Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Marzo de 2000, M. 212. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

M. 212. XXXV.

RECURSO DE HECHO

Malbert, J.A. c/ Telefónica de Argentina Sociedad Anónima.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

I La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió, a fs. 33/34, confirmar el decisorio del tribunal de segunda instancia que denegó el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (ver fs.

13).

Para así decidir el Máximo Tribunal Provincial destacó que el valor del crédito reclamado en la acción imposibilitaba la admisión del recurso planteado. Señaló, asimismo, que las limitaciones establecidas en las normas procesales para la concesión del recurso de inaplicabilidad de ley no vulneran garantías constitucionales y que su admisión porque se alegue que se violan preceptos de la Constitución Nacional, importaría, a más de violentar el régimen jurídico procesal vigente, la alteración de las propias normas de competencia constitucionales de las provincias y los principios de la Constitución Federal, que garantizan las facultades provinciales no delegadas a la Nación.

Finalmente, destacó que los agravios del recurrente y las cuestiones debatidas en autos, remiten al tratamiento de materia de prueba y errónea aplicación de normas arancelarias que impiden la admisión del recurso interpuesto.

Contra dicha resolución se interpuso recurso extraordinario, el que denegado, dio lugar a esta presentación directa (ver fs. 37/49).

II Destaca el recurrente que se configura en el caso cuestión federal suficiente, por cuanto se ha denegado la vía recursiva en base a óbices formales, cuales son el estrecho marco cognoscitivo del proceso ejecutivo y la insuficiencia

del monto para acceder al control constitucional por vía del recurso denegado.

Alega, asimismo, que el fallo recurrido respalda la constitucionalidad de la norma que impide el acceso al remedio extraordinario local y niega en forma dogmática la existencia de cuestión federal, cuando existe manifiesta conculcación de los derechos de propiedad y defensa en juicio. Dicha afectación de derechos de raigambre constitucional se dio en el momento mismo en que primera instancia obvia la realidad de una incontrovertida relación de dependencia entre el actor y la empleadora ejecutada y desatiende el ordenamiento jurídico local, antecedente que conlleva a un doble pago por la demandada sobre la misma causa.

Añade que la última decisión del tribunal superior local es la que se ataca de inconstitucionalidad, porque impide el acceso a la Corte Nacional, anulando el control previsto en la ley 48, para las cuestiones federales que se configuran en autos. Sin perjuicio de ello ataca de arbitrariedad el fallo, por cuanto recurre a pautas de excesiva lasitud para justificar la aplicación al caso de un límite procesal cuantitativo, y dejar de aplicar las disposiciones constitucionales vigentes desnaturalizando las formas procesales en desmedro de la verdad objetiva.

Agrega que en los recursos interpuestos nunca se cuestionó la interpretación fáctica, sino su encuadre normativo, por lo cual la cuestión en debate, ha sido insuficientemente abordada, porque ante hechos no controvertidos (relación de dependencia y el pago puntual del salario) y la existencia de una norma específica respecto a la improcedencia del reclamo (artículo 18 del Decreto-Ley 8094/77), el tribunal, dejó arbitrariamente de aplicar el derecho vigente.

Por último, pone de relieve que el recurso extraordinario apunta en forma directa a obtener la revocación del

M. 212. XXXV.

RECURSO DE HECHO

Malbert, J.A. c/ Telefónica de Argentina Sociedad Anónima.

Procuración General de la Nación fallo del Superior Tribunal Provincial, mediante la declaración de inconstitucionalidad del mínimo establecido en el Código Procesal local y colateralmente a efectivo ejercicio de la casación constitucional.

III Estimo que esta queja es improcedente en virtud de la ausencia de sentencia definitiva sobre el punto en cuestión, y que las objeciones están destinadas a controvertir la aplicación e interpretación de normas procesales y de derecho público local.

En efecto se trata en el caso de una sentencia recaída en juicio ejecutivo, donde el tribunal de primera instancia, mediante fallo confirmado por la alzada, y la estricta aplicación de normas procesales locales, desestimó las excepciones de falsedad de ejecutoria, inhabilidad de título y pago total, alegando que la naturaleza del proceso de ejecución impedía al análisis de la materia fuente de la obligación, lo cual como es sabido, no impide su discusión en un proceso ordinario posterior, que aleja, por ende, la eventualidad de un perjuicio irreparable que pudiese permitir la admisión del recurso, extremo reconocido por el propio apelante en el recurso de inaplicabilidad de ley (ver fs. 1/3 y 21 y 21 vta.).

Por último, cabe poner de resalto que el propio recurrente señaló que los agravios de su recurso excepcional apuntan a corregir la interpretación que han efectuado los tribunales provinciales de normas locales de procedimiento, tanto para la admisión de las excepciones opuestas en el proceso ejecutivo, como respecto de la recepción de los recursos locales planteados, apoyada con fundamentos suficientes que, más allá de su acierto o error, le dan a tales pronunciamien-

tos plena validez jurisdiccional.

Por todo lo expuesto, opino que V.E. debe desestimar la queja interpuesta.

Buenos Aires, 29 de marzo de 2000.

F.D.O.