Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 20 de Marzo de 2000, D. 289. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

D. 289. XXXV.

RECURSO DE HECHO

D.M., D.M. c/R., I.L. y otro.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

El Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N° 69 de Capital Federal, rechazó la demanda de desalojo interpuesta en autos, e hizo lugar a la reconvención por cumplimiento de mandato oculto, condenando al accionante a otorgar escritura traslativa de dominio, respecto del inmueble objeto del litigio, a favor de la demandada (v. fs.

1969/1979).

Apelada esta sentencia por el actor, la Sala ?K@ de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la revocó en cuanto acogía la reconvención. Dijo en sus fundamentos, que la forma en que quedó trabada la litis, obligaba tanto al apelante como a su contraria, a probar los hechos en que fundaron sus respectivos derechos, esto es, el primero, la existencia del comodato que invocó en su escrito introductivo, y la segunda, el mandato oculto que fue motivo de la demanda reconvencional. Sostuvo que ninguno de los dos extremos se encontraban suficientemente acreditados como para sustentar la decisión del juez de grado.

Expresó que para resolver de esa manera, y ante la falta de contradocumento, por aplicación de las normas de la simulación, debieron mediar circunstancias que hicieran inequívoca la existencia de esa figura legal, y llevaran al juzgador a la plena convicción de que el acto impugnado (adquisición del inmueble por el actor) se había realizado, en realidad, por cuenta y orden de la demandada. A criterio de la Sala, dicha condición no se había cumplido, pues, los elementos de juicio tenidos en cuenta por el inferior para fundamentar su decisorio -que la Alzada enumeró y criticó-, resul-

taban suficientemente dudosos -dijocomo para impedir la certeza ?poco menos que indubitable@, requerida para admitir la pretensión de la reconviniente.

Finalmente, juzgó que el actor no había vertido una crítica concreta y razonada en relación a la inexistencia de acreditación del contrato de comodato a que aludiera como fundamento de su acción, y, en consecuencia, revocó la sentencia recurrida, solamente en cuanto acogía la reconvención y obligaba al accionante a la escrituración del inmueble a favor de su contraria (v. fs.

2035/2037, y sentencia sobre aclaratoria de fs. 2044).

-II-

Contra este pronunciamiento, la demandada reconviniente dedujo recurso extraordinario a fs. 2045/2079, cuya denegatoria de fs. 2092, motiva la presente queja. Alega arbitrariedad de la sentencia por violación de las reglas de la sana crítica y de la lógica. En ese entendimiento, defiende la sentencia del Juez de Primera Instancia, reprobando los argumentos que condujeron a la Alzada a desestimar, por dudosos, los elementos apreciados por aquél para tener por inequívoca la existencia de la simulación, tales como, las refacciones efectuadas en el inmueble, el hecho de que el actor nunca lo haya habitado, la pretendida actuación de la demandada a título de dueña, la existencia de algunos recibos de pago de cuotas hipotecarias en poder de la accionada, la carta manuscrita de su hermano, y la demora en el reclamo del desalojo.

Se ocupa, luego, de señalar diversas presunciones que surgirían de los hechos de la causa, y que, a criterio de la recurrente, serían precisas, serias y concordantes, es decir suficientes para cumplir con las exigencias establecidas por la doctrina y la jurisprudencia, a fin de tener por

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RECURSO DE HECHO

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Procuración General de la Nación acreditada la simulación.

Se refiere, por último, a la prueba del actor, aduciendo que no logró demostrar ninguno de los hechos invocados y controvertidos.

-III-

Cabe señalar, en primer término, que, en cuanto a las cuestiones en debate, el Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades, que es improcedente el recurso extraordinario cuando los únicos agravios del apelante, remiten, como en el caso, al tratamiento de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, materia propia de los jueces de la causa y ajena, como regla, y por su naturaleza, al artículo 14 de la ley 48 (v. doctrina de Fallos: 313:1222 y sus citas; 320:2101; 321:767 entre otros).

Tal es lo que, a mi criterio, ocurre en el sub lite, desde que la simple lectura de los términos de la sentencia, y de los del recurso, lleva a concluir que los argumentos de la recurrente, que, vale decirlo, reiteran asertos ya vertidos en instancias anteriores, sólo traducen diferencias con el criterio del juzgador para la selección y valoración de la prueba; y que las conclusiones de este último, no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia una decisiva falta de fundamentación en el decisorio, según resulta exigible en la actual teoría recursiva, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Al respecto V.E. tiene establecido que no corresponde aplicar la doctrina de la arbitrariedad, cuando el tribunal ha expresado fundamentos fácticos que, más allá de su acierto o error, resultan suficientes para sustentar su conclusiones y, si las impugnaciones propuestas sólo traducen discrepancias con el

criterio de selección y valoración de las pruebas aplicados por la alzada (v. doctrina de Fallos: 313:1222, entre otros).

Cabe recordar , por otra parte, que el a-quo, como argumento principal de su sentencia, puso de relieve que por aplicación de las normas de la simulación, debían mediar circunstancias que hicieran inequívoca la existencia de tal figura legal, supuesto que, a su criterio, no ocurría en el caso, toda vez que, ?el cúmulo de elementos de juicio@ tenido en cuenta por el inferior como fundamento de su conclusión, resultaba lo suficientemente dudoso como para obstar la certeza que la misma requiere (v. fs. 2036 vta., tercer párrafo).

En este contexto, no está demás señalar que, en atención a la fe que la ley atribuye a los instrumentos públicos, adquiere especial relevancia el carácter pleno y convincente que deben reunir las presunciones, y que en caso de duda, debe prevalecer la validez del acto impugnado.

Los defectos antes señalados, entonces, adquieren particular significación tan pronto se observa que las críticas vertidas -que, reitero, comprometen únicamente aspectos de hecho y de prueba- obran expuestas so color de arbitrariedad, doctrina jurisprudencial que, como insistentemente tiene dicho V.E., no es apta para revitalizar el debate sobre el mérito de las pruebas incorporadas al proceso aunque se trate de presunciones (v. doctrina de Fallos: 301:909 y sus citas), ni tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que el apelante considere tales a raíz de su mera discrepancia con el criterio de selección y valoración de las pruebas, incluso presunciones, como sucede en el caso en que se rechazó la acción de simulación, sino que reviste un carácter estrictamente excepcional (v. doctrina de Fallos: 308:198 y sus citas), y exige que medie un inequívoco apartamiento de las normas que rigen el caso o una decisiva carencia de fundamen-

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Procuración General de la Nación tación, supuestos que no concurren en el sub lite.

Por todo lo expuesto, estimo que debe rechazarse la presente queja.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2000.

F.D.O.