Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 27 de Abril de 2000, M. 486. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación

M. 486. XXXV.

RECURSO DE HECHO

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Establecimientos Industriales Febo.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

La Sala AC@, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, confirmó los honorarios regulados al contador J.T. por la jueza de la instancia anterior (v. fs.

2296/2298). Expresó en sus fundamentos que, si bien - por la época en que se cumplieron los trabajos no resultaban aplicables al caso las disposiciones de la ley 24.432, empero, la directiva receptada en su artículo 13, tenida en cuenta por la juzgadora, responde a doctrina jurisprudencial de V.E., que, aún durante la vigencia de la ley 21.839 tenía resuelto que además del monto del juicio, existen en el arancel un conjunto de pautas generales que constituyen la guía para llegar a una retribución justa y razonable, en modo que la validez constitucional de las regulaciones no depende exclusivamente de dicho monto y su relación con las escalas pertinentes. En tales condiciones - prosiguió - , estimaba prudente no aplicar la escala en forma estricta, y atender al resultado y a su proporción con los trabajos realizados. Sustentó esta postura citando antecedentes del Tribunal, corroborados - a su ver - por su actual composición, en autos AProvincia de Santa Cruz c/ Nación Argentina@ (Fallos:320:495).

Señaló, además, que la liquidación efectuada en la anterior instancia para fijar la base regulatoria, no obligaba a ese tribunal, toda vez que, a los fines de la revisión de los emolumentos apelados, realizaría sus propias cuentas.

-II-

Contra este pronunciamiento, el contador J.T. dedujo recurso extraordinario a fs. 2306/2322, cuya denegatoria de fs. 2507, motiva la presente queja.

Tacha de arbitraria a la sentencia por no constituir

- a su entender - derivación razonada del derecho vigente en orden a las circunstancias de la causa.

Se agravia de que la Cámara haya confirmado sus honorarios considerándolo como Aconsultor técnico@, cuando viene sosteniendo su calidad de Aperito@ designado por el juez.

Se queja, además, de que el juzgador, tras aseverar que realizaría sus propias cuentas, no dio la mínima información de ellas a los litigantes.

Alega que la sentencia se apartó del arancel establecido por el decreto-ley 16638/57 para los profesionales de ciencias económicas, sin siquiera mencionarlo. Reprocha que la Cámara, pese a reconocer que la ley 24432 no es aplicable al caso, adoptó las directivas de su artículo 13 con sustento en el precedente jurisprudencial de V.E. ASanta Cruz c/ Estado Nacional@, cuyos supuestos singulares - aduce - no concurren en el presente caso.

Añade que la ley citada es una norma excepcional y como tal, de interpretación restrictiva.

Destaca que su actividad en el juicio, con una pericia de 153 fojas, ha sido importante para la resolución del caso, y que para ello debió trasladarse a la empresa accionada y a la propia actora, consultando infinidad de expedientes y una compleja contabilidad.

Afirma, finalmente, que aún en el supuesto de que la ley 24432 atrapara el caso del sub-lite, tampoco la sentencia podría receptar su normativa, por cuanto su artículo 21 determina que la limitación no es aplicable cuando el incumplimiento de la obligación fuere maliciosa, supuesto que ocurrió en la especie, según se infiere Bdice B del pronunciamiento de la propia Cámara de fecha 28 de mayo de 1966.

-III-

En cuanto a las cuestiones en debate, no dejo de recordar que el Tribunal ha resuelto, en reiteradas oportuni-

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Procuración General de la Nación dades, que los problemas atinentes a los honorarios regulados en las instancias ordinarias constituyen materia ajena al recurso del art. 14 de la ley 48, toda vez que la determinación del monto del litigio, la apreciación de los trabajos cumplidos y la interpretación y aplicación de las normas arancelarias no son, como regla, en razón del carácter fáctico y procesal de tales cuestiones, susceptibles de tratamiento en la instancia extraordinaria (v. doctrina de Fallos:300:295, 386, 439; 302:235, 325, 1135, entre otros). Sin embargo, V.E. tiene dicho, por otra parte, que se justifica la excepción a esta doctrina, en caso de haberse omitido la indispensable fundamentación conforme a las circunstancias de la causa, o cuando la solución acordada no permite referir concretamente la regulación al respectivo arancel, pues de ese modo el pronunciamiento se torna descalificable como acto judicial (v. doctrina de Fallos: 308:1079 y sus citas).

A mi manera de ver, ambos supuestos excepcionales concurren en el sub lite, tornando aplicable al caso la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que se alega que los honorarios regulados fueron significativamente inferiores a los que por ley corresponden, y el auto regulatorio, no contiene fundamentos suficientes que permitan determinar la manera en que fueron aplicadas las normas, la doctrina y las pautas que dijo tener en cuenta, para relacionarlas con el importe regulado al apelante.

En este orden, si el a-quo entendió que la doctrina de V.E. anterior a la vigencia de la ley 24.432, y asimilada luego por la misma, autorizaba a apartarse de la aplicación estricta de la escala arancelaria, debió indicar con fundamentos explícitos y circunstanciados, las razones que justificaban su decisión, tal como lo exigen tanto la norma citada (art. 131, primer párrafo Ain fine@), como la doctrina que la precedió.

En efecto, en los antecedente citados por la Cámara como soporte de su postura, y en especial en el de Fallos :320:495 - que, cabe señalarlo, se trató de un juicio de competencia originaria de la Corte -, V.E. se esmeró en poner de relieve las especiales características del caso, dedicó extensos párrafos a examinar la posible inequidad de la aplicación arancelaria, ponderó la naturaleza del reclamo, las sumas en juego, y, lo que es fundamental para la cuestión que aquí interesa, analizó circunstanciadamente la importancia y complejidad de las tareas realizadas por los peritos y demás profesionales intervinientes, en relación con el resultado del juicio (v. considerandos 12, 13 y 14 del fallo referido). En el sub-lite, en cambio, la Cámara se limitó a decir que estimaba prudente no aplicar la escala en forma estricta y atender al resultado y a su procedencia con los trabajos realizados (v. considerando I in fine), expresando genéricamente, más adelante, que evaluaba la actuación cumplida por cada uno de los profesionales intervinientes en punto a su calidad, extensión, importancia y resultado obtenido por cada parte (v. considerando III).

Estos enunciados, resultan insuficientes e imprecisos para revelar la singularidad del caso, y para proporcionar la debida fundamentación que este particular pronunciamiento exige, máxime si se tiene presente que la ley 24.432, que, según el a quo, asimiló en su artículo 131 la jurisprudencia por él citada, es una norma de carácter excepcional y, como tal, de interpretación restrictiva.

No está demás recordar, asimismo, que V.E. tiene dicho que la proyección de un nuevo ordenamiento legal hacia el pasado no resulta posible si por tal vía se altera el alcance jurídico de las consecuencias de los hechos realizados en su momento bajo un determinado sistema normativo, con grave afectación de los derechos adquiridos; y que ni el legislador

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Procuración General de la Nación ni el juez podrían, en virtud de una nueva ley o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que en este caso el principio de no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema (V. doctrina de Fallos: 320:2157, entre otros). En atención a esta jurisprudencia, es dable reflexionar que el juzgador debió extremar sus recaudos para fundamentar adecuada y minuciosamente su apartamiento de las escalas arancelarias, ya que las pautas globales que manifestó ponderar, resultan insuficientes para sustentar su decisorio. Cabe agregar al respecto, que además de no precisar los criterios que guiaron su determinación, el a quo tampoco proporcionó detalle alguno sobre las propias cuentas que dijo realizar.

Por otra parte, también omitió dar razón suficiente para el rechazo de los planteos del recurrente referidos a su pretendida condición de perito y no de consultor técnico, y de los relativos a las disposiciones del decreto-ley 16638/57, norma que invocó el apelante ante la Cámara como específica para la regulación, y que resultaría conducente - Aprima facie@ - para la solución del caso, sea para juzgar su adecuación, o bien para declarar su inaplicabilidad. Sobre el particular, en la doctrina de Fallos:308:1079 - que hizo suyos los términos del dictamen de esta Procuración General- V.E. dejó establecido que es arbitrario el auto regulatorio que no ha considerado los argumentos oportunamente planteados a su consideración, y, en el caso de que se entendieran rechazados implícitamente, no hay fundamentos que permitan avalar la solución.

Todo lo cual autoriza a descalificar el fallo en los términos de la doctrina de la arbitrariedad, sin que ello

implique abrir juicio acerca de la base regulatoria que corresponda adoptar, ni respecto de la norma aplicable y razonabilidad de la regulación definitiva.

Por todo lo expresado, opino que debe hacerse lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada, y disponer vuelvan los actuados al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.

Buenos Aires, 27 de abril de 2000.

N.E.B.