Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 10 de Marzo de 2000, P. 404. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

P. 404. XXXV.

P. de L., M.A. c/L., A. s/ divorcio vincular.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

-I-

La Sala Primera en lo Civil, Comercial y L., del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, desestimó el recurso de inconstitucionalidad deducido por el demandado contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Resistencia.

A. reseñar los agravios, relató que el recurrente había impugnado por arbitraria y lesiva a su derecho de defensa en juicio, a la sentencia de Cámara que confirmó la de Primera Instancia, en cuanto hizo lugar al divorcio por la causal de injurias graves atribuidas al esposo. Refirió que el apelante, en primer lugar, había cuestionado la admisión de la declaración testimonial de sus hijos, en orden a que ello configuraba un apartamiento de la prohibición del artículo 405 del Código Procesal local; que además, había criticado que el tribunal fundara su conclusión en testimonios recibidos A. parte@ en un proceso cautelar no ratificado en el presente, y que había reprochado la omisión de valorar debidamente los testimonios propuestos por su parte.

Luego de efectuar algunas consideraciones generales sobre la doctrina de la arbitrariedad, el Superior Tribunal local anticipó que los agravios invocados, no lograban demostrar la existencia de vicios que hicieran descalificable lo decidido, con arreglo a la misma.

Juzgó que, en general, el escrito recursivo había desarrollado sus críticas mostrando sólo una diferencia de interpretación respecto a la admisión y valoración de la prueba testimonial ofrecida por las partes, lo que no resultaba suficiente para otorgar vida al recurso interpuesto. A fin de abonar este aserto, detalló las principales consideraciones

y argumentos del decisorio impugnado, indicando que, respecto de las declaraciones recibidas en otra causa sin control de la contraparte, los sentenciadores habían expresado que no valían sino como elementos indiciarios, y que ello no vulneraba la bilatelaridad y publicidad del proceso, porque no se habían ponderado como pruebas contundentes, sino como presunciones que resultaban válidas en este tipo de procesos.

Prosiguió con el reconocimiento de las demás reflexiones del inferior, reiterando finalmente, que sus conclusiones aludían a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces del proceso y ajenas a la jurisdicción extraordinaria del Superior Tribunal provincial.

En tal entendimiento, respecto del agravio sobre la aceptación de las testimoniales de los hijos, señaló que la adhesión de los sentenciadores a la corriente del pensamiento nacional que las admite, fue suficientemente fundada, y expuso los argumentos que, a su criterio, abonaban esta determinación.

En lo que hace a la evaluación de los testimonios ofrecidos por la parte recurrente, señaló, con sustento en doctrina de V.E. y jurisprudencial nacional, que el veredicto judicial que se funda en pruebas suficientes, no puede ser pasible de la tacha de arbitrariedad, no obstante omitir considerar la que aludió el apelante, pues los jueces tienen atribuciones privativas para preferir el testimonio que les merezca más fe, de entre varios dispares, y valorar las tachas e inhabilidades que pudieren padecer. No es menester, por lo tanto prosiguió -, una argumentación pormenorizada del material probatorio, bastando que la sentencia contenga fundamentos suficientes para sustentarla.

-II-

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Procuración General de la Nación Contra este pronunciamiento, el demandado dedujo recurso extraordinario a fs.270/277, el que fue concedido a fs.280/281.

Tacha de arbitraria a la sentencia, y, reiterando los agravios vertidos en las instancias anteriores, sostiene que la admisión del testimonio de sus hijos, significó la valoración de una prueba prohibida o ilícita, por quebrantamiento de la disposición del artículo 405 del Código Procesal Civil de la Provincia del Chaco, que tiene su equivalente en el artículo 427 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Más adelante, mantiene que la prescindencia de esta solución normativa, inequívocamente aplicable al caso, sin dar razón plausible, y sin previa declaración de inconstitucionalidad, constituyó una lesión a su derecho de defensa en juicio.

Añade que, desde la primera oportunidad que tuvo para expresar sus agravios, viene sosteniendo que esta cuestión guarda analogía con el antecedente de V.E. publicado en E.D. tomo 54, págs. 458 y sgtes. (Fallos: 288:249), y cita jurisprudencia del Tribunal, con arreglo a la cual, carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte Suprema sin aportar nuevos argumentos que signifiquen modificar las posiciones sustentadas en ellos.

Por otra parte, insiste en que se ha considerado una prueba no traída regularmente al juicio, al fundarse también, la sentencia, en declaraciones testimoniales recibidas en un proceso cautelar tramitado sin el contralor del demandado.

Frente a la desestimación de este agravio sobre la base de que no se habían juzgado a tales elementos de convicción como Aprueba testimonial@ sino como Aprueba indiciaria@, sostiene, por el contrario, que dichos testimonios no pudieron ser

apreciados en la causa principal sin mengua de las garantías constitucionales antes referidas, ni siquiera como meros indicios, porque la imposibilidad de valoración es absoluta.

Se agravia, en consecuencia, por la conclusión según la cual, resulta legítima la conversión de una prueba ilícita en lícita, y, con cita de doctrina, extiende este razonamiento a la aceptación del testimonio de sus hijos en el proceso de divorcio.

De otro costado, expresa que aquella afirmación del a-quo para desestimar su agravio, carece de una explicación que la fundamente, y, por lo tanto, se revela como una declaración dogmática, sin sustento normativo.

Se queja, además, por la falta de estimación de prueba decisiva, ya que - a su ver - se habría omitido, sin fundamento, evaluar debidamente los testimonios ofrecidos por su parte, calificados por el juzgador como meros Atestigos de concepto@. Manifiesta que, si bien no es obligación de los jueces valorar todas las pruebas, no es menos cierto que ello es así en tanto no se prescinda de aquella especialmente idónea para formar la convicción del juzgador.

En este contexto, apoya sus argumentos en la jurisprudencia de V.E., que ha descalificado las sentencias cuando se limitan a un análisis parcial y aislado de los diversos elementos de juicio, pero no los integran ni armonizan debidamente en su conjunto.

-III-

V.E. tiene reiteradamente dicho, que la doctrina sobre arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que el apelante considere tales, a raíz de su mera discrepancia con el alcance atribuido por el a quo a principios y normas de derecho común o con la valoración de la prueba, incluso de presunciones, sino que reviste un carácter

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Procuración General de la Nación estrictamente excepcional que se acentúa cuando B como en autos B efectuar tal análisis importaría atribuirse implícitamente el conocimiento de los límites de la competencia extraordinaria del superior tribunal provincial, materia igualmente excluida - por regla - de la instancia de excepción (v. doctrina de Fallos:308:199 y sus citas, entre otros) Asimismo, ha declarado el Tribunal que es improcedente el recurso extraordinario fundado en agravios que reiteran asertos ya vertidos al cuestionar la sentencia del juez de grado, desechados sobre la base de fundamentos que no compete a la Corte revisar, ya que se encuentran vinculados a cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, suficientes, al margen de su acierto o error, para descartar la arbitrariedad invocada (v. doctrina de Fallos: 312:1859).

A mi modo de ver, concurren en el sub lite supuestos similares a los que abonan la doctrina de los precedentes citados, toda vez que el recurrente se alza contra la sentencia del Superior Tribunal provincial, y en su escrito recursivo, reitera los agravios vertidos en instancias anteriores, los que sólo traducen diferencias con el criterio del juzgador en orden a la interpretación de normas de derecho procesal y a la valoración de la prueba.

En efecto, como se ha visto en la reseña que antecede, el agravio vinculado con la admisión de las testimoniales de los hijos, fue desechado sobre la base de la adhesión de los sentenciadores, con fundamentos suficientes, a la línea doctrinaria y jurisprudencial que las admite, mencionando los motivos tenidos en cuenta para valorarla. Cabe señalar que, en tal sentido, puntualizaron que se trataba de hijos mayores de edad, y que la prueba fue admitida como una presunción, relacionándola con las demás producidas, a fin de esclarecer los hechos controvertidos. Previo a estas reflexio-

nes, y respecto de la eficacia de la testimonial, se ocuparon de advertir que debía ser apreciada en su conjunto, después de realizar una tarea de interpretación, análisis y comparación de las declaraciones, lo cual daba un panorama claro de la situación, conforme a las reglas de la sana crítica, máxime en casos como el presente, en los que se ventila la conducta de un matrimonio, circunstancia que habían puesto de relieve los tribunales de las instancias inferiores al valorar las distintas pruebas (v. fs. 264 y vta.) Los magistrados integrantes del Superior Tribunal de la Provincia, remitieron asimismo, en lo pertinente, al dictamen del señor P. General de la Provincia, que consideró que la sentencia de Cámara, no obstante lo opinable de la interpretación realizada, contaba con bastantes argumentos que impedían su descalificación como acto judicial, e indicó que el juzgador había actuado en el conflicto bajo su intervención, con miras a lo que mejor convenía al interés familiar, todo lo cual, prosiguió, no había sido replicado por el recurrente (v. fs. 264 vta. y 265).

Atento a lo expuesto, y examinando el contenido de los agravios - reseñados en el punto II del presente dictamen-, estimo que asiste razón al a-quo cuando expresa que los mismos sólo muestran una diferencia de interpretación respecto a la valoración de la prueba testimonial ofrecida por las partes, lo que resulta insuficiente para otorgar vida al remedio intentado. Sobre el particular, V.E. tiene dicho que no promueve cuestión apta para ser tratada en la instancia excepcional, la tacha de arbitrariedad que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida por el juzgador, insuficiente por ende para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso, o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (Fallos:

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Procuración General de la Nación 302:1491).

No modifica este criterio, la insistente invocación por parte del apelante, del precedente de Fallos: 288:249, toda vez que, además de tratarse de un supuesto diferente al de autos (circunstancia debidamente señalada por el sentenciador a fs.

265), procede aplicar al sub lite la reiterada doctrina del Tribunal, en orden a que no constituye una cuestión federal, la presunta contradicción entre lo resuelto y un anterior pronunciamiento de la Corte, cuando no se vincula a un fallo recaído previamente en la misma causa (v. doctrina de Fallos: 307:2124, considerando 51 y sus citas; 308:2264, 2561, entre otros), y a que, al tratarse de una norma de derecho común, y hallarse su inteligencia suficientemente fundada, pone al fallo al abrigo de la tacha de arbitrariedad (Fallos:312:608).

-IV-

En cuanto al agravio relativo a la consideración de pruebas producidas en otro proceso, se ha visto en la síntesis que precede, que el a-quo se ocupó de señalar que, en la sentencia del inferior, las mismas no fueron evaluadas como pruebas testimoniales, sino como elementos indiciarios, a lo que los sentenciadores agregaron que en este tipo de procesos, el criterio que corresponde para apreciar la prueba, debe ser amplio, sin que ello autorice a dar por probados hechos que no quedan debidamente acreditados, debiendo apreciarse en forma cauta y en su conjunto, a fin de obtener una adecuada comprensión de los hechos; razonamiento que extendieron a la testimonial de la señora M.B. de B., al expresar que la misma no fue tomada aisladamente, sino relacionada con el contexto de todo el caudal probatorio (v. fs. 263 y vta.).

También reparó el a-quo, que, en lo que respecta al agravio referido a la valoración inadecuada de los testigos

del demandado, la Cámara había manifestado que el hecho de que el sentenciante no hubiera enunciado un determinado elemento probatorio, no significaba que no los hubiera tenido en cuenta, pues no tenía la obligación de enumerar todas las pruebas arrimadas al expediente, sino que era suficiente que mencionara aquellas en que había fundado su decisión, atento la facultad de seleccionar las que estimaba relevantes.

En atención a los argumentos reseñados en los dos párrafos precedentes, estimo, por una parte, que los mismos desautorizan la crítica relativa a que la sentencia se habría limitado a un análisis parcial y aislado de los diversos elementos de juicio, sin integrarlo ni armonizarlos debidamente en su conjunto; y, por otra, que las afirmaciones vertidas por el apelante en los referidos agravios, no constituyen fundamento suficiente para descalificar el fallo por arbitrariedad, toda vez que abundante jurisprudencia del Tribunal, ha sustentado que dicha doctrina, no tiene por objeto corregir sentencias supuestamente equivocadas, en el marco de la mera discrepancia con la valoración de las pruebas (v. doctrina de Fallos:312:195) y que los jueces de la causa no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las agregadas, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (v. doctrina de Fallos:310:268). En este contexto, la Corte tiene dicho, además, que la discrepancia con el criterio adoptado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, y que no configura arbitrariedad la circunstancia de que el tribunal haya acordado preferencia a determinados elementos probatorios (v. doctrina de Fallos:

308:2475).

Finalmente, procede citar como corolario, la doctrina de V.E. que ha establecido que la solución de las

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Procuración General de la Nación controversias mediante el análisis y aplicación del derecho común y la valoración de las circunstancias fácticas y las constancias probatorias, no puede sino fenecer con el ejercicio de la potestad jurisdiccional de los tribunales superiores de la causa, no siendo la Corte, en tal sentido, salvo los supuestos muy precisos del recurso ordinario, una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones (Fallos:312:195).

Por todo lo expuesto, opino que debe declararse inadmisible el recurso extraordinario interpuesto.

Buenos Aires, 10 de marzo de 2000.

F.D.O.