada por R.H.A., en su doble calidad de apoderado y director, respectivamente, de las firmas ACeviara S.R.L.@ y AVertrans S.A.@, dedicadas a la verificación técnica de vehículos de transporte de pasajeros y carga. Ello, a raíz de haberse detectado en distintos centros de inspección vehícular, certificados similares a los provistos por la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT), que resultarían materialmente falsos, con sellos y firmas también apócrifas.

Como consecuencia de las tareas de inteligencia dispuestas en la causa, se logró el secuestro en el domicilio de C.O.G., en la localidad de La Tablada, provincia de Buenos Aires, de dos certificados, otros formularios en blanco y elementos destinados a su falsificación.

El juez federal que previno ordenó el procesamiento de Gallego por considerarlo Aprima facie@ autor responsable de los delitos previstos en los artículos 292 y 299 del Código Penal, y remitió luego las actuaciones por incompetencia a su par con jurisdicción en el lugar donde fueran hallados los documentos apócrifos (fs. 2/4 vta.).

El magistrado federal de M., se declaró a su vez incompetente, al considerar que de acuerdo a lo dispuesto por la resolución 417/92 de la Secretaría de Transporte, el otorgamiento de certificados por la inspección técnica de los vehículos de pasajeros y carga está en manos de talleres privados cuyos responsables no revisten la calidad de funcio-

nario público. A ello agregó que tampoco se vería afectado, por lo menos en forma directa, el patrimonio del Estado Nacional ya que son estos establecimientos los que directamente cobran a los usuarios por la prestación del servicio (fs.

8/10).

El juez local rechazó la declinatoria al sostener que, según la ya citada resolución 417/92, un organismo nacional es el responsable de arbitrar los medios para garantizar la seguridad de estos servicios y que, además, la posible afectación patrimonial del Estado no puede descartarse, toda vez que los certificados, planillas y obleas son provistas por las auditorías regionales de la Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte (fs. 13/14).

Con la insistencia del tribunal federal, quedó finalmente trabada la contienda (fs. 15/16 vta.).

Es doctrina de V.E. que la referencia del artículo 31, inciso 31, de la ley 48, y su concordante artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, respecto de los delitos que tiendan a la defraudación de las rentas nacionales, alude a los casos en que el daño sufrido por los bienes del Estado es el que corresponde al resultado directo de la acción típica de que se trata (Fallos: 310:1899 y 311:2530).

En tal sentido, si bien la venta de formularios destinados a la verificación de vehículos se realiza por intermedio del Banco de la Nación Argentina (artículo 9 de la resolución 417/92), esa circunstancia, a mi modo de ver, no coloca al caso entre aquellos supuestos, desde que aún así, las falsificaciones objeto de autos no importan un directo y efectivo perjuicio para las rentas del Estado.

Asimismo y habida cuenta que de los dichos del denunciante obrantes a fs. 21/22, no surge que la documentación apócrifa se haya presentado en alguna institución

Competencia N° 1222. XXXVI.

Gallego, O. s/ infracción art. 292 del Código Penal.

Procuración General de la Nación nacional, entiendo que tampoco se ha entorpecido el normal funcionamiento de organismos federales (Fallos:

323:777 y 857).

Por lo tanto considero que, corresponde a la justicia provincial continuar con la investigación de la causa.

Buenos Aires, 30 noviembre de 2000.

E.E.C.