Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Marzo de 2000, C. 220. XXXVI

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

Competencia N° 220. XXXVI.

S., N.A. s/ denuncia (causa N° 74/99-D).

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

Entre los titulares del Juzgado de Control N° 1 de la primera circunscripción judicial de la provincia de Córdoba, y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 de la Capital Federal, se suscitó la presente contienda negativa de competencia en la causa originada por la denuncia presentada por N.A.S. ante el ministerio público fiscal de aquella jurisdicción, que versa sobre lo siguiente:

El 1° de octubre de 1974 se labró en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la ciudad de Córdoba, el Acta n° 2033, tomo 3, serie "D", de ese año, en donde se habría anotado falsamente la filiación de un menor, puesto que, según dichos del denunciante, éste no era hijo de su hermana M. delC.S.; por consiguiente, resultaría también espurio el certificado médico extendido por el doctor C., que da cuenta del parto de la nombrada y del nacimiento de un varón a quien se le puso el nombre de M.E.P. (fojas 4 y 5).

M. delC.S. fue detenida, aparentemente por fuerzas de seguridad de la provincia, el 9 de enero de 1976 en la ciudad de Córdoba y nunca más se supo algo de ella.

Tan es así que la justicia federal de esa provincia decretó su ausencia por desaparición forzada, con retroactividad al primero de enero de 1976 (fojas 43 a 44 vuelta) y, luego, declaró como su único causahabiente a su hijo legítimo M.E.P. (fojas 58 y vuelta). Con fecha 15 de octubre de 1998, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, resolvió tener por acreditado el carácter de titular de la indemnización acordada por la ley 24.411 a la nombrada y como beneficiario al joven P. (fojas 63).

Y según el denunciante, éste pretende cobrar tal

resarcimiento, en base al certificado falso de su nacimiento, que corresponde a N.A.S. y a N.N.S., en su calidad de hermanos de la causante.

El juez provincial declaró su incompetencia material en forma parcial, receptando la postura del fiscal y remitiéndose a sus fundamentos, que a continuación se detallan:

Los hechos que se denuncian consistirían en el falso contenido de la partida de nacimiento de fojas 2 y la defraudación calificada tentada en perjuicio de la administración pública nacional. Resulta obvio, señala el fiscal, que M.E.P. no pudo haber participado en el primero de los delitos, pero sí pudo hacerlo en el segundo. Y habida cuenta de los resultados de la prueba genética realizada a los hermanos S. y a P., en donde se dice que los índices de parentesco biológico obtenido, resultaron muy bajos, corresponde declarar la incompetencia parcial. Y ello resulta necesario en este momento de la causa y no en otro, puesto que P. no es parte en el proceso provincial y el estudio aconsejado por el organismo técnico (determinación de la secuencia del ADN mitocondrial) podría comprometerlo sustancialmente con un hecho delictivo, siendo necesario que se haga con control de parte para garantizar su eventual defensa en juicio. Y como a él no se le atribuye el delito de falsedad ideológica, resta en su contra el hecho de fraude tentado contra la administración pública nacional, lo que determina la intervención de la justicia federal (fojas 109 a 110 vuelta).

El magistrado federal, por su parte, rechazó tal atribución de competencia, al entender que toda vez que no se encuentra acreditado en autos si M.E.P. resulta ser hijo biológico de M. del Carmen Sosa y J.P., restando para ello efectuar el estudio aconsejado por el CE-

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S., N.A. s/ denuncia (causa N° 74/99-D).

Procuración General de la Nación PROCOR, el que, en definitiva, echará luz sobre el estado de incertidumbre existente. Por otra parte, sostiene el juez, y en el caso de que P. no comparta los perfiles genéticos de sus supuestos tíos, eventualmente se configuraría el delito de tentativa de defraudación a la administración pública, el cual concurriría en forma ideal con el uso de partida de nacimiento ideológicamente falsa para obtener el beneficio previsto en la ley 21.411, ante la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales (fojas 117/118). Tesitura que, a mi modo de ver, se encuentra explicada con mayor claridad por el fiscal federal, quien no se refiere a la falta de acreditación de la filiación de P. -extremo que, hasta el momento, si se encuentra probado con los documentos pertinentes, aunque éstos se hayan atacado en cuanto a su verdad intrínseca- sino a la falta de comprobación biológica del hecho mediante la pericia del caso (fojas 115 vuelta, 3er. Párrafo).

Con la insistencia del tribunal de origen y la elevación a la Corte de las actuaciones, quedó trabada la presente contienda (fojas 125/126).

Ambos magistrados comparten, en principio, la calificación legal que los hechos denunciados les merecen, a saber:

en su origen, una falsedad ideológica de instrumento público y, posteriormente, una tentativa de defraudación al Estado mediante el uso de este documento espurio; también estarían de acuerdo en la competencia local y federal, respectivamente, de estos delitos.

Por el contrario, si discrepan en cuanto a la oportunidad en que el juez provincial escindió el proceso principal alegando razones de competencia federal y de garantías constitucionales.

Y en el estricto marco de esta controversia, estimo que se debe resolver el conflicto según la doctrina de V.E.,

invocada en sede federal, de la falta de investigación suficiente para que el Tribunal pueda ejercer las facultades que le confiere el artículo 24, inciso 7°, del decreto ley 1285/58, en tanto que los elementos incorporados al proceso no alcanzan para calificar, con razonable certidumbre, el hecho que motiva la causa y discernir al tribunal que corresponda investigarlo, en cuyo caso el juzgado que previno debe continuar con su tramitación (Fallos:

291:272; 293:405; 306:1272 y 1997 y 311:528, entre otros).

Esta solución aparece como la más conveniente para este proceso donde el fiscal dio curso a una denuncia por delitos (falsificación de un certificado médico, falsedad ideológica de una partida de nacimiento y suposición de estado civil) cuyas acciones se encontrarían extinguidas, por fallecimiento o por prescripción, o, en el caso de existir otro, no sería de su competencia. Sin embargo, recaba una serie de medidas probatorias, entre ellas una pericia que no conduciría siquiera a acreditar lo que se pretende (un hecho negativo: falta de vínculo filial), ya que en el mejor de los casos sólo resultaría apta para demostrar la inexistencia de parentesco entre tíos y sobrino, pero nunca entre madre e hijo, puesto que sin el cuerpo de aquélla, desaparecido, tampoco se podrían tener evidencias de que existe vínculo sanguíneo entre los tres hermanos.

De tal modo, y advirtiendo en ese momento que su actividad persecutoria podría resultar en desmedro de las garantías individuales de P., el fiscal cordobés, luego de emprender tal investigación, dictamina que deben profundizarse estudios que, según su entender, deberían quedar a cargo de un magistrado federal.

En este sentido, resulta contradictorio que se ordene un examen técnico muy concreto: pericia genética a fin de

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Procuración General de la Nación determinar si N.A.S. y N.N.S., guardan relación de parentesco con M.E.P. (ver fojas 78), y luego ante la posibilidad de efectuar una operación bioquímica de mayor complejidad -la determinación de la secuencia del ADN mitocondrial (fojas 103)- aunque de igual naturaleza que el estudio ya ordenado, tendiente a la misma finalidad investigativa y a los fines de completar el examen, el fiscal intente desprenderse de la actuación dejando incompleta la adquisición de la prueba que él mismo decidiera (fojas 83 vuelta y 106 a 107 vuelta).

Como puede apreciarse, este desdoblamiento de la investigación intentado por la justicia provincial, sin concluir, por todos los medios científicos posibles, el estudio pericial dispuesto o, en su defecto, sin revisar la legitimidad y procedencia de la medida, resulta prematuro e inconveniente para el objeto y los fines de esta causa, por razones elementales de economía procesal.

Ello sin perjuicio de que también se comparte la preocupación de los magistrados provinciales sobre la exclusión probatoria de los actos susceptibles de vulnerar las garantías constitucionales de P., situación contemplada en el artículo 194 del Código Procesal Penal de Córdoba, como excepción al principio de libertad probatoria consagrado por el artículo 192 de ese cuerpo legal, dispositivo éste aplicado por el fiscal a fojas 83 vuelta, cuando desoye la oposición del joven a convertirse en objeto de una prueba que podría menoscabar no sólo su derecho de defensa, sino, también, el delicado aspecto de su estado civil y los derechos personalísimos que de él derivan (artículo 4° de la ley 23.511, a contrario sensu, así como el considerando 8° de la sentencia de V.E. publicada en Fallos: 319:3370). Máxime que quien denuncia

tardíamente estos supuestos delitos, tendría expedita la acción de impugnación de la maternidad, como tercero que invoca un interés legítimo, prevista en el artículo 262 del Código Civil, supuesto en el que P. habría sido parte y, en consecuencia, habría podido ejercer sus derechos en plenitud, sin perjuicio de que en ese proceso surgiera la comisión de hechos de carácter delictivo.

Por todo lo expuesto, opino que debe continuar entendiendo en autos la justicia de la provincia de Córdoba.

Buenos Aires, 29 de marzo de 2000.

L.S.G.W.