Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 14 de Julio de 2000, L. 48. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

L. 48. XXXV.

RECURSO DE HECHO

L. viuda de H., A. c/G., F.R. y otros.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e:

- I - El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero revocó la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de 11 Nominación, e hizo lugar a la demanda entablada contra J.F.R. y la Municipalidad de La Banda por indemnización de daños y perjuicios.

Para así decidir consideró que la cuestión sustancial traída a estudio, es en rigor el grado que posee la influencia absolutoria del proceso penal sobre el civil. En tal sentido, señaló que la sentencia penal es susceptible de crítica porque concluye pronunciándose sobre cuestiones atinentes a la responsabilidad civil, atribuyendo responsabilidad a quien no fuera imputado, ni se constituyó en parte civil damnificada.

Expresó que la cuestión en litigio surge producto de la colisión de dos rodados de muy diferente envergadura y tamaño respecto de lo cual lo sustancial es medir el riesgo que entraña cada uno de ellos una vez puestos en circulación y por ello el derecho de daños ha concluido en la inaplicabilidad de la teoría de la compensación y en cambio se ha considerado aplicable a dicha situación el segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, siempre que no se haya probado la culpa de la víctima.

Por ello, concluyó, se responde cuando hay culpa y cuando no la hay, generándose la responsabilidad objetiva, en la que el apoyo del deber de

reparar surge de la idea de justicia.

Afirmó luego que las conclusiones del proceso penal en torno al análisis de la culpabilidad, no resultan aplicables al caso, por referirse a la responsabilidad civil, como cuando menciona que no hubo imprudencia, ni negligencia por parte del imputado o al tratar la culpa de la víctima exonerativa de la responsabilidad civil, y sobre el particular destacó que para que la misma opere como factor interruptivo del nexo causal, debe ser grave y de intensidad y que la negligencia, imprudencia o el caso fortuito no son suficientes para destruir la culpa objetiva o el riesgo imputable al dueño de la cosa.

Por otro lado destacó que la sentencia absolutoria en sede penal no hace cosa juzgada en el proceso civil, respecto de la culpa del imputado o de la víctima y por tanto, no habiendo sido acreditada la causal exonerativa en sede civil, ni siendo oponible lo avizorado en sede penal, corresponde la aplicación de el artículo 1113 segundo párrafo.

Siguió diciendo que en orden a lo expuesto, cabe también considerar que existen aristas que configurarían un agravamiento del riesgo y que llevarían a que el dañador respondiera a título de culpa, no sólo por acción sino también por omisión y la sentencia del tribunal de segunda instancia no consideró las cuestiones relativas a la mecánica del accidente, al estimar que se hallaban tratadas por el tribunal penal, tales como que el camión circulaba en forma antirreglamentaria por la mitad de la calzada, que el conductor salió a la ruta conociendo que no funcionaba el limpiaparabrisas no obstante el día lluvioso, que carecía del carnet de conducir, lo que crea una presunción de impericia y de

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Procuración General de la Nación culpa que debe destruir.

Agregó que, analizando las constancias de la inspección ocular, cabe concluir que el impacto se produjo a escasos un metro del inicio del cruce, lo que destruye el principio de la prioridad de paso del que circula por la derecha, que sólo funciona cuando ambos vehículos inician el cruce simultáneamente, por lo que cabe concluir que el camión recién iniciaba el cruce cuando el motociclista se hallaba en la mitad de su calzada, por lo que la preferencia de paso sólo juega cuando el que circula por la derecha ha precedido en el ingreso al cruce o llega simultáneamente, pero no cuando el de la izquierda llega primero o se halla más adelante en el cruce de las arterias.

Finalmente puso de relieve que se debe atender a la circunstancia de que el sistema de frenos no funcionó, existiendo dudas sobre si la falla se produjo por consecuencia del accidente ya que no existe probanza alguna al respecto y ello abona la conclusión de que no puede hablarse de culpa de la víctima, sino por el contrario del demandado, quien no adoptó las precauciones necesarias para evitar el siniestro, lo que genera su responsabilidad en la producción del hecho luctuoso y debe soportar la responsabilidad civil emergente, que hace extensiva a la Municipalidad de la Banda.

- II - Contra dicha decisión se interpuso recurso extraordinario, que denegado dio lugar a esta presentación directa( ver fs. 1/7 y 37/38 del expediente N1 12741-111).

Entiende el apelante que existió arbitrariedad en la decisión del Superior Tribunal local, porque se excedió en su competencia, al tratar cuestiones de hecho generando de tal manera una nueva instancia, que violenta normas procesales locales, así como por hacer una interpretación errónea y forzada del art. 1103 del Código Civil.

Agrega que el a quo, respecto de la aplicación de la norma del Código Civil en juego, incurre en arbitrariedad en su interpretación, ya que a través del análisis efectuado descalificó no sólo la sentencia civil sino también la penal, creando una modificación de la cosa juzgada, razón por la cual el agravio surge porque la sentencia contradice lo ya resuelto por la Cámara del Crimen, generando un verdadero escándalo jurídico, ya que un mismo hecho es analizado por tribunales diferentes que llegan a conclusiones contradictorias.

Señala que para evitar estas situaciones absurdas es que el Código Civil ha previsto, en el artículo 1101, supeditar el dictado de la sentencia civil al previo pronunciamiento de la jurisdicción penal, de igual manera que el artículo 1103 establece que, después de la absolución del acusado, no se podrá alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual ésta recayó, no siendo materia de discusión y objeción del recurso que pueda existir una condena civil independientemente de la penal, pero que ello no puede significar de ningún modo que en sede civil se pueda revisar la existencia del hecho principal como lo ha hecho la sentencia que es recurrida.

Pone énfasis en que la sentencia penal concluyó que el imputado no ha violado reglamentación alguna

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Procuración General de la Nación de tránsito, que únicamente ha existido culpa de la víctima, que el camión ya había cruzado la mitad de la calzada, que la moto embistió al camión y que, por ende, no se puede luego decir en la sentencia civil todo lo contrario. Agrega, asimismo, que la arbitrariedad de la sentencia consiste en que para llegar a la conclusión descalificatoria de la sentencia criminal el fuero civil pasa a analizar los hechos, y que de una absolución total del demandado en la causa penal, pasa a ser culpable absoluto desconociendo probanzas de la causa criminal, como el croquis del accidente, los peritajes, la testimonial, de donde surge que la motocicleta embistió al camión casi en el medio y desconectó su circuito de frenos, a lo que agrega que las faltas atribuidas al conductor del camión no tienen relación de causalidad con el accidente. Objeta, por último, por arbitrariedad las conclusiones respecto de la indemnización otorgada que incluye rubros absurdos por su entidad.

- III - Si bien los agravios del recurrente atinentes a la admisión de la demanda y descalificación de la sentencia del tribunal de segunda instancia remiten al examen de extremos de hecho, prueba y de derecho común y procesal, ajenos en principio a su revisión por vía del recurso extraordinario, en razón de ser materia propia de los jueces de la causa, ello no impide que se habilite la vía excepcional cuando, como en el caso, concurren razones suficientes para descalificar el fallo, al verificarse la existencia de vicios

que conducen a la aplicación de la doctrina de V.E. sobre la arbitrariedad de sentencia.

Así lo pienso, en tanto se advierte que el fallo del Tribunal Superior local, a los fines de descalificar el decisorio del órgano judicial apelado, procede a revisar el hecho principal que da lugar a la demanda, con abandono palmario del presupuesto legislativo consagrado en el artículo 1103 del Código Civil, que tiene como fin evitar que se produzca el doble juzgamiento y el posible escándalo jurídico que se pueda derivar de ello, sin perjuicio de la violación del principio de la cosa juzgada y consecuentemente la afectación de los principios constitucionales de seguridad jurídica y de prestación debida del servicio de justicia.

Cabe, asimismo, destacar que la sentencia recurrida incurre en contradicción al pretender fundar la admisión de la demanda en la teoría del riesgo objetivo y concluir afirmando la responsabilidad por culpa exclusiva del demandado, resultado al que arriba, por lo demás, sin que medie en el proceso civil producción de prueba suficiente como para probar los extremos que invoca que, por el contrario, se hallaban acreditados en las pruebas producidas en sede penal, que fueron agregadas como elemento de juicio en la causa civil.

Por otro lado, las afirmaciones del tribunal en torno a cómo sucedió el hecho principal, que es la razón y fundamento de la petición de indemnización, no se condicen con lo que surge de las mencionadas probanzas, más allá de que su apreciación resulta contradictoria con las conclusiones de la sentencia penal.

Respecto a lo expuesto precedentemente,

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Procuración General de la Nación resulta suficiente señalar que en dicho proceso penal se concluyó que por el delito de lesiones culposas de que fue imputado el demandado en autos, el mismo resulta absuelto por no constituir delito el hecho, al haberse plenamente demostrado que el inculpado no efectuó maniobra antirreglamentaria alguna que se pueda considerar como negligencia o imprudencia de su parte y que la muerte del afectado se produjo por culpa exclusiva suya, quien impactó sobre la parte de atrás del rodado que conducía el demandado, cuando éste ya había pasado la mitad de la bocacalle, rompiéndole el circuito de frenos, así como que la fuerza del impacto revestía significación para establecer la velocidad excesiva en que conducía el fallecido en el momento de la colisión (ver fs.133 y 134/135 que corresponden a la sentencia y fundamentos del fallo en sede penal).

Por lo expuesto, opino que procede hacer lugar a la presente queja, conceder el recurso extraordinario y mandar se dicte nueva sentencia ajustada a derecho.

Buenos Aires, 14de julio de 2000.- F.D.O.