Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Febrero de 2000, C. 278. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 278. XXXV.

    RECURSO DE HECHO

    C., J.T. c/ J.A.G..

    Procuración General de la Nación Suprema Corte:

    I La Sala Primera de la Corte de Justicia de San Juan, al dictar un nuevo pronunciamiento con arreglo lo resuelto por V.E. a fs. 102/104 del expediente N° 1066 (foliatura a citar en adelante), desestimó los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la actora contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de la referida ciudad (v. fs. 150/152). Entendió que correspondía el rechazo formal de los recursos, por no haberse cumplimentado el requisito establecido por el artículo 3, inciso 3°, de la ley provincial 2275, que exige adjuntar boleta de depósito judicial en el acto de presentación. Señaló que el impugnante no efectuó tal depósito en razón de que se le había otorgado el beneficio de litigar sin gastos, el que no se encontraba firme, y fue revocado ante la apelación de la demandada. Su cumplimiento luego de notificada esta última resolución prosiguió-, resultó extemporáneo porque se realizó cinco días hábiles después, cuando no le quedaba al impugnante término residual de su presentación originaria.

    A mayor abundamiento, y para aventar la imputación de un formalismo ritual excesivo, destacó que también eran improcedentes los recursos intentados, por carecer de sustento los agravios propuestos. Indicó que, de lo manifestado por el sentenciante de grado, surgía que la prueba pericial practicada en segunda instancia y consentida por el impugnante, determinaba la autenticidad de las firmas de la actora en los recibos peritados, sellando la suerte de la demanda, lo que acarreaba la improcedencia del agravio al respecto. Añadió que a la misma conclusión debía arribarse en cuanto a la falta de

    intervención del Ministerio Pupilar, pues en autos se le había dado la participación que exige la ley, sin que éste hubiera observado nada anormal respecto de los menores de que se trata, razón por la cual la queja devenía improcedente. Por último, destacó que la temática sometida a decisión del tribunal era de naturaleza eminentemente fáctica, por lo que escapaba a la instancia de excepción de la ley provincial 2275.

    II Contra este pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario, cuya denegatoria motiva la presente queja. Aduce que la sentencia de la Corte local, constituye un claro apartamiento de la directiva del fallo de V.E. que anuló la desestimación anterior de los recursos locales. Señala que, en el mismo, se dijo que había un exceso de rigor formal en la exigencia de requerir el beneficio de litigar sin gastos, y relata que cuando volvió el expediente a la Corte de San Juan, mientras ésta lo tenía a estudio, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia que acordaba tal beneficio, ante cuya notificación, procedió a efectuar el depósito.

    Sostiene que su parte tuvo derecho a interponer los recursos sin necesidad de observar esa exigencia formal, puesto que el beneficio estaba concedido, y que al ser revocado, la Corte local, retroactivamente dijo que no se cumplió tal requisito, lo que resulta arbitrario y contrario a la directiva de V.E., significando un nuevo exceso ritual manifiesto.

    Se refiere luego al tratamiento subsidiario del fondo de la cuestión, que es la entrega a los menores, hijos de la victima fatal de un accidente de tránsito, del dinero proveniente de la indemnización. Afirma que cuando recurrieron ante la Corte Provincial, desistieron de impugnar el fallo por

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    Procuración General de la Nación la cuestión de las firmas, pero que dijeron que el dinero debió depositarse en el Juzgado y ser controlada su inversión por el Ministerio Público Tutelar.

    Critica que el a quo, haya decidido sobre un punto ya desistido, cual era el de la autenticidad de las firmas, y que haya resuelto en forma adversa el agravio sobre la falta de depósito y control por el Juzgado y el Asesor de Menores.

    Argumenta que la notificación a ese Ministerio, no suple el depósito y control de inversión, y que lo único que hizo el Asesor, fue prestar conformidad a la transacción formulada por el abogado de la actora, pero que nada dijo sobre la entrega del dinero, ni tuvo intervención en ella.

    Reprocha, además, que la Corte local haya rechazado los recursos por entender que la temática sometida a su decisión era de naturaleza fáctica, como acontecía con la determinación del valor de los recibos firmados por la actora.

    Reitera que su parte no impugnó lo decidido sobre los recibos, y que el sentenciador decidió sobre este punto que no estaba en discusión, omitiendo que la intervención del Asesor de Menores y el Juzgado en la entrega y control de los fondos, no es una cuestión fáctica, sino que se trata de la interpretación de los artículos 287 y 293 del Código Civil, siendo unánime la jurisprudencia -prosigue-, en el sentido de que ni el usufructo legal, ni la facultad de administrar los bienes de los hijos, excluyen la intervención del Ministerio Pupilar.

    III A efectos de emitir opinión acerca de la admisibilidad de los agravios, resulta ineludible tener presente que la sentencia recurrida, fue dictada en cumplimiento de las directivas emanadas del fallo de la Corte Suprema de Justicia

    de la Nación de fs. 102/104.

    En atención a ello, cabe considerar que en el sub lite, se encuentra en tela de juicio la inteligencia de un pronunciamiento del Tribunal recaído en la propia causa, circunstancia que hace formalmente viable el recurso extraordinario (v. doctrina de Fallos: 308:617; 310:1129; 313:1333, entre otros).

    En este orden, vale destacar que, como se ha visto, la Sala Primera de la Corte de San Juan, luego de argumentar que correspondía el rechazo formal de los recursos articulados, se ocupó, sin embargo, de examinar los agravios propuestos, a fin de aventar la imputación de un formalismo ritual excesivo (v. fs. 151 vta., segundo párrafo y siguientes). Ello evidencia, al menos, el propósito del a quo de someterse a las directivas del referido fallo de V.E., y, en tales condiciones, considero que son los miembros de esa Exma. Corte Suprema, en su carácter de intérprete máximo y final de sus propios dichos, a quienes compete expedirse en el problema, dado que esta Procuración General de la Nación no tuvo participación ni, por ende, opinión consonante con aquel pronunciamiento.

    No obstante ello, y a todo evento, señalo que no hallo cuestiones susceptibles de ser tratadas por esta vía, toda vez que la queja relativa a una supuesta reincidencia en exceso de ritual manifiesto, ha sido expresamente salvada en forma subsidiaria por el a quo, mediante argumentos que no prescinden de los hechos de la causa, ni contienen deficiencias lógicas de razonamiento, ni ausencia de fundamento normativo, por lo que aquella impugnación resulta extraña al recurso extraordinario.

    Máxime cuando se observa que los agravios desarrollados por el recurrente en su presentación, reiteran asertos ya vertidos en instancias anteriores, y se Página 4

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    Procuración General de la Nación presentan mas bien como una expresión de su disconformidad con la valoración de circunstancias fácticas y de normas de derecho común y local, lo cual es materia ajena a esta instancia de excepción (v. doctrina de Fallos:

    308:2351, 311:1669, 312:1859, entre muchos otros).

    Sin perjuicio de lo expuesto, advierto, además que V.E. deberá verificar previamente, en el marco de sus exclusivas potestades jurisdiccionales, las objeciones planteadas por el presentante del escrito agregado a fs. 43/44 del cuaderno de queja, relacionadas a la presunta falta de legitimación de la actora y del apoderado de la misma y de sus hijos, a la fecha de interposición del recurso extraordinario, y a la eventual extemporaneidad de la presentación de estos últimos al suscribir solamente el recurso de queja.

    En estos términos, dejo contestada la vista conferida, a fin de que V.E. pueda pronunciarse sobre las cuestiones planteadas.

    Buenos Aires, 29 de febrero de 2000.

    N.E.B. 5