Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Febrero de 2000, C. 324. XXXIV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 324. XXXIV.

    RECURSO DE HECHO

    C.P.S.A. c/ Marengo S.A.

    Procuración General de la Nación Suprema Corte:

    I Vienen estos autos en queja por la denegatoria del recurso extraordinario interpuesto por la demandada, contra la resolución dictada el 16 de diciembre de 1997 por la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (fs. 145/8).

    El tribunal de Alzada hizo lugar a la apelación interpuesta por la actora, revocando la resolución del juez de grado que admitió la aplicación de la ley 24.283, relativa a la desindexación de obligaciones pendientes, respecto de la condena dictada en autos. Dijo la Sala que tratándose de una obligación típicamente dineraria no se configuraba la hipótesis prevista por la norma invocada, es decir, que medie la sustitución de prestaciones de cualquier naturaleza por equivalentes dinerarios que poco tengan que ver con su valor real.

    Además, señaló que tratándose de una deuda entre comerciantes, resultaba impertinente la confrontación de valores propuesta por la demandada en su liquidación, puesto que no había considerado la privación del uso del capital que padeció el acreedor por el lapso de mora, quien fue privado de los réditos de su capital y en caso de necesitarlo, habría debido acudir a un prestamista abonado intereses sobre el monto total adeudado.

    Concluyó, finalmente, que en todo caso la peticionaria debió proporcionar parámetros adecuados para valorar la distorsión invocada de acuerdo al criterio expuesto.

    La recurrente sostiene que dicha sentencia es arbitraria porque las prestaciones dinerarias están comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley 24.283 y que basta la mera observación de la cuantía del crédito pretendido por la actora para verificar que los mecanismos destinados a preser-

    var su intangibilidad vulneran el derecho de propiedad. Destaca que el texto legal citado precisa específicamente que sus disposiciones son aplicables aun a los casos en que exista sentencia firme y desarrolla cálculos y argumentos tendientes a demostrar el desfasaje producido por la aplicación de las pautas de actualización contenidas en la sentencia, consistentes en la aplicación de índices de precios mayoristas nivel general con más un interés del 6% anual desde la mora hasta el 1° de abril de 1991 y, de allí en más, el cómputo de intereses según la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento.

    II Pienso que, la presentación en análisis resulta improcedente, porque lo atinente al método elegido por el juez al fallar la causa, en tanto no prescinde de los hechos ni se aparta de las normas positivas que rigen el caso a través de una razonable interpretación, es ajeno al recurso extraordinario (Fallos: 300:1023).

    Cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad no autoriza al Tribunal a substituir el criterio de los magistrados de las instancias ordinarias por el suyo propio en la decisión de cuestiones no federales.

    Posee un carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos:

    295:140, 278, 538, entre otros), lo que no ocurre en la especie.

    En efecto, si bien es cierto que la Corte ha dicho que la ley 24.283 no formula distingo alguno respecto del tipo de obligaciones a las que se refiere y que la voluntad del legislador ha sido comprender las prestaciones dinerarias (Fallos: 318:1610, y más recientemente en autos AFederación

  2. 324. XXXIV.

    RECURSO DE HECHO

    C.P.S.A. c/ Marengo S.A.

    Procuración General de la Nación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado c/ YPF@ del 18 de abril de 1997 y A.M.F. c/ V.A. Tuellos y Compañía SA@ del 1° de abril del mismo año), lo que se contrapone con la afirmación del Tribunal inferior en sentido contrario, hallo que la sentencia exhibe un segundo fundamento, que no fue adecuadamente controvertido por el quejoso, el cual basta para descartar la predicada arbitrariedad del fallo.

    Me refiero a la insuficiencia de los parámetros propuestos por el actor para demostrar la invocada distorsión de la condena por efecto de mecanismos de actualización. La circunstancia de tratarse de una deuda entre comerciantes exigía -según dijeron los sentenciantesuna consideración especial en razón de los perjuicios causados al acreedor en su giro comercial por la privación del uso de ese capital. Dicha argumentación implicó una valoración de la situación fáctica desde la óptica de las particulares reglas jurídicas que acompañan el desarrollo de una actividad comercial, que no puede ser tachada de arbitraria, máxime que el recurrente no ha demostrado su irrazonabilidad.

    Como señala Anaya, la peculiaridad del patrimonio empresarial como unidad de la vida económica provoca consecuencias relevantes para el derecho, ya que los bienes en la empresa pierden esa visión molecular, analítica que es propia de la vida civil, en la que cada uno de ellos se sujeta al derecho singular que le atañe según su naturaleza y es valorado por el uso o goce para el que está dispuesto, incluso por la estima que puede derivar de motivos sentimentales o afectivos. En cambio, en la organización productiva del patrimonio empresarial, las cosas y los bienes se valoran por criterios monetarios relacionados con la proyección económica que tienen colectivamente en mérito exclusivo a su aptitud

    para generar ganancias. De esos caracteres se sigue una estimativa especial que conduce, por ejemplo, a presumir que la privación del uso de un elemento integrante del proceso productivo en el patrimonio empresarial, general in re ipsa un daño, sin necesidad de su prueba, como en cambio acontece en el orden civil, presunción que se extiende a la inexistencia de bienes improductivos en una empresa (v. ANuevas proyecciones de la teoría general de los contratos@ en Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional@ N° 16/17, pág. 88 y ss).

    Concluyo pues, desde tal perspectiva, que el argumento relativo a la especificidad de los negocios comerciales, además de no haber sido adecuadamente controvertido por el quejoso, acuerda suficiente sustento a la resolución atacada, que no resulta así descalificable en los términos de la excepcional doctrina de la arbitrariedad sustentada por la Corte.

    En consecuencia, opino que corresponde desestimar esta presentación directa.

    Buenos Aires, 29 de febrero de 2000.

    N.E.B.