Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 19 de Septiembre de 2000, P. 76. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

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RECURSO DE HECHO

Paz, C.O. c/ Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército Procuración General de la Nación Suprema Corte:

I Contra la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, de Capital Federal, que confirmó, en lo substancial, la sentencia de la anterior instancia, y encuadró la situación del actor en los términos del art. 76, inc. 3, ap. c, de la ley 19.101, conforme texto ley 22.511, rechazando el planteo de inconstitucionalidad impetrado contra esta última (v. fs.

364/367 y 308/312), el accionante interpuso el recurso extraordinario federal a fs. 380/389, el que contestado por la demandada a fs. 394/395, le fue denegado a fs. 360 -foliatura real 396-, dando lugar a la presente queja (v. fs. 12/15 del respectivo cuaderno).

II En cuanto a los antecedentes del caso, creo conducente poner de resalto que el actor, en su carácter de ex conscripto del Ejército Argentino, inició demanda contra el Estado Nacional -Estado Mayor General del Ejército-, y reclamó se lo condene a otorgarle el haber de retiro establecido sobre la totalidad del sueldo y suplementos generales máximos del grado de cabo, que prescribían los arts. 77 y 78 de la ley 19.101 en su texto original, con fundamento en la enfermedad cardiovascular acaecida durante la prestación del servicio militar, de la que fue intervenido quirúrgicamente, quedando con una incapacidad que determinó se lo declarara disminuido en sus aptitudes físicas (D.A.F.).

Invocó que ingresó con plena aptitud física para el servicio y que la severa instrucción de guerra de que fue objeto en vísperas del conflicto con Malvinas, hizo que se desencadenara su cardiopatía, con manifestaciones de intenso dolor precordial, acompañado de agitación, desvanecimientos y

expectoraciones sanguinolentas, que puestas en conocimiento de la accionada, fueron desoídas por ésta, derivando ello en la operación cardiovascular que se le efectuó a posteriori, quedando con una incapacidad residual.

A los efectos de percibir el haber de retiro reclamado, planteó la inconstitucionalidad de la ley 22.511, en cuanto alteró el régimen de beneficio de los conscriptos inutilizados en y por actos de servicio y con incapacidad para la vida civil, superior o inferior al 66 por ciento de la total obrera y en la desigualdad que la ley genera respecto de esta última, vulnerando derechos de raigambre constitucional -arts.

14 bis, 16 y 28 de la Constitución Nacional- (v. fs. 7/12).

La contraria, por su parte, al contestar demanda, rechazó las pretensiones del actor y negó los hechos invocados. Reconoció que el actor encontrándose de franco en Buenos Aires, fue asistido en el Hospital Militar Central, donde se le diagnosticó que padecía una comunicación interauricular, cardiopatía de origen congénito, de la que fue operado, encontrándose curado, con una incapacidad para la vida civil del 30 por ciento, ajena a los actos de servicio.

Rechazó la inconstitucionalidad planteada por el actor respecto de la ley 22.511, por considerarla justa y equitativa, y que no vulnera ningún derecho constitucional (v. fs. 24/26).

Acogida parcialmente la demanda por el señor juez de primera instancia, éste resolvió condenar a la demandada a abonar al actor una indemnización por incapacidad del 20 por ciento de la total obrera, en los términos de las leyes 14.777 y 19.101, texto modificado por la ley 22.511. En tal sentido consideró que si bien la enfermedad era de origen congénito, ésta se desencadenó por los esfuerzos del servicio.

Con relación al planteo de inconstitucionalidad impetrado contra esta última normativa, éste fue rechazado, con fundamento en

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Paz, C.O. c/ Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército Procuración General de la Nación la reiterada y coincidente jurisprudencia de V.E. en la materia -Fallos:

318:1256; 316:2483; entre otros- (v. fs.

308/312).

Recurrida la sentencia del inferior por ambas partes, en cuanto consideraron vulnerados sus derechos (v. fs.

337/349 y 349/355), la alzada resolvió confirmar la sentencia apelada, con excepción de las costas que las impuso por su orden, y sostuvo el rechazo al planteo de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley 22.511, por no haber demostrado el actor la lesión al derecho constitucional de igualdad por él invocado (v. fs. 364/367).

Contra dicho pronunciamiento interpuso la actora a fs. 380/389 el recurso extraordinario federal, el que contestado por la contraria a fs. 394/395, fue rechazado por el a quo a fs. 360 -foliatura correcta 396-, decisión contra la cual se alzó en queja el actor, conforme señalé oportunamente.

III Se agravió el recurrente en cuanto el a quo rechazó el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por su parte respecto de la ley 22.511, modificatoria de la ley 19.101.

Fundamentó éste en que tanto el inferior, como el a quo, a su criterio, no interpretaron que la tacha de inconstitucionalidad interpuesta, se circunscribió a la cuantía de la indemnización tasada que le correspondía percibir al actor de acuerdo al porcentaje de su incapacidad, y no conforme lo entendieron en que lo pretendido era el haber de retiro que regía antes de la citada modificación, ante idénticas situaciones fácticas.

Manifestó en tal sentido, que el actor respetuoso del devenir legislativo y atento la fecha de su baja, aceptó como normativa aplicable a su caso el art. 76, inc. 3°, ap. c, de la ley 19.101, modificada por la 22.511 y su decreto

reglamentario 829/82, porque entendió que la intención del legislador al reemplazar el haber de retiro preexistente, era el de otorgar a los conscriptos que se incapacitaran con un grado menor al 66 de la total obrera, una adecuada indemnización.

Por lo expuesto consideró el accionante que el recurso extraordinario era procedente, en cuanto se cuestionó una norma de carácter federal, como es el art. 76, inc. 3, ap. c, de la ley 19.101, modificado por ley 22.511. Con relación al agravio vertido por el actor, entiendo que no le asiste razón al quejoso en cuanto les reprocha, tanto al juez de primera instancia, como al quo, el haber interpretado erróneamente el planteo de inconstitucionalidad interpuesto.

Por el contrario, estimo que la cuestión fue estudiada adecuadamente, conforme los planteos de derecho que en su momento efectivamente formuló el demandante. En tal sentido, ambos son contestes en la improcedencia del reclamo efectuado sobre la base de una normativa que, a la fecha de baja del actor, no se encontraba vigente.

Al respecto, cabe señalar que fue el propio recurrente quien, en su escrito de inicio, peticionó por su incapacidad un haber de retiro mensual de conformidad con lo normado por los arts. 77 y 78 de la ley 19.101 en su texto original, planteando la inconstitucionalidad de la ley 22.511, con fundamento en los arts. 14 bis, 16 y 28 de la Constitución Nacional, en cuanto alteró el régimen prescripto por la citada en primer término, estableciendo, a su criterio, una manifiesta desigualdad entre los conscriptos inutilizados en y por actos de servicio con un grado de incapacidad superior al 66 por ciento o inferior a éste, al mantener para los primeros un haber de retiro mensual y vitalicio, y para los últimos una indemnización a percibir por única vez, no superior a treinta

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RECURSO DE HECHO

Paz, C.O. c/ Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército Procuración General de la Nación y cinco salarios de cabo proporcional al porcentaje de su padecimiento, por lo que peticionó se le aplicara la normativa vigente con anterioridad (v. fs. 7/8 vta. in fine 9/10).

Es posteriormente que introduce, extra petita, que la tacha de inconstitucionalidad por él interpuesta se circunscribía a la cuantía de la indemnización tarifada normada por el art. 76, inc. 3, ap. c, de la ley 22.511, introduciendo un planteo de desigualdad que no surge probando -conforme lo advirtió con acierto el a quo- entre lo que les correspondía percibir a los conscriptos incapacitados en más o en menos de un 66 por ciento, pero en el marco de la propia ley, reiterando que no constituía una adecuada indemnización conforme al espíritu de ésta. Igual planteo reproduce en el recurso extraordinario y en la queja (v. fs. 349/355, 380/389 y 12/15 del respectivo cuaderno).

Esto último fue así por cuanto advirtió, a mi criterio tardíamente, que el planteo originario efectuado, había sido ya resuelto en forma pacífica, reiterada y concordante por V.E., a favor de la constitucionalidad de la ley 22.511, modificatoria de la ley 19.101, conforme se desprende de los fallos por él mismo citados; no ocurriendo lo mismo con la nueva tacha de inconstitucionalidad, cuya improcedencia y extemporaneidad resultan a todas luces manifiestas, por lo que entiendo debe ser rechazada en cuanto modifica lo peticionado en el escrito de inicio (Fallos: 181:290; 188:394; 190:368; 194:220; 310:159; 316:66; 320:27).

Sin perjuicio de ello y a todo evento creo oportuno recordar, en cuanto a la inconstitucionalidad interpuesta por el actor en su demanda, que es jurisprudencia de V.E. que la diferencia existente entre las situaciones anteriores y posteriores a la sanción de un nuevo régimen legal no configura

agravios a la garantía de igualdad, porque de lo contrario toda modificación legislativa importaría desconocerla (Fallos:

299:181; 300:194; 318:1237), y que no existe un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones (Fallos: 305:2205; 308:199, 1361; 316:2483; 318:1237), de modo que las normas pueden ser deformadas o dejadas sin efecto como consecuencia del ejercicio de las facultades propias del legislador (Fallos: 304:1374).

Asimismo, la Corte ha sostenido que la impugnación de inconstitucionalidad no es pertinente cuando el fin con que se la persigue no es la inaplicabilidad del texto objetado, sino el restablecimiento de un régimen normativo derogado conforme pretende el actor en su escrito de demanda-, lo cual es de incumbencia del legislador (Fallos: 237:24; 255:262; 295:694: 318:1237).

En cuanto a la diferencia que introduce la ley 22.511, según el grado de invalidez entre quienes perciben un haber de retiro mensual (disminución superior al 66 por ciento) y aquellos que sólo tienen derecho a una indemnización única (incapacidad inferior a dicho porcentaje), la misma encuentra plausible justificación en la circunstancia de que los comprendidos en el primer grupo quedan virtualmente impedidos para el trabajo de la vida civil, cosa que no ocurre con los que integran la segunda categoría, que conservan cierta aptitud relativa para enfrentar la actividad laboral por sus propios medios (Fallos: 318:1257).

Es dable señalar también que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que el Poder Judicial quepa pronunciarse, salvo en aquellos casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario; circunstancias estas últimas que no se

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Paz, C.O. c/ Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército Procuración General de la Nación observan en la distinción legislativa aquí cuestionada (v.

Fallos: 318:1257).

Por todo lo expuesto, en mi opinión, no dimana de la sentencia recurrida que el a quo se haya apartado de la aplicación de la normativa vigente, de acuerdo con los antecedentes fácticos discutidos, ni mal interpretado la tacha de inconstitucionalidad efectuada por el actor. Por el contrario, de ella se desprende la razonabilidad de la solución propiciada y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos: 302:1284; 316:713).

V Por lo expuesto, opino, que el recurso de queja interpuesto por el actor debe ser desestimado.

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2000.

F.D.O.