Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 13 de Abril de 2000, S. 330. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

S. 330. XXXV.

RECURSO DE HECHO

S.M., R.S. y otro s/ secuestro extorsivo -causa N° 28.090-.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

La Sala VI de la Cámara Criminal y Correccional de esta ciudad, confirmó la sentencia dictada por el juez de primera instancia que condenó a R.S.S.M. como coautor del delito de secuestro extorsivo, aunque redujo de siete a seis años la pena de prisión que le había sido fijada. También el a quo confirmó la condena a seis años de prisión aplicada a C.E.K. como coautor del mismo delito.

Contra ese fallo, el F. General ante ese tribunal interpuso recurso extraordinario con sustento en la doctrina de la arbitrariedad por considerar, en virtud de haberse omitido la valoración de extremos conducentes para la individualización de la pena, que las sanciones impuestas a los nombrados resultan carentes de razonable fundamento.

Declarado inadmisible por la Cámara, dicho magistrado dedujo la presente queja.

I Tal como también lo admite el recurrente, no paso por alto que el agravio que se pretende articular se vincula con la valoración de las pautas para individualización de la pena, cuestión que -en principio- excede el marco que V.E. puede decidir por la vía intentada, pues la graduación de las sanciones dentro de los límites ofrecidos por las leyes respectivas para ello, constituye el ejercicio de una facultad propia de los jueces de la causa (conf. Fallos: 237:190 y 423; 255:253; 305:494; 306:1669; 315:807 y 1699, entre otros).

Sin embargo, como excepción a esa regla, se ha reconocido que cuando lo resuelto fue posible merced a una consideración fragmentada y aislada de las pautas relevantes a tal efecto, se comprometen las garantías de defensa en juicio

y del debido proceso y, por lo tanto, es posible habilitar el recurso extraordinario con sustento en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 315:1658 y, más recientemente, Fallos:

320:1463).

No desconozco que estos últimos precedentes, se refieren a recursos en los que -de adverso al sub judice- las defensas de los imputados cuestionaban, por infundado, el incremento de las penas resuelto en las sentencias de segunda instancia. Empero, no advierto razones para que esa doctrina no pueda aplicarse en favor del Ministerio Público Fiscal -también amparado por esas garantías (conf. Fallos: 307:2483)cuando, como en el caso, viene reclamando una mayor sanción punitiva para los condenados.

II En cuanto al fondo de la cuestión, el análisis de la sentencia impugnada permite concluir, efectivamente, que lo referido a la individualización de las respectivas penas -cuyo aumento para ambos procesados había propuesto el recurso acusatorio- exhibe una insuficiente fundamentación.

Con respecto a R.S.S.M., a quien el juez de sentencia le había impuesto siete años de prisión, si bien la representante del Ministerio Público en esa instancia había requerido el máximo de la pena prevista por el artículo 170 del Código Penal -quince años de prisiónel recurrente redujo la pretensión fiscal a doce años de la misma especie. Esta solicitud no fue admitida por el a quo por considerar que Ala gravedad del hecho alegada ya se encuentra contemplada en la escala penal legalmente prevista, motivo por el cual no puede meritarse como una circunstancia capaz para sustentar un aumento de la condena impuesta, cuando, como sucede en la especie y a pesar de lo que sostiene el representante de la vindicta pública, M.A.D. no fue

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Procuración General de la Nación objeto de ningún tratamiento seviciante por parte de sus captores, que fuera más allá de lo necesario para mantenerlo cautivo ...@.

Luego de fundamentar de esa forma el rechazo de aquella solicitud, el vocal preopinante propuso A. cambio, que se reduzca la pena discernida en la instancia a San Martín, a una de seis años de prisión...@ (ver fs. 3 vta./4).

Del relato anterior se desprende que en la individualización de la pena aplicada al nombrado en la sentencia impugnada, se ha omitido expresar fundamentos suficientes para sustentar tanto el rechazo de la pretensión fiscal, cuanto la reducción de la sanción.

En efecto, se ha descartado lo primero sólo invocando que la gravedad del hecho no puede ser considerada para justificar una pena mayor, pero nada se ha expresado sobre la minoría de edad de M.A.D. ni sobre los posibles daños psicológicos que un hecho de estas características pueda ocasionarle, aspectos sobre los cuales el Ministerio Público había desarrollado argumentos en su memorial ante el a quo, y cuya evaluación resultaba aun más necesaria en tanto el fallo impugnado modificó en este aspecto al de primera instancia, pues se trataba de extremos que, con distinto alcance, habían sido tomados en cuenta por el juez de sentencia al graduar la pena en el considerando cuarto de su veredicto (Fallos: 291:475; 315:1658, consid. 51).

Además de lo anterior y también vinculado con la edad de la víctima y su estado de indefensión, en el pronunciamiento apelado se ha considerado que D. no fue objeto de Aningún tratamiento seviciante@, afirmación con la cual se ha respondido de manera dogmática el puntual agravio fiscal acerca de las condiciones de su cautiverio, en particular por habérselo mantenido encadenado a la cama durante los

dieciocho días que permaneció secuestrado. Al respecto, creo pertinente consignar que el sustantivo sevicia es definido en el Diccionario de la Real Academia Española (210 edición B Madrid, 1992) como Acrueldad excesiva, trato cruel@, calificativo que cabe aplicar a esas condiciones del cautiverio, dadas las características herméticas de la habitación donde fue retenido y la continua vigilancia de sus captores y que, contrariamente a lo afirmado en la sentencia, ello constituyó un sufrimiento que excedió del que necesariamente importó, en sí mismo, la mera comisión del delito.

Como se advierte, se trata de elementos objetivos que el inciso 11 del artículo 41 del Código Penal exige tener en cuenta para fijar las penas divisibles y que, no obstante haberlos invocado el recurrente para fundamentar su mayor pretensión punitiva, no han merecido respuesta en el fallo impugnado. Asimismo, ninguna consideración merecieron las pautas subjetivas que se adujeron en el recurso acusatorio y que, de acuerdo al inciso 21 de ese precepto legal, también deben tenerse en cuenta. En consecuencia, es posible concluir que se ha efectuado una consideración fragmentada de las pautas legalmente relevantes para resolver la cuestión y que, con arreglo a la doctrina de Fallos: 315:1658 y 320:1463, antes mencionados, el recurso resulta procedente.

En cuanto a la disminución de la pena impuesta a S.M., la arbitrariedad resulta manifiesta pues, tal como surge del párrafo supra transcripto, luego de afirmar que la víctima no fue objeto de Atratos seviciantes@ y descartar con esa fórmula el reclamo del Ministerio Público, el vocal preopinante propuso la reducción de la pena con la sola utilización del giro adverbial Aen cambio@.

Esta omisión descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, pues al no conocerse las circunstancias y elementos de

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Procuración General de la Nación convicción que fueron valorados a tal fin, se afectan las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio (Fallos: 308:2615; 311:652; 312:1467; 315:495, 2599 y 2969, entre muchos otros).

III Similares consideraciones cabe efectuar en cuanto a la situación de C.E.K., pues si bien a su respecto no fue disminuido el quantum de la pena, el requerimiento fiscal de una mayor sanción, sustentado en los mismos elementos objetivos que en el caso anterior, tampoco mereció adecuada respuesta pues la sentencia se limitó a adherir a los fundamentos del juez de primera instancia, donde no se había considerado la crueldad con que la víctima fue tratada. En aras de la brevedad, me remito -en lo pertinentea lo desarrollado en el apartado que antecede.

IV Por último, toda vez que el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público persigue la aplicación de una pena mayor para ambos imputados, considero que no corresponde que me expida sobre la procedencia del deducido por la defensa oficial de R.S.S.M. (expte.

S 329.XXXV, que corre por cuerda al presente) en atención al interés contrario que comporta el temperamento que habrá de proponerse al Tribunal.

A fin de completar los antecedentes del caso, acompaño fotocopia certificada de la expresión de agravios presentada ante la Cámara de Apelaciones por el representante del Ministerio Público y solicito a V.E. que ordene su incorporación a las actuaciones.

Por ello y los demás fundamentos expuestos por el señor F. General, mantengo la queja de fojas 14.

Buenos Aires, 13 de abril de 2000.

N.E.B.