Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 29 de Febrero de 2000, M. 230. XXXIV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

M. 230. XXXIV.

M., J.E. c/ Provincia de Córdoba -plena jurisdicción-. Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

-I-

A fs. 7/11, J.E.M. promovió demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la Provincia de Córdoba, a fin de que se declaren nulas las Resoluciones Nros. 39/91 y 379/91 dictadas por el Ministro de Gobierno, se ordene su inmediata reincorporación al cargo, se le abonen los haberes caídos B. y con intereses-, los ascensos y todos los premios y bonificaciones que le correspondan durante el período en que se extienda su baja, dispuesta ilegítimamente por la Administración.

Relató que, por el primero de los actos mencionados, sin ninguna fundamentación ni razonabilidad, se dispuso su baja del Servicio Penitenciario de Córdoba, donde se desempe- ñaba, por la causal del art. 74, inc. 5 de la ley 6704. Contra este acto, interpuso recurso de apelación y jerárquico en subsidio, el que fue denegado por el Ministro a través de la Resolución N1 379/91, a la que considera viciada de nulidad por ilegítima, inconstitucional, arbitraria y por desviación de poder.

-II-

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Primera Nominación resolvió a fs.

83/95 hacer lugar a lo solicitado, declaró la invalidez de los actos cuestionados y ordenó retroactivamente la reincorporación del actor, así como el pago de los salarios caídos, más actualización monetaria e intereses.

Para así decidir, sostuvo que de las probanzas surge en forma nítida que el acto separativo es ilegítimo por vicio en su causa o motivo, al existir contradicción objetiva entre

las circunstancias de hecho y la hipótesis legal aplicada.

Refutó -la Cámara- los argumentos esgrimidos por la Administración, en el sentido de que el actor ya poseía otra calificación negativa en 1983 pues, de las constancias de autos, sólo surge que en esa oportunidad fue calificado como regular, A. en sus funciones@. De ello se desprende que el actor obtuvo una sola calificación negativa, la correspondiente a 1990, y no dos que lo califiquen de inepto para continuar en el cargo durante el transcurso de su carrera, tal como lo requiere el art. 74, inc. 51 de la ley 6704.

Asimismo, destacó que resulta llamativo por su falta de armonía que, en la única oportunidad en que fue calificado expresamente como inepto, se le haya asignado, en forma paralela, un promedio de 7,55 puntos, con concepto general A. bueno@, y otros calificativos positivos.

Agregó que esta A. incongruencia quiebra la lógica interna del acto impugnado incurriendo también en el vicio de irrazonabilidad@.

En lo atinente al aspecto indemnizatorio de los salarios no percibidos por causa del acto administrativo anulado, la Cámara consideró que no es razonable asociar su extensión temporal con el tiempo transcurrido hasta la reposición en el cargo, porque este tiempo depende de factores ajenos a la medida del daño, motivo por el cual se basó en pautas que personalizan la extensión del daño y especialmente tuvo en cuenta normas de fuente laboral.

-III-

Apelado el decisorio por el Procurador del Tesoro de la Provincia, el Tribunal Superior de Justicia lo confirmó a fs. 126/141.

Respecto de la competencia de la Cámara para pronunciarse acerca de una pretensión de contenido patrimonial

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M., J.E. c/ Provincia de Córdoba -plena jurisdicción-. Procuración General de la Nación reclamada por el administrado, simultáneamente con la ilegitimidad del acto que lesiona su derecho subjetivo, -que habia sido desconocida por el recurrente-, consideró que el Código de Procedimiento en lo C.B. 7182contiene dispositivos legales que la habilitan para ello y que perderían virtualmente su vigencia si los efectos del pronunciamiento se circunscribieran a la sola anulación del acto.

Este sentido B.- se condice con la naturaleza misma de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción, puesto que tiende a lograr una reparación integral del derecho subjetivo de carácter administrativo vulnerado por el acto ilegítimo.

En cuanto al pago de Asalarios caídos@ correspondientes al período que duró la baja, consideró que no podía prosperar por la inexistencia de una norma preexistente que otorgue al agente el derecho a percibirlos.

Sin embargo, entendió acertada la posición de la Cámara que reconoció al actor el derecho a percibir una indemnización, tarifada en el equivalente a los salarios caídos. Tras destacar que la medida de la reparación debe determinarse sobre la base del perjuicio efectivamente sufrido, sostuvo que resultaba un evento previsible que la pretensión patrimonial intentada por el accionante fuera acogida en la sentencia, motivo por el cual la demandada debió aportar las pruebas que pudieran acreditar la inexistencia o menor extensión monto reclamado. De ello dedujo, que los parámetros tomados por el tribunal para determinar el daño, no resulta irrazonable frente al contexto fáctico que le sirvió de sustento.

-IV-

Disconforme, la demandada interpuso recurso extraordinario a fs. 144/179, con fundamento en que la sentencia

resulta manifiestamente arbitraria y viola las garantías de revisión judicial suficiente, defensa en juicio, igualdad ante la ley, propiedad y debido proceso.

Alega que la razón dada por el tribunal para desestimar sus agravios referidos a la legitimidad de las resoluciones atacadas por la actora, traduce una violación de su derecho a la jurisdicción, al interpretar las normas rituales con excesivo rigor formal.

Como segundo agravio, sostiene que la sentencia se basa en una fundamentación aparente, al contener afirmaciones dogmáticas y prescindir de textos legales expresos (arts. 38, 16, 2 inc. Ac@ y concordantes de la ley 7182) y de la doctrina y jurisprudencia imperante en la materia. Expresa que el a-quo desbordó los límites del ejercicio de la competencia que le es propia a la jurisdicción contencioso-administrativa, la cual está circunscripta a la pretensión que se deduce conforme al principio de congruencia que debe observar la sentencia, por aplicación del art. 38 de la ley 7182. Esta norma concuerda con los arts. 2, inc. c) y 16, último párrafo, impidiendo que, en supuestos de actos ilegítimos, exista condena patrimonial.

Asimismo, pone de resalto que, no obstante que la actora reclamó lisa y llanamente los haberes caídos, el tribunal establece una condena con carácter indemnizatorio y exige a la demandada aportar las pruebas que pudieran acreditar la inexistencia o menor extensión del monto reclamado.

Aquí aparecería el tercer agravio, puesto que el tribunal, sin dar razones plausibles, invirtió la carga de la prueba, la que sólo puede operar cuando medie una presunción legal expresa en tal sentido, inexistente en el cuerpo normativo que rige la materia contencioso administrativa.

Cuestiona la sentencia, en cuanto considera que los parámetros utilizados por la Cámara para determinar la

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M., J.E. c/ Provincia de Córdoba -plena jurisdicción-. Procuración General de la Nación extensión del resarcimiento no son irrazonables frente al contexto fáctico que le sirve de sustento. Añade que se parte de una errada e inconstitucional aplicación del art. 38 de la ley 7182 para fundar el otorgamiento de una indemnización y la utilización del art. 72 de la ley de aranceles de abogados, para fijar su monto, normativa que no se corresponde de ninguna manera con la cuestión a resolver en autos.

Finalmente, se agravia por la imposición de costas en el orden causado, violatoria de garantías federales protegidas por la Constitución Nacional.

-V-

Contestado el traslado por la parte actora, el Tribunal concedió el recurso extraordinario a fs. 191/192.

Casi un año más tarde y, ante la inactividad de la demandada en orden a la elevación de las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actora solicitó que se declare la caducidad de la instancia a fs. 194.

Pero, a fs. 203/204, el Tribunal Superior de Justicia se declaró incompetente para resolver la cuestión, al considerar que el interlocutorio que concedió el recurso extraordinario deducido por la parte demandada, abre la instancia de apelación federal y pone fin a la jurisdicción del tribunal para decidir planteos accesorios.

Tras esta resolución, el Procurador del Tesoro provincial solicitó la caducidad del incidente de caducidad de instancia, con fundamento en el art. 310, inc. 41 del Código de rito, por haber transcurrido en exceso el plazo fijado sin que la parte incidentista hubiera activado el proceso, lo que determinó la elevación de las actuaciones a conocimiento de V.E.

-VI-

Creo oportuno destacar, en primer término, que el recurso extraordinario se rige por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que incluyen la regularización de la caducidad de la instancia, sin que configure un obstáculo a su aplicación el hecho que los autos principales se rijan por el código provincial de procedimientos en materia contenciosoadministrativa (Fallos: 310:1463).

En tales condiciones y, puesto que la instancia abierta por la actora con la promoción del incidente de perención de fs. 194 no ha concluido, resulta procedente la caducidad solicitada a fs. 205, al haber transcurrido el plazo previsto por el art. 310, inc. 41 del Código Procesal, sin que se hayan cumplido las diligencias necesarias para que V.E. pueda conocer del expediente, conforme a la doctrina, que no releva a las partes de realizar los actos necesarios para urgir el cumplimiento de la carga de remitir la causa al Tribunal Superior correspondiente, ante la omisión del órgano respectivo (Fallos: 303:1002; 310:928; 313:986).

Se concluye de lo expuesto, que se ha producido el resurgimiento de la instancia, por lo que corresponde dar tratamiento a los agravios planteados por el apelante en el remedio federal concedido parcialmente.

-VII-

Cabe señalar que, en cuanto a los cuestionamientos referidos a la competencia del tribunal para pronunciarse acerca de la indemnización debida al accionante, toda vez que el recurso fue denegado en este punto (v. fs. 192) y no se dedujo a su respecto queja, el alcance de la apelación debe considerarse limitado a los agravios que fueron admitidos por el a quo. (Fallos: 304:730).

Sentado ello, es oportuno recordar que V.E. tiene

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M., J.E. c/ Provincia de Córdoba -plena jurisdicción-. Procuración General de la Nación dicho que, en principio, el examen de cuestiones de Derecho Público local es ajeno -como regla general- a la instancia extraordinaria, en virtud del respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y de regirse por ellas (Fallos: 311:2004) y que A. doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consideren tales sino que atiende solamente a supuestos de excepción en los que, fallas de razonamiento lógico en que se sustenta la sentencia, o una manifiesta carencia de fundamentación normativa, impiden considerar el pronunciamiento apelado como un acto jurisdiccional válido@ (Fallos: 304:279).

Estimo que la jurisprudencia citada resulta de aplicación al sub lite, con relación al primero de los agravios esgrimidos por el apelante, toda vez que las cuestiones resueltas por el a quo se vinculan con la inteligencia de preceptos de la ley ritual local y el pronunciamiento atacado B. dar por incumplido el requisito de efectuar una crítica razonada de la sentencia apeladacuenta con suficientes fundamentos de orden no federal que, al margen de su acierto o error, impiden su invalidación en los términos de la doctrina de la arbitrariedad (v. doctrina de Fallos: 303:769).

Sin embargo, no sucede lo propio con los restantes agravios, respecto de los cuales considero que se configuran los supuestos de excepción requeridos por V.E. para revisar la sentencia en instancia extraordinaria.

Ello es así, por cuanto resulta claro que el accionante indicó expresamente, en su escrito inicial, que reclamaba el pago de haberes caídos -actualizados y con intereses-, los ascensos, los premios y bonificaciones que correspondán al período en que se le dio de baja ilegítimamente (v. fs. 7).

Asimismo, al contestar el traslado del recurso extraordinario, el propio actor ratificó el objeto de la causa al decir que ALos haberes caídos solicitados en la demanda son una reparación, un derecho a percibir del actor, una obligación que debe satisfacer la autora del acto ilegítimoY@ (v. fs.

185).

Surge de las circunstancias señaladas que, en la presente causa, no se persigue el resarcimiento de daños y perjuicios a raíz de la baja dispuesta por un acto administrativo que luego fue declarado nulo B. que, de acreditarse los extremos necesarios, podría resultar procedente conforme a los principios de responsabilidad de la Administración- sino que se intenta obtener la declaración de nulidad de las Resoluciones 39/91 y 379/91 del Ministro de Gobierno de la provincia demandada B. que, como se dijo, ya fue resuelta y quedó firmey el pago de los salarios caídos.

En tales condiciones, estimo que el a-quo, al establecer que ANo se trata de pagar servicios no prestados, sino de resarcir el daño ocasionado con el acto ilegítimo@, se apartó de lo alegado y probado en autos por las partes, de un modo que quebró el equilibrio procesal, tal como sostiene el apelante. Máxime, cuando el Juzgador -además de incurrir en exceso de jurisdicción- endilgó a la accionada la carga de aportar las pruebas que pudieran acreditar la inexistencia o menor extensión del monto reclamado por el actor.

De acuerdo a lo expuesto y, cambiados en este punto los términos del litigio, el fallo adopta una solución que resulta extraña al conflicto efectivamente sometido a su decisión, con mengua del debido proceso de la apelante, por lo que esta sola circunstancia resulta suficiente para su descalificación como acto jurisdiccional.

A mayor abundamiento, valga recordar que V.E. tiene

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M., J.E. c/ Provincia de Córdoba -plena jurisdicción-. Procuración General de la Nación dicho que la determinación de las peticiones de los litigantes es ajena a la instancia extraordinaria, salvo el caso de arbitrariedad, lo que acontece cuando el objeto de la condena no resulta congruente con la demanda y la decisión no significa suplir una omisión del litigante sino variar la acción que se dedujo, circunstancia que, precisamente, se verifica en el sub lite (Fallos: 297:71; 312:2011, entre otros). Asimismo, se ha establecido que el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos en la causa es incompatible con las garantías de los arts.

17 y 18 de la Constitución Nacional, pues el Juzgador no puede convertirse en intérprete de la voluntad implícita de una de las partes sin alterar, de tal modo, el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (Fallos: 313:229, y sus citas).

-VIII-

Por lo tanto, opino que corresponde hacer lugar parcialmente al remedio extraordinario interpuesto y revocar la sentencia apelada en lo que resulte pertinente, de conformidad con las razones expuestas.

Buenos Aires, 29 de febrero del 2000.- N.E.B.