Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 26 de Junio de 2000, C. 632. XXXVI

EmisorProcuración General de la Nación

Competencia N° 632 .XXXVI.

P., M.L. s/ estafa.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

La presente contienda negativa de competencia suscitada entre los titulares del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N1 46 y del Juzgado de Control N1 1 de la ciudad de Córdoba, provincia homónima, se refiere a la causa seguida contra M.L.P. por los delitos de estafa y falsificación de documento privado.

De los antecedentes agregados a la causa surge que la nombrada habría gestionado un subsidio ante el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), dependiente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, con sede en esta ciudad, para la ACompañía Procesadora de Vegetales S.A.@, con domicilio en la ciudad de Córdoba.

La gestora habría requerido a los representantes de la firma, en concepto de cuota de ingreso, la suma de mil ochocientos noventa y cinco pesos, que éstos depositaron en una cuenta indicada por ella en la sucursal Córdoba del ABankBoston@, recibiendo luego un recibo con membrete del organismo y supuestamente firmado por su directora.

Cuando los interesados se presentaron al FONTAR, para interiorizarse sobre la marcha del trámite de financiamiento, el funcionario que los atendió advirtió la falsedad del recibo y la estafa de la que habrían resultado víctimas, dado que la institución no cobra arancel alguno por la gestión o adjudicación de créditos.

La justicia nacional, con base en las numerosas diligencias realizadas por el representante de este Ministerio Público Fiscal, dictó el procesamiento de la imputada por los delitos de estafa en concurso ideal con uso de documento privado falso y declinó la competencia en favor de la justicia de Córdoba.

El juez fundó su decisión en la circunstancia de que la disposición patrimonial de la empresa damnificada habría tenido lugar mediante un depósito efectuado en esa ciudad (fs.

98/101).

Por su parte, el magistrado cordobés rechazó el conocimiento de la causa, aduciendo razones de economía procesal, y de una mejor defensa de la imputada, en consideración a las numerosas probanzas reunidas en sede capitalina, y en la cercanía del tribunal con el domicilio de la gestora, situado en la localidad bonaerense de Lanús (fs. 106/107).

Con la insistencia del tribunal de origen, quedó formalmente trabada la contienda (fs. 110).

Es doctrina del Tribunal que tanto el lugar en el que se desarrolla el ardid propio del delito de estafa, como aquél en el que se verifica la disposición patrimonial, deben ser tenidos en cuenta para establecer la competencia territorial, la que debe resolverse, en definitiva, conforme a razones de economía procesal (Fallos:

286:160; 311:2607; 317:912; 915 y 1332; 318:2509 y Competencia N° 709, XXXIV, in re ARueda, O. y otros s/defraudación@, resuelta el 2 de marzo de 1999).

Al resultar de las declaraciones de los funcionarios del FONTAR, intervinientes en la tramitación del subsidio, que los apoderados de la compañía se hicieron presentes en la sede de esa institución, en distintas ocasiones, acompañados de P., como así también que ella les habría entregado el falso recibo (ver fs.

36, 41 y 46), puede razonablemente concluirse que la captación de la voluntad de los representantes de la firma damnificada y la utilización del instrumento apócrifo habría tenido lugar en esta ciudad.

En tal inteligencia, y en atención a lo avanzado de la investigación realizada por el fiscal en esta sede, opino que corresponde al Juzgado Nacional de Instrucción N1 46 proseguir con el trámite de las actuaciones.

Buenos Aires, 26 de junio del año 2000.

L.S.G.W.

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