Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 16 de Marzo de 2000, C. 231. XXXVI

Actor:Garcia Javier Esteban
Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

Competencia N° 231. XXXVI.

G., J.E. s/ defraudación por administración fraudulenta.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e:

Entre el titular del Juzgado de Garantías N1 1 del Departamento Judicial de Lomas de Z. y el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N1 28 de la Capital Federal, se ha trabado la presente contienda negativa de competencia, respecto a la causa instruida con motivo de la denuncia efectuada por A. delC.O., contra J.E.G. y E.G..

Constituyen el objeto procesal del presente legajo las acciones desplegadas por los imputados, consistentes en haber percibido sin mandato o autorización de las acreedoras B la aquí denunciante y su hija fallecida -, las cuotas correspondientes a varios contratos de mutuo con garantía hipotecaria, en los cuales habían actuado como intermediarios a través de su inmobiliaria, sita en la localidad de Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, causando el correspondiente perjuicio a la denunciante, o bien a los deudores que abonaron ignorando tal situación.

Sostuvo el magistrado provincial, siguiendo el criterio del agente fiscal de aquella jurisdicción, que al tramitar ante la justicia nacional, tanto la ejecución hipotecaria donde la denunciante advirtió la irregularidad, como el juicio sucesorio de su hija fallecida y acreedora en el mutuo, correspondía también la intervención de la justicia capitalina en la causa penal que nos ocupa (confr. fs. 32 y 37).

Por su parte el titular del Juzgado de Instrucción N1 24 de esta ciudad, luego de practicadas diversas medidas de prueba por el representante del Ministerio Público Fiscal, concluyó que al encuadrar los hechos denunciados en el delito de estafa, debía determinarse la competencia sobre la bese del lugar donde se produjo la disposición patrimonial perjudicial, esto es en las oficinas de los imputados en la Avenida San Martín 4091, de la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires, donde recibieron los pagos cuestionados (fs. 121).

En mi opinión, más allá de la calificación legal que en definitiva corresponda efectuar, debe examinarse a fin de establecer

qué magistrado resulta competente, el lugar donde se desarrollaron los hechos denunciados. Así, advierto que los imputados, a través de su negocio inmobiliario ubicado en la localidad de Lanús, actuaron como intermediarios en los préstamos hipotecarios, que fue en la sede de sus oficinas donde percibieron los pagos en cuotas que resultan cuestionados (76/78, 79/81 y 82/83), que también en esa localidad cedieron onerosamente a favor de la hija de la denunciante alguno de los créditos con garantía real (Confr. fs. 31) y que fue en esa misma localidad donde se pasaron por escritura pública los correspondientes contratos (fs. 26/30, 43/46).

En tales condiciones, nada justifica la intervención de la justicia nacional en esta causa penal, pues la invocada circunstancia de que una de las ejecuciones hipotecarias y el juicio sucesorio de la hija de la denunciante, se tramiten ante el fuero civil de esta ciudad, no puede servir de base para determinar la competencia en materia penal que, a la luz del principio consagrado en el Art.

118 de la Constitución Nacional y receptado por los códigos procesales locales, resulta improrrogable.

Por lo expuesto, opino que corresponde intervenir en la presente causa al señor Juez de Garantías, a cargo del Juzgado N1 1 del Departamento Judicial de Lomas de Z., provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2000.

L.S.G.W.