Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 11 de Octubre de 2000, G. 76. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

G. 76. XXXVI.

RECURSO DE HECHO

G.T., C. c/L.B., R. y otro.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

En autos, el Dr. C.G.T., dedujo demanda ordinaria contra el Dr. R.L.B. y demás magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, reclamando el daño moral derivado de una sanción disciplinaria que le fuera impuesta por dicho Alto Cuerpo.

El actor relató que el 8 de septiembre de 1992, presentó una nota al Tribunal Superior puntualizando la falta de consideración en que éste habría incurrido con motivo de la jubilación del ex-magistrado judicial Dr. G.D.R..

Expuso que el día 24 de septiembre de 1992, el texto de dicha nota apareció publicado en un diario local, y ese mismo día, el Tribunal Superior de Justicia, mediante el Acuerdo 242-A., le aplicó una suspensión de diez días por haber incurrido en grave falta de respeto, teniendo en cuenta su condición de reincidente por haber sido suspendido por un día, dieciocho años atrás, a raíz de una falta leve en su época de escribiente y estudiante.

Esta resolución - prosiguió -, fue entregada a la prensa, y apareció publicada el día siguiente (25 de septiembre de 1992), sin que se lo notificara previamente.

El actor dedujo recurso de reconsideración, que fue rechazado mediante el Acuerdo 275-A, del 27 de octubre de 1992, por lo que, al quedar agotada la vía administrativa, interpuso demanda contencioso-administrativa contra la Provincia por ante la Cámara de Segunda Nominación del fuero respectivo, demanda a la que se hizo lugar declarando la nulidad de ambos Acuerdos de Superintendencia.

La vencida interpuso apelación, pero por Acuerdo 156-A, del 3 de junio de 1994, el Tribunal Superior de Justicia pidió al Poder Ejecutivo que desistiera del recurso, con lo cual la sentencia anulatoria quedó firme y ejecutoriada.

A continuación de esta narración de los hechos, el actor expuso los fundamentos jurídicos de su pretensión resarcitoria (v. fs. 1/4 de los principales, agregados al expediente letra G., N° 857, L. XXXV, foliatura a citar en adelante).

La demanda fue articulada ante el señor Juez de Primera Instancia y 19na.

Nominación en lo Civil y Comercial, pero, frente a la inhibitoria planteada ante el propio Tribunal Superior de Justicia por dos de sus Vocales demandados, el Alto Cuerpo Provincial, una vez integrado - luego de resueltos los apartamientos, excusaciones, y recusaciones de que dan cuenta las constancias autos -, declaró su competencia para entender en la causa.

A fs. 70 el actor dirigió la acción, de momento, sólo en contra del Dr. R.L.B., codemandado solidario, haciendo reserva de ampliarla subjetivamente y en tiempo propio, respecto de algunos o de todos los que consideraba responsables civiles.

A fs. 661/710, el Tribunal Superior Ad-Hoc hizo lugar a la demanda, pronunciamiento contra el cual el Dr. L.B. interpuso el recurso extraordinario de fs. 71l/736, cuya denegatoria, de fs. 799/804, motiva la presente queja.

-II-

El recurrente tacha a la sentencia de arbitrariedad manifiesta, por adolecer de serias fallas en su fundamentación y no ser derivación razonada del derecho vigente.

Aduce, en primer lugar, que en autos se ha configurado violación del principio del juez natural, argumentando, principalmente, que el actor enderezó su actividad procesal a lograr un tribunal a su medida.

Señala que el accionante pretendió inicialmente seguir esta acción ante el Juez de Primera Instancia, pero fracasado su intento, debió aceptar la instancia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de

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Procuración General de la Nación Justicia en Pleno, situación que, con aquel propósito, lo llevó no solamente a recusar a magistrados, sino también a lograr la separación de los Secretarios, Funcionarios y empleados naturales del Cuerpo.

Reprocha que el Tribunal fue constituido ad hoc, en violación a los principios que lo rigen, con incoherencia inusitada, ya que, con los mismos fundamentos con que se aceptaban ciertos apartamientos, eran rechazados otros; nunca contra el pedido del actor, e incluso - agrega -, con un arbitrario empleo de los decretos de mero trámite.

Critica, en segundo lugar, que la resolución impugnada se ha dictado en violación a las garantías constitucionales de razonabilidad y coherencia.

Sostiene que responsabilizar como autor doloso, en condición de hecho ilícito civil, la presencia y la firma del Presidente del Tribunal Superior en una resolución que impuso una sanción a un juez de Cámara con voto unánime de sus integrantes, es una irracionalidad inconcebible y una incoherencia inaceptable.

Argumenta que la ley local en la materia, establece que el P., en cuestiones como las que se discute, sólo vota en caso de empate, supuesto que no se dio ni cuando se aplicó la sanción, ni cuando se rechazó la revocatoria de la misma.

En consecuencia - prosigue -, condenar por dolo en los términos del Código Civil, exclusivamente al Presidente del Tribunal Superior de Justicia porque en juicio contencioso administrativo se anuló aquella resolución, es irracional, ilógico e incongruente.

Expresa que es evidente que si en un Acuerdo de un Cuerpo Colegiado el Presidente no tiene derecho a votar, su firma al pie del acta sólo certifica la decisión mayoritaria para otorgarle a la sentencia la validez de instrumento público, por lo que, calificar de dolosa la actuación de quien no tenía

derecho a votar, es una incoherencia que raya la irrazonabilidad más absoluta.

Alega a que hubo un expreso marginamiento de los principios básicos de la responsabilidad civil, y que la prescindencia de la ley expresa aplicable, es una irracionalidad que agrede el debido proceso en los términos del artículo 18 de la Constitución Nacional.

Manifiesta que se han violado los artículos 1109 y concordantes del Código Civil, en tanto se le imputa la ejecución de un hecho, votar, que no solamente no hizo, sino que no podía hacer.

La base de la responsabilidad por hecho ilícito civil - dice -, es la culpa o negligencia que produce daño, y que en el caso, no existió ni culpa ni negligencia de su parte.

Añade que no hubo omisión dolosa, pues no tenía derecho a votar y no lo hizo, y que no hay constancia alguna en el texto del acta, de la voluntad de quien se dice que actuó dolosamente, por lo que se ha marginado el artículo 933 del Código Civil, al igual que el artículo 922, aplicables al caso.

A continuación cita jurisprudencia y doctrina en apoyo de sus argumentos y luego transcribe las proposiciones de la sentencia que, a su entender, demuestran la animosidad inhabilitante del juzgador hacia el demandado recurrente.

En tercer lugar, alega gravedad institucional, sobre la base de que la sentencia es singularmente peligrosa, toda vez que lo que le pasó en esta causa al ex Presidente del Superior Tribunal de la Provincia de Córdoba, le puede acaecer a cualquier Presidente de cualquier Tribunal de naturaleza análoga.

Expresa que en el caso de autos, la gravedad institucional acoge un tema de índole constitucional evidente, como es la violación del debido proceso legal sustantivo, adjudicando responsabilidad dolosa al Presidente de un Cuerpo Cole-

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Procuración General de la Nación giado por una decisión en la que el nombrado no votó, y cuya presencia y certificación de firma en el acta, hace a la normativa vinculada con la mecánica operativa normal del Cuerpo.

-III-

Al interponer el recurso de queja, invoca como antecedente necesario para ser tenido en cuenta, la queja anterior que tramita ante V.E. como Expediente "G. 857, L. XXXV", que solicita sea tenida como parte integrante de la presente.

Aquella queja fue planteada ante la denegatoria de fs.

2l/25 al recurso extraordinario deducido a fs. 8/13, foliatura que corresponde al expediente que corre por cuerda, caratulado: "Recurso Extraordinario interpuesto contra el proveído de fecha 28-7-99 en:

Para agregar en autos:

G.T.C. c/ R.L.B. - Ordinario".

En dicha presentación la parte se agravió porque el Tribunal Superior de Justicia, a fs. 7, denegó los pedidos de pronto despacho relativos a que se ordenara el traslado del presente recurso extraordinario.

Adujo que el a quo, apenas recibió el escrito del recurso, proveyó teniéndolo por presentado, pero no ordenó el traslado del mismo.

Reprochó que, en vez de cumplir con los términos del artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aceptó que se dedujeran por parte de la actora, un conjunto de incidentes tendientes a percibir honorarios correspondientes al trámite de la causa en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, y que, entre tanto, sus pedidos para que se produjera el traslado del recurso fueron denegados por el Tribunal Superior.

Planteó la cuestión de violación a la ley federal en indebido beneficio y prelación a normas locales en materia de procedimientos.

Señala que el actor, en forma anómala, sin resolución que ordene el traslado, respondió a su recurso a fs. 780.

Aduce que, si bien es cierto que aquella queja "G 857, L

XXXV", resulta hoy abstracta, no lo es en lo que se refiere a su oportuna procedencia y a la imposición de las costas y costos, que pide contra el actor.

Solicita que se resuelva conjuntamente con la presente, se impongan las costas de aquélla al actor y se tengan presentes las reservas de repetición y las que, a resultas de lo que resuelva V.E., tendrá derecho a cumplimentar con relación a los pagos indebidos de honorarios a que lo condenó el Tribunal Superior de Córdoba.

-IV-

Corresponde que me ocupe, en primer lugar, de la crítica relativa a la violación del principio del juez natural.

Debo recordar al respecto, que esta garantía, así como las del debido proceso y de la defensa en juicio, exigen tanto que el tribunal se halle establecido por ley anterior al hecho de la causa, cuanto que haya jueces que hagan viable la actuación de aquél en las causas en que legalmente se le requiera y le corresponda.

Teniendo ello presente, se advierte que en el sub lite, todos quienes constituyeron el tribunal, eran jueces de cámara designados con anterioridad a los acontecimientos que dieron lugar a la iniciación del juicio, y que su integración se efectuó conforme a los mecanismos de reemplazo previstos por la ley local, sin que el demandado se viera privado de efectuar oportunamente las impugnaciones que estimara convenientes.

Tampoco se observa que hayan mediado sustituciones ilegales, o que se haya constituido una comisión especialmente creada al efecto.

En consecuencia, en cuanto a este punto, resulta aplicable la doctrina de V.E., en orden a que los agravios referentes a la integración del tribunal de la causa no plantean cuestión federal que dé lugar al recurso extraordinario, por remitir al análisis de normas de derecho común y procesal local; máxime cuando las cuestiones sobre el particular han

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Procuración General de la Nación sido resueltas con fundamentos suficientes que, al margen de su acierto o error, descartan la viabilidad de la tacha de arbitrariedad (Fallos: 308:1347).

La Corte tiene dicho asimismo, que es materia propia de los jueces de la causa y ajena por ende al recurso extraordinario, la que se refiere a la constitución e integración de los tribunales, la vinculada con las formalidades de la sentencia, y el modo de emitir el voto de los jueces cuando aquéllos son colegiados (Fallos: 274:277; 281:306; 304:154; 315:978; 320:2485).

-V-

Ahora bien, de las demás cuestiones traídas a esta elevada instancia, la que sin duda ocupa el primer orden, es la relativa a determinar si, en el caso, cabe atribuir responsabilidad civil al recurrente por las resoluciones de superintendencia dictadas por decisión unánime del Cuerpo Colegiado que presidía, y que luego fueron declaradas nulas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, tribunal local competente en la materia.

Más allá de si, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, el apelante podía o no emitir su voto en los Acuerdos de Superintendencia, o de si efectivamente lo hizo o no en los que dieron lugar al reclamo del actor - temas que, por otra parte, remiten al examen de normas de derecho público local y a cuestiones de prueba, ajenas, como regla y por naturaleza, a esta instancia extraordinaria -, el asunto principal a dilucidar, gira, reitero, alrededor de la atribución de responsabilidad civil a los señores Vocales del Máximo Organismo Judicial provincial, que aplicaron una sanción a un magistrado inferior por decisión acorde de todos, pero que, al ser apelada, fue dejada sin efecto.

Así delimitado el marco primordial de la controversia, estimo, en principio, que no puede cuestionarse la legitimidad del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba para actuar en el caso, en el marco del ejercicio de sus facultades de superintendencia, respecto del cual, como principio sustantivo, no cabría responsabilizar civilmente a sus miembros por una decisión que luego es considerada equivocada y declarada nula por otro tribunal, pues de lo contrario, estaríamos admitiendo que las decisiones de los jueces en este aspecto, pudieran encontrarse condicionadas o presionadas a priori, frente a la posibilidad cierta de que la eventual anulación de las mismas en la apelación respectiva, trajera aparejada una acción por daños y perjuicios en su contra.

A mi entender, no puede sostenerse, en rigor, que el tribunal cuestionado se haya manejado fuera del marco institucional aludido, desde que no se advierte en su actuación una manifiesta o exagerada inconducta, susceptible de producir, de manera maliciosa, un daño de tal magnitud que merezca ser reparado por cualquiera de sus integrantes contra el cual el presunto afectado dirija la demanda.

En efecto, la decisión del Tribunal Superior, al margen del grado de acierto o error en cuanto a la procedencia de la suspensión o al procedimiento de aplicación de la misma, no aparece - a mi criterio - como una medida que exhiba extremos agudos de iniquidad, ni puede rechazarse de plano su inteligencia, en principio posible, de diferenciar sus potestades según la gravedad de las conductas que juzga, esto es, si son merecedoras del juicio político o se limitan a situaciones de menor entidad juzgables en dicho marco de superintendencia, distinguiendo así la suspensión como paso previo al desafuero, de la medida que se trata, que se estimó como supletorio de otra de multa.

Y tampoco el daño aparentemente producido se presenta con un alcance tal, que no

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Procuración General de la Nación pueda considerarse corregido con la declaración de nulidad de los Acuerdos que impusieron la sanción.

Sobre el particular, no está demás señalar que, si bien por Acuerdo 156-A, del 3 de junio de 1994, el Tribunal Superior consintió la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declaró la nulidad referida, dejó a salvo que consideraba correcta su propia interpretación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que estimaba equivocada la proveniente del tribunal de menor jerarquía, pero que, valorando la conveniencia de mantener la armonía dentro del Poder Judicial, solicitaba al Poder Ejecutivo que no recurriera la sentencia.

A su vez, adjuntó un proyecto de ley que establecía que los tribunales inferiores no podrían modificar, anular ni revocar resoluciones de los tribunales de superior jerarquía (v. fs. 179/183).

La alusión a este antecedente, lo es a los fines de hacer presente que todas las decisiones del Tribunal Superior que se encuentran en tela juicio en el sub lite, se presentan como integrativas de su actuación funcional, y que, no obstante que otro tribunal las haya anulado por juzgarlas equivocadas, no constituyen a mi ver hechos u omisiones que puedan considerarse como un cumplimiento irregular de las obligaciones legales de sus integrantes, al punto de merecer la calificación de hechos ilícitos en los términos del artículo 1112 y concordantes del Código Civil, y menos aún, un delito - definido por el artículo 1072 del mismo Código -, por el que deban responder a título de dolo.

Conforme a lo expuesto, reitero mi parecer en el sentido de que, aceptar la atribución de responsabilidad a cualquiera de los miembros del tribunal, imponiéndoles el pago de una suma de dinero en concepto de daño moral, cuyo monto - pese a

que no fue objeto de agravio especifico en el recurso - resulta considerablemente elevado (equivale a seis retribuciones mensuales de un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, según se expresa a fs. 304 vta. de autos), significaría abrir un peligroso y amplio flanco en la materia, dentro del cual, los magistrados - como lo he manifestado precedentemente - podrían sentirse coercionados ante la posibilidad de que sus decisiones los expusieran a padecer una eventual condena como la de autos, cuando no se pruebe, con el rigor que es menester, que hayan actuado con iniquidad manifiesta.

-VI-

En cuanto a la primera queja, tramitada como expediente "G. 857, L.X.", y que el recurrente solicitó que sea tenida como parte integrante de la presente, corresponde señalar que el recurso extraordinario cuya denegatoria le dio origen, tuvo como único objeto que se ordenara al tribunal a-quo el cumplimiento del mandato del artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que dispone el traslado de la presentación.

El Tribunal Provincial denegó el recurso sobre la base de que no existía sentencia definitiva, ya que, la providencia que no hizo lugar a los pedidos de pronto despacho, fue suscripta sólo por el Presidente, circunstancia que, conforme a la ley local, habilitaba al peticionante para someter la cuestión a conocimiento del tribunal en pleno, mediante la pertinente revocatoria contra la aludida providencia.

Sin embargo, al margen de si, de acuerdo el rito local, el demandado tenía otra oportunidad procesal antes de interponer este segundo recurso extraordinario, debe tenerse presente el mencionado objeto único de tal interposición - la demora en el traslado del primer recurso -, y que luego devino abstracto por la contestación de la contraria sin que se

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Procuración General de la Nación hubiera ordenado dicho traslado.

En este contexto, es mi parecer que no cabía la suspensión del trámite del primer recurso por motivos ajenos a su esencia, esto es, por cuestiones accesorias e independientes de lo resuelto en el fallo.

Dicho esto, estimo que si V.E. admite la solución que propicio para el recurso principal, al revisarse la determinación e imposición de las costas, habrán de incluirse las correspondientes a esta queja, atento a que, no obstante a que devino abstracta en cuanto al fondo, es mantenida solamente en orden a las mismas.

-VII-

Con respecto a la oportunidad del planteo, corresponde señalar que, ante situaciones análogas (S.C. B.250, L. XXXV, "B.L.M. c/ Baca, O.M.", dictamen del 6 de junio de 2000) esta Procuración tiene dicho que, en principio, el requisito de la introducción oportuna sólo rige respecto de las cuestiones federales previstas en el artículo 14 de la Ley 48 (v. doctrina de Fallos: 308:568), que deben ser resueltas de modo previo por los jueces de la causa a fin de dar lugar a la intervención del Tribunal, último intérprete de las mismas.

Mas la arbitrariedad, como lo ha definido V.E., no es una cuestión federal de las efectivamente aludidas en la reglamentación del recurso extraordinario, sino, en rigor, la causal de nulidad del fallo por no constituir, a raíz de sus defectos de fundamentación o de formas esenciales, "la sentencia fundada en ley" a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Nacional.

De allí que las partes no tienen por qué admitir de antemano, que el juzgador podría incurrir en ese fundamental defecto.

Y por eso es que V.E. ha sido muy amplia al respecto, y sólo ha exigido el planteo previo en el supuesto en que la cámara confirma por iguales fundamentos la sentencia del juez de grado y ante ésta no se hubiera invocado

la tacha, desde que ello importa un consentimiento de validez que luego no permite introducirla tardíamente.

Porque, de lo contrario, habría que reservarla siempre, como un mecanismo indispensable, respecto de la eventual desatención de la totalidad de las propuestas de derecho o de hecho y prueba debatidas en la causa, desde que cualquiera de ellas, es previsible, podrían ser decididas de modo arbitrario.

Empero, el requisito de la reserva, como V.E. lo tiene dicho, no existe, en realidad, en el marco del recurso extraordinario - sería, obviamente, un excesivo rigorismo -, sino que la exigencia que debe cumplirse es el oportuno planteo de la cuestión federal, a fin de que los jueces puedan decidirla, planteo que incluso - dijo el Tribunal - no requiere de fórmulas sacramentales (v. doctrina de Fallos:

292:296; 294:9; 302:326; 304:148, entre otros).

No se trata, por consiguiente, de reservar sino de introducir.

Y la arbitrariedad, como se dijo, no es una cuestión a decidir, que, por ende, deba ser introducida, sino el defecto de invalidez jurisdiccional del que resguarda el artículo 18 de la Constitución Nacional - en cuya base ese elevado Tribunal fundamentó su creación pretoriana -, y que siempre ha de nacer, de modo indefectible, con el dictado del acto inválido.

Por todo lo expresado, opino que debe hacerse lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, y disponer vuelvan los actuados al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con el alcance indicado.

Buenos Aires, 11 de octubre de 2000.

N.E.B.