Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 9 de Noviembre de 2000, R. 183. XXXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

R. 183. XXXIV.

R.O.

Re, I. s/ extradición.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 9 de noviembre de 2000.

Vistos los autos: A., I. s/ extradición@.

Considerando:

  1. ) Que contra la sentencia del juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 que declaró procedente la extradición de I.R. a solicitud de la Fiscalía General de Génova, República de Italia, para el cumplimiento de la condena de ocho años de reclusión y multa que se le impuso en orden a los delitos de tenencia y venta de sustancias estupefacientes, la defensa del nombrado R. dedujo recurso ordinario de apelación (fs. 304/306).

  2. ) Que en el escrito de fs. 324/334, el defensor particular de Re solicitó el rechazo del pedido de extradición con apoyo en que la sentencia extranjera que le dio origen fue dictada en rebeldía, circunstancia que resultaba violatoria de las garantías de defensa en juicio y del debido proceso.

    Además adujo que ello encontraba sustento en las disposiciones de la ley 24.767 -de aplicación subsidiaria- que impedían la concesión de una extradición cuando la condena A. hubiese dictado en rebeldía y el Estado requirente no diese seguridades de que el caso se reabriría para oír al condenado...@ (art. 11, inc. d); que resultaba falso lo afirmado por las autoridades italianas en cuanto a que Re se había fugado del país, toda vez que su alejamiento había sido producto de la autorización que aquéllas le concedieron y que durante la sustanciación del proceso judicial se había encontrado en un estado de indefensión.

  3. ) Que, por su parte, el señor P.F. sostuvo que sin perjuicio de que la condena fue dictada en rebeldía, la circunstancia de que el requerido haya permanecido detenido durante varios meses al comienzo del proceso,

    unida a lo que él mismo expresó durante la audiencia de que da cuenta el acta de fs.

    35/36, demostraba que había tenido efectivo conocimiento de la existencia del proceso penal instaurado en su contra y de los hechos que se le imputaban.

    Sostuvo además que, más allá de la falsedad argüida por la defensa en relación al documento de fs. 271/272 -del que surge que Re se había fugado mientras se encontraba cumpliendo arresto domiciliario-, la parte no había probado los extremos alegados, y señaló, por último, que también constaba en dicha documentación que el nombrado había sido asistido legalmente tanto en el juicio de primer grado como en el de segundo grado por una profesional del foro de Génova. Por ello, y al no haber considerado violadas las garantías de defensa en juicio y debido proceso, peticionó la confirmación del fallo apelado.

  4. ) Que más allá de las circunstancias relativas al modo en que Re se sustrajo del proceso, lo cierto es que conforme a constante jurisprudencia de esta Corte en materia de cooperación internacional a los fines de extradición, la entrega de condenados juzgados en contumacia en la República de Italia fue admitida siempre y cuando los antecedentes que acompañaban las respectivas solicitudes hubiesen acreditado que el régimen procesal italiano autorizaba, a los así condenados, a ser sometidos a un nuevo juicio en su presencia (Fallos: 319:2557, considerando 10 y sus citas).

  5. ) Que las condiciones exigidas por la jurisprudencia citada no se verifican en el sub judice. En efecto, de la nota agregada a fs. 271/272 surge que el Estado requirente no ha otorgado garantía alguna de que se realizará un nuevo juicio en presencia del requerido, A. cuanto en el ordenamiento procesal italiano no es posible recurrir a la impugnación de las sentencias pasadas a cosa juzgada más que en los casos de revisión...instituto de carácter extraordinario que

    R. 183. XXXIV.

    R.O.

    Re, I. s/ extradición.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación da derecho a un nuevo proceso, el que, si están dadas las condiciones y los fundamentos, puede concluir con la revocación de la sentencia de condena...@.

  6. ) Que a la luz de lo informado por el país requirente en el sentido expuesto en el considerando anterior, la entrega del condenado in absentia se torna improcedente, pues ello importaría una violación de las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso que amparan al sujeto requerido de extradición, aun cuando estos procesos son de naturaleza especial (Fallos: 311:1925).

  7. ) Que esta Corte ha establecido que tales garantías demandan la posibilidad de que el requerido haya tenido conocimiento de los hechos que se le imputan en razón de haber sido puesto en conocimiento de la acusación en su contra (Fallos: 321:1928 y sus citas), que se oiga al acusado y que se le dé ocasión de hacer valer sus medios de defensa en el momento y forma oportunos (doctrina de Fallos:

    128:417; 183:296; 193:408 y 198:467).

  8. ) Que de la circunstancia de que el requerido estuvo a derecho durante los primeros seis meses del proceso máxime cuando su duración fue de siete añoso de que su defensa técnica recurrió el pronunciamiento de primer grado, no puede deducirse que tales garantías fueron observadas desde que las autoridades italianas informaron que Re había estado rebelde tanto en el juicio de primera instancia como durante el juicio de apelación (fs. 140/141).

    En estas condiciones, el hecho de haber sido asistido por un defensor no subsana el agravio de las garantías invocadas, pues para ello resulta indispensable que quien sea acusado de un delito se encuentre presente en el proceso, tenga la posibilidad de defenderse personalmente o de ser

    asistido por un defensor de confianza, y de comunicarse libre y privadamente con él (arts. 18 de la Constitución Nacional; 14, inc. 3°, ap. d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8, inc.

  9. , aps. c y d, de la Convención Americana de Derechos Humanos).

  10. ) Que, en tales condiciones, corresponde que el Tribunal mantenga en el sub lite su línea jurisprudencial, puesto que el impedimento que señaló el Estado requirente a fs. 271/272, en tanto no ofreció garantía alguna de realizar un nuevo juicio en presencia del requerido, obstaculiza su entrega, máxime cuando las autoridades italianas informaron el estado de ejecución de la pena (fs. 140/141). Esta conclusión se ajusta a los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional (art. 27), que comprenden actualmente los consagrados en los tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional (art.

    75, inc.

    22 de la Ley Fundamental y Fallos: 321:1928, considerando 8°).

    10) Que, por todo lo expuesto, corresponde declarar procedente el recurso ordinario interpuesto y revocar la resolución apelada, denegando la extradición, ya que no es posible asignarle efectos en la jurisdicción argentina a la situación de condena creada en la República de Italia respecto de Re (Fallos: 322:1564).

    Por ello, oído el señor P.F. el Tribunal resuelve: Revocar el punto I de la sentencia de fs. 289/296 y denegar el pedido de extradición formulado por la República de Italia respecto de Ivo Re para el cumplimiento de la condena de ocho años de reclusión y multa impuesta por el Tribunal de Apelaciones de Génova.

    N. y remítase.

    JULIO S.

    NAZARENO (en disidencia)- EDUARDO MOLINE O=CONNOR - CARLOS S.

    FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI -

    R. 183. XXXIV.

    R.O.

    Re, I. s/ extradición.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- G.A.F.L. (en disidencia)- G.A.B. -A.R.V..

    DISI

    R. 183. XXXIV.

    R.O.

    Re, I. s/ extradición.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON JULIO S. NAZARENO Y DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ANTONIO BOGGIANO Y DON GUILLERMO A. F. LOPEZ Considerando:

    Que los infrascriptos coinciden con los considerandos 1° a 3° del voto de la mayoría.

  11. ) Que las circunstancias señaladas por el señor P.F. tornan aplicable en lo pertinente la doctrina de Fallos: 321:1928, disidencias de los jueces N., B. y L. a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitir en razón de brevedad.

  12. ) Que no obsta a lo expuesto lo manifestado en la nota verbal 453, presentada por la Embajada de la República de Italia, en cuanto señala que el país requirente no puede ofrecer garantías respecto a la realización de un nuevo juicio en presencia del requerido, "por cuanto en el ordenamiento procesal italiano no es posible recurrir a la impugnación de sentencias pasadas a cosa juzgada más que en los casos de revisión".

  13. ) Que, en el caso, la condena en rebeldía fue originada por la propia conducta evasiva del requerido en la jurisdicción del lugar del delito. En efecto, la nota verbal mencionada da cuenta del Informe del Departamento de Carabineros de Génova del 24 de septiembre de 1990 del cual surge que el nombrado se dio a la fuga cuando se encontraba en estado de arresto domiciliario dispuesto por el juez de investigaciones preliminares. Por ello no puede reclamar ante la autoridad que él ha desconocido el cumplimiento de preceptos cuya observancia elude, impidiendo por su acto propio su puntual satisfacción (conf. Fallos: 310:2093, 2322; 311:325).

  14. ) Que, en tales condiciones, no resulta de apli-

    cación lo expresado en el precedente "N." (Fallos: 319:

    2557) en cuanto condicionó la entrega de los condenados juzgados en contumacia en la República de Italia a que el país requirente ofrezca garantías bastantes para un nuevo juicio en su presencia. Ello es así pues a diferencia del presente caso, en aquél el requerido había sido condenado sin que existiera constancia del efectivo conocimiento de su parte de los cargos en su contra y sin que se le hubiera dado la posibilidad de ser oído y de ejercer su defensa.

  15. ) Que de las constancias de la causa surge que I.R. tuvo conocimiento de la existencia del proceso penal instaurado en su contra y de los hechos que se le imputaban (fs. 284/288). Por ello no cabe inferir violación constitucional alguna, pues el derecho de defensa ha sido preservado en modo suficiente según los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional (art. 27), que actualmente comprenden los consagrados en los tratados de derechos humanos. En efecto, estos principios y las demás garantías del debido proceso no conducen a la conclusión inexorable según la cuál jamás se reconocerán a los fines de la extradición las actuaciones extranjeras in absentia, pues ha de ponderarse en cada caso según la conducta contumaz del requerido.

  16. ) Que por otra parte, cualquier solución normativa que reglamente el proceso en ausencia -rebeldía o contumaciao, eventualmente, la garantía del debido proceso en otros términos a los consagrados en el derecho argentino importa de por sí violentar los principios del derecho público consagrados en la Constitución Nacional.

    Ello significaría imponer la solución jurídica consagrada sobre el punto en el derecho nacional, a un Estado extranjero.

    R. 183. XXXIV.

    R.O.

    Re, I. s/ extradición.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación 10) Que en tal sentido cabe considerar que Italia también es parte en tratados internacionales de protección de derechos humanos, con jurisdicción de la Corte Europea de Derechos Humanos a la cual el requerido podría eventualmente acudir si considerara, que el sistema previsto en el ordenamiento jurídico italiano, no cumple con la exigencia de ser "remedio eficaz". En efecto, el interesado podría procurar el acceso a las instancias supranacionales competentes, no sólo por considerar violentado su derecho a un proceso justo -art.

    6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos- sino, además, con fundamento en la ausencia de un remedio eficaz para ventilar el agravio -art. 13 cit.- (C., La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonte normativi in materia penale, Milán, 1969; H. van derW., Apres Soering: The relationship between extradition and human rights in the legal practice of Germany, the Netherlands and the United States, en Netherlands International Law Review, XLII, 1995, 53-80; S.S., The Guarantees for Accused Persons under Article 6 of the European Convention on Human Rights, Dordrecht, Boston, Londres, 1993, véanse especialmente las páginas 194 y sgtes. y 262 y sgtes.; M.194X.A., J.O. s/ infración ley 1612", disidencia de los jueces N. y B., pronunciamiento del 4 de mayo de 2000).

    11) Que esas garantías gozan de un amplio reconocimiento en el seno de la Corte Europea de Derechos Humanos (Colozza y Rubinat, sentencia del 12 de febrero de 1985, 7, EHRR). Por ello, invocar un concepto de orden público argentino en el sentido que lo entiende la recurrente, resulta una fundamentación contraria al principio de asistencia judicial internacional, cuyo fundamento radica en el interés común a todos los estados de que los delincuentes sean juzgados en el país a cuya jurisdicción internacional corresponde el conoci-

    miento de los respectivos hechos delictuosos (Fallos 308:887, considerando 2°; 318:373, considerando 5°) que por otra parte, juzgará el caso a la luz de la jurisprudencia regional sobre derechos humanos más conexa al mismo.

    12) Que, en tales condiciones, una decisión sobre la cuestión no compete a los jueces argentinos, lo contrario implicaría un avasallamiento de las órbitas de competencias de un país extranjero, con potencial menoscabo de las buenas relaciones bilaterales, y además de organismos supranacionales erigidos en el orden internacional con competencia para que, dentro del sistema de protección creado por el Convenio Europeo, velen por que las altas partes contratantes, entre las que se encuentra incluida la República de Italia, respeten los derechos fundamentales allí consagrados, conforme el compromiso asumido en los respectivos instrumentos de creación (M.194.X.A., J.O. s/ infración ley 1612", disidencia de los jueces N. y B., ya citada).

    13) Que, como se ha sostenido reiteradamente, compete a esta Corte velar porque la buena fe que rige la actuación del Estado Nacional en el orden internacional para el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional no se vea afectada a causa de actos u omisiones de sus órganos internos, cuestión a la que no es ajena la jurisdicción de esta Corte en cuanto pueda constitucionalmente evitarla (Fallos: 318:2311 disidencia del juez B.; 319:1427 disidencia de los jueces L. y B.; 321:3555 voto de los jueces B. y B.).

    Por ello, concordemente con lo dictaminado por el señor P.F., se confirma la sentencia apelada y se hace lugar a la extradición de I.R. por los delitos de tenencia y venta de estupefacientes por los que fuera solicitado por la

    R. 183. XXXIV.

    R.O.

    Re, I. s/ extradición.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación República de Italia. N. y remítase. JULIO S.N. -A.B. -G.A.F.L..