Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 4 de Mayo de 2000, V. 14. XXXIV

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO

V. 14. XXXIV.

V., E.O. c/ Embajada del Japón s/ despido.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 4 de mayo de 2000.

Vistos los autos: A., E.O. c/ Embajada del Japón s/ despido@.

Considerando:

  1. ) Que E.O.V., domiciliado en Capital Federal, promovió demanda en la que reclamó haberes adeudados, rubros emergentes del despido incausado y el pago de horas extraordinarias a la Embajada del Japón en la República Argentina. Según se discute en autos el actor se desempeñaba en el área de seguridad interna de dicha sede.

  2. ) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al confirmar la sentencia de primera instancia, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.488 y las defensas de nulidad, incompetencia e inmunidad de jurisdicción y ejecución, con fundamento en precedentes de esta Corte. Contra dicha resolución, la demandada interpuso el recurso extraordinario, que fue concedido.

  3. ) Que en el recurso extraordinario el recurrente se agravia sobre la base de los siguientes argumentos: entiende que la sentencia apelada se aparta de la jurisprudencia de la Corte y en particular de la causa ARomero@ (Fallos: 318:1738) a partir de la cual, según interpreta, el Tribunal abandonó la doctrina de AManauta@ y estableció que no era posible someter a la jurisdicción de los tribunales argentinos a los estados extranjeros sin su consentimiento.

    Agrega que aun si se aceptase la doctrina de inmunidad de jurisdicción restrictiva habría que encuadrar el supuesto de autos como acto iuri imperii, pues estaría en juego la seguridad de la embajada.

    Tacha de inconstitucional la ley 24.488 que, al consagrar la tesis restrictiva, resulta contraria a tratados internacionales que remiten a la costumbre internacional que,

    según alega, consagra el principio de inmunidad de jurisdicción absoluta.

  4. ) Que la sentencia apelada tiene carácter definitivo puesto que al no existir la conformidad expresa del Estado extranjero para ser sometido a juicio, los actores quedan privados de la jurisdicción de los tribunales argentinos para hacer valer sus derechos y, por consiguiente, de obtener el eventual acceso a la instancia federal por agravio de naturaleza constitucional (Fallos: 310:1861).

  5. ) Que procede el recurso extraordinario pues la naturaleza de la cuestión planteada -inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros- constituye, según jurisprudencia de esta Corte, un principio elemental de la ley de las naciones (Fallos: 125:40) que, por lo mismo, revela su inequívoco carácter federal y determina que su inteligencia deba ser restablecida por esta Corte.

  6. ) Que los agravios del apelante son manifiestamente improcedentes pues las cuestiones allí planteadas remiten a lo resuelto por esta Corte en Fallos: 317:1880; 321:2434.

  7. ) Que, en efecto, a partir de la causa AManauta@ (Fallos: 317:1880) se entendió, justamente con fundamento en la práctica internacional, que la inmunidad absoluta de jurisdicción no constituye una norma de derecho internacional general, porque no se practica de modo uniforme, ni hay convicción jurídica de su obligatoriedad. Por ello, esta Corte adhirió al principio de inmunidad de jurisdicción relativa, según el cual cabe distinguir entre actos iure imperii -actos de gobierno realizados por el Estado extranjero en su calidad de soberano- y los actos iuri gestioni, que no son estrictamente de aquella índole. Respecto de los primeros estableció que se mantiene el reconocimiento de la inmunidad del Estado

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    V., E.O. c/ Embajada del Japón s/ despido.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación extranjero, en tanto que, respecto de los segundos, se decidió que debían ser juzgados en el Estado competente para dirimir la controversia.

  8. ) Que la ley de inmunidad de jurisdicción, al adoptar la tesis restrictiva, dispone en el art. 2°, inc. d que los estados extranjeros no podrán invocar inmunidad de jurisdicción Acuando fueren demandados por cuestiones laborales, por nacionales argentinos o residentes en el país, derivadas de contratos celebrados en la República Argentina o en el exterior y que causaren efectos en el territorio nacional@.

    Concurren en autos, todos los requisitos necesarios para que el caso encuadre dentro de las previsiones de este artículo pues el trabajador reside y trabajó en el país (Fallos:

    321:2434 esp. considerando 10).

  9. ) Que finalmente, cabe desestimar el planteo referido a la inmunidad de ejecución, pues la procedencia del remedio federal exige un agravio concreto y actual (Fallos:

    271:319; 307:2377, entre otros) y toda vez que en el sub lite no existe un propósito cautelar, ni mucho menos ejecutorio, este gravamen deviene una afirmación prematura o meramente conjetural.

    Por ello, oído el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario, se confirma la sentencia apelada y se declara la competencia del Juzgado Nacional del Trabajo N° 60 a fin de que la causa continúe su trámite.

    N. y remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O=CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (según su voto)- ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ -

    GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

    VO

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    V., E.O. c/ Embajada del Japón s/ despido.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E.S.P. Considerando:

    Que adhiero a los considerandos 1° a 5°, inclusive, del voto de la mayoría.

  10. ) Que en el precedente AManauta@ (Fallos: 317:1880) tanto la mayoría como los votos concurrentes señalaron que en el campo del derecho internacional público se ha producido una profunda modificación que no permite seguir sosteniendo que el principio de la inmunidad absoluta de jurisdicción es el vigente en la actualidad.

    Por el contrario, la distinción entre actos iure imperii e iure gestioni (sujetos los primeros a la inmunidad de jurisdicción pero no así los segundos) constituye una pauta clasificatoria usual en la práctica jurídica internacional.

    Resulta claro, entonces, que dicha práctica ha adoptado la tesis de la inmunidad relativa o restringida.

  11. ) Que la ley 24.488 (B.O. 28-6-95), sancionada con posterioridad a AManauta@, receptó la inmunidad de jurisdicción relativa o restringida para distintos tipos de supuestos.

    Cuando se presenta alguno de esos casos es posible demandar a los estados extranjeros ante los tribunales de nuestro país.

    En lo que interesa, el art. 2°, inc. d establece que dichos estados no podrán invocar inmunidad de jurisdicción A[c]cuando fueren demandados por cuestiones laborales, por nacionales argentinos o residentes en el país, derivadas de contratos celebrados de la República Argentina o en el exterior y que causaren efectos en el territorio nacional@.

    Concurren en autos -según lo entendió el a quotodos los requisitos necesarios para la aplicación de la norma citada y esta conclusión no ha sido suficientemente refutada

    por la apelante en el recurso extraordinario.

  12. ) Que el planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.488 formulado por la recurrente no puede ser admitido pues se reduce a sostener que dicha ley se opondría a A.C. Internacional que consagra el principio de la ›inmunidad de jurisdicción=@ (fs. 199 vta.). En efecto, tal como se señaló en los considerandos precedentes, la ley 24.488 lejos de contradecir la costumbre internacional la ha aceptado.

  13. ) Que cabe rechazar al planteo relativo a la inmunidad de ejecución pues en las actuales circunstancias del caso aquel agravio es prematuro y meramente conjetural.

    10) Que, por fin, tampoco puede ser aceptado el pedido subsidiariamente formulado por la apelante en el sentido de que el caso debería ser resuelto por la justicia federal. En este punto cabe remitirse al capítulo VII del dictamen del señor P. General el que se da aquí por reproducido.

    Por ello y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Costas por su orden en atención a la naturaleza de la cuestión debatida. N. y, oportunamente, devuélvase. E.S.P..