Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 22 de Febrero de 2000, L. 159. XXXV

Emisor:Procuración General de la Nación
 
CONTENIDO

L. 159. XXXV.

L.R., N.B. y otro c/ Ministerio del Interior.

Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e:

-I-

N.B.L.R. y J.M. de L., en carácter de herederas de J.L.R., dedujeron el recurso previsto en el art. 31 de la ley N1 24.043 contra la Resolución N1 641/97 del Ministerio del Interior, que no tuvo por acreditados los requisitos exigidos por la citada ley respecto del último de los nombrados (fs. 114/115).

Relataron que J.L.R. fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional mediante Acta de la Junta Militar del 18 de junio de 1976, Resolución N1 2 de igual fecha y Decreto N1 1205/76, momento a partir del cual se transformó en un Aperseguido político del Proceso@, ya que pesaba sobre su persona una orden de detención, que motivó su exilio del país.

Por ello B.- su situación encuadra perfectamente en los supuestos previstos en el art.

11 de la ley 24.043. Sin embargo, la resolución que denegó el beneficio Bfundada, a su vez, en un dictamen de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior- es discriminatoria, porque se sustenta en apreciaciones parciales y falsas, toda vez que el órgano administrativo desconoció el mandato constitucional que determina que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, en la medida que hizo mérito de distintas causas penales que se instruían contra el señor L.R., que finalizaron sin condena por su fallecimiento.

Afirmaron, además, que la resolución deniega el pedido A. una cuestión de apellido@, que viola los derechos de igualdad ante la ley, inviolabilidad del patrimonio y defensa en juicio, así como los reconocidos por la Convención

Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también incorporados a la Constitución Nacional (arts. 16, 17, 18 y 75, inc. 22, C.N.).

-II-

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a fs. 154/158, confirmó la resolución apelada, al considerar que, de las constancias del expediente, no surge que el señor J.L.R. hubiera sido Aefectivamente@ detenido a disposición del Poder Ejecutivo nacional durante el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 (fecha en que se declaró el estado de sitio) y el 10 de diciembre de 1983.

En tales condiciones, entendió que el Decreto N1 1205/76 nunca se hizo efectivo, máxime cuando las recurrentes no contradijeron que el causante hubiera abandonado el país el 19 de julio de 1975 en misión oficial a Europa, sin regresar hasta su extradición, ni que el gobierno militar tampoco hubiese intentado detenerlo, ni instado la orden de captura.

-III-

A fs.

161/166, las actoras dedujeron el recurso extraordinario que, concedido por el a quo, trae el asunto a conocimiento del Tribunal (fs. 173).

Cuestionan la sentencia por lo que consideran errónea y arbitraria interpretación del a quo sobre los hechos de la causa, así como por contraria de la doctrina sentada por V.E. en distintos precedentes referidos a la aplicación de la

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L.R., N.B. y otro c/ Ministerio del Interior.

Procuración General de la Nación ley 24.043.

Luego de reiterar la posición que mantuvieron, tanto en sede administrativa como en oportunidad de interponer el recurso del art. 31 de la ley citada, afirman que lo decidido por la Corte en Fallos: 320:1469 (causa ANoro@) es aplicable al sub lite, en la medida que el señor J.L.R. se vio obligado a exiliarse, sin poder regresar al país en virtud de la orden de detención que pesaba sobre su persona, de forma tal que esa situación es aprehendida tanto por la ley 24.043 como por la jurisprudencia indicada.

De ahí que la resolución contraria de la Administración Bconfirmada por el a quo- implica una violación del derecho constitucional de igualdad ante la ley (art. 16 C.N).

-IV-

En primer lugar, entiendo que el remedio federal es admisible en sus aspectos formales, pues se encuentra en discusión el alcance e interpretación de una norma federal (ley 24.043) y la decisión del a quo es contraria al derecho que la apelante funda en ella (art. 14, inc. 31, de la ley 48; Fallos: 318:1707, 2547; 320:52 y 1469).

Asimismo, cabe recordar que, por discutirse el contenido y alcance de una norma de derecho federal, el Tribunal no se encuentra limitado por los argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (doctrina de Fallos: 308:647, entre muchos otros).

-V-

Así planteada la cuestión, cabe señalar que el sub examine plantea una situación distinta y singular respecto de todos los precedentes fallados con anterioridad por aplicación de la 24.043, pues, por un lado, no existen dudas que L.R. fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo nacional por acto formal (decreto N1 1205/76) y, por el otro, que dicha detención nunca se hizo efectiva, porque el nombrado partió al exterior mucho tiempo antes de que se adoptara la medida. En tales condiciones, el thema decidendum consiste en determinar si, para acceder a los beneficios reconocidos por la citada norma legal, en virtud de los principios que surgen del precedente de V.E. de Fallos: 320:1469, es suficiente la mera disposición formal de detención B. como lo sostienen las actoras- o si, por el contrario, como lo decidió el a quo, se requiere su aplicación efectiva.

Al respecto, considero oportuno recordar que, hasta el momento, se planteaba la hipótesis inversa, es decir, reclamos de personas que estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo sin acto formal de detención donde, precisamente por la falta de dicho acto, se cuestionaba la procedencia del beneficio. Estas situaciones fueron resueltas por el Tribunal en la citada causa ANoro@, en términos elocuentes: A...la finalidad de la ley 24.043 fue otorgar una compensación económica a personas privadas del derecho constitucional a la libertad, no en virtud de una orden de autoridad judicial competente, sino en razón de actos Bcualquiera que hubiese sido su expresión formalilegítimos emanados en ciertas circunstancias de tribunales militares o de quienes ejercían el Poder Ejecutivo de la Nación durante el último gobierno de facto. Lo esencial no es la forma que revistió el acto de autoridad By mucho menos su adecuación a las exigencias del art. 51 de la ley 21.650- sino la demostración del menoscabo

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Procuración General de la Nación efectivo a la libertad en los diversos grados contemplados por la ley 24.043.@ (cons. 51 -énfasis agregado-).

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en autos, en el precedente indicado y en otros similares, las personas que reclamaban los beneficios legales habían estado efectivamente privadas de su libertad. Aquí, por el contrario, J.L.R. nunca estuvo en esa condición, ni el acto de detención se hizo efectivo, simplemente porque desde mucho tiempo antes del dictado de la medida, aquél, por su propia decisión, se encontraba fuera del país.

Esto, además de constituir un hecho sujeto a prueba By como tal, propio de la apreciación de los jueces de la causa y ajeno a la instancia de excepción del art. 14 de la ley 48-, se encuentra admitido por la parte actora.

En tales condiciones, entiendo que, contrariamente a lo que afirman las actoras, la jurisprudencia citada no es aplicable al sub lite, porque los supuestos contemplados en los arts. 11 y 2, inc. a) de la ley 24.043, son aquellos en los cuales las personas fueron efectivamente privadas de su libertad, así como que, para la aplicación de Alos diversos grados@ de afectación que señala V.E. en Fallos: 320:1469, es necesario que se verifique la efectiva privación de la libertad, pues sólo a partir de ahí puede considerarse Ael amplio espectro que incluyó desde el menoscabo más radical a la libertad y a la vida B. atentatorios de derechos humanos que podían provocar lesiones gravísimas o la muerte (art.

41, párrafos cuarto y quinto)hasta un menoscabo atenuado@ (cons. 61), circunstancia que B. como se indicó- no se presenta en autos.

Por iguales razones, considero que la situación de L.R. tampoco puede asimilarse a la de las personas que tuvieron que exiliarse para preservar su libertad que, en mi

opinión, se encuentran comprendidas en la ley 24.043, tal como lo sostuve in re, B.179, L.XXXIV, ABufano, A.M. c/ Ministerio del Interior s/ art. 31 de la ley 24.043@; Q.19, L.XXXIII, AQuiroga, R.E. c/ Ministerio del Interior s/ art. 31 de la ley 24.043@ y G.517, L.XXXV, AGeuna, G.S. c/ Ministerio del Interior s/ art. 31 de la ley 24.043@, dictámenes del 17 de diciembre de 1999, pues la Adetención efectiva@ de aquellas personas se encontraba fuera de discusión y solamente existían diferencias en cuanto a la fecha de finalización del período por el cual se les concedía el beneficio.

Es que en todas las causas recién citadas existe un elemento común que no se encuentra presente en el sub lite: la efectiva privación de la libertad B. sin orden formal de detención- y la obligación de salir del país para preservar su integridad física, de tal suerte que, en los tres casos, se produjo un menoscabo a la libertad en sus distintos grados, ya que mientras una fue obligada a exiliarse sin recuperar su libertad (Q., otro pudo escaparse de sus captores y fugarse para permanecer en el exilio (B., en tanto que la tercera se fugó de un régimen de Alibertad vigilada@, circunstancias que conducen a desechar la pretendida afectación del derecho de igualdad de las actoras.

-VI-

En virtud de los fundamentos expuestos, opino que corresponde confirmar la sentencia en todo cuanto fue materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2000.-

L. 159. XXXV.

L.R., N.B. y otro c/ Ministerio del Interior.

Procuración General de la Nación NICOLAS EDUARDO BECERRA