Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 30 de Junio de 2000, D. 444. XXXIII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

D. 444. XXXIII.

ORIGINARIO

Droguería Aries S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

A fs. 106/117 y vta., D.A.S.A. promovió demanda contra la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Pueyrredón de dicha Provincia, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del art. 2° de la ley local 10.606 y los arts. 1°, 2°, 6°, 14 y 23, inc. c), de la ley 11.405; los arts. 1° y 2° de la Ordenanza Municipal N° 7.124 y el art. 1° de su Decreto Reglamentario N° 1.841/90 (ambos del municipio demandado) y, de ese modo, se reconozca su derecho a comercializar libremente, en el territorio de las demandadas, productos medicinales de venta libre, debidamente registrados y habilitados por el Ministerio de Salud Pública de la Nación.

Relató que es una droguería instalada en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, dedicada a la venta y comercialización de productos medicinales -inclusive los denominados, registrados y habilitados como de Aventa libre@ por la Autoridad Sanitaria Nacional-, a través de las bocas de expendio contempladas en el art. 36 de la ley 17.565 (farmacias), actualmente ampliadas a establecimientos comerciales no incluidos en la citada norma, tales como supermercados e hipermercados, de acuerdo con lo previsto por el art. 14 del Decreto N° 2284/91, denominado de ADesregulación Económica@.

Este último decreto, además de ser ratificado por la ley 24.307, fue incorporado al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, suscripto entre el Estado Nacional y las provincias el 12 de agosto de 1993, el que, a su vez, integra el Derecho Público local, por la adhesión y ratificación dispuesta por el Decreto N° 3942/91 del Poder

Ejecutivo provincial y la ley N° 11.463.

Sin embargo -afirmó-, tanto la Provincia como el Municipio demandados, mediante las normas locales impugnadas, al imponer que la venta se realice solamente en farmacias, restringen arbitrariamente la comercialización de medicamentos o productos medicinales de venta libre, de tal forma que vulneran las normas nacionales que rigen la actividad y la propia Ley Fundamental, por afectar el comercio interprovincial (art. 75, inc. 13).

-II-

A fs. 184/190 y vta. el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires solicitó su intervención como tercero interesado, en los términos del art. 90, inc. 1°) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que -a su entender- la sentencia que se dice en el sub lite puede afectar el ejercicio de la profesión que representa.

En tal carácter, señaló que la actora carece de legitimación para actuar en autos, porque no es proveedora de los medicamentos incautados en las inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires ni ha demostrado su intervención en el territorio provincial.

Solicitó, asimismo, el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Tribunal a fs.

152/153 y vta. y formuló diversas consideraciones científicas sobre los medicamentos de venta libre y los perjudiciales efectos para la salud que traería aparejado permitir su comercialización en lugares distintos a las farmacias, que no se encuentran bajo la responsabilidad de un profesional farmacéutico.

A fs. 224/232, la Provincia de Buenos Aires contestó la demanda y solicitó su rechazo. Sostuvo, en lo esencial, que las normas cuestionadas fueron dictadas al amparo de las

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Procuración General de la Nación disposiciones constitucionales nacionales y provinciales, ya que encuentran sustento en los arts. 42 de la Constitución Nacional y 36, inc. 8°) de la Carta Provincial y en el sistema de reparto de competencias entre el Estado Nacional y los estados provinciales, que prevé la primera de aquéllas, tanto en lo que se refiere al Poder de Policía del Estado en materia de salubridad, como a las facultades concurrentes entre la Nación y las Provincias.

En tales condiciones, afirmó que las normas impugnadas por la actora, al no versar sobre temas reservados al Congreso de la Nación en forma exclusiva, ni prohibidos a las Provincias, no transgreden la distribución del ejercicio de los poderes policiales que establece la Constitución Nacional, sino que, contrariamente a lo que aquélla sostiene, propenden al cumplimiento de sus fines.

Por otra parte, sostuvo que el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, suscripto oportunamente por la Provincia con el Estado Nacional, contiene el compromiso de dejar sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios, entre otros, la libre instalación de farmacias, liberación de horarios y la adhesión a la política federal en materia de medicamentos prevista en el Decreto N° 150/92 y sus modificatorios; pero que su ratificación provincial, mediante la ley 11.463 y el Decreto N° 3942/91, no implica -por sí- la derogación de la ley 11.405, porque el Pacto constituye una fórmula de entendimiento entre los poderes afectados interjurisdiccionalmente, que puede conducir a dictar normas concordantes, pero no obliga a las Legislaturas provinciales en uno u otro sentido.

También defendió la validez de las normas cuestionadas ya que, a su criterio, no vulneran el orden de prelación

establecido en el art. 31 de la Constitución Nacional, ni las demás disposiciones de igual carácter que señala la actora.

Por último, para el supuesto que V.E. considerara que existe incompatibilidad entre las normas provinciales y las nacionales, planteó la inconstitucionalidad de la ley 24.307 y del Decreto N° 2284/91, en la medida que su aplicación, en el territorio provincial, significaría avasallar la autonomía que le confieren los arts. 5, 75 y 122 de la Carta Fundamental y 36 de la Constitución provincial, por introducir regulaciones sobre materias que no han sido delegadas en el poder central en forma exclusiva.

A fs. 237/240 y vta., la Municipalidad de General P. contestó la demanda y, al igual que la otra codemandada, solicitó su rechazo.

En primer término, negó que aplique multas y practique decomisos de medicamentos o productos medicinales de venta libre en forma arbitraria, ya que su intervención lo ha sido en cumplimiento del derecho positivo vigente. Ello es así, señaló, porque el Decreto N° 2284/91 del Poder Ejecutivo Nacional -que amplía las bocas de expendio de tales productos a otros establecimientos no comprendidos en la ley 17.565-, carece de operatividad, tanto en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires como en el del municipio, en la medida que se aplica solamente a la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y se limita a invitar a las Provincias a adherir al régimen que instituye (art. 119).

Como corolario de tal invitación, si bien es cierto que la Provincia de Buenos Aires se adhirió a sus disposiciones -mediante Decreto N° 3942/91- y que, entre los cuerpos legislativos que requerían modificación se incluyó a la ley 10.606, también lo es que ésta no fue modificada, ni derogada por otra, de donde concluye que tiene plenamente vigencia,

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Procuración General de la Nación porque el Estado provincial no adoptó las medidas tendientes a producir la desregulación propiciada por la legislación nacional.

A iguales conclusiones arribó luego de examinar la ley 11.463, mediante la cual la Provincia ratificó el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.

Finalmente, por argumentos similares a los esgrimidos por la Provincia de Buenos Aires, afirmó que las normas locales no se encuentran en pugna con las disposiciones nacionales.

-III-

A fs. 256/259, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires acompañó copia de la Decisión N° 28/99, del Departamento de Inspección de Farmacia 2da. Circunscripción de la Provincia de Santa Fe, mediante la cual se da de baja, del Registro que lleva ese Departamento, a la Droguería Aries S.A., a partir del 9 de abril de 1999.

En contestación al traslado conferido, a fs.

266/267, la actora manifestó que sigue gozando de plena capacidad jurídica como persona de derecho, pero que, por razones comerciales, solicitó su baja del registro en la Provincia de Santa Fe y que, a la brevedad, haría uso de la facultad otorgada por los arts. 1° y 2° de la ley nacional 16.463 y su Decreto reglamentario N° 9763/64, como así también de los arts.

  1. y 5° del Decreto N° 1299/97.

    -IV-

    A fs. 318, se declara la cuestión de puro derecho y, como medida para mejor proveer, se confiere un nuevo traslado por su orden, el que es contestado únicamente por la actora a

    fs. 320/322.

    En tales condiciones, a fs. 327 y vta. el Tribunal corre vista a este Ministerio Público.

    -V-

    Ante todo, considero que corresponde examinar si se encuentran reunidos los presupuestos para la admisibilidad formal de la acción declarativa intentada por la actora, teniendo en cuenta que A. pronunciamientos de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión@ (Fallos: 310:670; 318:373; 320:1386 y sus citas, entre muchos otros), tal como la descripta supra en el acápite III.

    Al respecto, no es ocioso recordar que A. declaración de certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente especulativa y responda a un ›caso= que busque precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, constituye causa en los términos de la Ley Fundamental@ (Fallos: 307:1379; 308:2569; 310:606, 977; 318:30; 320:1875; 322:678 y 1253, entre otros).

    Precisamente, en el primero de los precedentes citados (in re, ASantiago del Estero, Provincia de c/ Estado Nacional y/o Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ acción de amparo@), la Corte, al igual que lo resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos -en la causa AAetna Life Insurance Co. c/ Havorth, 300 U.S.227"-, definió los presupuestos formales de admisión de este tipo de acción: a) actividad administrativa que afecta un interés legítimo; b) que el grado de afectación sea suficientemente directo; y c) que aquella actividad tenga concreción bastante.

    -VI-

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    Droguería Aries S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.

    Procuración General de la Nación Sobre la base de tales criterios interpretativos, estimo que no se mantiene en el sub lite los requisitos que habilitan la admisión de la acción meramente declarativa intentada por la actora.

    Así lo pienso porque, a partir de su baja del registro provincial que la habilitaba a comercializar medicamentos de venta libre y su falta de inscripción en el registro nacional, carece de interés para demandar la inconstitucionalidad de las normas que impugna, en la medida que no se ve alcanzada por tales disposiciones.

    Para comprender adecuadamente lo expuesto es necesario recordar que la actora, amparada en una habilitación para vender productos medicinales de venta libre y en las disposiciones nacionales que indicó (en especial, ley 17.565 y Decretos N° 2284/91 y 1299/97), pretende despejar la incertidumbre jurídica originada en las normas locales dictadas por las demandadas, que le impiden esa actividad. Pero, al haber cesado en ella y devuelto los medicamentos existentes al momento del cierre, a los laboratorios de donde provenían, tal como lo indica la Decisión N° 28/99 (fs. 257) y no contar con la habilitación expedida por la Autoridad Sanitaria Nacional que prevé el Decreto N° 1299/97 -según se desprende de sus propias manifestaciones de fs. 266 vta., en donde señala A. mandante hará uso a la brevedad de la facultad otorgada por [...], como así también del art.

  2. y 5° Decreto Nacional 1299/97" (énfasis agregado)-, es evidente que en la actualidad no puede comercializar ningún medicamento. De ahí que, no se encuentre alcanzada por las normas provinciales y municipales que cuestiona y, por ello, no existe, en el sub lite, una actividad administrativa que lesione un interés legítimo.

    No obsta a lo expuesto las manifestaciones que for-

    mula, en cuanto a que, pese a su baja del registro de la Provincia de Santa Fe por razones comerciales, continúa gozando de capacidad jurídica como sujeto de derecho, pues si bien ello es cierto, también lo es que para comercializar productos medicinales, inclusive los calificados como de venta libre, necesita de una habilitación nacional o provincial y que, al carecer de ella, no posee un derecho que pueda verse afectado por las normas tachadas de inconstitucionales.

    En tales condiciones, es mi parecer que el el sub examine no se configura un Acaso@ o Acausa@, previsto en el art.

  3. de la ley 27 -que, ciertamente, son los únicos en los que el Poder Judicial puede ejercer su jurisdicción-, porque no se da una controversia actual y concreta que autorice a calificarlo como tal, en la medida que -tal como lo resolvió V.E. en Fallos: 322:678, con sus citas- la Aaplicación@ de las normas o actos de los otros poderes no ha dado lugar a un litigio contencioso para cuyo fallo se requiera el examen del punto constitucional propuesto, sino que, por el contrario, la pretensión de la actora se ha transformado en una consulta sobre una determinada situación o en un pedido de declaración general y directa de inconstitucionalidad.

    -VII-

    En atención a lo expuesto, en mi opinión, corresponde rechazar la demanda.

    Buenos Aires, 30 de junio de 2000.

    Es Copia N.E.B.