Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 26 de Junio de 2000, M. 102. XXXII

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

M. 102. XXXII.

M. 1389. XXXI.

RECURSO DE HECHO

M. de P., R.A.; O., R.R. y P., A.C. c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

A fs. 15/19, la doctora R.A.M. de P. y otros magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, promovieron acción contencioso administrativa contra dicho Estado, con el objeto de obtener el pago de las diferencias existentes entre el importe nominal de sus haberes y las sumas que resulten de la actualización de tales montos, en función de los índices oficiales de precios al consumidor, entre el 1° de enero de 1984 y el 30 de abril de 1988.

Fundaron su pretensión en el art. 143 de la Constitución Provincial que, al igual que el art. 96 de la Constitución Nacional (art. 110 en el texto de 1994), consagra la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados judiciales y en la doctrina de V.E. que surge a partir del precedente registrado en Fallos: 307:2174 (in re:

"B.P.").

S., al respecto, que las sumas que percibieron como retribución durante el período indicado sufrieron los efectos del proceso inflacionario que afectó al país, sin que el Estado provincial lo hubiera reparado mediante su actualización por el costo de vida, circunstancias que determinaron su efectiva disminución, en contra de lo dispuesto por las normas constitucionales indicadas.

-II-

La Provincia de Corrientes contestó la demanda a fs.

26/29 y solicitó su rechazo, toda vez que la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, que tiene por objeto preservar la independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado, sólo resultaría violada

en la medida que se pruebe que el proceso inflacionario, que alcanza a toda la población, fue creado o generado por el Poder Administrador, con el objeto de afectar aquella independencia funcional.

Como ello no es así, sostuvo, los efectos de la inflación se encuentran al margen de la citada garantía constitucional, ya que se trata de un fenómeno económico que no es producido ni controlado por aquellos que deben respetarla. Por ello, afirmó, el Estado provincial no desconoció ni vulneró las normas constitucionales invocadas por los actores.

Por otra parte, la postura asumida por aquéllos es inaceptable, en la medida que pretenden una posición de privilegio, al amparo de la citada garantía de intangibilidad.

Finalmente, afirmó que, en el caso hipotético que los actores tuvieran razón, gran parte del reclamo se encuentra prescripto, toda vez que, pese a que se reclaman las diferencias por el período comprendido entre los meses de enero de 1984 y mayo de 1988, recién el 30 de junio de 1988 se produjo el primer requerimiento al respecto. De ahí surge que, el derecho a reclamar las sumas que excedan los dos años inmediatamente anteriores a esa fecha, se extinguió por el transcurso del tiempo.

-III-

A fs. 261/277, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, integrado por conjueces, hizo lugar a la demanda y declaró, de oficio, la inconstitucionalidad de los arts. 7, 10 y 13 de la ley 23.928 y de las disposiciones de la ley local 4558.

Para así resolver, consideró -con cita de lo resuelto por V.E. in re "B.P."- que la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados judi-

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M. de P., R.A.; O., R.R. y P., A.C. c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa.

Procuración General de la Nación ciales ha sido establecida, no por razón de las personas, sino en miras a asegurar la necesaria independencia que requiere la actuación del Poder Judicial y configura un principio que hace a la esencia misma del régimen republicano de gobierno.

Por consiguiente, ante el hecho público y notorio que constituye el proceso de envilecimiento de la moneda, sin que los poderes provinciales hayan adoptado los recaudos conducentes al cumplimiento del mandato constitucional, consideró que, durante el período comprendido entre enero de 1984 y abril de 1988, el Estado local incurrió en un manifiesto e inexcusable incumplimiento de la garantía de incolumnidad de las remuneraciones de los magistrados judiciales.

También rechazó la defensa de prescripción opuesta por la provincia, al considerar que el art. 4032 del Código Civil no es aplicable al sub lite, porque se refiere a los emolumentos devengados a favor de los jueces-árbitros.

Por otra parte, dada la estrecha conexidad -en su opinión- con la cuestión planteada y por aplicación del principio iura novit curia examinó las disposiciones de los arts.

7 y 10 de la ley 23.928 y de las incorporadas al Derecho Público local por ley 4558, denominada de "Consolidación de Deuda del Estado Provincial". Al respecto, consideró que eran manifiestamente inconstitucionales, por afectar las garantías protegidas por los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional y, en particular, lo vinculado con el reclamo de los actores, fundado en el art. 96 de la Ley Fundamental (texto anterior a 1994) y 143 de la Constitución local.

A su entender, la ley nacional, al vedar la actualización de los créditos reconocidos a los actores a partir del 1° de abril de 1991, los priva de un bien incorporado a sus

patrimonios, ya que sus acreencias quedarán expuestas a una progresiva disminución de su poder adquisitivo que las desnaturalizará. Ello sucederá porque la ratio legis de la disposición es el voluntarismo del legislador de hacer prevalecer a ultranza y, en contraposición a toda lógica jurídica, un perimido y obsoleto principio nominalista, anteponiéndolo a la dinámica realidad que preside el desenvolvimiento de las interacciones socio-económicas.

A iguales conclusiones arribó cuando examinó la ley local 4558, en la medida que conculca los fundamentos del Estado de Derecho, ya que invocando el poder de policía de emergencia -ejercido más allá del límite de lo razonableincurre en la aberración de desvirtuarlo, porque excede desproporcionadamente el ámbito racionalmente admisible, toda vez que autoriza al Estado a transgredir los derechos que asisten a los actores; frustra su derecho de propiedad y vulnera el principio de supremacía que consagra el art.

31 de la Constitución Nacional, al avanzar sobre los derechos y garantías que la misma establece.

-IV-

Disconforme con este pronunciamiento, a fs. 281/287, el Estado demandado interpuso recurso extraordinario, con fundamento en la existencia de cuestión federal y en la arbitrariedad de la sentencia. Denegado por esta última causal (fs. 347/353), se presentó en forma directa ante V.E.

Sostiene que la sentencia es arbitraria pues, al declarar de oficio la inconstitucionalidad de la ley nacional 23.928 y de la provincial 4558, violó groseramente su derecho de defensa, ya que no le permitió argumentar sobre las bondades de esas leyes de emergencia; así como porque no acogió el planteo de prescripción por los primeros dieciocho meses del

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Procuración General de la Nación reclamo y, finalmente, porque dispuso la actualización de las sumas debidas, inclusive la de honorarios profesionales, hasta el momento de su efectivo pago.

Critica la decisión del a quo porque desconoce que la provincia debió ajustar su política salarial a las leyes presupuestarias -que asignan distintas partidas para atender a las necesidades del Estado, de acuerdo con los medios disponibles en ese momento- y, en especial, porque vincula la supuesta violación de la intangibilidad de las remuneraciones de los actores con el proceso inflacionario. En su opinión, ese flagelo, que afectó a todos los habitantes del país, no fue producido por el gobierno provincial con el objeto de disminuir aquellas retribuciones y que, tal como surge de la prueba que produjo en el expediente, otorgó importantes recomposiciones salariales que beneficiaron a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, superiores a otros ámbitos del sector público.

El fallo también es arbitrario -a su juicio- porque los actores no le imputan, al Estado provincial, mora en el pago de sus remuneraciones, circunstancia que -a su entendersí habría habilitado el pedido de actualización.

Cuestiona, por otra parte, que no se haya acogido su defensa de prescripción. En este sentido, afirma que el caso se encuentra alcanzado por el art. 4032 del Código Civil y no por el 4027, tal como lo decidió el a quo.

Por último, alega que la sentencia es manifiestamente inconstitucional, por haber violado groseramente la garantía de la defensa en juicio. Ello es así, en su opinión, porque el a quo de oficio, so pretexto de aplicar el principio iura novit curia, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de convertivilidad y de consolidación de deudas provinciales.

Al respecto, señala que los actores en momento al-

guno alegaron la inaplicabilidad de las leyes mencionadas y, si bien éstas no se encontraban vigentes en oportunidad de plantear la demanda, sí lo estaban otras disposiciones de emergencia que limitaban el pleno ejercicio de algunos derechos individuales. En tales condiciones, sostiene que la falta de discusión de la procedencia o de la aplicación de tales normas hizo que se encontrara -sorpresivamente y sin que lo esperara- con una sentencia que se expidió sobre algo que nadie solicitó.

-V-

Corresponde examinar, en primer término, si se encuentran reunidos los requisitos que permitan admitir formalmente el remedio intentado.

Ante todo, cabe recordar que Alas cuestiones de hecho, prueba y derecho público local son ajenas, como regla y por su naturaleza, a la instancia del art. 14 de la ley 48 (Fallos:

314:1336, entre otros), y que A. doctrina de la arbitrariedad es de aplicación restringida, no apta para cubrir las meras discrepancias de las partes respecto de los fundamentos de hecho, prueba y de derecho común y procesal, a través de los cuales los jueces de la causa apoyaron sus decisiones en el ámbito de su jurisdicción excluyente@ (Fallos:

311:1950); aunque tales principios no son absolutos y admiten excepciones -tal como también lo ha señalado la Corte-, especialmente cuando las decisiones judiciales prescinden de efectuar un tratamiento adecuado de la cuestión, de acuerdo con las constancias de la causa y con las disposiciones legales vigentes (doctrina de Fallos: 313:83), o cuando afectan el derecho de defensa de las partes, por falta de adecuada fundamentación (Fallos: 313:1296 y 318:312).

A la luz de tales criterios interpretativos, estimo

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Procuración General de la Nación que, los agravios dirigidos a cuestionar la sentencia porque no tuvo en cuenta la falta de participación del Estado provincial en el proceso inflacionario que afectó las remuneraciones de los actores, así como porque desestimó su planteo de prescripción, no son aptos para suscitar la apertura de la instancia del art. 14 de la ley 48.

Así lo pienso, porque el superior tribunal local fundó su decisión no sólo en razones de hecho, de derecho común y local, sino, también, en precedentes de la Corte referidos a temas similares a los discutidos en el sub judice que, al margen de su acierto o error, acuerdan sustento bastante al fallo y lo ponen a resguardo de la tacha de arbitrariedad invocada, de tal modo que los agravios del apelante sólo traducen sus discrepancias con la decisión del a quo y resultan extrañas al remedio federal que intenta (conf. Fallos: 318:73).

En igual sentido, considero que tampoco es apto para habilitar la instancia excepcional del art. 14 de la ley 48 el agravio referido a la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de la ley local 4558, toda vez que ese tema también fue resuelto mediante la aplicación de normas del derecho público local, en particular de la interpretación que efectuó el a quo de los arts. 23, 27 y 140 del la Constitución provincial.

Sobre este tema V.E. ha resuelto que A. incurre en arbitrariedad la sentencia que declaró de oficio la inconstitucionalidad de una ley, en tanto los arts. 9° y 132 de la Constitución de La Rioja imponen a los jueces la obligación de pronunciarse a requerimiento de parte o de oficio sobre la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas o disposiciones contrarias a la carta fundamental de la provin-

cia@ (Fallos: 311:1855) y, si bien -a diferencia de lo que sucede en el sub lite- en este precedente existía norma expresa que autorizaba tal declaración, considero que es igualmente aplicable al caso de autos, toda vez que se trata del modo en que pueden los jueces provinciales declarar la inconstitucionalidad de normas locales por encontrarlas en pugna con la propia Constitución, cuestiones que, tal como se indicó, quedan aprehendidas por la interpretación que, del derecho público local, efectúen aquellos magistrados en el ejercicio de sus competencias específicas.

-VI-

Distinta es la solución, a mi modo de ver, respecto de la declaración de oficio sobre la inconstitucionalidad de la ley nacional 23.928 que efectuó el a quo, pues ello significó, por una parte, dejar de lado la antigua doctrina de la Corte sobre la materia, sin aportar nuevos fundamentos y, por la otra, afectar el derecho de defensa de las partes contendientes, tanto de los actores -que no lo solicitaron- como del Estado demandado, que no tuvo oportunidad de expresar su posición sobre la constitucionalidad de la norma.

Al respecto, el Tribunal ha señalado enfáticamente que ALos jueces no pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes; para ello es menester la petición de la parte cuyos derechos se hallen afectados en atención al equilibrio de los poderes que sancionan la Constitución Nacional, el que de lo contrario se quebraría por absorción del Poder Judicial en desmedro de los otros@ (Fallos: 310:1090), toda vez que Apara mantener la supremacía de la Constitución y de las leyes sin provocar el desequilibrio de los tres poderes, es indispensable que exista en pleito una cuestión que proporcione a los componentes del Poder Judicial la oportuni-

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Procuración General de la Nación dad de examinar, a pedido de alguno de los litigantes, si la ley o del decreto conforman sus disposiciones a los principios y garantías de la Constitución Nacional, no siendo dable, si los textos respectivos no han sido objeto de planteamiento y tacha de inconstitucionalidad por el eventual afectado, expedirse de oficio al respecto, salvo cuando se excedan los límites constitucionales de las atribuciones jurisdiccionales de la Corte Suprema@ (Fallos:

310:1401) y, en virtud del principio indicado, invariablemente descalificó las sentencias de tribunales inferiores que declararon de oficio la inconstitucionalidad de diversas leyes (conf. Fallos: 190:98; 305:2046; 306:303; 311:1843, 2088, entre muchos otros).

En tales condiciones, la decisión del superior tribunal local de declarar de oficio la inconstitucionalidad de la ley 23.928, carece de sustento como acto jurisdiccional válido y corresponde que sea revocado, por afectar el derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional).

-VII-

Por las consideraciones que anteceden, opino que, con el alcance indicado en el acápite precedente, corresponde declarar formalmente admisible el recurso deducido por el Estado demandado; revocar la sentencia recurrida y ordenar su devolución al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.

Buenos Aires, 26 de junio de 2000.

N.E.B.