Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 14 de Julio de 2000, R. 265. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

R. 265. XXXVI.

ORIGINARIO

R., H. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

A fs. 19/24, H.R., por su propio derecho y en representación de sus hijos H.E., I.E. y M.J.R., quien dice tener su domicilio en la Provincia de Buenos Aires, promueve la presente demanda, con fundamento en el art. 1113 y cc. del Código Civil, contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud- Hospital Zonal de Ezeiza AMadre Teresa de Calcuta@) y contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hospital General de Agudos, A.F.S., a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la intervención quirúrgica a la que fue sometida su esposa, a raíz de la cual quedó en estado vegetativo persistente, producto -a su entender- de la mala praxis de los médicos de ambos nosocomios.

A fs. 202/204, el J. a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 39 de la Capital Federal, hizo lugar a la excepción planteada por la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 46/47) y declaró su incompetencia para entender en el presente proceso, por corresponder, en su opinión, a la instancia originaria del Tribunal.

En ese contexto, V.E., corre vista a este Ministerio Público, por la competencia, a fs. 240.

-II-

Cabe recordar que la facultad de los particulares para acudir ante los jueces en tutela de los derechos que les asisten, no autoriza a prescindir de las vías que determinan los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias para el ejercicio de la competencia que aquélla otorga a la Corte (doctrina de Fallos: 310:279, 789,

y 2419; 311:175; 322:813).

En tales condiciones, el Tribunal no puede asumir jurisdicción originaria y exclusiva sobre una causa si el asunto no concierne a Embajadores, Ministros y Cónsules extranjeros, no es parte una provincia, o no se dan las circunstancias que legalmente lo habilitan, según los arts. 1° de la ley N° 48, 2° de la ley N° 4055 y 24, inc. 1° del decreto-ley 1285/58 (Fallos: 311:1762 y sentencias in re F.103.L.XXXVI AFisco Nacional (A.F.I.P.-D.G.I.) s/ pedido de avocación@, del 16 de mayo de 2000 y B.723.L.XXXV ABanco de Italia y Río de la Plata S.A. c/ Banco Pan de Azúcar S.A. y otro s/ diligencia preliminar@, del 3 de febrero de 2000).

En el sub-judice, de los términos de la demanda, a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia (según el art. 4° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), se desprende que la pretensión del actor no constituye alguno de los casos que, con arreglo a lo dispuesto por el constituyente, habilitan la instancia originaria de la Corte.

En efecto, la demanda ha sido dirigida contra la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma conjunta.

En cuanto al primer caso, cabe recordar que el art.

117 de la Constitución Nacional y el art. 24, inciso 1° del decreto-ley 1285/58 exigen, para que proceda la competencia originaria del Tribunal, en las causas civiles en las que se demanda a una Provincia, que la parte contraria tenga distinta vecindad.

En estos supuestos dicho requisito es Aesencial@ (Fallos: 259:269 y 350; 267:162; 303:1228; 310:697; 311:1812; 313:1016, 1019 y 1221; 317:1326, entre muchos otros). Atento a ello, la circunstancia de que el actor declare domiciliarse

R. 265. XXXVI.

ORIGINARIO

R., H. y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.

Procuración General de la Nación dentro del territorio de la Provincia demandada impide que el presente juicio tramite en instancia originaria, toda vez que se hallan enfrentados en autos una provincia y su propio vecino (Fallos: 310:1899; 319:241).

Por otra parte, no modifica lo expuesto, el hecho de que la demanda se haya dirigido también contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que dicha entidad no reviste el carácter de Provincia y, por lo tanto, no le corresponde, la instancia originaria del Tribunal (conf. art.

129 y Cláusula Transitoria Séptima de la Ley Fundamental y dictámenes de este Ministerio Público in re C.159.L.XXXV.

A., J.B. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad@, del 23 de marzo de 1999 y E.139.L.XXXV.

AExpreso Río Paraná S.R.L. c/ Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad s/ acción declarativa@, del 30 de noviembre de 1999, cuyos fundamentos fueron compartidos por V.E., en las sentencias del 18 de noviembre de 1999 y 7 de marzo de 2000 respectivamente).

En tal sentido, cabe recordar que el art. 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá una competencia originaria y exclusiva, la cual, por su raigambre, es insusceptible de ampliarse, restringirse o modificarse mediante normas legales (Fallos:

302:63 y sus citas; 308:2356; 310:1074; 311:872 y 1200; 312:640 y 1875; 313:575 y 936; 314:94 y 240; 316:965; 322:813).

Por todo lo expuesto, opino que la presente acción por daños y perjuicios resulta ajena a la competencia originaria del Tribunal.

Buenos Aires, 14 de julio de 2000.

N.E.B.